La Vanguardia Digital. 1 de marzo de 2001
DEBATE. Los desafíos del agua
Un plan hidrológico inaceptable
PEDRO ARROJO
En la lectura de la memoria económica del
Plan Hidrológico Nacional que tuve que hacer para elaborar el
dictamen que me requirió el Ministerio de Medio Ambiente, fui
pasando de la esperanza, al constatar una primera parte de
exposición metodológica seria, a la decepción, al apreciar la
falta de rigor con la que luego se aplicaba en la práctica,
para terminar en la indignación, por la manipulación que
acababa haciéndose de conceptos y metodologías básicas, bajo
la obsesión de justificar a toda costa el proyecto. En este
sentido, desde el rigor del análisis económico, la memoria del
plan llega a incurrir en lo que debería calificarse como
prevaricación técnica, por cuanto, más allá de lícitas
divergencias en enfoques o datos, se deforma conscientemente la
metodología coste-beneficio, alterando gravemente los
resultados.
Inflar unas 110 ptas./m3 el llamado valor de
oportunidad de las aguas urbanas, dar periodos de amortización
de 50 años a infraestructuras como instalaciones de bombeo, que
tienen estándares de 15 a 25 años, "olvidar" los
costes derivados de la masiva regulación de caudales que exigen
estos trasvases, así como los de depuración de las aguas
trasvasables, caracterizadas oficialmente como de mala calidad,
sesgar a la baja las expectativas de costes energéticos,
considerar como beneficios los costes laborales en la
agricultura... son algunos de estos inaceptables errores.
Simplemente rectificándolos se pasa de los 700.000 millones
positivos del estudio oficial, a unas pérdidas de al menos
400.000 millones de pesetas.
Por otro lado, el análisis presenta costes medios, estimados en
unas 53 ptas./m3, eludiendo distribuirlos en cada
tramo, lo que supondría más de 100 ptas./m3 en
Murcia y Almería (que serían más de 150 ptas./m3
desde cálculos rigurosos). Con ello se intenta oscurecer la
irracionalidad que representa asumir estos costes cuando la
desalación de aguas marinas supone hoy entre 70 y 90 ptas./m3.
Se intenta ocultar la masiva subvención pública, más de 100
ptas./m3, que exigirán estos trasvases a Murcia y Almería, si,
tal y como prevé el Gobierno, se acaban ofreciendo las aguas a
30 ptas./m3 para "no desbordar los precios a los
que, de hecho, están actuando los mercados de aguas subterráneas,
privadas, actualmente".
Ante la perspectiva de tan descomunal esfuerzo público
(conviene no olvidar que el dinero que se pretende traer de
Bruselas es tanto de todos los españoles como el que procede de
nuestros impuestos), sería pertinente tomar en consideración
quienes, en concreto, serán los beneficiarios, más allá de la
demagogia populista de "los pueblos que mueren de
sed". En este sentido, no olvidemos que en un acto previo,
el PP, con el apoyo de CiU, reformó la ley de Aguas para
liberalizar los mercados de aguas públicas, lo que abre un
nuevo escenario en el que se preparan suculentos negocios en
todo el litoral mediterráneo. En concreto, los mercados de
aguas urbano-turísticas en alta (gestión de aguas urbanas),
arrancando de esas 30 ptas./m3 bajo subvención, podrán
subir hasta las 70-90 ptas./m3 de la desalación.
Ciertamente, es un buen negocio, coherente con el contexto de
desgobierno e insostenibilidad que impera, tanto en materia
urbanística como de regadíos ilegales y "alegales";
desgobierno responsable de ese llamado déficit estructural que
pretende justificar la política trasvasista en nombre de una
pretendida solidaridad de los territorios menos desarrollados
para con actividades especulativas en los más desarrollados.
No menos graves prometen ser los impactos ambientales de este
faraónico plan. Por un lado, en torno a un centenar de nuevos
grandes embalses amenazan pueblos, valles y parajes naturales de
singular valor. El Recrecimiento de Yesa, Biscarrués y
Santaliestra, en el Pirineo aragonés, con cientos de familias a
punto de ser sacadas de sus casas a punta de pistola, como en
los mejores tiempos del franquismo, ya suscitaron recientemente
una huelga general regional sin precedentes en Europa, que
curiosamente fue silenciada en los medios de comunicación.
El delta del Ebro, el segundo patrimonio en biodiversidad de la
Península, tras Doñana, se hunde a razón de 3 mm/año (el mar
crecerá a otros 3 mm/año, por cambio climático y fusión de
masas polares), por falta de sedimentos, y se saliniza, mientras
sus caudales se degradan por contaminación, amenazando en
estiaje situaciones de colapso biológico. En estas condiciones,
los informes de la Universidad de Barcelona recomiendan
desterrar la caracterización de cuenca excedentaria y la
introducción de modernos criterios de gestión de sedimentos
que exigirían crecidas controladas que al tiempo permitirían
fertilizar las degradadas pesquerías de costa y las
potencialidades marisqueras.
En este contexto, las movilizaciones ciudadanas son importantes.
Es necesario exigir un debate público serio y riguroso.
Permitir al Gobierno esta política de hechos consumados, antes
de que se trasponga la directiva marco de aguas recientemente
aprobada en Bruselas, que, por cierto, entra en flagrante
contradicción con este plan, sería una grave irresponsabilidad
histórica.
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