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ARAGÓN
PRESS. 04/12/01
16:40
CHA
REITERA SU PETICIÓN PARA QUE SE PARALICEN LAS OBRAS
DE YESA, SANTALIESTRA Y BISCARRUÉS "HASTA QUE SE
RESUELVAN LOS PROCESOS JUDICIALES"
El presidente de CHA,
Bizén Fuster, y los alcaldes de Santaliestra, Artieda
y Biscarrués han presentado esta mañana un informe
sobre la situación jurídico procesal de las obras
del recrecimiento del pantano de Yesa, del embalse de
Biscarrués y del de Santaliestra, tras la negativa
del Ministerio de Medioambiente a presentar un informe
en el transcurso de la última "Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua".
Zaragoza.- Debido a
"la negativa del Ministerio de Medioambiente a
presentar información jurídico procesal de las obras
más emblemáticas de Aragón, que son Santaliestra,
Yesa y Biscarrués", los tres alcaldes afectados
y el presidente de Chunta Aragonesista han decidido
presentar a la opinión pública cuál es el estado de
estas obras, según ha explicado el alcalde de
Santaliestra, Javier Mur.
Además, han aprovechado
para pedir a las Administraciones "que se
paralicen las obras hasta que se resuelvan los
procesos judiciales".
YESA
En el caso del
recrecimiento de Yesa se sigue una querella criminal
interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda por
prevaricación contra algunos altos cargos del
Ministerio de Medioambiente (MIMAM) entre los que se
encuentran el ex director de Obras Hidráulicas, la
directora de Calidad y Evaluación Ambiental y el
secretario técnico del MIMAM. Esta querella está en
fase de instrucción y se ha conocido incluso, según
CHA, la adjudicación de un contrato laboral por parte
de la empresa adjudicataria de las obras al ex
director por 20 millones de pesetas anuales.
A este respecto, existe
en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un
recurso contencioso administrativo contra la licitación
de la obra, que está en fase de prueba; un segundo
recurso contra la declaración de impacto ambiental,
que en un principio fue desestimado pero que se
recurrió en casación en el Tribunal Supremo, donde
se continúa el proceso contra el Consejo de Ministros
por la autorización de la licitación y el concurso
de obra. Existe también un segundo contencioso
administrativo contra el acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se adjudica al MIMAM el gasto
para la obra. En la Audiencia Nacional se siguen otros
dos procesos contencioso administrativos, uno
interpuesto contra el acuerdo de aprobación técnico
definitivo del proyecto y otro contra el acuerdo de
adjudicación de las obras.
Tres quejas y una
denuncia
En la Comisión Europea
existen tres quejas y una denuncia. Una queja por
vulneración de directivas comunitarias referidas al
medio ambiente y otra por incumplimiento de la norma
europea en materia de patrimonio, y una denuncia
interpuesta por el Ayuntamiento de Jaca sobre ayudas
del Estado a la obra en sí.
SANTALIESTRA
En cuanto al embalse de
Santaliestra, está pendiente en la Audiencia
Provincial de Madrid, una querella criminal en la que
nueve altos cargos del Ministerio de Medioambiente han
sido imputados de siete delitos (prevaricación,
infidelidad de documentos, falsedad documental y
riesgo catastrófico contra el patrimonio, medio
ambiente, los recursos naturales y la ordenación del
territorio).
En este momento, se han
añadido dos delitos nuevos que son la malversación
de fondos públicos, por 100 millones de obras
certificadas y no ejecutadas, y fraude procesal. En la
Audiencia Nacional hay un contencioso administrativo
ya en fase de señalamiento y en el Tribunal Supremo
hay un contencioso contra la expropiación de los
terrenos pendiente de fallo.
En el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón existen dos recursos, uno
referente al levantamiento de las actas previas y otro
por un decreto de alcaldía que paralizaba los
trabajos para comprobar las hipótesis del proyecto.
Ambos recursos están en fase de señalamiento para
votación y fallo. En la Comisión Europea, hay una
queja por incumplimiento de derecho comunitario y la
utilización de fondos de cohesión para financiar la
obra.
BISCARRUÉS
El embalse de Biscarrués
tiene contencioso en el Tribunal de Justicia de Madrid
contra el acuerdo del Ministerio de Medioambiente
aprobando la Declaración de Impacto Medioambiental.
En el Tribunal Supremo existe otro recurso contra el
acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó
la licitación de la obra, y en la Comisión Europea
existe la queja por incumplimiento de derecho
comunitario en materia medioambiental.
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