EL PERIÓDICO 28/08/2004
La Asociación Río Aragón, que se
opone al recrecimiento de Yesa, aseguró ayer que la ponencia del
Pacto del Agua sobre obras conflictivas no nació para solucionar
los problemas de Bardenas, "sino para imponer una solución
política preconcebida de la cota intermedia". La entidad hizo
estas declaraciones en un comunicado tras las reuniones que ha
celebrado durante esta semana en Sigüés (Zaragoza) con algunos
ayuntamientos afectados por el recrecimiento y con el presidente
de la ponencia, Javier Sánchez.
Para el colectivo, al igual que
en el foro de la ponencia, "no se contó con el acuerdo de las
asociaciones de afectados, ni del movimiento ecologista, ni de
CHA", por lo que, a su juicio, "se busca fuera el apoyo de quien
siempre estuvo más dispuesto a hablar de precio que de valor del
territorio".
Por otra parte, Río Aragón
consideró que el presidente de la ponencia, Javier Sánchez,
secretario general de UAGA, al ser directamente beneficiado por
Yesa es "parcial", y por lo tanto "carece de legitimidad para
presidirla".
RECELOS SOBRE EL DEBATE La
Asociación Río Aragón resaltó que no entiende que se estén
negociando compensaciones por el recrecimiento de Yesa cuando el
debate "sigue abierto" a cualquier alternativa, "incluida la de
que no se ejecute la obra", lo que, en su opinión, "es una prueba
más de que el dictamen está preestablecido".
Río Aragón manifestó su "total
apoyo" a los ayuntamientos de Artieda y Mianos por no participar
en "este acto de complicidad" con el recrecimiento de Yesa, ya que
así queda claro que dos de los tres pueblos realmente afectados
por el recrecimiento "están en contra de éste y apuestan por las
alternativas", según informó Efe .
Para este colectivo, resulta
difícil entender que el alcalde de Sigüés no defienda "las
alternativas que pueden salvar la totalidad de su territorio, que
además satisfarían las necesidades de Bardenas".
La Asociación Río Aragón criticó
a ayuntamientos como los de Los Pintanos, Urriés y Undués de
Lerda, que siendo de los principales beneficiarios del actual
embalse (recibieron 3.900 hectáreas con la desaparición de
Ruesta), "pretenden sacar tajada de la destrucción de sus
vecinos".
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