Luisa PUEYO
JACA.- Chesús Ferrer, detenido
el pasado 18 de mayo junto a la presa de Yesa durante
la protesta por la colocación por parte del ministro
de Medio Ambiente, Jaume Matas, de la primera piedra
del recrecimiento, y acusado de desacato a la
autoridad, declaró ayer en el Juzgado de Aoiz, donde
el fiscal pidió 40 mil pesetas de multa o un día de
arresto domiciliario por cada 2 mil pesetas, mientras
que el abogado defensor pidió la libre absolución.
Tres miembros de la Asociación Río Aragón, entre
ellos los concejales Natalia López, de Sabiñánigo,
y Miguel Solana, de Huesca, y dos guardias civiles
fueron llamados a declarar. Según explicó Solana,
los guardias civiles dijeron que en ningún momento
hubo intento de agresiones, insultos o malos modos por
parte de la gente. Los testigos de la defensa
indicaron que la detención de Ferrer había sido
discrecional, ya que no hizo nada que no hicieran
otros, e incumplió la orden de no pasar dada por la
Guardia Civil, como otras personas que, sin embargo,
no fueron detenidas. Añadieron que, como reconoció
el fiscal, la propia Guardia Civil
provocó el corte de la carretera al impedir a
los manifestantes colocarse con sus pancartas en un
lugar que pudiera ser visto por el ministro, y que, en
todo caso, Ferrer hacía uso del derecho de expresión
en una situación de especial sensibilidad, ya que la
gente había acudido espontáneamente al lugar, para
mostrar su rechazo a Matas.
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