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ANTONIO CALVO ROY
Profesor y activista
Pedro Arrojo (Madrid, 1951) es profesor de análisis
económico en la Facultad de Economía de la Universidad de
Zaragoza y presidente de la Fundación para una Nueva Cultura
del Agua.
Pregunta. ¿Qué es la nueva cultura del agua?
Respuesta. Muy resumido, se puede decir que es aplicar
al agua menos hormigón y más inteligencia y ver los ríos
como algo más que como corrientes de H2O. Es la nueva
cultura del desarrollo sostenible en materia de agua, pero
eso exige explicar qué es desarrollo sostenible, así que
suelo dar un ejemplo. Igual que ahora miramos un bosque y
sabemos que es mucho más que un almacén de madera, la nueva
cultura del agua invita a mirar los ríos y a entender que
son mucho más que canales de H2O. Es entender que un
ecosistema, además de agua que puede usarse para producir,
es paisaje, identidad territorial, identidad de los
colectivos y comunidades sociales, valores lúdicos y
culturales, valores de vida... Y que a través de esos ríos
se articula vida en el continente y en los mares. Los ríos
no se pierden en el mar, fertilizan las plataformas
litorales, y muchos peces del mar dependen de los ríos. Y si
hay playas es por la erosión de los ríos, así que las
industrias turísticas dependen también de los ríos. La
cultura del agua es entender esta complejidad de
ecosistemas.
P. ¿Cómo lo articulan en un movimiento social?
R. Un compañero, Javier Martínez Gil, catedrático de
Hidrogeología, es quien me involucró con los colectivos que
se oponen a la construcción de grandes embalses. Como buen
hidrogeólogo, considera que la clave son las aguas
subterráneas, y es él quien dice que hace falta menos
hormigón y más inteligencia. Creó el término nueva cultura
del agua, algo que empieza a surgir hacia 1993-1994, cuando
nace una coordinadora de afectados por grandes embalses y
trasvases, justamente cuando Borrell lanza su anteproyecto
de plan hidrológico. Entonces, multitud de pueblos, con
alcaldes de todos los partidos, se enteran por la prensa de
que pueden ser inundados, y son escépticos de que sus
partidos defiendan sus intereses, por lo que llaman a los
colectivos ecologistas en su auxilio.
P. ¿La sociedad entiende esa nueva cultura?
R. En la sociedad es algo nuevo y aún no comprendido
del todo. Los funcionarios públicos expertos que gestionan
los ríos están llegando ahora a estos conocimientos, pero en
la comunidad científica ya se entiende desde hace tiempo.
P. ¿Y la economía, que suele mirar el corto plazo, lo
entiende?
R. Hay que recuperar el concepto aristotélico de
economía, con la distinción que él hacía entre economía y
crematística. La economía es el arte de bien administrar los
bienes de la casa, y la crematística, sólo una parte de esos
bienes, los de mercado. Si sustituimos casa por planeta
tenemos una buena definición de la modernísima economía
ecológica.
P. ¿Ayudaría a entender lo que valen los intangibles
de la naturaleza el ponerles precio?
R. ¿Cuánto vale la catedral de Burgos? Si le pones
precio y mañana llega uno a comprarla, ¿qué haces? ¿Por
cuánto vendes a tu madre? Transformar los intangibles en
moneda es más un ejercicio pedagógico de cara a una sociedad
en la que nos han vendido que todo lo que vale se
intercambia por dinero, que es una grave deformación
cultural.
P. Pero socialmente puede haber una idea de que madre
y catedral no tienen precio, pero ¿no sería útil saber el
precio de un río?
R. Hay que hacerlo, pero, insisto, más por un aspecto
pedagógico que no de intercambio de valor. Trabajar con
vectores es más difícil; por ejemplo, con valores de
biodiversidad, que no es una medida económica, o con valores
culturales, éticos, de las generaciones futuras... Lo
importante es saber que la economía tiene que incorporar en
sus decisiones valores no monetarios.
P. Y recordar, como decía Machado, que sólo el necio
confunde valor y precio.
R. Y a Unamuno, que dice que un río es el alma de un
paisaje. ¿Cuánto vale el alma? Pues no tiene precio, no se
vende, es como el Museo del Prado, que no entra en el mundo
del intercambio. Pero con frecuencia son valores que llevan
a tomar decisiones con valores de mercado, por eso hablo de
las decisiones multicriterio. En esto hay dos corrientes.
Una es la economía ambientalista, que toma las decisiones en
función del coste-beneficio, internalizando las
externalidades ambientales y sociales; es decir, pongamos
valor y precio a todo y miremos cuánto valen las cosas en
euros. Y hay otra forma, la economía ecológica, en donde los
mecanismos de decisión son multicriterio. No te empeñas en
dar la salud de tu hígado en euros, ni la dignidad, ni la
ética, ni el valor de un paisaje, aunque haya aspectos que
puedas llevar al mundo crematístico. Por ejemplo, estoy
dirigiendo una tesis doctoral sobre el embalse de
Biscarrués, y hacemos un análisis de lo que vale ese río en
términos monetarios, y sale al final que ese barranco del
río Gallego tiene un valor patrimonial de 6.000 millones de
las antiguas pesetas. Pero si alguien viniera a comprarlo,
no lo vendería, porque mañana valdrá 20.000 millones, porque
una sociedad más informada valorará más esos bienes. ¿Cuándo
vale la playa de San Sebastián?
P. Pero, sin embargo, vivimos en un mundo que pone
precio a todo.
R. Sí, hechas estas salvedades, creo que para discutir
los valores ecológicos es importante darse cuenta de hasta
qué punto son importantes esos valores naturales en nuestra
economía, en la economía que estamos viviendo ahora. Por
ejemplo, en Biscarrués se ve un valle impresionante que será
inundado por un embalse si no lo sabemos evitar, y que se
hará para tener más maíz y más electricidad. Es como
asomarse a la Concha de San Sebastián y ver ahí una hermosa
cantera de arena para la construcción. Es no entender nada
de economía, es no entender que ese lugar es hoy más valioso
como playa que como arena, igual que ese río es más valioso
como río que como agua. Además, un río es una depuradora
natural, y las depuradoras artificiales cuestan miles de
millones de euros.
P. ¿Se consideran las obras hidráulicas como fines y
no como medios?
R. Ése es el problema. Cuando empecé a interesarme por
los asuntos del agua pasé un día por la Confederación
Hidrográfica del Ebro y pregunté por el gabinete económico.
Me dijeron que allí lo que tenían era un contable. Es decir,
hay dinero y hay que gastarlo en obra hidráulica, sin más.
Cuando contabilizamos hoy los costes del gran hormigón,
costes directos de la obra, expropiaciones, etcétera, más
costes indirectos, como los ecológicos, de medio y largo
plazo, sólo la obra nos lleva a un precio del agua por
encima de las 30 pesetas metro cúbico amortizando con ese
coste a 50 años. Y el agua ahora se paga a dos pesetas, así
que lo demás lo pagamos entre todos. Y si consideramos lo
que produce hoy la obra hidráulica como beneficio esperable,
de electricidad, de agricultura y de otros usos, nos
encontramos con unos balances muy negativos. Por ejemplo, la
presa de Itoiz supone a 50 años una expectativa de pérdida
de 150.000 millones de antiguas pesetas.
P. Pero el Plan Hidrológico Nacional (PHN) se hace
también para crear nuevos regadíos.
R. Construir hoy una hectárea de regadío en el valle
del Ebro o del Duero, con los grandes embalses y canales,
viene a costar entre tres y cuatro millones de pesetas, y
esa misma hectárea puesta en el mercado te la compran por la
mitad. Es como fabricar coches que nos cuestan cuatro
millones y que vendemos a dos. Ahí es donde digo que hay que
ser razonables, y que una cosa es impulsar el desarrollo
rural y otra el regadío.
P. Entonces, ¿por qué se hace el Plan Hidrológico
Nacional?
R. Recoge las inercias que han mitificado el regadío
productivista, pero hay que preguntarse: ¿es bueno producir?
Pues depende a qué precio y a qué coste. Hemos cerrado minas
que producían, acerías, astilleros..., porque en los
mercados esa producción no era competitiva. Hoy es rentable
modernizar regadíos, pero no es rentable hacer, como propone
el PHN, 1.200.000 nuevas hectáreas de regadío, algo que ya
nadie se cree. El dinero se invierte, y eso da prestigio
político y negocio para las empresas de construcción y las
eléctricas que ponen la turbina, pero ya no es verdad que se
vayan a hacer grandes regadíos.
P. ¿Por qué no se ha reformado?
R. Ése es el problema, cómo no se ha reformado el PHN
a la luz del Plan de Regadíos. Eso es lo que en su día
defendió Loyola de Palacio, y por defenderlo demasiado acabó
saliendo del Gobierno, a un puesto prestigioso, pero lejos.
¿Qué explicación tiene hacer una presa para algo que no va a
ser vigente? Pues el negocio del hormigón y el de la turbina
que se pone debajo de la presa. Ésa es una parte, la otra
parte del PHN son los grandes trasvases al litoral
mediterráneo, la parte más dinámica, en la que el Gobierno
ha puesto más interés. De los 120 embalses, sólo los grandes
embalses pirenaicos servirán para regular, y ésos son los
que el Gobierno impulsa con mayor rapidez. Biscarrués,
Itoiz, Yesa... El Gobierno dice que regulará desde el gran
embalse de Mequinenza, más abajo, pero para eso tiene que
expropiárselo a su propietario, que es Endesa, y eso no
tendría sentido si ha hecho los grandes embalses del
Pirineo. Es una mezcla de hacer favores a las eléctricas y a
las constructoras, y al mismo tiempo la base de regulación
del trasvase al Mediterráneo, que es la espina dorsal del
plan.
P. ¿Para hacer allí regadíos que sí son rentables?
R. El plan prevé que un 53% de las aguas es para
regadíos y un 47% para usos urbanos y turísticos. Sin
embargo, lo primero que hizo el Gobierno en esta
legislatura, con el apoyo de CiU, fue cambiar la Ley de
Aguas de 1985 para legalizar e impulsar los libres mercados
de aguas públicas, aunque todavía no ha hecho la normativa.
Y lo que hace ahora el PHN es olvidarse de los mercados por
un tiempo para buscar la financiación pública de las obras.
Se pretende poner en el litoral mediterráneo más de mil
millones de metros cúbicos de aguas subvencionadas por el
erario público cada año. Los privilegiados que reciban agua
del trasvase podrán decidir si la usan para hacer naranjas o
si la venden a los urbanistas que están alrededor de
Terra Mítica, que pagarán más de lo que renta la
naranja. Por eso algunos sindicatos agrarios dicen que les
han engañado, que quien va a decidir el objetivo final del
agua del trasvase serán los mercados privados de aguas
públicas, uno de los grandes negocios especulativos sin
precedentes en España. Tenemos, entonces, tres grandes
negocios escondidos en la trastienda del plan: el del
hormigón, el de la hidroeléctrica y el de la especulación
con las aguas públicas, cuyo destino final, sin duda, será
el urbanismo.
P. ¿El urbanismo pagará lo que cueste esa agua, aunque
aún no se sabe cuánto será?
R. Ésa es otra de las grandes cosas que el Gobierno no
dice. Primero hizo unos cálculos generalistas, mal hechos
por errores de datos y por introducir trampas contables en
lo que yo llamo un ejercicio de prevaricación técnica en el
cálculo económico de los trasvases. Se hacen trampas
económicas sabiendo que son trampas. El único dato que ha
dado el Gobierno, allá por el año 2000, es que las aguas
costarán de media 0,31 euros el metro cúbico; pero si se
hacen los cálculos bien hechos, la cifra se coloca en más
del doble. Pero eso no es lo significativo. Lo importante es
que no se puede pagar lo mismo por agua en Castellón que en
Almería. Cuando el precio se reparte de acuerdo a los costes
proporcionales que supone cada tramo del trasvase, se ve que
el agua llegará a Almería a 1,5 euros, y a Murcia, a un
euro.
P. ¿Cuánto cuesta ahora el metro cúbico ahí?
R. El agricultor murciano y almeriense paga hoy en los
libres mercados de aguas subterráneas entre 20 y 30 céntimos
de euro. Todo lo que pase de 35 céntimos no será admitido
porque ya hay recursos a ese precio. Y ahí es donde hay que
preguntarse por la parte financiera; es decir, ¿quién paga
esto? El Gobierno sigue sin decirlo y está preparando un
gran fraude público con el dinero del erario público. En el
único documento publicado de carácter financiero aparecen
las tarifas, y ahí el Gobierno reconoce, sin decir por qué,
que los cálculos que había hecho de lo que cuesta llevar el
agua -porque el agua no va, hay que llevarla, hay que
subirla y bajarla, bombearla-, reconoce, digo, que se había
equivocado y que esa energía costará el doble. Un error del
ciento por ciento.
P. ¿Cómo se reparte la financiación?
R. El balance de costes globales, los tres mil y pico
millones de euros que cuesta, vienen de tres fuentes.
Primero, supone que el 30% lo pondrá la UE a fondo perdido,
lo que es más que dudoso. Otro 30% proviene directamente del
erario público, pero con trampas contables, teóricamente
dineros que se recuperarán sin intereses. Y el 40% restante
será financiación privada con créditos avalados por el
Estado.
P. ¿Cuáles son las trampas contables?
R. Del 30% de erario público se dice que el Estado no
recuperará ni un euro hasta dentro de 50 años, pero en ese
tiempo no se descontará la inflación, lo que en términos
reales es un regalo. Pero además la tarifa que se cobra por
el agua no se emplea en devolver esos dineros, sino que se
usa para pagar el 40% que viene de financiación privada, en
préstamos a un 4%, integrada la inflación, que estima en un
2%. Eso supone que espera conseguir el 40% de la inversión
con una tasa de beneficio del 2% para el prestatario, y eso
no es posible en los mercados de capital salvo que el Estado
lo avale, que es lo que se hará, porque habrá quiebra. Se
supone que el capital privado estará amortizado en 25 años,
vía tarifas, y después de esos 25 años los beneficios
producidos por tarifas se acumularán en un fondo de
capitalización, que producirá beneficios con los que al
final de los 50 años se pagará el 30% sin intereses que
invirtió el erario público. Con lo cual el dinero que tenía
que estar entrando en las arcas del Estado sirve para
producir beneficios con los cuales pagar al final. Para mí
son trucos contables, ingeniería financiera fraudulenta para
el erario público. El resultado es que el 30% de capital
público se convierte en la práctica en una entrega de dinero
a fondo perdido, lo que quiere decir que el 60% de la
inversión total del PHN es a fondo perdido. Y aun a pesar de
eso, como el coste energético es tan elevado, el coste medio
del metro cúbico según los datos del Gobierno es de 32
céntimos de euro, más que lo previsto en el año 2000.
P. ¿Es una cifra fiable?
R. No. Ahí hay que corregir errores tan sencillos como
que no puedes cobrar por lo que no entregas. El propio plan
dice que uno de cada cinco años la sequía impedirá llevar
agua, y esa merma de ingresos no está recogida, se olvida.
Además, las demandas para regadíos, el 53%, son reales, pero
las urbanas, no; son demandas para dentro de 25 años, así
que tampoco puedes cobrar a Barcelona un agua que no te han
pedido, y eso también se olvida. Y se olvida también que
necesariamente habrá pérdidas en el transporte, de al menos
el 10%, y no se contabilizan. Estos fallos obvios, no
discutibles, llevan a considerar que el precio se pone más
alto que el precio del agua ahora. En Murcia, el agua tendrá
un coste de 40 céntimas de euro, teniendo en cuenta que el
60% de la obra lo paga el erario público, cuando ahora están
pagando no más de 30 céntimos, lo que va a significar que
digan: yo no quiero esa agua. Entonces vendrá la quiebra.
P. ¿Entonces, no es más barato hacer plantas
desaladoras?
R. Sí. El agua de desaladora se coloca en la mitad de
lo que costaría el agua del trasvase en Murcia, y en pago
real, similar a lo que van a pagar, si fuera necesario. El
problema del agua desalada, porque si no se piensa que el
Gobierno es tonto por no hacerlo, es que las subvenciones
hoy están pensadas para infraestructuras, no para
mantenimiento, lo que favorece al hormigón y no a la
desalación; pero la ley europea empieza ya a hablar de
recuperación íntegra de costes, así que eso cambiará.
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