Terra España, 6 de abril de 2005 |
PLAN HIDROLÓGICO
El Congreso fija
tasa ecológica compensar pueblos afectados embalses
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La Comisión de Medio Ambiente incorporó hoy al Plan Hidrológico
Nacional, con la oposición del PSOE, una enmienda que obligará a
establecer un tributo ecológico para compensar a los municipios
afectados por la construcción de embalses.
La enmienda, de ERC y el Grupo Mixto, establece que se regulará
una tasa por cada metro cúbico de agua servido, y que ese dinero
se utilizará para atender las compensaciones de carácter ambiental
y el desarrollo socioeconómico de los municipios que hayan visto
afectado su término municipal como consecuencia de la construcción
de esas infraestructuras.
La Comisión de Medio Ambiente debatió y votó el dictamen referido
al proyecto de Ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional, que
deroga el trasvase del Ebro y que incorpora más de un centenar de
actuaciones alternativas a esa infraestructura, y las casi
doscientas enmiendas al texto remitido por el Ejecutivo y que
todavía seguían 'vivas'.
Los grupos incorporaron medio centenar de enmiendas, la mayoría de
ellas presentadas por los socialistas o transaccionadas por éste
grupo con ERC, IU-ICV o CiU, aunque prosperaron también varias
enmiendas apoyadas por todos los grupos excepto el PSOE.
Entre éstas, además de la referida al establecimiento de una 'tasa
ecológica', prosperó una del PNV que obligará al Gobierno a
desarrollar las inversiones de las obras previstas en el Plan
Hidrológico y a recoger en las leyes presupuestarias los
compromisos de gastos 'adecuados y suficientes' para hacer frente
a esas actuaciones.
Prosperó además, con el apoyo del PSOE, la propuesta de Chunta
Aragonesista de eliminar del proyecto de Ley la construcción de
los embalses de Santaliestra y Jánovas, acuerdo al que se había
llegado ya en las comisiones de seguimiento del Pacto del Agua de
Aragón.
Entre las enmiendas aprobadas destaca una muy extensa del PSOE que
modifica en profundidad la Ley de Aguas, y que determina, por
ejemplo, que toda el agua procedente de los procesos de
desalinización del agua marina o salobre será de dominio público.
La Ley de Aguas establecerá además, de acuerdo con la enmienda
aprobada hoy, la obligación de que las confederaciones
hidrográficas emitan un informe previo sobre los planes que
aprueben las Comunidades Autónomas y que impliquen la utilización
de nuevos recursos hídricos.
Prosperó además en la Comisión una enmienda socialista relacionada
con el trasvase Tajo-Segura, que garantiza que durante la presente
legislatura no se modificarán las reglas de explotación de esta
transferencia.
Señala sin embargo la enmienda que las obras del PHN previstas en
Castilla-La Mancha para que esta Comunidad pueda también utilizar
el agua y la infraestructura de este acueducto tendrán carácter de
urgencia, y que el volumen que se trasvasará desde la cabecera del
Tajo se revisará según se vaya cumpliendo el Plan Hidrológico
Nacional y el Programa Agua.
La negativa del PSOE a votar a favor de una enmienda de ERC que
proponía eliminar del PHN el trasvase Júcar-Vinalopó provocó un
enfrentamiento entre el diputado de Los Verdes Francisco Garrido
(adscrito al grupo socialista) y su grupo.
Garrido se negó a votar a favor de ese trasvase por considerarlo
insostenible desde el punto de vista ambiental y, según fuentes de
Los Verdes, fue sustituido por otro diputado, lo que según este
partido pone en cuestión las relaciones entre verdes y
socialistas.
Los Verdes han pedido la convocatoria urgente de una reunión del
comité de enlace entre ambos partidos para estudiar lo ocurrido, y
han anunciado que el diputado Francisco Garrido votará en contra
de ese trasvase en el pleno de la Cámara, que tiene todavía que
aprobar el proyecto de ley de modificación del PHN.
Aunque los socialistas votaron en contra de eliminar esa obra, el
Ministerio de Medio Ambiente considera inviable, tal y como prevé
el Plan Hidrológico Nacional, trasvasar 80 hectómetros cúbicos
anuales desde el río Júcar hasta el río Vinalopó en Alicante, por
lo que tiene previsto revisar y ajustar el proyecto.
Inicialmente estaba previsto que la Comisión de hoy actuara con
competencia legislativa plena, aunque a petición de CiU el
proyecto de ley volverá al pleno de la Cámara antes de continuar
su tramitación parlamentaria en el Senado.
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