Lo que sucede con buena parte de las competencias del Ministerio de Medio Ambiente sólo se puede comprender si imaginamos que, tras la creación de un departamento para la Paz, quedaran entre sus actividades, por ejemplo, la fabricación de armamento pesado y los regimientos de intervención inmediata.

La contradicción se produce porque la mayor parte de las actividades de la casa de doña Isabel Tocino se han dedicado a las infraestructuras relacionadas con el preciado líquido. Mientras que por enésima vez ha quedado pospuesta una mínimamente coherente Ley del Agua, sí se han impulsado decenas de actuaciones sobre las vapuleadas cuencas hidrográficas para encadenarlas todavía más a funciones alejadas, cuando no enemigas, de la salud ambiental.

Este país debe acometer un plan hidrológico leído desde la escasez y no desde una ilimitada oferta del recurso. Esta nueva sequía lo confirma. Pero no se ha dado paso significativo alguno para potenciar un ahorro que según muchos expertos puede suponer hasta un 30%. Recordemos que con relativamente pocas inversiones, menores en cualquier caso que lo que cuesta la construcción de un solo embalse, se pueden evitar pérdidas en las conducciones, ayudar a la implantación masiva de microrriegos y estimular la adquisición de economizadores domésticos. Acciones que, de realizarse, convertirían lo escaso en suficiente. No hacen falta, pues, nuevos embalses.

Otra evidencia es que no sobra agua, ni siquiera allí donde llueve con moderada generosidad. Y eso invalida la pretendida inexorabilidad de los trasvases. Algo que debería haber movilizado ya la amnistía para nuestro más vital recurso y para los que están ahora mismo encadenados en las puertas del ministerio de la señora Tocino.

Aunque el periodo electoral eclipsa buena parte de lo relevante, no podemos esconder que decenas de ciudadanos, de casi todas las autonomías, se están turnando en la protesta, que al mismo tiempo está siendo apoyada por la práctica totalidad de las ONG de conservación de la naturaleza. Y más concretamente por las seis organizaciones más serias y representativas de la Península Ibérica como son Greenpeace, Adena, SEO, Ecologistas en Acción, Consejo Ibérico y Amigos de la Tierra. Entre todas ellas suman unos 150.000 asociados; por tanto, el 90% de los militantes ecologistas de nuestro entorno. La presencia de grupos portugueses que se oponen a la insolidaria política de agua española y a la construcción de la que será la mayor presa de Europa, la de Alqueva, internacionaliza la protesta. A la que se adhieren algunos sindicatos como CC OO, CGT y USO, así como partidos, caso de IU y la Chunta Aragonesista.

Todos ellos en realidad son animadores de una protesta que mana de una serie de enclaves que no desean desaparecer para siempre. Es el caso de los ribereños del pantano de Yesa, que se pretende hacer tres veces más grande de lo que es en la actualidad, a pesar del peligro de la inestabilidad de las laderas o de la desaparición de un tramo del camino de Santiago. Menos mal que esta destrucción del pasado tiene dispensa de don Manuel Fraga, que leyendo el pensamiento celestial nos ha comunicado que el apóstol Santiago perdonará la mutilación.

Un país con ya demasiados embalses está amenazado por anegamientos estériles, por nuevos naufragios económicos, sociales y ambientales. Como sucederá en Viscarrués, Santaliestra, Jánovas, Lechago, Genal, Melonares, Velacha, Castrovido, Lumia, Matarraña, Itoiz, Hoz Garganta, Valderrobles, El Val y Breñas.

Y no se trata sólo de la destrucción del pasado, también la del futuro de los que protestan. Estos planes confirman el fracaso de políticas que, además de no conseguir los objetivos que pretendidamente querían alcanzar, tampoco palian los efectos de la sequía. Por el contrario, empeoran contundentemente la salud de los cursos fluviales y de las cuencas hidrográficas, que siguen siendo la unidad básica de organización de los paisajes, donde todos queremos seguir viviendo.

Desencadenados, claro. Y con agua libre y limpia...