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Desde Ecologistas en
Acción queremos aprovechar está comparencia para hacer
llegar a sus señorías nuestras propuestas sobre el
Pacto del Agua y en definitiva sobre la política
hidráulica en nuestra comunidad autónoma. Y podemos
comenzar con nuestra reflexión: La palabra
"actualizar", ya de por sí, pero además
dentro de los términos en que se ha expuesto por
algunas de sus señorías en los medios de
comunicación, sinceramente nos sabe a poco. Desde
nuestro colectivo apostamos por un cambio radical en la
política hidráulica que tanto desde el Ministerio de
Medio Ambiente del Gobierno estatal, como desde el
Gobierno de Aragón se está promoviendo.
No entendemos, que se
siga defendiendo el Pacto del Agua, que se siga
apostando por un documento, que no vamos a discutir que
en su día contó con un acuerdo político, pero que hoy
no existe dicho acuerdo y menos un acuerdo social.
También permítanme que a lo largo de mi exposición
nombre indistintamente la política hidráulica que se
realiza en Aragón, como Pacto del Agua o PHN, pues para
nosotros no hay diferencia, se trata de la misma
política hidráulica. (El Pacto del Agua es el extracto
aragonés del PH de la cuenca del Ebro).
Permítanme y dado que
hoy están interviniendo otros colectivos con los que
coincidimos de manera general en planteamientos sobre
este tema, en que aunque realice una valoración general
del Pacto del Agua, me intente centrar más en la
materia que trabajamos principalmente desde Ecologistas
en Acción, como es el medio ambiente, dado que el resto
de comparecientes tocarán sin duda con detenimiento
otros enfoques: económico, social, cultural e
histórico, ...
Desde Ecologistas en
Acción consideramos que tal cómo está avanzando la
ejecución del llamado Pacto del Agua y las últimas
noticias de las que se tienen conocimiento debería
llevar a una reflexión y análisis sobre la política
hidráulica en la comunidad autónoma de Aragón, que
debe llevar a dar nuevos pasos. Pasos que, como ya hemos
comentado, deben ir más allá de una simple relectura
del Pacto del Agua y deben estar basados, de una vez por
todas, en un importante consenso entre todos los
sectores sociales implicados, no solamente políticos.
La reciente sentencia
de la Audiencia Nacional, considerando nula la
tramitación del proyecto del embalse de Santaliestra,
sobre el río Ésera, pone en evidencia las malas
maneras con que las administraciones implicadas están
llevando a cabo las grandes obras de regulación
previstas. La sentencia viene a corroborar lo que se ha
venido diciendo sobre este proyecto: ocultación de
informes, dejadez de funciones, las administraciones
como promotoras de situaciones de indefensión de los
afectados y de las afectadas, contestaciones de los
políticos responsables a los informes que advertían de
los riesgos que conllevaba la construcción de este
embalse a las poblaciones situadas aguas abajo sin datos
técnicos donde apoyarse... Desgraciadamente desde los
colectivos que hemos seguido los procesos
administrativos de las grandes obras de regulación en
Aragón, sabemos por experiencia, por que nos ha tocado
sufrirlo, que el caso de Santaliestra no es un hecho
aislado en ese sentido y que existe una gran semejanza
con otras tramitaciones de embalses en nuestra
comunidad. Proyectos sobre los que existe un número
importante de recursos judiciales que esperamos que
tengan el mismo fin.
Actuaciones políticas,
apoyadas por este cámara, como que se declare urgente
la ocupación de los terrenos para ejecutar el
recrecimiento de Yesa y los embalses de Biscarrués y
Lechago, entre otros, mediante la Ley 24/2001 de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en lugar
del habitual trámite de expropiación por acuerdo del
Consejo de Ministros, evitando de esta manera la
posibilidad de que pueda ser recurrido, da una nueva
pincelada en la forma, permítanme, aunque sea ajustada
a derecho, que la defina como prepotente, con que la
administración actúa, mientras habla de consenso.
La resolución por la
que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto de embalse de Jánovas, ya tenía que haber
supuesto una llamada de atención sobre el futuro del
Pacto del Agua. Ahora sorprende, que se busquen
"alternativas" a este embalse, cuando nunca se
llegó a justificar, sino es desde los intereses de las
compañías eléctricas. Se está hablando de una nueva
regulación en el río Susía. Las cosas de nuevo se
empiezan a hacer mal desde el principio. De nuevo se
carga sobre un territorio, el Pirineo, una obra de
regulación más; se toma una decisión política,
anunciada a bombo y platillo, sin contar con los datos
técnicos oportunos.
Mientras tanto los
embalses laterales siguen sin construirse. Desde nuestro
colectivo queremos exigir responsabilidades a los cargos
políticos en materia hidráulica, por su nulo interés
para que avancen los embalses que son totalmente
necesarios para fomentar el ahorro y la eficiencia del
uso del agua en los polígonos de regadíos de nuestra
comunidad. La construcción de estos embalses son, en
algunos casos, suficientes para cubrir las demandas
reales de agua en algunas zonas, con lo que su
construcción pondría en evidencia algunos proyectos de
grandes embalses. Nos estamos refiriendo a embalses como
el de San Salvador y otros previstos en el canal de Zaidín,
o Malvecino y Laverné, entre otros, aunque estos
últimos parece que llevan adelantado su trámite
administrativo.
Pero antes de lo
ocurrido con la sentencia sobre Santaliestra y la
Declaración de Impacto de Jánovas, ya tenemos el
ejemplo del embalse del Val, único referente existente
del Pacto del Agua. Referente que debería hacernos
reflexionar sobre el apoyo a la ejecución del Pacto del
Agua. Se trata de un embalse que se construyó, ya no
sin contar con los afectados, sino con los usuarios
expectantes; que de un presupuesto de 8.500 millones, se
llevan pagados hasta el momento 19.000 millones, un
225%, suponiendo un gasto para los agricultores usuarios
prácticamente inasumible, estamos hablando de 50.000
pts./ha/año; un embalse donde después de varios años
construido todavía no se ha establecido el reparto de
caudales, ni se espera hacerlo pronto, cuestión sobre
la que existe un silencio sospechoso por parte de los
responsables políticos (véase comisión de seguimiento
del Pacto del Agua), medios de comunicación, promotores
del proyecto (regantes y ayuntamiento de Tarazona), ...;
un proyecto cuyas obras "complementarias"
(canalización de los ríos Queiles y Val) han supuesto,
por sí solas, el destrozo de uno de los ríos mejor
conservados en cuanto a riqueza biológica de la margen
derecha del Ebro, además de multiplicar los riesgos de
avenidas sobre la población de Tarazona; un embalse con
el objetivo de trasvasar aguas a comunidades vecinas
(Navarra y La Rioja), que si bien nuestro colectivo no
quiere entrar en un tema como la territorialidad, se
trata de una cuestión ampliamente denunciada por el
Gobierno de Aragón en otros casos y apoyada en éste; y
podríamos seguir ...
Como ya hemos expuesto
en multitud de ocasiones el Pacto del Agua y el PHN se
centran en dar un oferta, totalmente desproporcionada,
para la demanda real y sin llegar a estudiar esta
última. Consideramos que es de cajón, que antes de
ponerse a realizar un inventario de obras hidráulicas
se debería haber analizado con seriedad la demanda que
se pretende cubrir. Queremos llamar la atención, como
de obligada referencia, la necesidad de realizar en
Aragón algo parecido al "Inventario y
caracterización de los regadíos en Andalucía",
realizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de
esa Comunidad Autónoma durante los años 96 y 97. Este
inventario profundiza en el conocimiento de los
regadíos andaluces, tanto desde el punto de vista de la
utilización del agua según su origen, como en los
datos socieconómicos asociados a dicha utilización.
Destaca también por su claridad y transparencia de los
datos aportados ya que son públicos a través de una
página web.
La disponibilidad de
dicho inventario en nuestra comunidad obligaría, con
toda seguridad, a la revisión de documentos como el
Pacto del Agua y el PHN y permitiría la elaboración de
una política de aguas más ajustada a la realidad; y
conduciría a una mayor objetividad y serenidad en los
debates entre comarcas afectadas por grandes obras de
regulación y comarcas expectantes de las mismas.
En la actualidad para
analizar la demanda debemos basarnos en el Plan Nacional
de Regadíos, elaborado por el actual Gobierno estatal y
apoyado en la firma del convenio de colaboración por el
Gobierno aragonés. Un plan que a pesar de recoger la
ejecución de nuevos regadíos en seis grandes
polígonos de nuestra comunidad hasta el horizonte del
2008 y posteriores, no hay que olvidar que pone en duda
la rentabilidad de dichas explotaciones. Nos estamos
refiriendo, como ya sabrán, a los regadíos de Bardenas
II, Calanda-Alcañiz, Canal del Cinca, Canal del Civán,
Monegros I 4º Tramo, Monegros II.
Aún así este
documento (PNR) prevé una demanda nueva de agua
(recursos adicionales a los ya existentes) para uso
agrícola en Aragón de 272 Hm3. Si esto lo dice un
documento oficial de planificación de las explotaciones
agrarias, debería estar más que claro que el objetivo
de parte del resto de los 2.100 Hm3 que se esperan
regular con las grandes obras del Pacto del Agua, será
ser almacenados para el trasvase del Ebro al arco
mediterráneo.
Por este motivo, es
necesario un replanteamiento de algunos de los proyectos
hidráulicos que están siendo tramitados. Los cuales
deben tener estudios de viabilidad y de rentabilidad
(informes de coste-beneficio). Si no, pasará, como el
caso comentado del embalse del Val, que la obra será
inasumible para los regantes, así como que la mayoría
de los embalses proyectados en la margen derecha no se
llegarán a llenar o a cumplir unos mínimos viables de
regulación.
Desde nuestro
colectivo, de todos los embalses que están siendo
tramitados o ya concluido dicho tramite hemos presentado
alegaciones, denuncias en Europa o recursos judiciales
sobre los siguientes proyectos: recrecimiento de Yesa,
Jánovas, Biscarrués, Santaliestra, Mularroya, Torre
del Compte, Lechago, recrecimiento de Santolea,
Alcamines, ...). Desde nuestro colectivo se pide la
paralización de esos proyectos, como primer paso para
hablar de actualización del Pacto del Agua. Y por
favor, no caer en la simplicidad de que oponerse a
dichos embalses, significa estar en contra de las
demandas de riego para algunas zonas de nuestra
comunidad. En todas nuestras alegaciones damos
alternativas a la construcción de las grandes obras de
regulación.
Centrándonos en el
tema medio ambiental, nos encontramos con una política
hidráulica que pretende dotar de agua a grandes
polígonos de regadío embalsando en la cabecera de los
ríos. Unos ríos que están totalmente degradados,
destrozados, siendo la principal responsable, la
Confederación Hidrográfica del Ebro, que con su actual
política de construcción de embalses, centrales
hidroeléctricas, extracción de áridos, negligencia en
el control de la contaminación y en el control del uso
y ocupación del dominio público hidráulico que
conlleva la posterior necesidad de realizar desvíos del
cauce, enormes dragados, construcción de escolleras, ha
llevado a que los ríos sean, dentro de la ligereza con
que se debe valorar estas cuestiones, los ecosistemas
más amenazados de Aragón. Amenazados en el sentido de
que estas actuaciones siguen proyectándose y
realizándose.
Desde Ecologistas en
Acción no tenemos ningún problema en afirmar, lo
venimos haciendo desde 1992, que el principal problema
medio ambiental al que se enfrenta nuestra comunidad y
especialmente nuestros ríos es la ejecución del Pacto
del Agua y consecuentemente del Plan Hidrológico
Nacional. Y es aquí donde notamos una gravísima
contradicción entre la política hidráulica y la
política medioambiental que tanto el Gobierno estatal
como el Gobierno de Aragón vienen realizando. Esa
contradicción viene motivada, como ya hemos expuesto, y
centrándonos en el caso del Gobierno aragonés, que
mientras el Departamento de Medio Ambiente tiene la
obligación de conservar nuestro patrimonio natural, es
el principal impulsor del Pacto del Agua y por tanto de
las obras de regulación contempladas en el PHN, que
como acabamos de indicar es la principal amenaza para
dicho patrimonio natural. Lo que equivale a la
afirmación de que es la propia administración la
principal responsable de la degradación del medio
ambiente de nuestra comunidad.
Hemos denunciado
continuamente que en los documentos de planificación
sobre conservación de la biodiversidad se evita en todo
momento referencias a la política hidráulica. Y en los
documentos de planificación de esta última no aparecen
las afecciones que su ejecución implicaría sobre los
espacios naturales y biodiversidad aragoneses. Desde
nuestro punto de vista, esta clara la razón, ambas
políticas son incompatibles.
Un ejemplo claro lo
tenemos en el estudio que realizó nuestro colectivo,
sobre una valoración de la propuesta del Gobierno de
Aragón de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs).
Los datos aportados a dicho informe indican que al menos
26 de estos espacios veían amenazados sus valores
naturales de una manera importante por las obras
contempladas en el Pacto del Agua. 11 embalses de los
proyectados, está prevista su ubicación (total o
parcial) en tramos de ríos que han sido designados como
LICs, precisamente por sus valores medioambientales,
interrumpiendo la continuidad del LIC fluvial por
exclusión el tramo que ocuparía el embalse, como por
ejemplo sucede en el río Ara por Jánovas o en el río
Matarraña, en Torre del Compte. Otros 7 espacios de las
mismas características (importancia fluvial), tendrían
graves afecciones por la importante reducción de
caudales que supondría la construcción de grandes
embalses inmediatamente aguas arriba. A lo que hay que
añadir otros LICs que se verán seriamente amenazados
por los planes de restitución (sobre los que
posteriormente realizaremos un comentario) y por el uso
derivado por alguno de estos embalses, como la puesta en
marcha de nuevos regadíos. Con la nueva aprobación de
la ampliación de ZEPAs en nuestra comunidad, nuestro
informe es anterior, se duplican los espacios que
formaran parte de la Red europea Natura 2000 que se
pueden ver afectados por este hecho.
Algunos de estos LICs
afectados son zonas húmedas y con esto quiero entrar en
otro apartado del Pacto del Agua. En su apartado IV,
aspectos medioambientales. Dicho apartado habla de
"la creación en el marco del Pacto del Agua de una
comisión específica para analizar la problemática y
programar los trabajos necesarios para la
evaluación" de unos caudales mínimos en nuestros
ríos. Habla de considerar tramos de ríos que precisan
medidas de protección. Habla de deslinde del dominio
público hidráulico. Habla de revisar y aumentar el
inventario de zonas húmedas de nuestra comunidad. Habla
de depuración de aguas. Y habla de declaración de
nuevos espacios protegidos e indicando también que
"un futuro desarrollo del Pacto del Agua deberá
fijar, de forma prioritaria los perímetros de
protección" de varias zonas húmedas,
"pudiendo requerir estudios hidrogeológicos,
establecer normas de explotación, limitar prácticas
agrícolas, establecer un control sobre vertidos y
accesos a exigir la presentación de estudios de impacto
ambiental a todas las obras o actuaciones que puedan
suponer deterioro". No sé si estarán de acuerdo
con nosotros de que todas estas cuestiones del apartado
IV, han sido totalmente olvidadas en los debates que en
esta cámara se han producido sobre el Pacto del Agua,
incluyendo la comisión de seguimiento. Y muchas de
ellas han sido olvidadas en diferente legislación
sectorial aragonesa.
Aprovechando que este
año se celebra en España la octava conferencia de la
convención de Ramsar no podíamos dejar pasar de lado
el tema de la influencia del Pacto del Agua sobre la
conservación de las zonas húmedas. El Pacto del Agua
lejos de cumplir su compromiso con estos espacios se ha
convertido, como ya hemos comentado con los espacios
fluviales, en su mayor amenaza. No dejar de ser curioso
y preocupante que tres espacios de la importancia
internacional de las saladas de Alcañiz-Calanda,
Bujaraloz-Sástago y Chiprana en el que el Pacto del
Agua recoge la prioridad de darles una protección, se
encuentran amenazadas por la puesta en marcha de
diversos proyectos de regadíos en sus cuencas
endorreicas, ya que supondrá la modificación de las
condiciones físicas y biológicas de las mismas.
No queremos acabar sin
hacer un comentario, como hemos anunciado, sobre los
llamados planes de compensación o de restitución
territorial. Estos planes a parte de tratarse de un
chantaje a las zonas afectadas por las grandes obras de
regulación, pues contempla una serie de actuación
básicas, a las que tiene derecho toda comarca en la
búsqueda de un desarrollo acertado y de una mejora de
la calidad de vida de sus habitantes, independientemente
de que se realice un embalse o no, recogen obras
complementarias que siguen incidiendo en la destrucción
del medio ambiente y principalmente en la degradación
de los ríos, que hay que unir a la ejecución del
embalse. Así en algunos planes que conocemos, o al
menos sus directrices, como es el caso de Santaliestra,
Biscarrués y recrecimiento de Yesa, se apuesta por
obras complementarias: centrales hidroeléctricas,
canalizaciones de tramos de ríos, urbanizaciones, etc.
que provocan una mayor deterioro de nuestros ríos.
Estos planes por su relación directa con el embalse,
tal como están proyectados, deberían pasar
conjuntamente la evaluación de impacto ambiental.
Y dado que los planes
de restitución, aunque recogen actuaciones
medioambientales, por lo menos llamadas así, se basa
principalmente en aspectos sociales, nos gustaría
aprovechar para denunciar el incumplimiento del Pacto
del Agua en lo referente a la inundación de pueblos.
Nos parece alarmante y sufrimos con ellos, la
destrucción del pueblo de Erés al ser anegado si se
lleva a cabo el embalse de Biscarrués, sin olvidar
otros como Sigüés, que aunque mucho se habla de un
plan faraónico e incongruente para impedir su
anegación, lo cierto es que lo aprobado hasta ahora es
su anegación. Así como otros pueblos que aunque no
sean anegados las consecuencias pueden ser las mismas,
como es el caso de Artieda.
Y con esto llegamos a
otro punto que nos parece importante, la adaptación del
Pacto del Agua a la nueva normativa existente,
principalmente directivas europeas: como la de la
evaluación estratégica, la directiva marco, de calidad
del agua, y las dos relacionadas con la creación de la
red natura 2000, las conocidas como de aves y hábitat.
Nuestro colectivo defiende, así lo ha hecho saber a la
comisión europea que todas las obras de regulación y
el trasvase contemplados en el PHN deben pasar una
evaluación de impacto ambiental conjunta, como
documento de planificación que se trata y que en la
misma se debe valorar la incidencia sobre la red Natura
2000. Y recordamos que hemos comentado que el Pacto del
Agua afecta a 26 espacios propuestos como LICS.
Para concluir indicar
que creemos que un nuevo documento de planificación
hidráulica en nuestra comunidad debe dar más
importancia a aspectos como la conservación de los
espacios fluviales y zonas húmedas, deslinde del
dominio público hidráulico, este tema debería haber
sido prioritario en nuestra comunidad desde la tragedia
del cámping las Nieves. La contaminación de las aguas
también deberían estar recogidas de manera importante,
principalmente la que se conoce como contaminación
difusa, la producida por la agricultura y ganadería,
sin olvidar los caudales "medioambientales",
... Igualmente debe recoge otras alternativas, que la
simple diferencia de cota de un mismo embalse. ¿No
existen en Aragón las aguas subterráneas y las
posibilidades de establecer medidas de ahorro y
eficiencia del agua?.
La solución racional
es poner en práctica, a pesar de ser un término que
empieza a ser utilizado, como el de desarrollo
sostenible, de manera indiscriminada, por todo el mundo,
la Nueva Cultura del Agua, más económica y sostenible,
pero políticamente mucho más complicada, porque
desmonta el negocio de las empresas de obras públicas,
de 'producción' y venta de agua y de los concesionarios
de caudales (los aguatenientes). La Nueva Cultura del
Agua necesita que las instituciones se decidan a
gestionar mejor el agua, dejar de ofertar sin límite
sin mirar el coste económico e incentiven la
conservación, la eficiencia en el uso del agua, opción
que beneficiaría a la mayoría de la población y
apostaría decididamente por un futuro sostenible para
nuestro estado. Pero ahorrar agua y gestionarla mejor no
es negocio si las instituciones políticas no cierran el
grifo de las inversiones arbitrarias que benefician la
ampliación de la oferta de agua.
Se debe dejar de
apostar por el regadío como única salida al desarrollo
rural, se debe hacer un especial esfuerzo por parte de
la administración y de todos los sectores sociales en
buscar otras salidas adaptadas a las condiciones de cada
territorio, desde aquí reivindicamos la cultura del
secano. Es innegable la importancia del agua para el
desarrollo de las comarcas, pero no es el único factor.
También hay que desmontar la idea de que la única
forma para cubrir nuevas demandas de agua son la
construcción de grandes obras de regulación en la
cabecera de nuestros ríos, utilizando al agricultor
para defender otros intereses "constructoras e
hidroeléctricas".
Queremos poner en duda
la necesidad de seguir contando con el Pacto del Agua,
cuando desde la administración aragonesa se está
promoviendo un plan de obras hidráulicas y está
elaborando la política básica del agua en Aragón
Y finalizo con una fase
de Domingo Jiménez Beltrán, durante muchos años
Director de la Agencia Europea del Medio Ambiente,
publicada en una entrevista este sábado en el
Periódico de Aragón: "El uso del agua muchas
veces es dejarla estar".
Zaragoza
a 11 de junio de 2002
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