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Heraldo de Aragón, 8-IV-2003 |
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CASO SANTALIESTRA |
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Los cargos contra
Benigno Blanco por el "caso Santaliestra" se amplían |
La Audiencia de Madrid
ratifica el procesamiento del secretario de Estado y otros
acusados de diversos delitos, incluido ahora el de infidelidad
en custodia de documentos.
JAVIER BENITO. Zaragoza |
Las complicaciones para el
Gobierno central con el "caso Santaliestra" van en aumento.
Tras la anulación hace más de un año del proyecto constructivo
del polémico embalse previsto del río Ésera y otros varapalos
judiciales, ahora se amplía la lista de cargos por los que
serán procesados el actual secretario de Estado de
Infraestructuras, Benigno Blanco y otros acusados por el
Ayuntamiento de la localidad altoaragonesa en la querella
criminal paralela a otros contenciosos en curso o ya
resueltos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado en febrero y
marzo sendos autos donde da la razón al Ayuntamiento de
Santaliestra en su intención de endurecer todavía más el
proceso. En el primero, desestima el recurso de queja
interpuesto por el abogado del Estado y la defensa del
redactor del proyecto de regulación -el ingeniero Íñigo
Barahona-, con el que se pretendía impedir que el Ayuntamiento
y el Ministerio Fiscal pudieran recurrir el auto de
procesamiento para que se incluyan algunos delitos descartados
inicialmente.
En el segundo, la Audiencia de Madrid estima los recursos de
apelación del Ayuntamiento y la Fiscalía contra el auto de
procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 38
contra Blanco, Barahona y otros ex altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), así como la empresa redactora del proyecto. En
definitiva, se decreta que procede juzgar a los acusados de
otros delitos además de los incluidos inicialmente -como
prevaricación o malversación de fondos públicos-, que se
ratifican para su vista oral.
Hasta 14
años de prisión
Contra Benigno Blanco -sobre
quien ya pesaban sendos cargos por delitos continuados de
prevaricación y falsedad en documento público en su anterior
etapa de secretario de Estado de Aguas-, se añade ahora la
imputación de un presunto delito continuado de infidelidad en
la custodia de documentos públicos que no remitió a los
tribunales. De esta forma, la petición de penas por parte del
Ayuntamiento y la Fiscalía pasa de 10 a 14 años de prisión y
también se amplía en seis años la solicitud de inhabilitación.
La misma imputación de infidelidad en la custodia de
documentos se extiende a Carlos Escartín, que ocupó la
Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente, y a José María Vizcaino, ex subdirector general de
Proyectos y Obras.
Asimismo, los cargos contra Íñigo Barahona se amplían a la
acusación de falsedad en documento público en concurso medial
con un delito continuado de fraude y otro continuado de
estafa, en relación a las liquidaciones de la CHE y el
Ministerio a las empresas encargadas de redactar el proyecto
técnico del embalses por trabajos que según el Ayuntamiento de
Santaliestra no fueron realizados.
También están procesados por diversos delitos -aunque ya no se
amplían los cargos- Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, los
ingenieros de la Confederación Miguel Zueco y Francisco Fiteni
y el ex director general de Evaluación de Impacto Ambiental
del Ministerio, José González Lastra. Todos los acusados han
rechazado las acusaciones, algunos en declaraciones o
comparecencias públicas.
Benigno Blanco, en concreto, llegó a comparecer hace justo un
año en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados para intentar desmontar una por una las imputaciones
de la Fiscalía contra él en este proceso penal.
Pero los 27 documentos oficiales que Blanco aportó entonces
para defenderse en el Congreso "no le han servido
absolutamente para nada en la Audiencia Provincial de Madrid
que le ha de juzgar", destacó ayer el alcalde de Santaliestra,
Javier Mur. Satisfecho por la marcha de éste y otros procesos
judiciales, Mur también ironizó sobre la "buena información"
que en su opinión ha demostrado tener al respecto el actual
secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández, en su última
visita a Aragón.
Con los dos últimos autos ya son cinco las veces que la
Audiencia de Madrid ha anulado o corregido decisiones
favorables a los acusados del Juzgado de Instrucción número 38
dentro de este proceso penal.
Ahora sólo falta que las defensas complementen sus escritos en
relación con las nuevas imputaciones y el Juzgado de
Instrucción remita las actuaciones a la Audiencia Provincial
de Madrid, donde se celebrará el juicio. |
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El Periódico de Aragón, 8-IV-2003 |
ESTIMADO UN RECURSO DE LA
ACUSACIÓN
Imputan otro delito a Blanco por
Santaliestra
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Supone una petición adicional de cuatro años de cárcel
para el número dos de Cascos
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La Audiencia Provincial de
Madrid ha admitido nuevos cargos por el caso
Santaliestra contra Benigno Blanco, exsecretario de
Estado de Aguas y actual número dos del Ministerio de
Fomento, contra Carlos Escartín, exdirector general de
Obras Hidráulicas, y contra otros procesados. En la
práctica, esto supone una petición adicional de pena de
cuatro años de prisión, que se suma a la solicitud inicial
de ocho años y seis meses de cárcel.
Blanco y Escartín son dos
de los ochos exaltos cargos de Medio Ambiente y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) imputados en la
querella criminal presentada por el Ayuntamiento de
Santaliestra por la tramitación de un embalse en ese
municipio. En abril del año pasado se conoció la petición
del fiscal (ocho años y seis meses de cárcel para Blanco y
otros tantos para Escartín) y siete años de inhabilitación
para el expresidente de la CHE Tomás Sancho. En un auto de
21 de mayo del 2002, el Juzgado de Instrucción número 38
de Madrid decretó la apertura de juicio oral contra los
tres y contra cinco más.
RECURSOS. Dicho auto fue
recurrido por el ayuntamiento y la Fiscalía y el pasado 5
de marzo la Audiencia Provincial de Madrid dictó un nuevo
auto que, según informó ayer el consistorio, estima
parcialmente la petición de la acusación y decreta que
Blanco y Escartín sean también juzgados por infidelidad en
la custodia de documentos, que se suma a los delitos ya
señalados.
Así, hay una petición
adicional para ambos procesados de una pena de cuatro años
de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 300
euros e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por seis años. Esta solicitud se añade a la que
planteó la Fiscalía en su escrito de conclusiones, que en
el caso de Escartín y Blanco era de ocho años y seis meses
de cárcel y diez de inhabilitación.
En opinión de Javier Mur,
alcalde de Santaliestra, este hecho supone que los
acusados, "bajo ningún concepto, se librarán de sentarse
en el banquillo". Mur dijo: "Los indicios delictivos son
tan serios que los tribunales sientan a todo un secretario
de Estado".
Este proyecto de embalse
está paralizado porque la Audiencia Nacional declaró nula
la aprobación técnica definitiva, decisión recurrida por
el Ministerio de Medio Ambiente. |
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