La acusación
ejercida por el ayuntamiento de Artieda contra tres ex altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente del PP es la siguiente:
A Dolores
Carrillo se le acusa de ser la autora de la resolución de
30-3-1999, y Carlos Escartín de la de fecha 4-6-1999. Se califican
las resoluciones de Carrillo y Escartín, objeto de este juicio,
como delito de prevaricación en concurso medial (artículo 404 del
Código Penal), con un delito contra el patrimonio histórico y
arqueológico (art. 322.1) y otro de riesgo catastrófico (art.
450).
En el delito
de Carrillo son considerados cooperadores necesarios a Escartín y
Vázquez Cobos, mientras que en el de Escartín se tienen
consideración de cooperadores necesarios Carrillo y Vázquez Cobos.
No obstante,
alternativamente calificamos los hechos como constitutivos de un
delito de prevaricación ambiental (delito ecológico) del artículo
329.1 del Código Penal en relación con otros artículos sobre
delitos contra el patrimonio histórico y por riesgo catastrófico.
También
alternativamente se mantiene la prevaricación ambiental en
relación con los delitos contra el patrimonio histórico y
arqueológico.
Se acusa a
Escartín por delitos de falsedad documental, por hacer la
licitación en la modalidad de proyecto y obra con el argumento de
que no había proyecto, se pide pena de 6 años de prisión,
multa de 216.000 € (24 meses con cuota diaria de 300 euros), e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
6 años.
La petición
por prevaricación recogida en el 404 del Código Penal, se piden
6 meses de prisión para Escartín y Vázquez Cobos, y para
cada uno de los tres acusados inhabilitación especial para
empleo o cargo público por 10 años, y multa de 216.000 € (24
meses con cuota diaria de 300 euros) (TOTAL: 12 meses de prisión,
648.000 € de multa y 30 años de inhabilitación).
Alternativamente, por prevaricación ambiental, se pide lo mismo.
Y por el
delito de riesgo catastrófico (art. 450), a Escartín como
autor y Carrillo y Vázquez Cobos como cooperadores necesarios, se
pide para cada uno de ellos la inhabilitación especial para cargo
público por 10 años.
Por otra parte, el Fiscal del caso, Emilio Valerio, pide las
siguientes penas:
Para el ex
director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, a 1 año de
prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros por
los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y tráfico de
influencias relativos al proyecto de recrecimiento del embalse de
Yesa,
Para la ex
directora general de Obras Hidráulicas, Dolores Carrillo, a 1 año
de prisión, 18 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros
por los delitos de prevaricación, riesgo catastrófico y tráfico de
influencias.
Para los
ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis
Uceda y Ángel Núñez, 1 año de prisión, 16 años de inhabilitación y
multa de 2.400 euros para cada uno de ellos.
Para el ex
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás
Sancho, 2 años de inhabilitación y una multa de 5400 €, por el
delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.