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JACA.- El Ayuntamiento de Artieda,
cuyo alcalde, Luis Solana será recibido este lunes por el
presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha interpuesto un
recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el
inicio de las expropiaciones de terrenos del municipio por parte
de la CHE en relación con el recrecimiento del embalse de Yesa.
Además, junto con la Asociación Río Aragón el Consistorio
artiedano ha retirado la queja interpuesta en la Comisión Europea
por las irregularidades en la tramitación del proyecto. Esta
retirada responde a haber constatado que la Comisión, como ella
misma reconoce, “no es el órgano idóneo para denunciar las
actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno
español y las infracciones al derecho comunitario”, al estar
sometido el proyecto y su declaración de impacto ambiental (DIA) a
los tribunales de España.
Respecto al recurso ante el TSJA,
una vez interpuesto esta semana, el Ayuntamiento espera el
respaldo del presidente Iglesias para que el GA también recurra el
proceso expropiatorio, y así se lo va a manifestar el alcalde, que
mantiene su confianza en que el GA “no abandonará a nuestro
pueblo, afectado por unas expropiaciones injustas”. Solana se
muestra dolido porque, pese a que a final de diciembre, nada más
recibir la notificación de que iban a realizarse las
expropiaciones, remitió un escrito a Iglesias pidiéndole una
entrevista, sin embargo, una vez concluido el primer intento de
expropiar -que no pudo llevarse a cabo al impedirlo los vecinos-,
en la jornada en principio prevista para este encuentro el
presidente no lo recibió a él, sino al alcalde de Sigüés.
En cuanto a la retirada de la
queja, en una nota remitida por el Ayuntamiento y Río Aragón se
explica que ésta fue interpuesta en julio de 2000, es decir, “hace
más de 3 años y medio”. Por ello, califican de “defectuoso” el
funcionamiento de la Comisión Europea, “incapaz de adoptar una
decisión sobre el fondo de la queja” a pesar del compromiso de
hacerlo en el plazo de un año. Se entiende que no es éste el
órgano idóneo para denunciar por una doble razón: por un lado,
porque “no es sino el órgano ejecutivo de la Comunidad, esto es,
un mero órgano administrativo sin funciones jurisdiccionales que,
además, se rige en su funcionamiento y decisiones por parámetros y
motivaciones políticos o de oportunidad, sin someterse a plazo ni
procedimiento alguno”. Por otro lado, la situación es diferente a
la de julio de 2000 al haber podido el Ayuntamiento y Río Aragón
acceder con posterioridad “a los juzgados y tribunales internos
(tanto penales como contencioso-administrativos) para hacer valer
sus pretensiones impugnatorias del proyecto de recrecimiento, de
su aprobación, contratación y ejecución, así como de su DIA”, de
tal modo que “sometido el caso a los tribunales internos del
Estado miembro, la Comisión Europea no puede ya actuar eficaz y
legalmente, aun cuando conozca la existencia de una infracción al
derecho comunitario, tenga dudas sobre la misma o no pueda -o no
haya querido, como es el caso-, concluir en plazo la existencia de
tal infracción”.
Por ello, serán los tribunales
internos competentes los que “declaren y sancionen las manifiestas
irregularidades e ilegalidades que salpican al proyecto de
recrecimiento”, algo que ratifica la propia Comisión Europea, en
un escrito remitido el 30 de enero de 2004, por el que “acusa
recibo de la comunicación de la retirada de la queja y
consiguiente cancelación en el registro de quejas”, y señala que
“el camino más oportuno y adecuado” son los tribunales españoles.
Luisa PUEYO
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