Ángel Garcés, profesor de Derecho Administrativo

"Las leyes de Aragón bastarían para frenar las grandes presas"

Luisa PUEYO. JACA.- Ángel Garcés, profesor de Derecho Administrativo, asegura que bastaría la voluntad política para que Aragón, con sus propias leyes, pusiera en apuros al Gobierno central y, por un conflicto de competencias, obstruyera las grandes obras hidráulicas previstas. El Gobierno español ha aprobado con precipitación una Ley de Aguas, para presentar una situación hecha de cara a la nueva directiva europea.

Ángel Garcés, que recientemente participó en Jaca en las jornadas organizadas por la Asociación Río Aragón, explica que la nueva directiva europea en materia de agua, aprobada el pasado día 7 del presente mes, implica que "cualquier obra hidráulica deberá justificarse con un estudio económico, y su coste, que no será sólo material, sino también ambiental, deberá recaer sobre los beneficiarios. Esto significa que no se van a hacer grandes obras, porque a nadie le interesa pagar".

"La directiva trata de conseguir mejor eficacia en el uso y tratamiento del agua. La UE sabe que el coste del agua no se paga ni por aproximación y por eso trata de que a partir de ahora las obras de regulación dejen de ser obras de ingeniería. Una comunicación de la Comisión Europea señala cómo hay que intervenir en políticas como la agraria común (PAC), y que se ha de sancionar a los regantes ineficientes, que deben ver reducidos sus ingresos por ayudas de esta PAC", señala Garcés, quien recuerda que "España, con unas prisas enormes, aprobó el año pasado una Ley de Aguas que gira en torno a la obra hidráulica, y no a la modernización del regadío. La precipitación tiene que ver con la aprobación de la nueva directiva, lo mismo que la elaboración del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, que es el que puede establecer los trasvases. De esta forma, se trata de presentar una situación hecha cuando comiencen los efectos de la directiva".

Sin embargo, desde Aragón podrían obstruirse las grandes obras previstas si la administración autonómica "cumpliera con sus propias leyes, recién aprobadas: las de Espacios Protegidos, Pesca, Patrimonio Cultural o las Directrices Generales del Pirineo. Bastaría la voluntad política para poner al Estado en un brete por un conflicto de competencias. Solo que estas obras cuentan con el acuerdo del Estado y la comunidad autónoma".

Para Garcés, el tema del agua es "un mito en Aragón desde hace un siglo, que obedece a un modelo político concreto, por intereses muy específicos. Tras este mito está el timo. Detrás de algún pantano que no se ha movido ni un centímetro cúbico ya hay 1200 millones de pesetas en informes. Hay que explicar permanentemente las falsedades del mito para afrontar siquiera algunas de las consecuencias del gran timo que existe en España respecto a las grandes obras hidráulicas". Mientras, Europa plantea una política que va a producir efectos en las próximas décadas irremediablemente, "y que es contraria a la legislación española -que deberá modificarse siguiendo los parámetros de esta directiva-, y a las políticas estatal y autonómica en relación al tema del agua".