INTRODUCCIÓN
El presente informe evidencia que
la gestión del agua en España adolece de graves deficiencias, e
irregularidades sistemáticas institucionalizadas en las que se
apuntan incluso perfiles de corrupción.
A través de este informe se pone
de manifiesto que la existencia de irregularidades en la toma de
decisiones sobre la contratación de obras públicas hidráulicas, o
las derivadas del incumplimiento del deber de vigilancia frente a
la ampliación de regadíos ilegales o frente a la contaminación, no
se limita solamente a casos aislados bajo la responsabilidad de
particulares o de funcionarios de bajo nivel. Por el contrario, se
observa que el abundante número de casos de desgobierno hidráulico
y de manejo fraudulento de fondos públicos, que traen como
resultado la destrucción o degradación grave de muchos recursos
naturales y valiosos patrimonios ambientales, sociales y
culturales, tienen rasgos sistemáticos tras los que parece existir
una actividad planificada, consciente y decidida de los grupos de
presión; al tiempo, se detecta la existencia en la Administración
de altos cargos que proceden de sectores como los de las grandes
constructoras, compañías eléctricas y grandes negocios agrarios en
connivencia con esos intereses.
CONTENIDO DEL INFORME
El presente informe recoge un
estudio basado en el análisis y clasificación sistemática de casos
en cada cuenca hidrográfica. La estructura del informe se ha
dividido en dos partes. La primera recoge el estudio de
irregularidades en las Cuencas Mediterráneas – Ebro, Júcar y
Segura -, relacionadas entre sí por los proyectados Trasvases del
Ebro del PHN; la segunda parte del informe describe las
situaciones de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa,
Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de
Cataluña.
En la primera parte del Informe
se constatan relaciones, sin duda conscientes y bien articuladas
entre las grandes obras de la cuenca del Ebro, la del Júcar y la
del Segura; esto es, las cuencas a enlazar por medio del trasvase
Sur del Ebro, la obra central que preside el Plan Hidrológico
Nacional del Gobierno español.
En este sentido, el informe pone
de manifiesto cómo en la cuenca cedente, la del Ebro, se plantea
un conjunto de embalses, en particular los de Itoiz, Yesa,
Santaliestra y Biscarrués, donde destaca la labor del antiguo
Secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, en la actualidad
Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento. Esta persona fue máximo responsable de los Servicios
Jurídicos de la empresa eléctrica IBERDROLA y miembro del Consejo
de Administración de varias compañías constructoras, constatándose
que su actuación, juzgada en la actualidad en varios Tribunales de
Madrid, podría haber favorecido los intereses de su antigua
compañía, IBERDROLA, la cual se encargará del bombeo de los
caudales a trasvasar. Hay que señalar que su antigua empresa le
pagó, justo antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado de
Aguas en el Ministerio de Medio Ambiente, 210.000 euros.
En relación con los embalses del
Pirineo, los procedimientos judiciales en curso o con sentencia
dictada denuncian el incumplimiento manifiesto de la normativa de
impacto ambiental, la voluntad de construir embalses en zonas de
riesgo geológico cerca de pueblos habitados, la vulneración del
régimen de los contratos públicos y del procedimiento
administrativo, el uso irregular de fondos, las expropiaciones
ilegales, el uso de la Policía y Guardia Civil en beneficio
privado a la hora de expulsar a los habitantes de las localidades
afectadas y la ocultación de datos al público y a los Tribunales.
Aunque no se reconoce así
explícitamente en la Planificación Hidrológica, el contraste de
dicha planificación (en la que se prevén 450.000 ha de nuevos
regadíos en la Cuenca del Ebro) y el Plan Nacional de Regadíos (en
el que tan sólo se prevén 82.000, de las cuales sólo 43.000 están
en polígonos en ejecución) dejan al descubierto un inconsistente
sobredimensionamiento de estas obras, que sólo puede explicarse
por su relación con las necesidades de regulación que exige la
política de trasvases prevista. Tal y como hemos señalado, la
electricidad exigida para el bombeo de estos caudales procedería
de las centrales de IBERDROLA situadas en la cuenca del Júcar,
segunda etapa en la conducción del agua al Sureste de España desde
el Ebro.
En la región de Valencia, resalta
el trasvase del propio río Júcar al Vinalopó, donde el Sr. Benigno
Blanco impulsó la creación de la empresa pública “Aguas del Júcar,
Sociedad Anónima”, que, en régimen de Derecho privado, contrataría
a una filial de IBERDROLA, llamada IBERINCO para realizar los
estudios técnicos precisos, en la que el propio Benigno Blanco fue
Secretario del Consejo de Administración. Entre los territorios
destinatarios de este trasvase destacan las zonas residenciales y
recreativas de la provincia de Alicante, cuya expansión
urbanística fue promovida por el actual Ministro de Trabajo,
Eduardo Zaplana, destacado promotor de estos proyectos
trasvasistas. Tal es el caso de Benidorm, localidad de la que fue
alcalde antes de ocupar la Presidencia del Gobierno autonómico, y
en la que se produjeron incendios forestales en el lugar donde
posteriormente se edificó el gran parque temático “Terra Mítica”.
En lo que respecta a la Cuenca
del Segura, aparece el nombre de D. Francisco Cabezas, antiguo
Comisario de Aguas de esta cuenca y actualmente Subdirector
General de Planificación Hidrológica. Los problemas de escasez en
la zona se caracterizan por parte del Gobierno como “déficit
estructural” de agua, en base al cual se pretenden justificar los
trasvases de agua de otros ríos. Desde su destino en la
Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente, D. Francisco Cabezas, en lugar de garantizar el
control de nuevas perforaciones garantizando la sostenibilidad del
acuífero, tal y como exige la ley, autorizó la extracción de aguas
subterráneas sin ningún amparo legal, aguas que aumentaron el
número de hectáreas irregulares de regadío e incluso de campos de
golf. Por otra parte, numerosos expedientes sancionadores
relativos a extracción de aguas subterráneas se han dejado
prescribir sin llegar a ningún resultado en las propias oficinas
de la Confederación Hidrográfica.
De los abundantes casos
documentados en base a denuncias y procesos judiciales, podría
derivarse que el pretendido “déficit estructural” se debería en
buena medida a extracciones y consumos irregulares que, siendo
ilegales parecen consentirse e incluso ampararse desde la
Administración. Mientras, se ha generado y permitido una gravísima
contaminación del río Segura, uno de los ríos más sucios de
Europa, por cuya causa se juzga ahora a altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente.
De los casos documentados se
constata que las irregularidades y el descontrol no sólo alcanza
al Ministerio de Medio Ambiente, sino que también se ven
implicados, en diversos casos, jueces, alcaldes, empresarios y
políticos locales, algunos de los cuales habrían recibido, según
se denuncia, fraudulentamente, fondos europeos para poner en
regadío zonas de vegetación natural, terrenos forestales quemados
en incendios e incluso espacios naturales protegidos. Se denuncia
por otro lado, la existencia en la Región de Murcia de casos de
acoso laboral y social por parte de algunas autoridades y medios
de comunicación, orientados a coartar la libertad de expresión de
los funcionarios, investigadores universitarios y ciudadanos que
vienen denunciando este tipo de irregularidades.
En la segunda parte del informe
se recogen y se clasifican sistemáticamente las irregularidades
denunciadas en las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa,
Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de
Cataluña. Cada una de ellas cuenta con sus particularidades,
aunque destacan las evidencias de sobreexplotación hidroeléctrica
(por parte de las empresas UNIÓN FENOSA, ENDESA e IBERDROLA) y la
ocultación de datos y el impedimento del derecho ciudadano de
acceso a la información ambiental por parte de las Confederaciones
Hidrográficas (dependientes del Ministerio de Medio Ambiente).
Son de destacar casos
paradigmáticos como el de Unión Fenosa y el Gobierno Regional de
Galicia, la sobreexplotación de ENDESA en varios ríos de la región
de Cantabria o la labor de silencio y la posible complicidad con
las empresas constructoras e IBERDROLA de la Confederación
Hidrográfica del Duero, dependiente también del Ministerio de
Medio Ambiente.
Junto a los ejemplos descritos,
aparece un mundo de múltiples irregularidades en torno a las
pequeñas y medianas obras, generalmente con la connivencia de
gobiernos municipales y de pequeños grupos de poder económico de
ámbito local o regional. No obstante, sus efectos son muy
destructivos para el patrimonio natural y social, como el caso de
ciertos regadíos, minicentrales hidroeléctricas, dragados de ríos
y talas de bosque de ribera.
En definitiva, las
irregularidades y problemas de corrupción existentes en torno a la
gestión del agua en España no se deben sólo a fenómenos aislados y
por obra de personas de escasa influencia política y económica.
Muy al contrario, además de estos casos de menor entidad,
sobresalen otros casos en los que el Ministerio de Medio Ambiente,
los Gobiernos Regionales, los Entes Locales, las empresas
constructoras, los grandes regantes y las compañías eléctricas,
aparecen implicados en numerosas denuncias y sentencias que
indican hasta qué punto se estudia, planifica y ejecuta la
vulneración sistemática del Estado de Derecho a través de
múltiples irregularidades y la utilización de fondos públicos que
alimentan todas estas actividades.
A la vista de la situación
mostrada, urge una reflexión seria y profunda acerca de cómo se
están planificando las obras hidráulicas y tomando las decisiones
sobre la gestión del agua en España y cuáles son los fines y
beneficiarios reales de tales obras y decisiones. Urge también
aplicar con contundencia el Estado de Derecho en todo lo relativo
a la planificación y uso del agua, depurando todas las posibles
responsabilidades por irregularidades y usos abusivos existentes
en torno a ello. Urge igualmente rodear de la máxima transparencia
y de los máximos canales de información y participación públicas a
todos los procedimientos y decisiones relativos a las obras
hidráulicas y al uso del agua con el fin de evitar la
arbitrariedad, el abuso de poder y la opacidad que con frecuencia
aparecen en torno a las actuaciones hidráulicas. Finalmente, las
abundantes y graves deficiencias de carácter jurídico evidenciadas
en las distintas cuencas hidrográficas demandan una moratoria
sobre las obras hidráulicas y grandes decisiones sobre usos del
agua actualmente planteadas, incluyendo las previstas en el marco
del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de evitar que tales
obras y decisiones sirvan para seguir alimentando una bola de
nieve de corrupción, irregularidades y usos abusivos del agua con
cargo a fondos públicos y a expensas de un menguante patrimonio
natural, social y cultural.
La aplicación escrupulosa del
Estado de Derecho, la máxima transparencia y participación
públicas y el respeto a los derechos de los ciudadanos constituyen
requisitos imprescindibles en cualquier ámbito y que hoy por hoy
no se dan en la planificación y gestión del agua en España. Por
tanto, reivindicar dicho Estado de Derecho y la máxima
transparencia en la toma de decisiones constituye así la primera
exigencia para una imprescindible nueva cultura del agua en
España. La Fundación Nueva Cultura del Agua quiere contribuir a
ello con la presentación de este informe.
Madrid, enero 2004
Descarga el informe completo en PDF
-
Informe parcial cuenca del Ebro
|
CLEAN
WATER, CLEAN HANDS Corruption and irregularities in Water
Management in Spain
FOUNDATION FOR A NEW WATER
CULTURE
January 2004
INTRODUCTION
The objective of this report is
to show that water management in Spain suffers from serious
shortcomings. The chief ones are corruption and irregularities in
this management.
This report shows that the
existence of irregularities related to the awarding of contracts
for public hydraulic works while ignoring the obligation to
control pollution and the expansion of illegal irrigation, is not
only applicable to individual cases of private citizens or low-ranking
civil servants. The vast amount of cases of hydraulic
mismanagement and misuse of public funds, which in turn cause the
destruction and degradation of natural resources and social,
cultural and environmental heritage, seems to be the result of a
planned conscious decision by lobby groups for whom the Public
Administration is nothing but a treasure chest to be used for
their own benefit. Many of the people occupying public office in
the Public Administration either worked, or still do, for large
construction companies, electrical power companies, or the
agricultural business.
CONTENTS OF THE REPORT
This study is based on an
analysis of cases in each hydrological river basin, and is divided
in two parts.
The main aim of the first part of
the report is to demonstrate that there is a clear pre-meditated
conscious link between the large public works in the Ebro Basin,
the Júcar Basin, and the Segura Basin. These are the basins to be
connected via the Ebro water transfer, the largest project in, and
the reason behind, the Spanish National Hydrological Plan.
In this sense, the report deals
with the dams to be built in the donating basin, the Ebro,
especially the group of Itoiz, Yesa, Santaliestra and Biscarrués.
The intervention of Benigno Blanco stands out here. Now the
Secretary of State for Infrastructures in the Pubic Works Ministry,
he was the Secretary of State for Waters. He was also the head of
the Legal Services Unit of the electrical power company, IBERDROLA,
and member of the shareholders' board of several building
companies. His actions are currently under scrutiny in various law
courts in Madrid. He has worked in favour of the interests of his
ex-company, IBERDROLA, which will be given the contract for
pumping the necessary water to be transferred. We must point out
that his ex-company paid him 210,000 euros just before he left to
work for the Environment Ministry.
In relation to these dams in the
Pyrenees, there is a clear failure to comply with environmental
impact legislation and a decision to build dams in areas of
geological risk near inhabited areas. Systems of public
contracting and administrative processes have been ignored,
alongside the irregular use of public funds and illegal
expropriations. The police force and Guardia Civil have been used
for private benefits when inhabitants have been forcefully ejected
from their home. Data has been kept secret from the public and
courts.
The water to be stored in these
reservoirs along the Ebro basin will then be transported by the
Ebro water transfer. The electricity needed to pump these waters
will originate in the IBERDROLA power stations in the Júcar basin,
the second stage in the transfer of water from the Ebro to south-east
Spain.
In the Júcar basin, in the region
of Valencia, there is a project to transfer waters from the river
Júcar itself to the Vinalopó. Benigno Blanco created the public
company "Aguas del Júcar, Sociedad Anónima" (Júcar Waters Plc)
which, in turn, contracted IBERINCO, a subsidiary of IBERDROLA, to
carry out the technical studies for this transfer. Benigno Blanco
was also the secretary of the board of this company. The
destinations of this water transfer are the residential and
leisure areas in the province of Alicante. Here in Alicante, the
present Employment Minister, Eduardo Zaplana, was the chief
promoter of the urban expansion of Benidorm. Zaplana was the mayor
of Benidorm before becoming President of the Regional Government
of Valencia, which also shows a great interest in the carrying out
of these projects. The huge theme park "Terra Mítica" was built in
Benidorm in lands affected by forest fires.
Finally, we must consider the
Segura basin, the river basin which would receive the transferred
waters. Here we must speak about Francisco Cabezas, ex-Commissioner
for Water in the Segura basin (mainly in the region of Murcia).
The government claims that there is a "structural deficit" of
water in this basin to justify their demand of water transfers
from other rivers. However, Cabezas, working for the Segura
Hydrographical Confederation (which depends on the Environment
Ministry), authorised the extraction of ground waters with no
legal basis. These waters were used to extend the amount of
irrigated lands and even for golf courses. Furthermore, many legal
proceedings related to sanctions for ground water extraction have
been inconclusively filed away in the Hydrographical Confederation
offices.
In this way, the "need" to
transfer more water to Murcia has been justified, to cover this
ever-growing "demand" of cubic hectometres of water for these new
irrigated areas. This demand is illegal but has been allowed and
consented to. Meanwhile, the river Segura is still highly polluted,
making it one of the most polluted rivers in Europe, for which
many high-ranking officials in the Environment Ministry are
currently involved in court cases.
This lack of control does not
only affect the Environment Ministry, but also judges, mayors,
local politicians and businessmen, some of whom have fraudulently
received European funds to start irrigation of more and more lands,
areas affected by forest fires, or even protected natural areas.
We must also add the cases of harassment and pressure at work and
on a social level by several public authorities and media in
Murcia with the aim of reducing the freedom of speech of public
workers, university professors and other citizens who have
reported these cases of corruption.
The second part of the report
describes the situation of the hydrographical basins of the
Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, North, South, and
Internal Basins of Catalonia. Each of these has its own
characteristics but the excess production of hydro-electrical
power (by UNIÓN FENOSA, ENDESA, and IBERDROLA) along with the
concealing of data and denial of citizens' rights to access
environmental information by the Hydrographical Confederations of
the Environment Ministry are key factors in many of them.
The cases of Unión Fenosa and the
Regional Government of Galicia, the over-exploitation of rivers by
ENDESA in Cantabria, and the silence and complicity of the Duero
Hydrographical Confederation (also dependent on the Environment
Ministry) with building companies and IBERDROLA are clear cut
examples of this situation.
Furthermore, there are also
numerous irregularities in relation to small and medium-sized
public works, usually with the connivance of local governments and
small local or regional economic lobbies. The effects of these "small"
irregularities are often very destructive for natural and social
heritage, as in the case of certain kinds of farming and
irrigation, small hydroelectrical power stations, the dredging of
rivers, and clearing of riverside vegetation.
To sum up, the corruption related
to water management in Spain is not merely due to isolated
phenomena or carried out by people with little political and
economic power. Besides these cases, what stands out are those
involving the Environment Ministry, regional governments, local
authorities, building companies, large agricultural businesses,
and electrical power companies. These are responsible for studying,
planning, and carrying out the systematic and deliberate refusal
to comply with the rule of law, and for the misuse of public funds
to finance these activities.
Given this situation, a serious
and deep reflection is required with respect to how water
management and public water projects are being planned in Spain,
and what are the real objectives and benefits of such works.
Present legislation regarding water uses and management must be
strictly applied, and responsibilities for these irregularities
and abusive uses should be cleared up. All the process relating to
decisions on water matters must be afforded the utmost
transparency via public information and participation. This would
avoid the arbitrariness, abuses of power, and obscurity usually
found in hydrological decisions and projects. Finally, the vast
amount of serious legal problems found in different hydrographical
basins makes a moratorium for present water projects and decisions,
such as those of the National Hydrological Plan, necessary. This
would prevent these projects and decisions from feeding the cycle
of corruption, irregularities and other abuses, a cycle paid for
with public money and adding to the detriment of social, cultural
and natural heritages already in decline.
A strict abidance to the rule of
law, complete transparency in decision making, public
participation, and respect for citizens' rights are essential
requirements in any field. However, these are not present in water
planning and management in Spain. Hence, it is indispensable to
insist on compliance with legislation and an absolute transparency
to promote a new water culture in Spain. The Foundation for a New
Water Culture presents this report with the aim of contributing to
this.
Descarga el informe completo en PDF
-
Informe parcial cuenca del Ebro
|