Nota de Prensa

 

 

Artieda-Jaca, 10 de marzo de 2006


5º DÍA del JUICIO POR EL CASO YESA


Los técnicos de Medio Ambiente confirman que la emisión de la DIA era ilegal

  • El estudio de impacto adolecía de graves carencias
  • La empresa adjudicataria, ACS, obtuvo información privilegiada

 

El subdirector del Área de Evaluación de Impacto Ambiental, José Antonio Lazuén, y María Teresa Manzanares, técnico de esta área hasta 1997, han sido rotundos en asegurar que todos los informes emitidos por este departamento eran negativos a la emisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) y que se hacían de forma colegiada, recogiendo la opinión de todo el Área, porque el estudio de impacto ambiental (EIA) era insuficiente.

También han declarado que no se valoraron los riesgos y los impactos sobre la población, los suelos y la geología, cosa que es preceptiva en un estudio de impacto (EIA) según recoge la ley.

Además, han apuntado que faltaron trámites fundamentales, como la emisión de una propuesta previa a la DIA tras los informes, así como la exposición pública de la documentación  que se exigía para completar las carencias detectadas.

Manzanares ha afirmado que en el estudio de impacto no se habían buscado soluciones a la inundación de la Foz de Sigüés, y tampoco se habían contemplado las afecciones de las variantes de carreteras, pese a que había que valorar el impacto en su globalidad, y que además era necesario aclarar la cuestión de la demanda de agua.

Los testigos también han indicado que lo recogido en sus informes fue transmitido a la Dirección General de Obras Hidráulicas, y tras ello, por el continuo cruce de informes y oficios entre ambas Direcciones generales, daban por hecho que se iba a hacer un nuevo EIA. De hecho se llegó a sacar a concurso público la redacción de uno nuevo sin que nunca se llegara a resolver.

Otro de los testigos de la Fiscalía que ha declarado es el Sr. Villar Mir, director general de OHL, empresa que había concursado a la obra de Yesa. En enero de 2000, próxima la adjudicación, se enteró de que Euroestudios había participado en la elaboración desde el Ministerio del pliego de prescripciones técnicas para esa contratación, y a que su vez Euroestudios iba a ofertar con la UTE que resultó adjudicataria. Explicó que había dirigido una carta a la ministra Tocino advirtiéndole de la situación, que podía ser objeto de recurso y que daba mala imagen de la administración pública. La carta la envió, según dijo, porque no se podía consentir una irregularidad de esta trascendencia, ya que esta contratista iba a tener acceso a información privilegiada, como finalmente ocurrió. 

Esta declaración, a juicio del alcalde de Artieda, deja en muy mal lugar al también imputado Carlos Escartín, al que Villar Mir visitó cuando era director general de Obras Hidráulicas para advertirle sobre lo que estaba ocurriendo, pero éste hizo caso omiso.

Las pruebas practicadas hoy avalan de nuevo y de forma contundente, la causa base de la acusación del Ayuntamiento de Artieda, consistente en la prevaricación cometida por Dolores Carrillo, quien como directora general de Evaluación Ambiental hizo una declaración en contra de todos los informes de su departamento, pues el estudio de impacto carecía de los memorias necesarias sobre la afección a la población, la geología y el riesgo sísmico. También se ha demostrado que nadie evaluó la información adicional que se recibió de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Aragón. 

    

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