El desierto que viene
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La sequía ha dejado de ser sólo un problema
cíclico y pasajero. Los expertos ponen en evidencia que el
futuro de España está en juego si no cambiamos el actual modelo
de desarrollo
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La sequía actual se superpone a una profunda
crisis medioambiental y a una situación de agudo desequilibrio
hidrológico entre oferta y demanda que no se resolverá con las
futuras lluvias ni con nuevas infraestructuras hidrológicas. La
paradoja española es que los cultivos más rentables y la mayor
expansión urbanística se dan cita precisamente en las áreas más
áridas de toda Europa.
JOSÉ LUIS
BARBERÍA
EL PAÍS - España
- 27-06-2005
Campos
cuarteados y cosechas vencidas, requemadas bajo la solana
inmisericorde, incendios forestales, fuentes, pozos, ríos y
lagunas secas, embalses bajo mínimos de los que apenas fluye un
hilo de agua que se evapora fatalmente en el camino hacia las
plantaciones y las huertas. Abrasado por la sequía, el campo
español emite nuevamente su grito sediento y con él ascienden los
malos humores que dudan entre encomendarse al santo o arremeter
contra el Gobierno de turno. Y, sin embargo, el problema, el
verdadero problema, no se resume ya en la estampa de esta sequía
temprana, en las conocidas calamidades de un fenómeno natural,
pasajero. La cuestión de fondo es que la sequía actúa ahora en el
contexto de una crisis medioambiental profunda, generalizada e
inquietante y que se superpone con su carga dramática a una
situación de progresivo deterioro que lleva décadas causando
estragos.
Por abundantes
que sean, las lluvias venideras no recompondrán el equilibrio
hidrológico roto hace mucho tiempo, ni restituirán por sí mismas
el déficit hídrico que ha pasado a ser estructural. Sabemos que ni
el rico poso cultural del regadío legado por romanos y árabes, ni
toda la potente ingeniería hidráulica que ha hecho que este país
ostente, con 1.300 grandes obras, el récord mundial de superficie
de presas y embalses por habitante y kilómetro cuadrado, nos
preservan ya de nuestra propia deriva y mucho menos de las
incertidumbres de un futuro comprometido por el calentamiento de
la atmósfera y el cambio climático.
Una cuarta parte
de la península Ibérica está amenazada por el proceso de
desertización rampante que ha ido tiñendo de amarillo la
superficie no hace tanto tiempo verde de países como Túnez o
Marruecos. Tenemos a la mitad de los ríos, acuíferos y embalses
sobreexplotados o severamente contaminados por los malos usos
agrícolas e industriales y al 60% de nuestras aguas dulces
costeras salinizadas por la intrusión marina, a causa de la
reducción de los caudales de las aguas subterráneas y de
superficie. Por no hablar del largo muestrario de especies
acuáticas extinguidas o en situación crítica, de la regresión de
dunas y deltas en el litoral, de las arrasadas praderas costeras
de algas marinas en la que desovan los peces, de la desaparición
de lagunas, manantiales y fuentes.
Los mismos Ojos
del Guadiana, allí donde los libros de geografía situaban el
resurgimiento del río, han quedado borrados de la faz de la tierra
por la sobreexplotación del "Acuífero 23" que nutre los
salinizados fondos del parque natural de las Tablas de Daimiel.
Borrados hasta el punto de que, 30 años después de su pérdida, los
tribunales de justicia les han oficiado su responso en una
sentencia que los declara oficialmente inexistentes y que da la
razón a los particulares que reclaman el uso de esas tierras
consideradas desde siempre de dominio público.
Algo más que
un caudal de H2O
¿A estas
alturas, podemos permitirnos ignorar a los agoreros del cambio
climático que vaticinan un panorama de desastres encadenados:
sequías e inundaciones, desertización y escasez? ¿A los augures de
la Organización Meteorológica Mundial que anuncian que en un par
de décadas dos tercios del planeta padecerán estrés hídrico y que
España está situada en una zona de riesgo? ¿Y a las academias de
ciencias del G-8, a las legiones de expertos medioambientalistas
que sostienen que ese cambio ya está aquí y que se manifiesta en
el aumento de las temperaturas y en la proliferación de las
sequías e inundaciones que han castigado a Europa en los últimos
tiempos? ¿No se han apagado, por otra parte, muchas de las voces
igualmente expertas que hace sólo unos años desdeñaban
olímpicamente la teoría del cambio climático por considerarlo un
ejercicio de ciencia-ficción?
Los Gobiernos de
los países desarrollados empiezan a dar crédito a esta alarma
mundial. El propio Ministerio español de Medio Ambiente incluye en
su página web las estimaciones para 2050 de los efectos previstos
del cambio climático en nuestro país. Según esos alarmantes
cálculos, la temperatura media subirá 2,5 grados, las
precipitaciones se reducirán un 10% y la humedad del suelo
disminuirá en un 30%. Los valores y conceptos ecológicos han
dejado de ser patrimonio de unos pocos pioneros pretendidamente
atacados por la ansiedad, la exageración y la espontaneidad para
incorporarse a los análisis científicos y a los programas de los
Gobiernos.
No es que el
mundo se esté rindiendo voluntariamente al discurso ecologista, es
que la economía del sistema empieza a resentirse gravemente de los
efectos del proceso, es que la realidad misma, la nueva realidad,
obliga a reconsiderar los modelos. Con las resistencias lógicas
que entrañan los cambios de gran envergadura (Kioto), comienza a
abrirse paso una nueva mentalidad que ya no mira al río como a un
puro canal de H2O, al bosque como a un simple almacén de madera y
al acuífero como al depósito que se puede perforar impunemente,
100, 500, 1.000 metros, hasta extraerle sus entrañas. Ahora se
descubre que el río está compuesto también de elementos sólidos:
arenas necesarias para la conservación de las playas y nutrientes
indispensables para la vida de los deltas y de las praderas
marinas que nos aseguran la pesca; se comprueba que las
formaciones boscosas son, en realidad, los mejores embalses porque
guardan y filtran espaciadamente el agua, frenando las crecidas e
inundaciones.
En el límite con el desierto
Hay una lógica
económica, antes que ideológica-ecológica, que se fundamenta en la
constatación de que los viejos modelos de desarrollo conducen a la
ruina y al desastre, en la seguridad empírica de que recuperar lo
sacrificado en el altar de lo que fue progreso y ya no es tal
resulta a veces imposible y siempre enormemente costoso. Quienes
pueden permitírselo, los países ricos, se aprestan a salvar su
patrimonio natural -lo que no les impide trasladar al Tercer Mundo
sus industrias contaminantes- y cabe pensar que dentro de unas
décadas los ríos-cloacas quedarán asociados al paisaje de los
países pobres incapaces de reaccionar. Aunque los correctores
lexicográficos automáticos de español refutan todavía, por
extraño, el vocablo "sostenibilidad", ésa y no otra es la palabra
clave de los tiempos venideros.
Sin necesidad de
apuntarse al catastrofismo -ya hay bastante dramatismo artificioso
en la confrontación territorial y política española por el agua-,
la realidad es que nuestro sistema se nos está haciendo cada vez
más vulnerable e insostenible y que frente a una demanda-exigencia
de agua progresivamente mayor -crece a un ritmo del 13% anual-
seguimos disponiendo de los mismos recursos: unos 110.000
hectómetros cúbicos potenciales, de los cuales únicamente son
aprovechables directamente el 9%. Ese caudal limitado -menguante,
cabría decir, a tenor del promedio de lluvias de los últimos años-
está condicionado, además, por una orografía imposible y un
régimen pluviométrico diabólicamente irregular que divide
radicalmente a la Península entre la franja húmeda del norte y el
resto seco.
"No es que
llueva mucho menos que en el resto de Europa", aclara Adrián
Baltanás, director de la empresa pública Acuamed, encargada de
gran parte del centenar de actuaciones (plantas de desalinización,
reutilización de aguas residuales, modernización de regadíos,
mejora de abastecimientos, aprovechamiento de aguas subterráneas)
encaminadas a sustituir el frustrado proyecto del trasvase del
Ebro. "Si consideramos el agua que revierte en los cauces y ríos
(las escorrentías), nosotros disponemos de unos 2.700 metros
cúbicos (cada metro cúbico son 1.000 litros) por habitante y año,
mientras que la media europea es de unos 3.000. Nuestro gran
problema es la irregularidad temporal y geográfica con que llueve,
y la elevada evaporación, claro".
La gran paradoja
del caso español es que los productos más rentables, los que
brillan en los supermercados europeos, se cultivan precisamente en
el arco mediterráneo, allí donde llueve muy poco, en áreas como
Almería y Murcia, las más secas del continente europeo, cuyos
índices de pluviosidad les equiparan con el desierto. "El año
hidrológico nos ha dado 150 litros por metro cuadrado, cuando la
referencia que se establece para fijar el límite con el desierto
es de 250 litros por metro cuadrado", indica Manuel Aldeguer,
comisario de la cuenca del Segura. Es una contradicción
irresoluble porque las ventajas de los cultivos mediterráneos,
dos, tres y hasta cuatro cosechas al año, se derivan de la alta
disponibilidad solar, las elevadas temperaturas medias y la
ausencia de heladas.
Entre medio
millón y un millón de pozos
"Producimos
cuando el resto de la agricultura de Europa está parada, y ésa es
nuestra ventaja, el valor añadido. España es un minicontinente
capaz de producir de todo, desde papaya hasta leche, pasando por
maíz", subraya el secretario general para la Agricultura, Fernando
Moraleda. El peso económico del arco mediterráneo se evidencia en
el valor que obtienen sus exportaciones agrarias: más de 800.000
millones de pesetas en 2000, el 68% nada menos de las
exportaciones agrícolas de toda España. Claro que si hablamos de
Almería -el 16% de la superficie cultivada en esa provincia es de
invernadero, bajo plástico-, la principal contrapartida ecológica
es el vaciamiento y contaminación del gran acuífero del Campo de
Dalias, que recoge las aguas de Sierra Nevada. La voz de alarma,
lanzada años atrás cuando el cultivo bajo plástico alcanzó las
9.000 hectáreas, no ha impedido la continua sobreexplotación de
ese acuífero y la extensión del invernadero, que hoy alcanza las
27.000 hectáreas, el equivalente a 54.000 campos de fútbol.
A la extensión
continuada de los cultivos -con 3,5 millones de hectáreas, España
dispone de la mayor superficie de regadíos de toda Europa-, se
suma el incremento de las urbanizaciones en un área que acoge a
buena parte de los 45 millones de turistas internacionales y en la
que el consumo de agua ha aumentado un 30% en los últimos cinco
años. Por los estudios realizados en Lanzarote se sabe que los
turistas utilizan una media de 230 litros de agua por persona y
día, frente a los 150-160 litros de la población española. De
acuerdo con los datos de 2003, la densidad de población en las
cuencas del Mediterráneo (155 habitantes por kilómetro cuadrado)
está a punto de duplicar a la media nacional (86,1 habitantes por
kilómetro cuadrado).
Tal y como
establecen los informes de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) y proclama a diario la evidencia
misma, en España existe "un desequilibrio agudo entre la oferta y
la demanda", un desequilibrio acelerado entre lo disponible y lo
necesario que ni todos los proyectos de nuevos embalses y
trasvases pueden ya por sí mismos resolver. Entre otras razones, y
al margen del impacto ambiental que conllevan las grandes obras,
porque se ha demostrado que la política de allegar nuevos recursos
hídricos a zonas de escasez crea nuevos consumos y demandas que
superan las nuevas disponibilidades. Las meras expectativas de
agua en las zonas costeras del levante y el sur español disparan
automáticamente proyectos de urbanización y de extensión de
regadíos en una dinámica aparentemente sin fin. "Detrás de la
pancarta clásica: 'El campo español se muere de sed', lo que
encontramos, a menudo, son intereses especulativos inmobiliarios",
sostiene Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico, presidente
de la Fundación Nueva Cultura del Agua y premio Goldman para
Europa.
Insumisión
hidrológica
Contra la
práctica establecida en la cultura tradicional del campo -"la
acequia para el riego y el pozo para la sequía", es un dicho
clásico de la huerta valenciana-, las aguas subterráneas, que
sostienen el caudal mínimo de los ríos, están siendo utilizadas
como recurso sistemático para resolver ese agudo desequilibrio
entre oferta y demanda. Suponen más del 30% de las utilizadas en
los regadíos y son las grandes desconocidas. El especialista en
aguas subterráneas y catedrático de la Universidad Autónoma de
Madrid en Hidrología Fernando López Vera calcula que en España hay
en estos momentos entre 500.000 y un millón de pozos, en su gran
mayoría no declarados. "Pero, en realidad, nadie sabe lo que hay",
dice, "porque manejamos información de los años ochenta. ¿Y cómo
vamos a intervenir", pregunta, "si no sabemos a ciencia cierta qué
es lo que tenemos delante?". Es una preocupación que comparte
plenamente el secretario general para el Territorio y la
Biodiversidad, Antonio Serrano. "En efecto, en el terreno
estadístico hay un desbarajuste notable; no tenemos datos muy
fiables", reconoce, "puesto que los diversos estudios disponibles
dan resultados muy distintos".
La Ley de Aguas
de 1985 estableció que las aguas subterráneas, consideradas de
propiedad privada desde el Derecho romano, pasaran a ser de
dominio público, exactamente igual que las superficiales. Pero los
legisladores no se atrevieron a aplicar ese enunciado de forma
retroactiva e incluyeron un artículo transitorio en virtud del
cual los dueños de los terrenos conservan la propiedad privada de
los pozos, y del agua, construidos con anterioridad a la fecha de
promulgación de la ley. "En la práctica, lo que ocurre es que la
gente sigue perforando pozos que no declara y que si se les
detecta, les basta con argumentar que el pozo es anterior a 1985",
afirma Fernando López Vera.
A su juicio,
compartido por otros expertos, la ley es de difícil aplicación y
habría que cambiarla. "Como los pozos siguen siendo de uso
privado", explica, "se necesita una orden judicial para poder
inspeccionarlos, así que cada cual hace lo que la da la gana y los
que cumplen con la ley aparecen desasistidos. Tenemos una
situación de insumisión hidrológica y una Administración
impotente, porque las confederaciones hidrográficas se inhiben a
menudo por falta de medios o de voluntad", asegura el catedrático
de Hidrogeología. Mientras charla con el periodista, Fernando
López Vera recibe la noticia de que en la cuenca del Segura hay
85.000 hectáreas nuevas de regadíos ilegales alimentadas con aguas
subterráneas.
Las
vertientes del conflicto
Aunque los
responsables de las confederaciones hidrográficas no comparten,
por lo general, esta imagen de desgobierno, pocos niegan la
conflictividad que rodea, particularmente, el uso de las aguas
subterráneas. Las perforaciones ilegales y los "robos" en acequias
y conducciones que, en ocasiones, transforman en un páramo
plantaciones y fincas de tradición centenaria, están en el fondo
de muchos de los litigios que llegan a los tribunales. Según López
Vera, sólo en los juzgados de Ciudad Real debe de haber entre
2.000 y 3.000 expedientes relacionados con el agua. A la lentitud
de la justicia se unen en este caso las dificultades probatorias
que implica todo lo relacionado con el agua. "Es difícil probar
que había agua donde ya no hay", apunta el presidente del Colegio
de Geólogos, Luis Eugenio Suárez.
Aunque en un
país como España el agua ha sido siempre un elemento conflictivo
-"en otros tiempos se tiraba de escopeta si el vecino te robaba el
agua", comenta el director general del Agua, Jaime Palop-, el
asunto está adquiriendo últimamente una dimensión extraordinaria.
A la conflictividad vecinal por el agua hay que sumar la
confrontación entre comunidades autónomas con intereses
divergentes -las diferencias entre Castilla-La Mancha y Murcia y
Valencia no son el único caso-, así como la polémica abierta entre
las comunidades del PP y el Gobierno central por la derogación de
la ley del trasvase del Ebro.
El hecho de que
el modelo de organización por cuencas fluviales, modelo inventado
por España y adoptado universalmente, no coincida con la
estructura autonómica tampoco facilita las cosas. "Hay un divorcio
entre la gestión de cuenca y el ámbito autonómico, pero tenemos
que intentar que las autonomías se sientan en las confederaciones
hidrográficas como en su propia casa", afirma Jaime Palop. El agua
se ha convertido en un problema de primera magnitud que condiciona
drásticamente el modelo de desarrollo agrícola, puesto que la
agricultura consume hoy el 80% de los recursos disponibles.
Pagar más, única medida eficaz para
ahorrar
-
El consumo de agua representa sólo el 1% del
gasto familiar de los españoles, que gastan cinco veces menos en
agua que en teléfonos móviles
-
Sobre la mesa del Gobierno hay un estudio que
establece los márgenes de rentabilidad de los cultivos y calcula
el impacto en cada caso de una eventual subida de los precios
del agua. El objetivo es poner coto a la expansión ilimitada de
la agricultura, que paga el agua al 10% de su coste real y es la
segunda más subvencionada de Europa. Será necesario el consenso
político.
JOSÉ LUIS
BARBERÍA
EL PAÍS - España
- 28-06-2005
El ideal del
centenario modelo español: "Agua libre, gratis, para todos", se
revela hoy no sólo como una pretensión vana e irreal, sino también
como un objetivo contraproducente, en la medida en que fomenta el
uso irresponsable del agua, amenaza las capacidades y reservas y
compromete el futuro mismo del sistema hidrológico y medio
ambiental. Tal y como plantea la directiva comunitaria 2000/60,
adoptada por España a finales de 2003, los españoles tendrán que
acostumbrarse a pagar el agua a su coste real y a atenerse a los
recursos disponibles, sin confiar ya en que los grandes trasvases
resuelven necesariamente el problema.
"Alardear de
mantener el agua a bajo precio es como conducir mirando al
retrovisor, porque se gasta más allí donde es más barata", apunta
Luis Martínez Camps, responsable de relaciones institucionales de
Aguas de Barcelona AGBAR, la principal empresa privada española en
el suministro de agua urbana. La facturación del agua urbana
supuso el pasado año unos 3.000 millones de euros, mientras que la
factura de los teléfonos móviles, por ejemplo, ascendió a 15.000
millones. Al contrario de lo que ocurre ahora -el agua sólo supone
el 1% de los gastos familiares-, todo invita a pensar que en un
futuro no lejano los españoles responderán con mayor presteza a la
pregunta: "¿Sabe usted cuánto paga de agua?".
Mientras el
campo se agita, los ciudadanos recurren masivamente al agua
embotellada porque la red pública no ofrece siempre garantías de
calidad. Las garrafas de agua forman parte de la cesta de la
compra en Barcelona y en otras ciudades como Valencia donde
algunos médicos aconsejan a las embarazadas que no beban agua del
grifo. Y en el Sur y el Levante, pero también a lo largo y ancho
de la geografía, mucha gente desconfía de la calidad y hasta de la
potabilidad del agua que les suministran las redes públicas. Sólo
el pasado año, los españoles gastaron en agua mineral 1.750
millones de euros, prácticamente la misma suma (1.800 millones)
que el Gobierno central destinó al mantenimiento y creación de
nuevas infraestructuras hidráulicas: embalses, pantanos,
conducciones. "Con el dinero que nos gastamos en agua embotellada,
podríamos ofrecer a todos los ciudadanos un agua de boca (para
beber y cocinar) tratada con la mejor tecnología de ósmosis y de
una calidad tal que me río yo del agua mineral embotellada",
indica Domingo Jiménez Beltrán, director del Observatorio de la
Sostenibilidad y ex director de la Agencia Europea de Medio
Ambiente.
Nueva calificación de potabilidad
Ciertamente,
como subraya Luis Martínez Camps, la cobertura sanitaria del agua
del grifo en nuestro país es segura al 100%. "El agua es el
producto más vigilado del mundo. En Barcelona, hacemos más de mil
controles diarios en la red y le aseguro", indica, "que se puede
beber entre dos y cuatro litros diarios durante 70 años sin que
pase absolutamente nada". De hecho, según el mismo responsable de
AGBAR, la mitad de los barceloneses bebe agua del grifo y el 80%
la utiliza para cocinar. En su opinión, el elevado consumo de agua
embotellada responde a lo que los técnicos llaman la percepción
organoléptica del agua, determinada por el color, el sabor, el
olor y la temperatura, pero también a la asociación con un cierto
estatus social. Sea como fuere, los barceloneses valoran menos el
agua que procede del río Llobregat que la que proviene del Ter y
cabe pensar que no se equivocan en esta apreciación ya que la del
Llobregat, más contaminada en origen por las antiguas
explotaciones mineras de la cuenca, requiere para su uso potable
mayores tratamientos de depuración.
Pero,
establecida la garantía sanitaria, lo que cuenta es la calidad del
agua que consumimos. Otra de las directivas comunitarias, la
140/2003, adoptada por España el 1 de enero del pasado año,
endurece notablemente los requisitos necesarios para obtener la
calificación de potabilidad. Y como esa exigencia será total y de
obligado cumplimiento en enero de 2009, España tendrá que realizar
un gran esfuerzo inversor en el tratamiento y optimización de la
calidad del agua de boca, que supone únicamente el 2% o 3% de la
que consumimos en las ciudades.
Dos o tres euros por mil litros
La "directiva
2000/60" supone toda una revolución porque emplaza al Gobierno a
cobrar a sus ciudadanos no sólo el coste del agua, que no es otra
cosa que el coste de la conducción del agua al lugar en que se
demanda, sino también el coste ambiental, algo mucho más difícil
de calibrar, en efecto, pero no por ello menos real, e incluso el
"coste de oportunidad", el precio que obtendría en el mercado del
agua. "Calculo que con estos criterios el precio real del agua
urbana en España estará entre los dos y los tres euros por metro
cúbico (1.000 litros), afirma el secretario general para el
Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano. Según esa
referencia, las comunidades urbanas estarían pagando el agua en
España a menos de la mitad de su coste, puesto que aunque las
diferencias varían notablemente -desde 1,97 euros por metro cúbico
de Baleares a 0,71 de Navarra y La Rioja-, el precio medio del
agua para uso urbano en España se situó en 2003 en 1,10 euros por
metro cúbico. Es una cifra superior a la de ciudades italianas
como Turín (0,59 euros), pero menor a la de la mayoría de las
capitales europeas: Estocolmo (1,42), Ginebra (1,68), Bruselas
(1,85) y, desde luego, muy inferior a la de ciudades alemanas como
Zúrich (3,78) y Hamburgo (4,20).
También los
precios del agua para regadíos son substancialmente diferentes en
uno u otro punto de la geografía española -desde los 35 céntimos
por metro cúbico del agua desalada en Murcia, hasta los 20
céntimos del agua subterránea y en uno o dos céntimos de las aguas
superficiales-, aunque no faltan casos en los que el agua es
gratis total porque no se abonan los recibos. Según el Libro
blanco del agua, publicado por el anterior Gobierno, en España se
paga el 10% del precio real del agua de uso agrícola. A nadie se
le escapa que el propósito de cobrar el agua a su coste choca
frontalmente con una cultura ancestral que considera que éste es
un recurso libre y sin precio que el Estado está obligado a
suministrar. Esa mentalidad imperante cree que la escasez se
resuelve con nuevos trasvases y juzga un despilfarro todo lo que
sea verter agua al mar.
Ninguno de los
responsables gubernamentales consultados en este reportaje
discute, por lo demás, que el cobro efectivo del agua a su coste
supondría el descalabro para muchos agricultores que disponen de
unos márgenes de rentabilidad muy reducidos. La directiva europea
permite las excepciones justificadas y da un plazo para la
recuperación total de costes que alcanza hasta el año 2010, lo que
posibilita un incremento escalonado de los precios, pero, con las
salvedades que se quieran, el cobro efectivo del agua de uso
agrícola resulta a medio plazo ineludible. Primero, porque la
nueva política del agua que impulsa la Unión Europea tiene,
obviamente, como objetivo reducir la demanda. Y segundo, porque la
agricultura consume en nuestro país el 80% de los recursos
hídricos, mientras que la industria y los hogares se reparten el
20% restante a partes iguales. Eso convierte a la agricultura en
el objetivo prioritario de cualquier plan de control y ahorro.
"Hay que actuar e introducir un elemento de racionalidad, ya que
la demanda de un bien que no tiene precio es ilimitada", repiten
altos responsables del Ministerio de Medio Ambiente.
Activar el regadío por teléfono
Poner coto a la
expansión del regadío -en los últimos 10 años se han creado
350.000 nuevas hectáreas-, resulta, por lo visto, la condición
indispensable para aplicar una política "sostenible" del agua en
España. El otro problema es la contaminación de los suelos por el
abuso de fertilizantes y abonos. "El efecto contaminante de los
fertilizantes se manifiesta a los 15 años cuando se depositan en
la capa freática y por eso nos estamos encontrando ahora con
muchos suelos y aguas contaminadas", dice Antonio Serrano,
secretario general para el Territorio y la Biodiversidad. "Esas
aguas se pueden tratar, en efecto, para reutilizarlas en el uso
doméstico, pero requieren procedimientos sumamente caros porque no
basta con los filtros y los aportes de cloro".
La idea de que
el agua se despilfarra profusamente en la agricultura, sobre todo
en las cuencas altas de los ríos, está muy presente entre los
estudiosos y responsables medioambientales aunque quien más quien
menos huye de las declaraciones altisonantes para evitar
recalentar una atmósfera sometida ya a muy altas presiones. "Ésa
es una apreciación que en el ministerio de Agricultura percibimos
como lejana, distante de la realidad", apunta Fernando Moraleda,
sin dejar de admitir que el riego a manta, por inundación de las
tierras, constituye todavía la práctica habitual de la mitad de
los agricultores.
A su juicio, la
idea de que las poblaciones urbanas padecen restricciones por
culpa de los excesos en la agricultura adolece de simplismo. "Esa
visión parte de la idea, equivocada, de que existe una única
fuente de la que mana el agua que se distribuye por toda España,
cuando la realidad es que hay miles de fuentes y que todo es mucho
más complejo". Partidario de una interpretación flexible de la
directiva europea, el secretario general de Agricultura prefiere
hablar de la necesidad de modernizar los regadíos y de sellar las
conducciones y acequias deterioradas por donde se pierde el 25%
del agua.
"Nuestro
objetivo", destaca, "es modernizar un millón de hectáreas
instaurando el goteo y toda la última tecnología informatizada.
Con un teléfono móvil y desde cualquier lugar del mundo, hoy
podemos poner en marcha el regadío e introducir los abonos por la
misma conducción del agua e incluso detectar al instante las
pérdidas. En España disponemos de la mejor tecnología del mundo en
materia de riegos y tenemos que aprovecharla", indica. Se calcula
que la modernización de un millón de hectáreas de regadíos puede
suponer el ahorro de 1.600 hectómetros cúbicos, casi el triple del
consumo anual de toda la comunidad de Madrid.
El diferente peso del factor agua
No es
exactamente un secreto que las relaciones entre los ministerios de
Agricultura y de Medio Ambiente están sujetas a lo que podría
llamarse la "tensión creativa", resultante de las diferencias
entre perspectivas que ponen el acento, bien en la producción o
bien en la sostenibilidad. "En ocasiones, manejamos ópticas
distintas pero nuestras relaciones son muy provechosas, hasta el
punto de que todas las decisiones las tomamos por consenso",
indica el secretario general de Agricultura. Junto al proyecto de
crear un banco público del agua que complemente al mercado actual
de aguas subterráneas, ambos ministerios analizan en la actualidad
un estudio sobre la estructura del coste de cada cultivo por
cuencas que establece los márgenes de rentabilidad existentes y
estima la incidencia de una eventual primera subida del precio del
agua.
El aumento
general del precio del agua, asunto al que la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Carbona, evita poner fecha, repercutiría de
manera muy diferente en el campo español. Mientras que la
agricultura de interior dispone de agua pero difícilmente podría
pagarla a su coste real, la del arco mediterráneo, altamente
rentable y productiva, no debería tener dificultades para absorber
los nuevos precios. Ésa es al menos la opinión del director de la
sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed,
Adrián Baltanás. "El factor agua supone menos del 5% del coste de
la producción agrícola en Almería y entre el 5% y el 10% en
Murcia. Hay que tener en cuenta", añade, "que el invernadero, el
modelo más rentable, exige una inversión por hectárea de varios
cientos de miles de euros y que el precio de las semillas es cada
vez mayor porque también son cada vez más sofisticadas". Es
cierto, que en muchos casos, la agricultura no es ya un medio de
vida, sino una industria, un sector económico -Mario Conde y la
duquesa de Alba figuran entre los agricultores españoles más
subvencionados-, en el que se invierten y se ganan grandes sumas
de dinero.
La lógica
económica impulsa a conducir el agua a los terrenos de máxima
rentabilidad, pero ya no es posible ignorar los costes materiales
de esas obras, ni las repercusiones sociales de llevar esa lógica
a su extremo. ¿Hay que sacrificar a la agricultura de las cuencas
altas? ¿Permitir que continúe el despoblamiento de provincias que,
como dice gráficamente Fernando Moraleda, "caben en un estadio de
fútbol"? No pocos expertos vaticinan que la globalización acabará
con la agricultura de secano en cuanto la UE y EE UU levanten sus
últimas barreras proteccionistas y que la única agricultura
española con futuro capaz de competir con la marroquí o la
chilena, es la que ya se desarrolla en determinadas áreas del arco
mediterráneo, una agricultura industrial muy tecnificada capaz de
producir, casi sin tierra, cualquier cosa en cualquier temporada.
Arroz subvencionado en el desierto
En estos
momentos en los que la UE reconsidera su Política Agraria Común
(PAC), una pregunta clave es si hay que seguir subvencionando -con
6.000 millones de euros anuales, la agricultura española es la más
subvencionada de la Unión, detrás de la francesa- cultivos
extensivos como la remolacha, los cereales, el maíz o el algodón
que consumen mucha agua, salinizan los suelos y dan un rendimiento
económico escaso. ¿Tiene sentido seguir subvencionando el cultivo
de arroz en el desierto de Los Monegros? Para casi nadie es un
secreto que hay agricultores que plantan exclusivamente por las
subvenciones y que en ocasiones ni siquiera se molestan en recoger
la cosecha.
Fernando
Moraleda contraataca preguntando si hay que dejar que las leyes
del mercado sigan despoblando el campo español. "¿Qué le cuesta
más al Estado: resolver los problemas derivados de los cinturones
de pobreza que se crean en torno a las ciudades o asentar los
núcleos de poblaciones rurales? ¿Y qué papel juega el precio del
agua en todo esto? ". El turismo rural y la artesanía son algunas
de las actividades alternativas que los expertos europeos
recomiendan para las poblaciones rurales que trabajan una
agricultura de subsistencia pero, obviamente, la reconversión de
los agricultores no es siempre posible. Sin caer en el
paternalismo cursi de quienes ven a los agricultores como "los
jardineros del paisaje" que hay que proteger a toda costa, parece
claro que España necesita un modelo de ordenación y desarrollo
territorial más equilibrado y sostenible que ponga fin al éxodo
rural y a la masificación costera y urbana.
Obviamente, la
cuestión, el reto, es asegurar la sostenibilidad del sistema,
conciliar territorialmente las demandas de un recurso escaso y
codiciado, aplicar una política respetuosa con las directivas
europeas que asegure el ahorro y el reparto inteligente y
equitativo. "Y por qué un agricultor aragonés va a renunciar a
plantar melocotoneros para que los plante uno de Murcia?",
pregunta, a su vez, Eugenio Nadal, ex presidente de la
Confederación del Ebro y consultor de la Diputación de Aragón.
"¿En nombre de qué debe renunciar a esa actividad? Ningún trasvase
puede justificarse ya en los regadíos. La única solidaridad
exigible en el terreno del agua es la que afecta al consumo
humano", sostiene.
"Hay que
plantearse la utilidad y el coste de los pantanos porque tampoco
se le puede exigir a un ciudadano de Soria que financie con sus
impuestos obras que benefician exclusivamente a otros", señala el
presidente del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez. "¿Se
puede invocar a la solidaridad con Marbella o Benidorm para pedir
a los pueblos humildes de comarcas de montaña que acepten ser
inundados y desaparecer?", pregunta, a su vez, Pedro Arrojo. Se
diría que en el terreno del agua, la España pobre se rebela contra
la España desarrollada, pero, como subraya el profesor Arrojo, "la
nueva cultura del agua que necesitamos no es de izquierdas ni de
derechas, ni tiene por qué enfrentar a unos territorios con otros.
De lo que se trata", indica, "es de responder al reto de la
sostenibilidad".
Para ser
encauzada, esta cruda polémica que atraviesa a España de norte a
sur y de este a oeste necesita un consenso político, un pacto de
Estado por el agua. "Si no se produce un gran consenso nacional
sobre el agua, esto acabará siendo un desastre", predice el
director general del Agua, Jaime Palop.
El fin del modelo de presa y
trasvase
-
España se ve abocada a buscar nuevos sistemas de
administración del agua. Se impone un drástico cambio de
cultura: gestionar la escasez
-
Las 130 presas previstas en el Plan Hidrológico
Nacional tendrán que superar un riguroso filtro de rentabilidad
económica y social antes de obtener la luz verde del Ejecutivo.
El Gobierno se esfuerza en paliar el déficit hídrico del Levante
con una batería de medidas que, según sus críticos, no
conseguirán aportar los recursos establecidos en el frustrado
proyecto del trasvase del Ebro.
JOSÉ LUIS
BARBERÍA
EL PAÍS -
29-06-2005
Más allá de la
polémica generada en torno al trasvase del Ebro, derogado por el
Gobierno tras un debate envenenado en el choque de intereses
territoriales, estamos asistiendo en España al abandono del modelo
de gestión de los recursos hidráulicos que Joaquín Costa -todo un
mito en la historia de la política hidráulica española- impulsó a
finales del siglo XIX. Ese modelo, que tuvo su apogeo en la
posguerra franquista -la típica imagen del dictador inaugurando
pantanos-, se sustentaba en la idea de aprovechar al máximo el
agua existente para producir energía eléctrica y asegurar el
abastecimiento de la población y el regadío en un país atrasado,
mayoritariamente agrícola.
Presas,
pantanos, embalses, conducciones y centrales eléctricas han
constituido a lo largo de ese largo siglo la tarea ciclópea de un
Estado convencido de que el dominio de las aguas abría paso al
progreso, como así fue. "Al margen de la falta de legitimidad del
régimen franquista, hay que reconocer que ese modelo de fuertes
inversiones estatales y de subvenciones públicas contribuyó a un
patrimonio de infraestructuras que es lo que nos permite hoy dar
el paso a una gestión sostenible. Fue eficaz en su tiempo, aunque
en las últimas décadas haya tenido una evolución puramente
vegetativa", apunta el director de la empresa pública Acuamed,
Adrián Baltanás. De hecho, las curvas de productividad y
rentabilidad, tanto de las obras de producción de energía
hidroeléctrica como las de embalse y trasvase realizadas en los
últimos tiempos marcan una clara tendencia descendente.
"La totalidad de
las presas previstas en el Plan Hidrológico Nacional (130) van a
ser sometidas a un filtro de rentabilidad económica y social, y me
atrevo a pensar que la gran mayoría no superarán ese filtro",
afirma la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. "Nos hemos
encontrado con embalses que no tienen a quién abastecer porque se
iniciaron cuando existía una demanda que ha desaparecido y con
presas terminadas hace 10 años que están a la espera de que se
hagan las conducciones. El sistema no da más de sí, lo estamos
viendo nosotros y nos lo dice la Unión Europea y la comunidad
científica", sostiene la ministra.
Las
dificultades del cambio de modelo
Aunque, entre
los especialistas, casi nadie rechaza el recurso a nuevos embalses
-"la presa no es buena, ni mala, depende"-, parece claro que la
vieja política del regeneracionista Joaquín Costa debe dar paso a
una nueva. "El sueño de la razón produce monstruos", cabría decir,
a tenor de la mirada crítica con que se analiza la realidad
presente. Después de haber compartido esa misma utopía -el
anteproyecto de Plan Hidrológico de Josep Borrell de 1993
contemplaba, incluso, la interconexión de cuencas-, los
socialistas españoles han despertado bruscamente a la necesidad de
cambiar la política del agua tras el timbrazo de alarma que han
hecho sonar los organismos internacionales y, particularmente,
tras la "directiva comunitaria 2000/60", adoptada por España. Sin
prácticamente debate interno, los socialistas han tenido que
familiarizarse a marchas forzadas con términos y conceptos como "ecohidrología",
"principio de no deterioro", "régimen ambiental mínimo",
"sostenibilidad hidrológica", "biodiversidad", que son de uso
corriente entre los expertos. "Nos hemos acostado trasvasistas y
nos hemos levantado medioambientalistas", reconoce un militante
socialista vinculado a la gestión política del agua.
Ciertamente, la
Ley de Aguas de 1985 que sustituyó a una legislación centenaria,
ya incorporó la necesidad de proteger los recursos hídricos y
condujo, de hecho, a la anulación de algunos de los grandes
proyectos por su elevado impacto ambiental, pero ese cambio
legislativo apenas se tradujo en medidas concretas. La poderosa
inercia del viejo modelo ha seguido pesando en los Gobiernos
españoles y es ahora con el ensayo de aplicación de la directiva
europea 2000/60 cuando empieza a producirse el cambio, un cambio
radical. "Al igual que otros países de características similares a
las nuestras: California, Portugal, Chile, Grecia o Australia,
llevamos ya varios años a caballo entre dos modelos de gestión de
recursos hídricos", indica Adrián Baltanás. "Y nuestro problema",
subraya, "es cómo hacer este tránsito, cómo pasar de un modelo a
otro". No puede decirse que la sequía esté contribuyendo
precisamente a facilitar las cosas. "El reto del agua en España es
también desdramatizar la situación, tenemos recursos suficientes
para asegurar el suministro urbano y una legislación que, al
contrario que la estadounidense, nos permite dar prioridad al
suministro de las ciudades", apunta el director de Acuamed.
El profesor de
Economía de Zaragoza Pedro Arrojo subraya, por su parte, que de lo
que se trata es de gestionar y repartir la escasez, no la
abundancia. "Seguir con la política de más y más presas sin
preguntarse por su utilidad y rentabilidad real es como regalar
monederos a los pobres, entre otras razones, porque, como se está
viendo", dice, "tampoco hay agua con que llenar esos embalses".
Frente al modelo clásico desarrollista español que fía la solución
del problema a los embalses y trasvases, sin preguntarse demasiado
por el impacto medioambiental, la directiva europea establece que
el agua es el soporte indispensable de la biodiversidad y de los
ecosistemas a proteger, al tiempo que emplaza a los Gobiernos a
asegurar el abastecimiento sin dañar la vida de los ríos, de los
acuíferos y de los deltas. La fórmula de las autoridades
comunitarias para conseguir un uso eficiente del agua es que el
consumidor pague el coste de la conducción y el coste ambiental.
Debate territorial, más que ideológico
La realidad de
la situación ilustra bien tanto sobre los límites del viejo
modelo, ya superado, como sobre las insuficiencias actuales del
modelo alternativo que acaba de nacer. Así, las aportaciones del
trasvase Tajo-Segura han posibilitado una agricultura altamente
productiva, pero no han impedido el consumo por encima de los
recursos disponibles ni el agotamiento progresivo de embalses y
aguas subterráneas. "En mi cuenca, el déficit hídrico ha aumentado
en los últimos 10 años de forma escandalosa por las urbanizaciones
y el aumento de los regadíos", dice el comisario del Segura,
Miguel Aldeguer. "La situación ha llegado al punto", enfatiza, "de
que en la zona de Calasparra, por ejemplo, se están utilizando una
veintena de pozos para poder beber".
Hay dos
planteamientos de fondo que pugnan en el tránsito de uno a otro
modelo: el que juzga prioritario llevar el agua al terreno en el
que se genera la riqueza, y el que considera que cualquier
proyecto económico debe asentarse previamente sobre sus propios
recursos. Son planteamientos condicionados por la opinión
comúnmente aceptada de que la Administración no se puede
desentender de los cultivos agrícolas más rentables, ni tampoco
ignorar que el aumento del precio del agua a su coste arruinaría a
gran parte de la agricultura menos rentable y contribuiría a la
despoblación rural. Como tampoco se puede obviar que las
comunidades autónomas de aguas arriba se resisten a traspasar a
zonas más ricas un recurso escaso y revalorizado que necesitan
utilizarlo para su propio desarrollo. Pese a la intensa
polarización política y a la confrontación existente entre las
comunidades gobernadas por el Partido Popular y el Ejecutivo
central, éste es un debate más territorial que ideológico.
El agua, en manos de los ingenieros
En su libro
Ideas y propuestas para una nueva política del agua en España, el
especialista en planificación ambiental Antonio Estevan y el
premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2000 José Manuel
Naredo afirman que la esencia del cambio inspirado por la
directiva marco europea es el tránsito desde una política
sectorial "extractiva", como la minería o la pesca, hacia una
política de carácter, primero ambiental y luego sectorial. "La
política del agua", indican, "va ganando cada vez más un carácter
territorial, y adquiriendo la transversalidad propia de este tipo
de políticas".
El presidente
del Colegio de Geólogos, Luis Eugenio Suárez, atribuye a ese
carácter sectorial la ignorancia existente en nuestro país sobre
las aguas subterráneas. "Aunque la cuenca del Júcar es
deficitaria, la mitad de sus acuíferos están por estudiar y la
otra mitad mal estudiados. El problema de fondo", dice, "es que la
política de Aguas se ha confundido con la política de Obras. De
hecho", añade, "hasta hace ocho años, la Dirección General de
Aguas estaba en el Ministerio de Obras Públicas y por esa misma
razón el 75% de los funcionarios superiores y medios del
Ministerio de Medio Ambiente son ingenieros". En su opinión, las
confederaciones hidrográficas y la política de Aguas deben ser
reformadas para dotarlas de un carácter pluridisciplinar. "Hay que
poner un caudalímetro en cada pozo y estudiar y controlar las
aguas subterráneas para acabar con la sobreexplotación y la
contaminación", concluye.
A caballo entre
dos modelos, los expertos medioambientalistas españoles analizan
las experiencias obtenidas en países con problemas parecidos que
se han colocado a la vanguardia del cambio. "En California, un
país similar a España, el modelo de las grandes infraestructuras
hidráulicas financiadas con dinero público fue puesto en crisis
precisamente por los responsables económicos", explica el
presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo.
"Sacaron las cuentas y vieron que en la mayoría de los casos esa
estrategia de grandes inversiones públicas no era rentable porque
los gastos no se compensaban ni con la electricidad ni con los
beneficios de los regadíos. En zonas saturadas como Los Ángeles,
el criterio imperante", señala, "es que cualquier proyecto que
pretenda ponerse en marcha ha de tener asegurado el suministro
suficiente de agua por sus propios medios, porque la
Administración no va a facilitársela. Han llegado a la conclusión
de que sólo les interesa el desarrollo sostenible que aporta
calidad de vida".
El uso útil del río
Según Pedro
Arrojo, el nuevo modelo implica un gran cambio de mentalidad. "En
EE UU, muchos ríos han pasado a ser considerados parques fluviales
y en algunos sitios se están desmontando presas, devolviendo al
río su curso original. En esas áreas protegidas, el concepto de
uso útil ha cambiado radicalmente porque", dice, "ahora el uso
útil del río se basa precisamente en ser río, y se genera riqueza
gracias a la pesca y al turismo que busca los parajes limpios y
gratificantes. Han comprendido que al cargarse los ríos y los
bosques se estaban cargando las gallinas de los huevos de oro. De
la misma manera que aquí no se nos ocurre ver en la playa de La
Concha de San Sebastián una gran cantera de arena, allí han dejado
de mirar al río como a un simple canal de agua".
Al otro lado del
debate, la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Medio
Ambiente, María Teresa de Lara, establece un paralelismo, que
otros juzgan ya imposible, entre el reparto del agua y la
distribución de energía eléctrica. "En España hay regiones que
producen energía y otras que no, pero la energía llega a todas
partes. Pues con el agua debería ser igual", sostiene. Es un
discurso que da prioridad absoluta al desarrollo -"antes que
desarrollo sostenible debe haber desarrollo", apunta- y que se
fundamenta en la idea de que hay agua para todos, y sin necesidad
de subir los precios. "No estoy a favor del incremento de los
precios del agua porque eso supondría colocar al campo español en
inferioridad de condiciones", indica.
Frente a quienes
con argumentos económicos, sociales y medioambientales
descalifican el proyecto de trasvase del Ebro descartado por el
actual Gobierno, la diputada del PP sostiene que esa obra resolvía
eficazmente parte de los problemas. "Se está creando una tensión
social enorme", comenta, "porque los agricultores del Levante han
invertido mucho dinero en los riegos por aspersión y en la
modernización, y ahora ven que el porvenir no se les presenta muy
halagüeño".
Tampoco
Francisco Cabezas, principal valedor técnico del trasvase del Ebro
en el anterior Ejecutivo, cree que el déficit hídrico del Levante
se resolverá con las medidas adoptadas por el actual Gobierno.
"Estoy a favor de la desalación, la modernización de los regadíos,
la reutilización de las aguas y el ahorro, pero eso", asegura, "no
resolverá el déficit existente. La gente está angustiada por miedo
a que se pierda la industria agroalimentaria de la zona y yo creo
que tarde o temprano habrá que hacer el trasvase si se pretende
dotar de agua al Levante". Ex subdirector general de Planificación
Hidrológica en el anterior Gobierno, Francisco Cabezas es
partidario, sin embargo, de detener la expansión de los regadíos,
así como del incremento de los precios del agua. "Pero no se puede
cobrar el agua a su coste total, eso no se hace en ninguna parte",
sostiene.
La tecnología abre una ventana
En cualquier
caso, el progreso en las técnicas de desalación de aguas salobres
o de agua de mar ha abierto un ventanal a la esperanza que ni los
más acérrimos trasvasistas se atreven hoy a negar. Descartada
hasta hace unos años por su elevado coste, la desalación se
presenta como una alternativa posible a los trasvases gracias al
abaratamiento espectacular de la producción conseguido últimamente
con la técnica de ósmosis inversa. "Si en el año 70 gastábamos 22
kilovatios por cada metro cúbico, ahora desalamos normalmente con
3,5 kilovatios por metro cúbico y en algunos sitios hemos
conseguido ya producir a 2,6 kilovatios", subraya el presidente de
la Asociación Española de Desalación y Reutilización, José Antonio
Medina. El precio del agua desalada, un dólar por metro cúbico
hasta hace unos años, oscila actualmente, entre 0,45 euros y 0,71
euros por metro cúbico, incluyendo las amortizaciones, señala José
Antonio Medina. Este precio sigue siendo superior al establecido
en el proyecto del trasvase del Ebro, aunque no pocos expertos
opinan que las cifras anunciadas por el anterior Ejecutivo estaban
lejos de corresponderse con la realidad.
Sea como fuere,
la desalación es la alternativa, complementaria o no, que la nueva
política ofrece a las comunidades con déficit hídrico, muy
particularmente a las que vieron en el trasvase del Ebro la
panacea que iba a resolver sus problemas. De hecho, el programa
Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (AGUA) fía a
la desalación la obtención y recuperación anual de unos 600
hectómetros cúbicos anuales, más de la mitad del objetivo (1.060
hectómetros cúbicos), establecido en un plan que cuenta igualmente
con las aportaciones derivadas de la modernización de regadíos
(190 hectómetros cúbicos) y de la reutilización de las aguas
depuradas (140 hectómetros cúbicos). A la espera de que los costes
lleguen a reducirse todavía más, los expertos reconocen que, hoy
por hoy, la desalación únicamente resulta rentable para el
suministro de agua en puntos situados en una cota inferior a los
400 metros.
No deja de ser
paradójico que un país como España, no caracterizado precisamente
por su inversión tecnológica, se haya convertido en pionero en las
técnicas de desalación, además de situarse en la vanguardia de las
energías alternativas. "Tenemos 10 grandes empresas con un potente
capital tecnológico, cosa que no existe en ninguna otra parte del
mundo, tampoco en EE UU", indica José Antonio Medina. "Nuestras
empresas están ganando contratos en medio mundo: en EE UU, en
China, en India, en Argelia, en México, en el Reino Unido...,
porque estamos a la cabeza de las técnicas de desalación y
reutilización". España es el primer país en desalar agua para la
agricultura y el quinto en desalar agua de mar, una clasificación
que encabezan Arabia Saudí y los Emiratos Árabes.
Actualmente, las
900 desaladoras existentes, en su mayoría de reducido tamaño,
producen 1,6 millones de metros cúbicos de agua al día, el 2,3% de
la que se utiliza en el conjunto de España, pero esta cifra
debería aumentar notablemente cuando entren en funcionamiento -no
será antes de 2007- las 15 grandes plantas en proyecto. El
problema de los vertidos de las salmueras, la concentración de
sales que implica el proceso de desalación, parece haberse
resuelto satisfactoriamente con los emisarios submarinos que las
reparten lejos de las praderas de algas poseidonias, tan
importantes para garantizar la reproducción pesquera. Estimuladas
por una realidad que obliga a hacer de la necesidad virtud, las
empresas españolas -la asociación del sector cuenta con 58 firmas,
algunas especializadas en el bombeo y la distribución- han
encontrado en el mar el recurso ilimitado que puede paliar el
déficit hídrico del arco mediterráneo y contribuir a que España
afronte el futuro del agua con mayor optimismo.
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