El País,
29 de julio de 2004 |
La Fiscalía de
Madrid pide penas de cárcel e inhabilitación para dos ex altos
cargos del PP
- El fiscal les acusa de
riesgo de catástrofe y prevaricación en la construcción de la
presa de Yesa
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JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ - Madrid
La Fiscalía de
Madrid pide penas de cárcel y/o de inhabilitación por delitos de
riesgo de catástrofe, prevaricación, tráfico de influencias y
negociaciones prohibidas a funcionarios para dos ex directores
generales del Gobierno del PP, para un ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y para otros tres
funcionarios públicos en relación con las obras de recrecimiento
del embalse de Yesa (que afecta a las comunidades de Navarra y
Aragón). La juez número 19, Mercedes Gutiérrez, dictó el lunes un
auto en el que abre el juicio oral contra todos los acusados.
Los hechos han
sido investigados en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid merced
a una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) en la que se
describen supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de
este embalse, uno de los mayores de España, según fuentes
jurídicas.
El fiscal de
Medio Ambiente, Emilio Valerio, pide 12 años de inhabilitación
(por un delito de prevaricación) y un año y ocho meses de cárcel
(por el riesgo de catástrofe) para Carlos Manuel Escartín,
director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente; para Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, y para los
funcionarios José Luis Uceda y Ángel Núñez. Asimismo, reclama ocho
años de inhabilitación para María Dolores Carrillo, ex directora
general de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente.
Señala que
Escartín, Sancho y los citados funcionarios decidieron aumentar
hasta 521 metros la cota del embalse de Yesa guiados por
"intereses privados". Y lo hicieron, según el fiscal, vulnerando
los trámites que establece la ley en materia medioambiental y
poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones
cercanas al embalse. El fiscal revela numerosas ilegalidades. Por
ejemplo, que Uceda y Núñez ocultaron un informe oficial que ponía
de manifiesto "el grave problema de seguridad estructural y
riesgos sísmicos y geológicos" del proyecto de recrecimiento de
Yesa. Y que Escartín y Sancho "presionaron" a Carrillo para que
ésta diese luz verde al proyecto de obras pese a que éste carecía
del preceptivo informe de impacto ambiental.
42
millones sin justificar
Al fiscal le
llama la atención sobre la incorporación al proyecto de obras de
"una adenda de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) no
justificadas" cuya finalidad era "favorecer a una constructora".
Según el fiscal, Sancho propuso la citada adenda de 7.000 millones
basándose en un estudio de la mercantil Euroestudios. Se da la
circunstancia, según el fiscal, de que Euroestudios subcontrató
con la firma Barbany y Sancho (BS) Ingeniería, en los cinco años
investigados por el juzgado, en tormo a 600.000 euros anuales,
mediante encargos vinculados con CHE y la presa de Yesa.
El fiscal
apunta que existen vinculaciones entre el acusado Sancho y BS
Ingeniería. El ex presidente de la CHE indicó en su día al
respecto: "Ni mi esposa ni yo tenemos, desde julio de 1996,
relación alguna con BS Ingeniería". Señaló que el 26 de julio de
1996 renunció "a los cargos y al nombramiento de administrador
único" de esa sociedad, antes de ser nombrado presidente de la
CHE.
El fiscal
reprocha a Escartín la aprobación de los criterios técnicos del
concurso, elaborados por Uceda y Núñez a través de Euroestudios.
Tales criterios para elegir la mejor oferta eran "arbitrarios",
según el fiscal, y permitían elegir la empresa que Escartín
"desease". Escartín manipuló un informe técnico y consiguió que
una UTE encabezada por ACS resultase agraciada, "frente a su
directa competidora OHL".
Según las
diligencias judiciales, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar
Mir, denunció ante la entonces ministra Isabel Tocino la
vinculación entre Euroestudios y ACS. El 8 de junio de 2000 se
adjudicó el proyecto a una UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC.
El 31 de agosto de 2000, Escartín dejó su cargo y se incorporó a
ACS en un puesto de nueva creación "con un sueldo de 20 millones
de pesetas anuales". En su interrogatorio ante el juez, Escartín
reconoció que fue contratado por ACS, aunque manifestó que su
contratación fue posterior y para trabajar en asuntos distintos a
obras hidráulicas.
Otro hecho que
cuenta el fiscal se produjo el 18 octubre de 2002. A propuesta de
los ingenieros de la CHE Uceda y Núñez, se adjudicó "por
resolución" del ex secretario de Estado de Agua y Costas, Pascual
Fernández, el control y vigilancia pública de las obras de
recrecimiento de Yesa a favor de la empresa Euroestudios,
mercantil que "como es obvio", dice el fiscal, "trabajaba para
ACS, empresa adjudicataria de la obra" de Yesa, tasada en casi 200
millones de euros. Se infringe así, señala el fiscal, la
legislación "que prohíbe que la vigilancia de una obra se dé a una
empresa que ha concurrido al concurso".
Presiones para
eludir el estudio de impacto ambiental
J. A. H. -
Madrid
El fiscal
señala en su escrito que hubo "presiones" de Carlos Manuel
Escartín y Tomás Sancho hacia la entonces directora de Evaluación
e Impacto Ambiental, María Dolores Carrillo, para que ésta diese
luz verde a la obra sin que el estudio de impacto se ajustase a la
legalidad.
Según el
fiscal, la propia directora ha confesado que mantuvo con Escartín
y Sánchez "numerosas reuniones" en la que fue "presionada" para
que aprobase "rápidamente y sin restricciones el proyecto" de
recrecimiento. Añade que Carrillo les pidió un escrito que
justificara "la sorprendente decisión que habría que tomar".
Sancho aportó "un remedo de informe, sin firma alguna y sin sello
de entrada o salida" del registro en el que aludía a la "acuciante
necesidad" de aumentar la capacidad del embalse.
Según el
fiscal, no era verdad que se necesitase más agua en la zona puesto
que "se habían construido anteriormente tres miniembalses". Sancho
negó en su día cualquier presión sobre Carrillo y se remitió a lo
que ésta declaró ante el juzgado: que en ningún momento se sintió
presionada por nadie.
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El Pirineo
Aragonés,
1 de octubre de 2004 |
Para «Río Aragón» supone el
inicio del camino para anular de pleno derecho el actual proyecto
de recrecimiento
"Satisfacción"
en Artieda por la apertura de juicio oral contra los imputados en
el proceso de Yesa
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EL PIRINEO
ARAGONÉS.- El Ayuntamiento de Artieda ha hecho pública su
"satisfacción" por la apertura de juicio oral contra varios ex
altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que la titular del
Juzgado de Instrucción número 19, Mercedes Gutiérrez, dictó el
pasado lunes por medio de auto judicial.
Esta decisión
se produjo en la misma jornada en que el Pleno de la Comisión del
Agua de Aragón aprobó con más del 80 por ciento de los votos un
dictamen para apoyar el recrecimiento de Yesa a su cota
intermedia. La Asociación «Río Aragón» considera que la apertura
de un juicio oral por las "irregularidades" denunciadas en la
tramitación administrativa "anulará de pleno derecho el actual
proyecto" para recrecer el embalse, y califica de "esperpento" la
decisión de la Comisión, "porque no ha existido un debate técnico
riguroso" y porque no cuenta con el respaldo de una minoría
cualificada como son dos de los ayuntamientos directamente
afectados (Artieda y Mianos), la Universidad de Zaragoza y los
colectivos ecologistas.
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El Ayuntamiento de Artieda “se
felicita" por el resultado que han tenido las denuncias judiciales
que en su día presentó contra varios ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). Las denuncias "han sido claramente asumidas y
corroboradas además de por la Fiscalía madrileña, por el Juzgado
de Instrucción número 19". La apertura de juicio oral supone un
paso decisivo en este procedimiento que afecta a los seis ex altos
cargos que en los años 1999 y 2000 posibilitaron la aprobación de
proyecto y la Declaración de Impacto Ambientad. La juez ha
decretado la libertad provisional sin fianza de los acusados, "al
no haber reclamación de este carácter", aunque "sin perjuicio de
lo que al respecto pudiera acordar en el devenir de la causa".
Asimismo, señala que contra el auto "no cabe recurso".
Los querellados por el
Ayuntamiento de Artieda en este procedimiento son Carlos Escartín
Hernández, ex director general de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente; Dolores Carillo
Dorado, ex directora de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del mismo ministerio; y Carlos Vázquez Cobos,
ex secretario técnico. Durante la instrucción judicial del caso,
la Fiscalía de Madrid amplió sus imputaciones a Tomás Sancho
Marco, ex presidente de la CHE, y a José Luis Uceda Jimeno y Ángel
Núñez Maestro, ambos ingenieros de la Confederación.
Una vez finalizada la
investigación judicial en fase de instrucción, el Ayuntamiento de
Artieda presentó el 26 de abril de 2004 su escrito de acusación,
contra Carlos Escartín, Dolores Carrillo y Carlos Vázquez,
imputando a los tres la comisión de "un delito continuado de
prevaricación" (el primero de ellos en concepto de autor y los
otros dos en concepto de cooperadores necesarios), solicitando
para cada uno de los acusados de tal delito la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
10 años. También se les imputó otro "delito de prevaricación en
concurso medial con otro delito de riesgo catastrófico, con un
delito contra el patrimonio histórico en grado de tentativa, y con
otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
también en grado de tentativa".
En este caso, la imputación de
Carrillo es en concepto de autora, y de los otros ex altos cargos
en calidad de "cooperadores necesarios". Para cada uno de los
acusados se solicitó las penas de tres años de prisión e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
10 años.
A Carlos Escartín se le imputó,
además, otro delito de "falsedad en documento público", por el que
se solicitó una pena de 6 años de prisión, una multa de 24 meses
(con una cuota diaria de 300 euros), e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de 6 años.
Por su parte, en el escrito de
acusación que acaba de presentar ante el Juzgado el Ministerio
Fiscal, la Fiscalía acusa a Carlos Escartín, Tomás Sancho, José
Luis Uceda y a Ángel Muñoz, un delito de “prevaricación", por el
que se solicita una pena de 12 años de inhabilitación, y un delito
de "riesgo catastrófico", por el que se pide la pena de un año y
ocho meses de cárcel, mientras que a Dolores Carrillo, por otro
delito de "prevaricación", se solicita una pena de ocho años de
inhabilitación.
Para llegar a estas
tipificaciones y peticiones de penas, "las acusaciones del
Ayuntamiento de Artieda y de la Fiscalía son minuciosas y
especialmente contundentes, detallando y personalizando las
numerosas irregularidades claramente delictivas para las dos
acusaciones en las que incurrieran los acusados", apunta el
Ayuntamiento de Artieda a través de un comunicado de prensa.
INVALIDAR EL PROYECTO La
Asociación «Río Aragón» asegura que la acusación de la Fiscalía de
Madrid demuestra que la querella criminal del Ayuntamiento de
Artieda "estaba perfectamente fundamentada y que el recrecimiento
de Yesa está plagado de ilegalidades". Desde este colectivo se
asegura que la apertura del juicio "derivará, a la vista de las
graves acusaciones, en una segura condena de los imputados; esto,
sin duda invalidará las actuaciones administrativas de los
imputados referidas al recrecimiento de Yesa y anulará de pleno
derecho el actual proyectó". «Río Aragón» señala que quedan
pendientes de resolver todavía tres recursos contencioso-
administrativos contra el recrecimiento. "Ante tal cantidad de
recursos judiciales, y a la vista de las graves acusaciones de
fiscal, nos sigue pareciendo una temeridad la actitud de aquellos
que defienden esta obra. Como se está demostrando, lo más probable
es que el recrecimiento quede ilegalizado a través de los
tribunales de justicia". Los portavoces de la Asociación califican
de "esperpento" el acuerdo aprobada por la Comisión del Agua el
pasado lunes, ya que "no ha existido un debate técnico riguroso".
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Diario del
AltoAragón,
30 de septiembre de 2004 |
El Juzgado dicta auto de apertura de
juicio oral por el 'caso Yesa'
-
Contra seis ex-altos cargos de
MIMAM y CHE
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JACA.- La juez del Juzgado de
Instrucción número 19 de Madrid, Mercedes Gutiérrez, ha dictado el
auto de apertura de juicio oral contra los seis ex-altos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) acusados, en relación con la
tramitación del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa, de
riesgo de catástrofe, prevaricación y tráfico de influencias, así
como de negociaciones prohibidas a funcionarios. El dictado del
auto, que tuvo lugar el lunes, se dio a conocer ayer en el diario
El País junto al informe de acusación remitido al Juzgado por el
fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, en el que pide penas de
cárcel y/o inhabilitación para los imputados y se ratifica en los
cargos que ya recogió en un informe anterior, de acuerdo a las
investigaciones que se siguen tras la querella criminal por
presuntas irregularidades interpuesta por el Ayuntamiento de
Artieda.
En concreto, y según el diario,
el fiscal pide 12 años de inhabilitación por un delito de
prevaricación y un año y 8 meses de cárcel por riesgo de
catástrofe para Carlos Escartín, ex-director general de Obras
Hidráulicas, Tomás Sancho, ex-presidente de la CHE, y los
funcionarios de ésta José Luis Uceda y Ángel Núñez, y 8 años de
inhabilitación para Dolores Carrillo, ex-directora general de
Evaluación e Impacto Ambiental. Indica que Escartín y Sancho
aumentaron hasta 521 metros la cota del embalse por “intereses
privados”, con lo que vulneraron la ley medioambiental y pusieron
en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas.
Además, presionaron a Dolores Carrillo para que diese luz verde al
proyecto sin un estudio de impacto ambiental ajustado a la
legalidad. Del ex presidente de la CHE añade que incorporó al
proyecto “una adenda de 7.000 millones de pesetas no justificadas”
para “favorecer a una constructora”, y que la adenda se basó en un
estudio de la firma Barbany y Sancho Ingeniería, a la que estuvo
vinculado.
De Escartín recuerda que
favoreció la adjudicación a una unión temporal de empresas en la
que estaba ACS y poco después pasó a trabajar para esta firma “con
un sueldo de 20 millones de pesetas anuales”. Respecto a los
ingenieros Uceda y Núñez, intervinieron en la documentación y
ocultaron un informe oficial que ponía de manifiesto “el grave
problema de seguridad estructural y riesgos sísmicos y geológicos”
del proyecto. La Asociación Río Aragón afirmó ayer que esto
demuestra que la querella de Artieda “estaba perfectamente
fundamentada” y que el proyecto “está plagado de ilegalidades”. La
apertura de juicio, vistas las graves acusaciones, derivará “en
una segura condena de los imputados”, algo que invalidará sus
actuaciones y “anulará de pleno derecho el actual proyecto”.
Recuerda que hay tres recursos
contencioso-administrativos por resolver y califica de “temeridad”
defender esta obra. Añade que “tras el esperpento vivido en la
Comisión del Agua, donde no ha existido un debate técnico
riguroso, seguimos defendiendo que existen alternativas mejores,
más fáciles de ejecutar, con menor impacto ambiental, social y de
patrimonio”.
Luisa PUEYO
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Diario de
Noticias,
30 de septiembre de 2004 |
LA TRAMA FUE IDEADA
POR DOS INGENIEROS Y DESPUÉS SE SUMARON LOS ALTOS
CARGOS
El fiscal acusa a los
promotores del proyecto de Yesa de favorecer ilegalmente a
ACS
- La eliminación de
los preceptivos estudios de seguridad es una de las primeras y
más graves irregularidades detectadas
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M.BIDEGAIN. PAMPLONa. El
fiscal del caso abierto por las irregularidades detectadas en
la tramitación del proyecto de recrecimiento de la presa del
pantano de Yesa acusa a los procesados, seis altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido Popular
y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de maniobrar y
cometer numerosas ilegalidades para conseguir la adjudicación
de las obras a la empresa ACS.
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos que
han desembocado en el procesamiento y juicio de José Luis
Uceda y Ángel Núñez, ingenieros de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Escartín, ex director
general de Obras Hidráulicas; Dolores Carrillo, ex directora
general de Evaluación Ambiental; Tomás Sancho, ex presidente
de la CHE y Carlos Vázquez, ex secretario técnico del
Ministerio de Medio Ambiente, se remontan a abril de 1994,
cuando se sometió al trámite de información pública el
proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa. El Área de
tecnología y Control de Estructuras, el organismo específico
del Ministerio para cuestiones de seguridad, emitió un informe
que señalaba "la grave problemática de seguridad estructural y
riesgos sísmicos y geológicos del proyecto", pero los
ingenieros de la CHE José Luis Uceda y Ángel Núñez, encargados
del trámite, "no procedieron a su incorporación al proyecto,
impidiendo igualmente su incorporación al trámite de
información pública", vulnerando tanto el Reglamento Técnico
de Seguridad de Presas y Embalses y de la Instrucción de
Grandes Presas.
El Procedimiento Administrativo Común exige que, al
cerrarse el plazo de información pública, los encargados del
trámite deben emitir un informe específico de respuesta a las
alegaciones, cosa que no hicieron Uceda y Núñez, quienes
"prosiguen automáticamente el trámite, remitiendo el proyecto
intocado a la autoridad ambiental". Las alegaciones fueron
contestadas "seis años después, finalizado ya el concurso y
licitación de la obra y cuando se procede a la adjudicación de
la misma a la constructora".
declaración de
impacto
El proyecto requería a continuación, para
seguir su tramitación administrativa, la Declaración de
Impacto Ambiental, que debe ser positiva. Sin embargo, el
director general de Política Ambiental del Ministerio "dicta
resolución desautorizando la continuación del proyecto por
cuanto el mismo está sobredimensionado, carece de
justificación en cuanto a sus usos, presenta riesgos sísmicos
y estructurales, afecta al patrimonio histórico y no se adecua
al Plan Nacional de Regadíos".
Era necesario replantear el proyecto y el director general
de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Escartín,
convocó el 22 de diciembre de 1998 el concurso de asistencia
técnica para la redacción de un nuevo Estudio de impacto
ambiental de recrecimiento de la presa de Yesa y variante de
carreteras afectadas, con un presupuesto indicativo de
97.442.436 pesetas y un plazo de realización de doce meses. "A
pesar de la existencia de los citados actos administrativos
impulsados por intereses ajenos al servicio público -afirma el
fiscal en su escrito-, a partir del mes de junio de 1999 los
acusados Uceda, Núñez, Carlos Escartín y Tomás Sancho,
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y a
pesar de la situación legal del proyecto (habiendo acordado la
realización de los estudios ambientales y estando pendiente de
la declaración de impacto ambiental) deciden, diferentes a la
situación legal indicada, continuar con su tramitación: sin
haberse dictado resolución administrativa alguna, proceden
simplemente a no tramitar el Concurso de asistencia técnica
para la realización del Estudio de impacto ambiental ya
convocado".
Los cuatro acusados "proceden a realizar o interesar la
realización de un conjunto de informes y trabajos
incompatibles con aquella situación administrativa encargados,
mediante contratos de asistencia técnica, a la mercantil
Euroestudios, así como requerir a la autoridad medioambiental
para el impulso del proyecto, actuaciones administrativas
contrarias a las propias resoluciones dictadas en el
expediente", según el fiscal, quien añade que "consiguen así
de la directora de Evaluación de Impacto Ambiental -Dolores
Carrillo Dorado, también acusada- una simulación de
autorización ambiental".
PRESIONES Y
DISIMULOS
Explica que según declaró la propia Dolores
Carrillo, entre junio de 1998 y marzo de 1999 mantuvo
numerosas reuniones con Escartín y Sancho, quienes "le
presionan para que apruebe rápidamente y sin restricciones el
proyecto, desatendiendo tanto lo que resultaba del expediente
de impacto ambiental como los propios actos administrativos de
la Dirección General de Obras Hidráulicas por los que han
convocado el concurso para la redacción del nuevo estudio. A
partir de junio de 1998 todo valía para los intereses de los
acusados", constata el fiscal.
Carrillo pidió a Escartín y Sancho que, "con objeto de
disimular aquella tergiversación ilegal de los contenidos del
expediente administrativo, algún escrito que justificara la
sorprendente decisión que habría de tomar. Para ello
-continúa-, aporta el propio Sancho a la directora general un
remedo de informe sin firma alguna ni sello de entrada o
salida en el que esencialmente se destaca la necesidad, cada
vez más acuciante, del recrecimiento de Yesa para la
satisfacción urgente de los requerimientos de agua para los
regantes". Sancho justifica su postura manipulando las cifras
que figuran en los planes nacionales de regadíos y ocultando
que él mismo había aprobado y procedido a la construcción de
tres mini embalses que cubrían las necesidades de agua de una
extensión muy significativa de las tierras que teóricamente
iban a ser regadas con el agua de Yesa recrecido.
Dolores Carrillo "accede a darle el final que le piden al
expediente", aparta del mismo a los técnicos que lo tramitaban
y "en orden a la asombrosa posibilidad de firmar lo contrario
de lo que resulta del expediente así como de la resolución de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, interesa
literalmente un informe jurídico para proceder conforme a
derecho no ya del Servicio Jurídico del Estado, sino de
Carlos Vázquez Cobos, secretario general técnico del
Ministerio". El fiscal considera "sorprendente" este
comportamiento, porque hasta entonces era el Servicio Jurídico
el que había elaborado todos los informes y porque el propio
Vázquez reconoce que su experiencia profesional deriva de su
anterior puesto de Inspector de Hacienda, "ajeno a la
problemática técnica concreta de la Declaración de Impacto y
cuando reconoce también no haber intervenido en la tramitación
práctica de ninguna".
POR SI HUBIERA
PROBLEMAS
Escartín y Sancho comunicaron a Vázquez que
la publicación en el Boletín Oficial del nuevo Estudio de
Impacto "era únicamente por motivos presupuestarios y por
si hubiera algún problema ", ante lo que el secretario
general "emitió su informe sin ni siquiera consultar
someramente el expediente". Dolores Carrillo, "no consiguiendo
que ningún técnico del Área de Impacto avalara aquella
transformación ilegal de la realidad de lo contenido en el
expediente y sin informe técnico alguno, redacta y firma un
remedo de Declaración de impacto ambiental que, desde luego,
permite la construcción del embalse. Consciente de la
ilegalidad que está realizando cuida de no emplear en la parte
dispositiva de la resolución los términos de declaración
afirmativa (positiva) o negativa que son los únicos que pueden
ser utilizados".
En este sentido, explica que "para disimular el
favor que se le ha pedido utiliza unos términos no
previstos en la legislación: Se considera que, con la
documentación aportada por el promotor, de las alternativas
mencionadas en el expediente de evaluación de impacto
ambiental la consistente en sustituir un embalse con cota
máxima de agua de 506 metros es la más favorable para el medio
ambiente, si bien es insuficiente para la satisfacción de los
objetivos específicos que justifican el proyecto, razón por la
que la alternativa viable es la del embalse de cota máxima de
agua de 521 metros".
El fiscal asegura que "los técnicos adscritos al expediente
insistían en que las medidas correctoras debían describirse
con precisión e incluirse su dotación presupuestaria concreta;
el remedo de declaración vulnera flagrantemente la legislación
medioambiental y no establece medida correctora concreta
alguna". Hasta la fecha no se ha aprobado resolución alguna
con las medidas correctoras.
Una vez conseguida la aparente autorización ambiental, el 4
de junio de 1999 Uceda y Núñez, "con la conformidad y
visto del también acusado Tomás Sancho", proponen a
Carlos Escartín que dicte varias resoluciones. En efecto, el 4
de junio de 1999 resuelve iniciar el expediente de
contratación del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa
por el sistema de Concurso de proyecto y obra por un importe
de 23.000 millones de pesetas, "resolución para la que carecía
de toda competencia en virtud de la Ley de contratos de las
administraciones públicas", Ley que también vulneró en cuanto
a la modalidad elegida (contratación a la vez de proyecto y
obra) y al omitir el preceptivo estudio de seguridad.
La resolución, "con vistas al favorecimiento de la
constructora (ACS), incorpora al presupuesto 7.000 millones de
pesetas no justificados en virtud de la aprobación de una
addenda que carece de todo trámite administrativo en
cuanto a la aprobación previa por el Ministerio, asignación de
gasto, consultas previas e información pública, eludiendo por
tanto toda posibilidad de conocimiento público y de control
por otros funcionarios y autoridades, vulnerando la Ley de
procedimiento administrativo común". Aclara el fiscal que con
el único trámite de la propuesta, para la que carecían de toda
legitimidad Uceda y Núñez, " con fecha 3-5-99 interesa Tomás
Sancho la aprobación de una addenda realizada por la
consultora privada Euroestudios, informada técnicamente por
José Luis Uceda y Ángel Núñez y aprobada finalmente por
Escartín el 4-6-99, que incorpora a la licitación un
presupuesto extra de 7.000 millones de pesetas, singularmente
en medidas correctoras ambientales, fuera del Estudio de
impacto ambiental y otras específicas para la evitación de la
afección al Camino de Santiago que resultaban, en la práctica,
inexistentes".
PROYECTO
BLINDADO
La tercera de las resoluciones firmadas por
Escartín el 4 de junio de 1999 a propuesta de Uceda y Núñez es
una cláusula adicional técnica "que impide toda modificación
de la cota del embalse determinada por los acusados en ese
conjunto de resoluciones". El objetivo, según el fiscal, "es
muy evidente: el proyecto aprobado señalaba unas precisiones
de hectáreas regables y por tanto de cota y de volumen de
construcción mucho mayores que las establecidas en el Plan
Nacional de Regadíos. dado que el citado Plan impone la
obligatoriedad de la adaptación de las infraestructuras a las
superficies regables que establece, se trata de impedir que
alguna de las licitantes independientes pudieran,
amparadas en la más estricta legalidad, presentar alguna
oferta que redujera la cota y el presupuesto del embalse a los
límites que éste obligatoriamente debiera tener, perjudicando
así a la constructora vinculada a los acusados", que es ACS,
la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez.
Simultáneamente al inicio de la licitación de la obra, y a
propuesta también de Uceda y Núñez, Escartín aprobó los
criterios técnicos y económicos por los que deberá regirse el
concurso, elaboradas por Euroestudios y aprobado técnicamente
por los propios Uceda y Núñez, que resultará finalmente
aprobado por resolución del secretario de Estado de Aguas y
Costas, Benigno Blanco. El fiscal dice en su escrito que "los
citados documentos carecen totalmente de criterios objetivos
para la elección de la mejor oferta: por el contrario, por la
arbitrariedad de sus cláusulas el informe de la intervención
delegada resalta que el pliego de bases está redactado de tal
manera que no existe garantía alguna de objetividad en orden a
la resolución del concurso y, efectivamente, su redacción está
efectuada de manera que se pueda adjudicar el concurso a la
ofertante que desee el sr. Escartín".
"Con objeto de asegurar a la empresa ACS la adjudicación de
la obra -argumenta el fiscal-, Escartín manipuló el informe
técnico" consiguiendo que lograra la mayor puntuación la
oferta presentada por la unión temporal de empresas encabezada
por ACS e integrada también por FCC y Ferrovial, imponiéndose
a la de su directa competidora, OHL.
Ante la denuncia de alguno de los concursantes de que
existía vinculación entre Euroestudios y ACS, el abogado del
Estado jefe del Servicio emitió a requerimiento de Escartín un
informe indicando que, de ser cierto, se estaría produciendo
un fraude de ley. "Poco tiempo después, el Sr. Escartín, juez
y parte en el procedimiento, toda vez que la carta le
denunciaba expresamente como conocedor y consentidor de los
hechos, da carpetazo al asunto sin resolución alguna,
ordenando la continuación del trámite sin efectuarse ninguna
averiguación".
El 8 de junio de 2000 la mesa de contratación ratifica la
adjudicación a ACS una vez que Escartín había conseguido "la
adaptación formal a sus criterios" del resultado del concurso
y el 31 de agosto Escartín, incumpliendo la legislación de
incompatibilidades, "se incorpora a la empresa adjudicataria
ACS en el puesto de nueva creación de director de contratación
II, con un contrato de duración indefinida y con una
retribución anual de 20 millones de pesetas. No existe
documentación alguna en la empresa en cuanto al proceso de
contratación. Ni el secretario general de ACS ni el Sr.
Escartín saben quien, cómo y en qué fecha se produjo su
contratación".
La ausencia de los preceptivos estudios de seguridad ha
hecho que los autores del proyecto (Uceda y Núñez) impulsen,
con posterioridad a su aprobación definitiva, un número
importante de reformados por parte de sus superiores "que
revelan las carencias importantes del mismo. Por supuesto que
no existe justificación alguna que justifique tan irresponsable
conducta -denuncia el fiscal- como no sea la aprobación a toda
costa de un proyecto ya prefijado de cota y de embalse". Otro
modificado de la obra se refiere a "los importantes problemas
de cimentación del estribo derecho" que, como todos los demás,
carece de los obligados trámites de información pública e
informe de intervención".
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