Acuerdo unánime para descartar
Santaliestra e impulsar San Salvador
- La
Ponencia sobre el Pacto del Agua alcanza una resolución que pide
a Medio Ambiente el abandono del polémico proyecto y prevé la
renuncia de los regantes y la retirada de los procesos
judiciales.
CARLOS VILLANOVA. Zaragoza | La Comisión del Agua de Aragón
alcanzó ayer un acuerdo, que puede calificarse como histórico al
estar suscrito con unanimidad, por el que se descarta
definitivamente el proyecto del embalse de Santaliestra y se
apuesta por la alternativa de San Salvador como solución a medio
plazo de la dotación de los regadíos del Canal de Aragón y
Cataluña. Este consenso, a la espera del debate sobre Biscarrués,
implica un gran avance para solucionar los conflictos hidráulicos
en la Comunidad y cerrar la revisión del Pacto del Agua.
El texto, acordado en la Ponencia sobre Obras Hidráulicas, reclama
al Ministerio de Medio Ambiente "el abandono definitivo de la
posibilidad de regular el Ésera" en Santaliestra, insta a la
Comunidad General de Regantes a someter a consulta en asamblea "la
renuncia a su actual propuesta" sobre el embalse y pide al alcalde
de la localidad llevar al pleno municipal "la retirada de todos
los procesos judiciales" que hay interpuestos contra el proyecto.
En este sentido, y de forma explicita, se citan la querella
criminal contra altos cargos de la administración hidrológica
estatal y autonómica, dos sentencias de la Audiencia Nacional,
cuatro recursos de casación presentados ante el Supremo y los
procesos pendientes sobre los procedimientos de expropiación.
El presidente de la Comunidad de Regantes, José Luis Pérez, señaló
su disposición a llevar a cabo su parte del acuerdo "cuando
comiencen las obras en San Salvador". Actualmente se trabaja en la
redacción del proyecto, que costean los propios agricultores, y la
previsión es que, si no hay retrasos posteriores en la tramitación
administrativa, las máquinas puedan comenzar la presa dentro de
dos años. Por el otro lado, la resolución explicita que la parte
municipal del acuerdo se ejecutará cuando el Ministerio inicie la
tramitación de la renuncia definitiva al proyecto de Santaliestra.
La resolución incluye otras dos instancias. A la Confederación
Hidrográfica del Ebro se le pide que estudie una concesión de
caudales al Ayuntamiento de Santaliestra para la práctica de
deportes de aventura en el Ésera y se solicita al Gobierno
aragonés que promueva la protección como "reserva natural" del
ecosistema del río en el término municipal, la designación del
mismo espacio como "Zona de Especial Protección para Aves y Lugar
de Importancia Comunitaria" y la declaración "como integrante del
Patrimonio Natural Geológico" de los afloramientos que hay entre
Campo y Santaliestra.
Además, el texto incluye un reconocimiento expreso de "la deuda
histórica" con las localidades de Santaliestra y Perarrúa por los
años que han tenido sobre su futuro la amenaza de un pantano. Por
esta cuestión se reclama que ambos municipios puedan acceder y
participar en planes de compensación territorial con cargo a
fondos de ACESA, que la CHE ceda en uso al Ayuntamiento de
Santaliestra las tierras que adquirió para el proyecto de embalse
hasta que sean revertidas a sus propietarios y que se busquen
mecanismos "para compensar los gastos derivados de los procesos
judiciales" que los vecinos iniciaron contra el justiprecio
establecido en las expropiaciones.
Si, como es casi seguro, la resolución sale adelante por
unanimidad en el próximo pleno de la Comisión del Agua, previsto
para el día 31 de este mes, y las partes implicadas llevan a buen
puerto sus encomiendas, podrá darse por cerrada una polémica
vigente durante cuarenta años. Será la primera vez que la Comisión
del Agua, creada por el Instituto Aragonés del Agua como órgano de
participación y debate, alcance un acuerdo así, aunque, como
señaló el presidente de la Ponencia, Javier Sánchez, pueda haber
votos particulares donde se maticen posiciones. El anterior
dictamen, sobre Yesa, se aprobó sin consenso, con un 20% de votos
en contra, y sin conseguir la retirada de los procesos judiciales.
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