El subdirector
del Área de Evaluación de Impacto Ambiental, José Antonio Lazuén,
y María Teresa Manzanares, técnico de esta área hasta 1997, han
sido rotundos en asegurar que todos los informes emitidos por este
departamento eran negativos a la emisión de la declaración de
impacto ambiental (DIA) y que se hacían de forma colegiada,
recogiendo la opinión de todo el Área, porque el estudio de
impacto ambiental (EIA) era insuficiente.
También han
declarado que no se valoraron los riesgos y los impactos sobre la
población, los suelos y la geología, cosa que es preceptiva en un
estudio de impacto (EIA) según recoge la ley.
Además, han
apuntado que faltaron trámites fundamentales, como la emisión de
una propuesta previa a la DIA tras los informes, así como la
exposición pública de la documentación que se exigía para
completar las carencias detectadas.
Manzanares ha
afirmado que en el estudio de impacto no se habían buscado
soluciones a la inundación de la Foz de Sigüés, y tampoco se
habían contemplado las afecciones de las variantes de carreteras,
pese a que había que valorar el impacto en su globalidad, y que
además era necesario aclarar la cuestión de la demanda de agua.
Los testigos
también han indicado que lo recogido en sus informes fue
transmitido a la Dirección General de Obras Hidráulicas, y tras
ello, por el continuo cruce de informes y oficios entre ambas
Direcciones generales, daban por hecho que se iba a hacer un nuevo
EIA. De hecho se llegó a sacar a concurso público la redacción de
uno nuevo sin que nunca se llegara a resolver.
Otro de los
testigos de la Fiscalía que ha declarado es el Sr. Villar Mir,
director general de OHL, empresa que había concursado a la obra de
Yesa. En enero de 2000, próxima la adjudicación, se enteró de que
Euroestudios había participado en la elaboración desde el
Ministerio del pliego de prescripciones técnicas para esa
contratación, y a que
su vez Euroestudios iba a ofertar con la UTE que
resultó adjudicataria. Explicó que había dirigido una carta a la
ministra Tocino advirtiéndole de la situación, que podía ser
objeto de recurso y que daba mala imagen de la administración
pública. La carta la envió, según dijo, porque no se podía
consentir una irregularidad de esta trascendencia, ya que esta
contratista iba a tener acceso a información privilegiada, como
finalmente ocurrió.
Esta declaración,
a juicio del alcalde de Artieda, deja en muy mal lugar al también
imputado Carlos Escartín, al que Villar Mir visitó cuando era
director general de Obras Hidráulicas para advertirle sobre lo que
estaba ocurriendo, pero éste hizo caso omiso.
Las pruebas
practicadas hoy avalan de nuevo y de forma contundente, la causa
base de la acusación del Ayuntamiento de Artieda, consistente en
la prevaricación cometida por Dolores Carrillo, quien como
directora general de Evaluación Ambiental hizo una declaración en
contra de todos los informes de su departamento, pues el estudio
de impacto carecía de los memorias necesarias sobre la afección a
la población,
la geología y el riesgo sísmico. También se ha demostrado que
nadie evaluó la información adicional que se recibió de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Aragón.
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