Luisa PUEYO
JACA.- El juicio contra la
tramitación del recrecimiento del embalse de Yesa que este lunes
comienza en la Audiencia Provincial de Madrid supone que por vez
primera se enjuicia en una sede penal una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) y que, al existir prejudicialidad penal en la
jurisdicción contenciosa, una sentencia condenatoria conllevará
la nulidad del proyecto. Así lo explicaron ayer en Zaragoza los
abogados María José Beaumont y José Luis Beaumont, quienes por
encargo del Ayuntamiento de Artieda interpusieron hace casi 6
años -el 13 de abril de 2000- la querella criminal contra tres
ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) por
prevaricación en la tramitación de la DIA, motivo del citado
juicio. Los letrados precisaron que a la Audiencia Provincial no
le corresponde parar las obras, pero pueden anularse “por una
decisión política del Ministerio o por una decisión judicial
dictada en sede de la jurisdicción contenciosa” y a este
respecto, “todos los actos que ha aprobado la administración
hidráulica para ejecutar esas obras están recurridos en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo de
Madrid y en la Audiencia Nacional”. Al haberse concedido la
prejudicialidad, la tramitación de estos procesos está pendiente
“de la resulta de este juicio”.
Los abogados dieron estas
explicaciones en rueda de prensa junto al alcalde de Artieda,
Luis Solana, y el portavoz de la Asociación Río Aragón,
Guillermo Lacasta. Solana afirmó que el juicio va a ser “el
principio del fin del proyecto de recrecimiento” enmarcado en
una política hidráulica “injusta”, que ha supuesto “poner
territorios al servicio de un supuesto interés general”, con
“servidumbres de consecuencias desastrosas”. Cualquier otro
proyecto de recrecimiento que se plantee tendrá la misma
oposición que éste, añadió, y abogó por resolver los problemas
del agua en Aragón “desde otra perspectiva, con rigor y dentro
del marco de las directivas europeas. Será el camino justo para
los que soportamos las amenazas y para quienes llevan años
esperando algo que no llega ni llegará por este camino”. En el
mismo sentido se expresó Guillermo Lacasta, quien habló del
acto público que este fin de semana protagonizarán en Jaca
afectados “por proyectos pendientes en el PHN gravosos para el
buen estado ecológico de los ríos y para la sociedad en
general”.
La letrada recordó los motivos de la
querella: el dictado de la DIA, el 4 de marzo de 1999, por la
entonces directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del
MIMAM, Dolores Carrillo, informando a favor del embalse, y de
la resolución administrativa del 4 de junio de 1999 de quien era
director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, para
licitar y adjudicar el recrecimiento como proyecto y obra, pese
a existir ya proyecto y que su propia Dirección General había
convocado en el BOE un nuevo estudio de impacto ambiental tras
los informes negativos del que se había realizado. Carlos
Vázquez, ex secretario técnico del MIMAM es el tercer
querellado por su informe favorable a la DIA. A ellos se suman
tres acusados por el Ministerio Fiscal: el ex presidente de la
CHE, Tomás Sancho, y los funcionarios de este mismo organismo
Ángel Núñez y José Luis Uceda.
Los
principales colectivos ecologistas reclaman la paralización de
las obras
L.P.
Los principales grupos ecologistas nacionales e internacionales
se suman a la oposición al recrecimiento de Yesa y piden la
paralización inmediata de las obras y una moratoria en los
regadíos de Bardenas. Éstas son las principales peticiones
plasmadas en un comunicado de prensa hecho público ayer por las
organizaciones ecologistas Greenpeace, SEO/BirdLife, WWW/Adena,
Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, AEMS-Ríos con Vida y
Asociación Río Aragón.
En el escrito se explican los
avatares de este proyecto y las posiciones a favor del mismo de
los diferentes gobiernos y se señala que la Comisión del Agua de
Aragón “ha estado siempre manejada por los beneficiarios de los
embalses”, al igual que el acuerdo en la misma para recrecer
Yesa a una menor cota “sólo lo han suscrito quienes antes
querían el pantano”, mientras que ha contado con la oposición de
la mayoría de los afectados, los grupos de ecologistas y los
experto”. Añaden que cualquier estudio de impacto ambiental
hecho “con un mínimo rigor” determinaría que “es inaceptable
recrecer Yesa a cualquier cota”.
Los grupos ecologistas piden “la
paralización de las obras y el descarte definitivo del
recrecimiento; una moratoria de los planes para aumentar los
regadíos en Bardenas; que se apueste por mantener el estado
ecológico del río Aragón y la búsqueda de soluciones,
respetuosas con el medio ambiente y la Directiva Marco, que, en
ningún caso impliquen la inundación de más territorio en la zona
afectada por el actual embalse ni la detracción de más caudales;
y que se elabore una propuesta para el desarrollo sostenible de
la zona
afectada por el actual embalse”.
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A. I. (02/03/2006)
El juicio penal contra altos exresponsables del ministerio de
Medio Ambiente y la CHE por el recrecimiento de Yesa comienza el
próximo lunes en Madrid con la esperanza de los afectados de que
la sentencia sirva para "paralizar cualquier proyecto" que sirva
para realizar este embalse. Así se expresó ayer el alcalde de
Artieda, Luis Solana, que confió en que la vista oral de este
juicio penal haga "justicia con mayúsculas". Además, Solana
advirtió de que "cualquier proyecto de rebaja de la cuota se va
a encontrar con la misma oposición decidida y tendrá el mismo
final que va a tener este proyecto".
Luis Solana (CHA) apostó por que los problemas con el agua "se
aborden con planteamientos más acordes a la nueva cultura del
agua, porque es lo más justo para todos". El municipio de
Artieda presentó una demanda contra María Dolores Carrillo,
funcionaria del MIMAM; Carlos Escartín ex director general de
Obras Hidráulicas; el expresidente de la CHE Tomás Sancho, y los
técnicos de la CHE José Luis Uceda, Carlos Vázquez y Ángel Núñez
Maestro por la presunta comisión de los delitos de prevaricación
administrativa, falsedad en documento público, riesgo
catastrófico y actividades prohibidas a funcionarios. Estas
demandas se interpusieron en abril del 2000, tras aprobarse el
año anterior la declaración de impacto ambiental que facilitaba
la licitación y obra de Yesa, a pesar de que para los
denunciantes, estos informes fueron redactados de forma
"irregular". Todos se enfrentan a elevadas penas de
inhabilitación y multas salvo Carlos Escartín, para el que se
solicita seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota
diaria de 300 euros e inhabilitación por seis años por un
presunto delito de riesgo catastrófico y actividades prohibidas
a los funcionarios. La letrada María José Beaumont, señaló que
es la primera vez que se juzga por lo
penal un impacto medioambiental por obra hidráulica.
Guillermo Lacasta, portavoz de la Asociación Río Aragón, indicó
que el apoyo a la reivindicación de Artieda es "total", y
destacó que junto al pueblo están todos los "colectivos
ecologistas del Estado", que han firmado un comunicado conjunto
de apoyo a los afectados por el embalse.
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