R. L. M.
Aragón debe poner por delante el
principio de utilización sostenible de los recursos hídricos
frente a criterios de defensa del máximo aprovechamiento del agua
seguidos para planificaciones como la del Pacto del Agua de 1992.
Es el mensaje que lanzó ayer en Zaragoza Adrián Baltanás, director
general de Acuamed, la sociedad estatal que trabaja para solventar
el déficit hídrico de Levante. Baltanás abogó por "desdramatizar"
la polémica hidráulica y "olvidar planteamientos catastróficos".
El alto cargo de este organismo,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, clausuró el VIII
Simposio de Hidrogeología, organizado desde el pasado lunes en
Zaragoza por la Asociación Española de Hidrogeólogos y la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Baltanás, zaragozano, dio a
conocer las líneas generales de la llamada nueva política del agua
del Gobierno central del PSOE, una filosofía que ha llevado a
derogar el proyectado macrotrasvase del Ebro, pero que también
tendrá influencia en la manera de afrontar otras actuaciones
hidráulicas.
NOVEDADES El director general de
Acuamed (Aguas de las Cuencas del Mediterráneo) no quiso entrar en
detalles sobre las obras aragonesas que están pendientes y sobre
las que hay polémica. Pero sí indicó, en referencia a la comunidad
aragonesa, que los criterios y principios seguidos hace dos
décadas en la planificación "han cambiado".
Indicó que en España hay una
dependencia cada vez menor del regadío, pues su incidencia ha
disminuido mucho en una economía "cada vez más terciarizada". Y en
esa línea apuntó que el Pacto del Agua, algunos de cuyos grandes
proyectos están ahora en revisión, debe "poner por delante el uso
sostenible".
Y es que el objetivo, indicó, no
puede ser ya el máximo aprovechamiento de los recursos hídricos.
Como después matizó en su ponencia ante los asistentes al
simposio, es necesario "olvidarse de la política de la pura
oferta" de agua y centrarse en la gestión de la demanda.
Baltanás rechazó, en cualquier
caso, hablar de la influencia concreta de estas nuevas políticas
en las obras de regulación que espera Aragón o de la posibilidad
de que alguna de ellas se vea descartada.
También se refirió al trasvase,
puesto que la sociedad estatal que dirige sustituyó a Trasagua, el
ente que debía construir la cesión del Ebro. A su juicio, dicho
proyecto era inviable "técnica, económica y ambientalmente" y está
totalmente descartado. En su lugar, la Administración impulsa el
programa A.G.U.A., un conjunto de actuaciones urgentes en Levante
para dotar de agua a las zonas deficitarias.
El alto cargo recordó que la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha previsto revisar
el estado y las demandas del Mediterráneo en un año para saber si
es necesario acometer otras actuaciones además de las previstas.
En ningún caso, según dijo, se tratará de un trasvase.
El programa A.G.U.A. (Actuaciones
para la Gestión y Utilización del Agua) prevé un gasto de más de
28 millones de euros para la cuenca del Ebro, destinados a
solventar el problema de la contaminación en el embalse de Flix
(12,15 millones) y a corregir problemas en el Delta.
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