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El País, 8-VII-2002

La fiscalía vincula a cargos del Gobierno con concesionarias de obras públicas

Las presuntas irregularidades en el embalse de Yesa afectan a dos secretarios de Estado

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JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ | Madrid

La fiscalía de Madrid ha denunciado la supuesta vinculación de altos cargos del Gobierno y ex directores generales con empresas privadas que obtienen contratos de obras públicas. Los afectados están o estuvieron trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y en el de Fomento. En un informe de 59 folios remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la fiscalía denuncia irregularidades en las gestiones realizadas por responsables de Medio Ambiente para ampliar el embalse de Yesa (Zaragoza), una obra de 150 millones de euros. Entre otros, las presuntas irregularidades afectan al secretario de Estado de Fomento, Benigno Blanco, y al de Aguas y Costas, Pascual Fernández.

También se ven afectados por la denuncia de la fiscalía de Medio Ambiente de Madrid el ex director general de Obras Hidráulicas Carlos Escartín; el de Evaluación e Impacto Ambiental Dolores Carrillo; y el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro Tomás Sancho. El fiscal ha pedido que la policía investigue el patrimonio de Escartín y Sancho.

Escartín, según el relato del fiscal, perteneció al grupo Endesa entre el 18 de julio de 1994 y el 12 de noviembre de 1996. Endesa tenía interés, a través de su filial Eléctricas Reunidas de Zaragoza, en que se ampliase ese embalse, según el fiscal. A mayor altura de la presa, más aprovechamiento hidroeléctrico, argumenta. La previsión era que la presa, la mayor de la cuenca del Ebro, generase 150 megavatios.

Como Escartín carecía de competencia para resolver sobre el recrecimiento del embalse, su decisión tuvo que ser validada luego por el actual secretario de Estado de Aguas y Costas, Pascual Fernández, según el fiscal.

En la investigación que lleva el Jugado 19 de Madrid, del que es titular Pedro Sanz Pastor, están imputados, de momento, Escartín, Carrillo y el ex secretario general técnico de Medio Ambiente Carlos Vázquez Cobos. En el informe de la fiscalía se denuncian nuevas supuestas irregularidades, que relaciona con Benigno Blanco, Pascual Fernández y Tomás Sancho, según fuentes cercanas al juzgado. La investigación judicial se abrió a raíz de una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza). Este diario no ha recibido respuesta en sus intentos de recabar la versión de Blanco y de Fernández.

Proyecto invalidado

Según la fiscalía, a comienzos de los noventa se creyó necesario aumentar la capacidad del embalse de Yesa para triplicar su volumen. Diversos informes de funcionarios públicos invalidaron su construcción por diversas carencias en los proyectos.

Pero la idea cobró fuerza en el segundo semestre de 1998, precisamente, a raíz del interés que por esta presa mostraron Escartín y Sancho, a quienes movían 'intereses privados', según la fiscalía. Las obras de recrecimiento de Yesa, cuyo coste alcanza los 150 millones de euros, fueron adjudicadas el 20 de diciembre de 2000 por Pascual Fernández a una Unión Temporal de Empresas y llevan más de un año paralizadas. El fiscal de Medio Ambiente explica que en 1998, Blanco, Escartín y Sancho, entre otros, adoptaron 'decisiones claves para sacar adelante' el proyecto.

Blanco, que entonces era secretario de Estado de Aguas y hoy es el número dos de Fomento, firmó un convenio con Sancho por el cual dejó en manos de una empresa de capital público y gestión privada (Aguas de la Cuenca del Ebro, SA) la construcción e inspección de grandes obras hidráulicas.

Según el fiscal, por entonces los citados cargos tenían vinculaciones con empresas privadas. Al frente de Aguas de la Cuenca del Ebro se colocó a quien, a su vez, era presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho.

Antes de que se hubiese aprobado el recrecimiento de Yesa, Aguas de la Cuenca del Ebro encargó a una empresa privada de la que Sancho 'era apoderado' (Barbany y Sancho, SL) un proyecto para una conducción de agua entre Yesa y Zaragoza. Fue Blanco, según el fiscal, quien demandó el dinero para ello a la Secretaría de Estado de Presupuestos. Y fue Sancho quien adjudicó la redacción del proyecto, por importe de 240 millones de pesetas, a su socio en Barbany y Sancho, SL.

A juicio de la fiscalía, esta obra, aparte de su 'costosísimo' importe, suponía privatizar el transporte y explotación del agua que iban a consumir los vecinos de Zaragoza. Además, era innecesaria, porque en esa época se estaba construyendo el embalse de la Loteta, que abastecería 'sobradamente de agua' a la capital zaragozana. No obstante, a iniciativa de Blanco, el Consejo de Ministros la declaró de interés general.

La ex directora general de Medio Ambiente Dolores Carrillo se vio 'presionada' por Sancho y Escartín, según el fiscal, para tomar la decisión de alzar la cota de la presa a sabiendas de las anomalías que había en el proyecto.


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El aviso de Villar Mir a Tocino
J. A. H. | Madrid

El 14 de abril de 2000, en pleno proceso de presentación de ofertas para ganar una obra de 150 millones de euros para el recrecimiento de la presa de Yesa, la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, recibió una carta que le advertía de supuestas irregularidades, según el escrito presentado por el fiscal en el Juzgado número 19 de Madrid.

Juan Manuel Villar Mir, presidente de Obrascon-Huarte-Laín, una de las licitadoras, se dirigió en estos términos a Tocino: 'He intentado en estos últimos días, sin conseguirlo, visitarte para hacerte conocer la preocupación que te transmito en estas líneas. Se trata del concurso para el recrecimiento de la presa de Yesa. He tenido noticias, quizás infundadas pero muy preocupantes, de la inminente adjudicación de esta obra a una UTE formada por tres empresas, cuyo proyecto de hecho está redactado por la empresa Euroestudios, que participó en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato. Este dato, según me confirmó el director general, es conocido por los servicios técnicos del ministerio. Mi grave preocupación proviene de la lectura del apartado 3 artículo 53 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que indica: 'En los contratos sometidos a esta ley, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras'. (...) Estoy seguro de que comprenderás que me sienta en la obligación de trasladarte mi preocupación. Sin embargo, tengo la certeza de que tu buen criterio decidirá de la manera más correcta'. La advertencia cayó en saco roto: el concurso se adjudicó a las empresas que habían colaborado con Euroestudios.


Blanco afronta una petición fiscal de 8 años de cárcel por otra presa
EL PAÍS | Madrid

Benigno Blanco, ex secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente y actual secretario de Estado de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento, también está imputado por prevaricación en relación con un delito de riesgo catastrófico y falsedad en documento público respecto al proyecto de construcción de una presa en Santaliestra (Huesca).

El Tribunal Supremo decidió además el pasado 18 de mayo anular todo el proceso de expropiación realizado para construir ese embalse. La sentencia estimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santaliestra y San Quílez contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 23 de octubre de 1998 para la urgente expropiación y ocupación de los bienes y derechos afectados por el futuro embalse. Igualmente, declaró nulos los acuerdos y resoluciones de las autoridades responsables de la política de aguas.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pide para Benigno Blanco ocho años y seis meses de cárcel y diez años de inhabilitación para cargos públicos por presunta prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Según el Ministerio Público, Blanco aprobó el proyecto de la presa de Santaliestra a sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos. La misma acusación pesa sobre otros seis ex altos cargos y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente.

Tras hacerse pública la acusación, el PSOE, Iniciativa per Catalunya y Ecologistas en Acción pidieron al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, la destitución del secretario de Estado de Infraestructuras. El ministro respaldó 'la integridad y honorabilidad profesional' de Benigno Blanco y calificó de 'insidia inaceptable' que se hagan 'insinuaciones de conductas reprochables'.

Blanco negó todas las imputaciones que le hace la Fiscalía de Madrid durante una reciente comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar su actuación al frente de la Secretaría de Estado de Aguas (1996-2000).

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