El Pirineo aragonés
también está en pie de guerra contra el PHN, pero no
por el trasvase de las aguas del Ebro sino por el
impacto que supone la construcción de embalses en esta
región
- En la cuenca del Ebro ya
existen hoy día 170 grandes presas; cuatrocientos
pueblos yacen bajo sus aguas
- Quienes se oponen creen que
estos embalses sólo son la garantía de que exista
agua para el trasvase previsto en el PHN
- Mientras la UE subvenciona
la retirada de regadíos, el Estado financia obras
destinadas a incrementarlos
- España es uno de los
países del mundo que más agua consumen en
relación con sus recursos hídricos
Texto: Pedro Cifuentes
La pegatina del Gobierno dibuja un gran grifo que
mana de los Pirineos y derrama su agua sobre Zaragoza
capital. En los pueblos montañeses amenazados, la
pegatina más vista acusa sin imágenes "Embalses =
trasvase". El Pirineo aragonés se ha levantado
contra el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y se queja de
que sólo se hable del polémico trasvase del Ebro
(1.050 hm3/año), y no de los 120 pantanos que absorben
más de un tercio de su presupuesto tetrabillonario.
En diciembre del 2001 la Audiencia Nacional paralizó
por "ilegal e insólito" el proyecto del
embalse de Santaliestra, ya presupuestado por el
Gobierno, debido a irregularidades como el archivo por
parte del Ministerio de Medio Ambiente de unos informes
científicos que advertían del grave peligro geológico
que entrañaba. Hace meses, el Tribunal Supremo anuló
el acuerdo del Consejo de Ministros que había declarado
urgente esta obra.
Santaliestra es uno de los tres grandes embalses que
enfrentan a regiones enteras de Aragón con el Gobierno
Aznar. Para Zaragoza, por ejemplo, proponen emplear
parte de esos cientos de miles de millones en arreglar
la red de distribución, que pierde en fugas un tercio
del agua. En el Pirineo oscense sólo queda virgen un
río importante el Ara. Los demás cursos de la región
no tuvieron la misma suerte en la cuenca del Ebro
existen ya 170 grandes presas que se han tragado 40
pueblos.
Los municipios pirenaicos reflejan la angustia de
"un siglo de miedo", explica Ángel Gayúbar,
portavoz de la Asociación Cultural en Defensa del Río
Ésera y vencedor parcial de una lucha de lustros contra
el muro de Santaliestra, de 100 metros de altura y a
sólo 300 de su pueblo. Después de un siglo de
anegamiento y despoblación de valles, todavía quedan
tres grandes pantanos en proyecto -además del de Itoiz
en la vecina Navarra- que mantienen amenazados a
municipios enteros e impiden "el desarrollo de una
comarca demasiado acostumbrada al terror psicológico de
ver cómo el agua se la va a tragar".
Tres grandes proyectos
El plan de recrecimiento del embalse de Yesa, que en
1959 ahogó tres pueblos, prevé triplicar su extensión
para llevar agua a los regantes del canal de Bardenas,
construir dos centrales hidroeléctricas y
"asegurar el abastecimiento futuro" de
Zaragoza. Aparece aquí un segundo punto de conflicto
mientras la UE ha subvencionado este año la retirada,
sólo en Aragón, de 35.000 hectáreas de regadíos en
aras de la política agrícola común (PAC), el Estado
financia con cientos de miles de millones obras en
teoría destinadas a incrementar esa superficie regada.
La primera piedra del recrecimiento de Yesa se puso
hace más de un año; hubo detenidos. Su culminación
sepultaría el pueblo de Sigüés (185 habitantes), tres
iglesias románicas, 22 km del camino de Santiago y los
labrantíos de otras dos localidades (Artieda y Mianos),
que seguramente se verían abocadas a la desaparición,
como ya ocurrió hace 42 años con Ruesta y Tiermas,
testigos fantasmales y decrépitos de la tristeza del
hermoso valle de Leire, que observan desde su
espléndido aislamiento los benedictinos del célebre
monasterio.
El tercer proyecto conflictivo -además de Yesa y
Santaliestra- es Biscarrués, junto a la localidad
oscense de Ayerbe. Sería el tercer gran muro construido
en el río Gállego en 25 kilómetros. Por el camino
quedaría la aldea de Erés, amenazada de muerte desde
hace un cuarto de siglo, más de un millar de hectáreas
productivas de otras tres localidades y el floreciente
negocio turístico de los deportes de riesgo en el
valle, que este año atrajo a 30.000 visitantes. Una
tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza asegura que
los beneficios de este pujante sector no sólo
garantizan el futuro de la comarca, sino que superan en
300 millones de euros la prosperidad que pudiera aportar
en las próximas décadas el discutido pantano.
Demandas judiciales
La vertiente judicial del PHN es más densa además
de la reciente sentencia administrativa que paraliza
Santaliestra, existe una querella criminal en Madrid por
el mismo proyecto que afecta a ocho ex altos cargos de
Medio Ambiente y Fomento. El alcalde Javier Mur (Chunta
Aragonesista) se jacta de haber conseguido que por
primera vez declarara ante un tribunal un secretario de
Estado en ejercicio. Fue Benigno Blanco, ex secretario
de Estado de Aguas y ex jefe del gabinete jurídico de
Iberdrola. El juzgado de instrucción número 38 de
Madrid había archivado el caso por no apreciar indicios
de delito. La apelación del fiscal es demoledora acusa
a Blanco, junto a otros siete altos cargos de Medio
Ambiente y Fomento, de presunta prevaricación,
malversación de fondos públicos, falsedad en documento
público y ocultación de documentos esenciales para la
instrucción de la causa.
Mur asegura que recibió ofertas millonarias para que
dejara de oponerse al pantano de Santaliestra (que
costaría, en principio, 138,2 millones de euros),
"por cerrar la boca y dejar que se carguen el
pueblo". También alega que la pretensión de
edificar en una zona sísmica con frecuentes
deslizamientos de tierras ocultó informes que advierten
del peligro. Aguas abajo, junto al Ésera, viven miles
de personas en un río también jalonado por presas.
Recurrentes estudios geológicos habían comparado la
situación de Santaliestra con la de Vaiont (Italia),
donde un deslizamiento de tierras en el vaso de un
embalse de similar configuración dejó 2.600 muertos y
el colapso de una comarca. Por último, existe la
denuncia de que el ministerio pagó estudios fantasma
que jamás se realizaron por valor de cientos de
millones de pesetas.
El recrecimiento de Yesa también está rodeado de
querellas criminales el juzgado número 19 de Madrid
investiga las actividades de Carlos Escartín -que era
director general de Obras Hidráulicas cuando Isabel
Tocino fue titular de Medio Ambiente-, quien nada más
dejar el cargo recaló con un contrato millonario en la
constructora ACS (dirigida por Florentino Pérez), a la
que había adjudicado el recrecimiento de Yesa (más de
120 millones de euros). La duda no es si Escartín
violó la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos -que
impone dos años de alejamiento-, sino si él y otros ex
altos cargos de Medio Ambiente incurrieron en
prevaricación y cohecho. El juez tiene la última
palabra del asunto.
Santaliestra, Yesa y Biscarrués, además de otros 28
embalses menores, están incluidos en el pacto del agua
que el Gobierno central y el aragonés -ambos del PSOE-
sellaron en 1992 por un valor de 405.000 millones de
pesetas, ahora en fase de revisión. Su principal
impulsor fue Antonio Aragón, entonces presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y que hoy cumple
condena en prisión como uno de los protagonistas del
caso Urralburu, la trama navarra del caso Roldán.
Muchas de esas 28 pequeñas presas del pacto del agua
fueron aceptadas por las gentes de la zona por sus
posibles efectos positivos para la agricultura y la
generación de electricidad.
Años después, el Ejecutivo de Aznar las incluyó
todas en el PHN de Matas. Una primera incógnita
difícil de despejar es por qué, de esas 31 presas,
sólo se pusieron en marcha inmediatamente las tres que
habían generado contestación social. La opinión de
los grupos contrarios al PHN es tajante esos embalses
son la llave del Plan Hidrológico, la garantía de que
exista agua para el trasvase del Ebro, que ya ha
enfrentado al Gobierno del Partido Popular con el
Ejecutivo aragonés y el catalán. En resumen, y según
esta plataforma, "sacrificar una región por el
desarrollo descontrolado de otras".
Los informes negativos
Pero el Ministerio de Medio Ambiente destaca que hay
más obras en marcha (ya se ha gastado la tercera parte
del dinero previsto) y que estas tres grandes obras son
las que generan mayor demanda informativa, sencillamente
"porque afectan a más gente" que las
pequeñas. En el ministerio recuerdan que el artículo
16.2 del PHN garantiza que ninguno de esos embalses
servirá para alimentar el polémico trasvase.
Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la
Universidad de Zaragoza, dirigió durante la
tramitación del PHN un informe encargado por el
Gobierno, en el que participaron más de doscientos
científicos. Sus conclusiones negativas fueron obviadas
luego por Matas, que costeó los estudios. Arrojo,
convertido hoy en cabeza visible de este movimiento
crítico, insiste en la "inconsistencia" del
plan, que prevé 450.000 nuevas hectáreas de regadío
mientras la UE subvenciona a los agricultores para que
reduzcan esos cultivos (maíz, arroz, etcétera). De su
informe se desprendía que, para que un cultivo sea
rentable, el metro cúbico de agua debe costar en torno
a tres céntimos. Con las obras del PHN, cuesta unos 18.
La conclusión de Arrojo echa por tierra los objetivos
oficiales. "Los embalses podrán hacerse, pero los
regadíos no Europa, además, multa la sobreproducción
agrícola", sentencia el profesor. De cumplirse sus
augurios, la situación sería similar a la del embalse
de Riaño (León), que hace 15 años generó una enorme
movilización social y después no ha servido para
acondicionar una sola de las hectáreas de regadío
prometidas, las mismas que en su momento sirvieron al
Gobierno socialista para justificarlo y ganarse el apoyo
de los regantes.
Un problema secular
Las asociaciones ecologistas y de afectados, más
algunos partidos políticos Chunta Aragonesista,
Izquierda Unida, ciertos sectores del PSOE , denuncian
que el PHN es un "pelotazo para las constructoras y
las eléctricas" que no vertebra un desarrollo
sostenible a largo plazo en un país donde el agua ha
sido un problema secular. Arguyen el drama de los
pueblos hundidos, el aplastamiento de economías de
incipiente turismo rural en comarcas naturalmente
privilegiadas, el peligro para las poblaciones cercanas
a los muros, los atentados ecológicos en zonas
declaradas "de interés comunitario" por la
UE... Sus esperanzas están en Bruselas, que acogió su
manifestación con interés y aportaría el 40% de los
fondos. La negativa de Europa a concederlos daría al
traste con las intenciones de Aznar, que ha calificado
el plan de "absolutamente necesario desde el punto
de vista de la cohesión social y de la vertebración
del país".
¿Hay alternativas? Estos colectivos proponen, para
empezar, arreglar las conducciones según cifras
oficiales, el 40% del agua trasvasada en España se
pierde por evaporación y deficiencias en ellas (el 80%
de todo el agua consumida en nuestro país se gasta en
regadíos). La nueva filosofía, la llamada nueva
cultura del agua, iría más allá ahorro, gestión de
la demanda en lugar de aumento indefinido de la oferta,
uso racional del agua con técnicas de riego más
eficaces, depuración y reutilización, subida del
precio del agua, aplicar el principio de recuperación
de su coste a los agricultores y acabar con la
sobreexplotación ilegal de acuíferos.
España es uno de los países del mundo que más agua
consumen en relación con sus recursos hídricos sigue
siendo un bien escaso, aunque el 75% no pase por el
contador. Todo se ve diferente desde las tierras
amenazadas. En la desierta Ruesta, devorada por las
zarzas, los habitantes de la vecina aldea de Artieda
recuerdan que hace 40 años sus antiguos paisanos se
asomaban todos los días a ver si era verdad que el
pantano de Yesa inundaría todo lo que abarcaba la
vista. Un día el agua vino y ellos se fueron. Hoy
todavía confían en que alguien, en última instancia
un juez, se preocupe, ya no sólo por sus ecosistemas,
sino por ellos, una minoría con pocos votos y por cuya
dignidad y memoria ningún ministro ni constructora se
ha preocupado