"Revista de Estudios Territoriales del Pirineo Aragonés", n.º 2: 9-11, invierno 1999-2000

Los impactos no declarados de Yesa

José Luis Bartolomé Navarro. Jefe del Servicio de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaca

Los negativos efectos territoriales que para la comarca de la Jacetania supuso la construcción del actual embalse de Yesa deben ser recordados a la hora de valorar las consecuencias de la ejecución de un proyecto de recrecimiento que multiplicaría por tres el actual embalse. En la memoria colectiva de esta comarca se guarda el recuerdo de los tres pueblos (Ruesta. Tiermas y Escó) desaparecidos y la marcha forzada de sus gentes, las más de mil quinientas hectáreas de fructífero regadío anegadas, el turístico balneario de Tiermas inundado y la dinámica en que se "sumergió" a la zona de la Alta Zaragoza, que desde entonces ha estado a la cabeza del triste ranking de los índices de despoblamiento, envejecimiento y descenso de actividad económica de todas las comarcas aragonesas. No fue sólo eso.

A este efecto directo habría que sumar otros que no por olvidados fueron igual de brutales: cuarenta y cinco kilómetros aguas arriba del pantano debió procederse por vía de urgencia a despoblar un valle entero, la Garcipollera, desapareciendo cinco pueblos y acabando con un modo de gestionar y mantener el territorio que había funcionado durante siglos, pero que dadas las características geológicas e hidrográficas del valle, aportaba a través del río Ijuez un nivel de arrastres y sedimentos que podían hacer colmatar rápidamente el vaso de Yesa. El valle se convirtió en una gigantesca repoblación forestal, sus gentes también tuvieron que marchar forzosamente y de una gestión natural se pasó a la gestión artificial, del aliento humano al aliento burocrático. Eso sí, la carretera inexistente hasta ese momento fue construida en cuanto el último habitante abandonó el valle, lo que demuestra que la táctica de ofrecer carretera por embalse no es un invento de las "restituciones" actuales.

El ejemplo sirve para ilustrar los efectos territoriales que la implantación de una infraestructura hidráulica de la magnitud del embalse de Yesa provoca y que se pueden extender muchos kilómetros a la redonda, haciendo desaparecer cualquier rastro de actividad económica, social y cultural; haciendo desaparecer, en definitiva, el propio territorio y su historia.

En el elenco de las infraestructuras necesarias para el progreso del hombre moderno (carreteras, trenes, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, equipamientos...) ninguna despliega unos efectos territoriales tan devastadores a su alrededor como un gran embalse de regulación.

Es obligado reconocer, sin embargo, que el coste infringido puede ser en determinados casos necesario en función de las circunstancias socioeconómicas de una sociedad. La España de los tiempos de la construcción del actual embalse era una sociedad agraria que necesitaba articular un proceso de acumulación de inversión y transformación del sector primario para dar el "salto" a la sociedad del despegue industrial y la urbanización. Con tasas de dedicación al sector primario de más del 30 % y una participación del mismo en PIB del 40% la "revolución" agraria que supusieron los planes de regadío del anterior Régimen eran la condición necesaria para el despegue económico que se produce en nuestro país a partir de los años sesenta. Obedece a un modelo de crecimiento económico que es de manual, y que en la actualidad siguen aquellos países que tienen la desgracia de llevar un retraso que los equipara a la España de los cincuenta y que están efectuando grandes transformaciones de regadío (Turquía, Marruecos...) y que de no ser por las restricciones y el proteccionismo de la Política Agraria Comunitaria (PAC) llenarían con sus productos nuestros mercados, algo que dado el callejón de inviabilidad financiera en que se halla sumida la PAC, unido al acoso internacional que presiona para su desmantelamiento en los aspectos arancelarios y proteccionistas no tardará en llegar.

Es evidente que la España y el Aragón de 1998 no son, afortunadamente, los de los años cincuenta. Nuestra sociedad ha alcanzado un nivel de homologación en el marco de integración de la Unión Europea que nos convierte en una sociedad postindustrial, donde el peso del sector primario ha descendido a niveles del 7-8% de nuestra población activa y del 5-6 % de nuestro PIB. La política agraria de la UE se encamina decididamente, a través de la Agenda 2000, a una política que abandone el productivismo y proteja la actividad y la dedicación, en el marco de unos parámetros de sostenibilidad ambiental y territorial.

En este marco resulta fundamental aclarar que cuando se habla de política hidráulica se habla de política de regadíos: el 90 % de los recursos hídricos regulados en Aragón se consumen en los grandes sistemas de regadíos. El tan traído y llevado proyecto de suministro de agua de Yesa a Zaragoza --y que es la mayor obra hidráulica proyectada con destino exclusivo de uso urbano e industrial, a la que se debe reconocer su necesidad y su carácter de obra necesaria en una sociedad moderna- sólo va a consumir, en la hipótesis más desfavorable, 90 Hm3 frente a los 1.500 Hm3 que se pretenden almacenar en el nuevo Yesa recrecido.

Cuando uno analiza los tópicos anacrónicos de este continuismo hidráulico que se predica y del que el recrecimiento de Yesa es un exponente fidedigno, no puede por menos que reconocer la perplejidad que supone no encontrar absolutamente ninguna razón técnica de orden socioeconómico, y por tanto territorial, que avale la justificación del proyecto. Estimaciones del propio Ministerio de Fomento colocan el coste marginal del metro cúbico de agua regulado en los nuevos proyectos como el del recrecimiento entre 25 y 30 pts.; es imposible internalizar en una función de producción de un regadío hoy en día dicho coste a no ser que se cultive hoja de coca, pero no creo que vayan por ahí los tiros. Como mucho se puede hacer frente a repercusiones de 3-4 pts./m3, y eso a costa de seguir manteniendo una subvención del producto final. La transtormación hoy en día de una hectárea de regadío en los grandes sistemas dependientes de las grandes infraestructuras como Yesa no sale por menos de tres millones y medio de pesetas cuando su valor de mercado está en un millón y medio aproximadamente. La creación de un puesto de trabajo, con estos números, no baja de 130 millones de pesetas, mientras que con esa cantidad se pueden crear diez puestos de trabajo en el sector industrial o en el de servicios.

El recrecimiento de Yesa no vale los 24.000 millones de pts. que se dice. Eso es el presupuesto contemplado en el proyecto de ¡1986! Hoy un cálculo realista no lo baja de 50.000 millones, a los que habría lógicamente que añadir la construcción de un nuevo canal, ya que el actual va colmatado en su capacidad al estar dimensionado para el embalse actual, circunstancia que aunque parezca mentira no se prevé en el proyecto, y que supondría como mínimo una cifra igual o superior a la del propio embalse.

Todos estos datos no son extraídos de estudios "alternativos' o de fuentes no fiables; se recogen en los estudios que la antigua Dirección General de Planificación Territorial, dependiente del MOPTMA, elaboró con motivo de la confección del Plan Director de Infraestructuras.

El estudio coste-beneficio del recrecimiento de Yesa arroja tasas de rendimiento inviables desde el punto de vista de la eficiencia económica de la inversión. En un contexto de convergencia económica y de obligado control del gasto público ninguna institución europea va a permitir invertir un solo euro en semejante disparate económico-financiero. Pero hay más, los días del agua gratis para todos tocan a su fin. La propuesta de Directiva Marco Comunitaria de Política de Aguas, presentada por la Comisión Europea el 15 de abril de 1997 (DOCE 176/97) y que se tramita en estos momentos, va a convertir en obligatorio un principio de pura racionalidad económica cuya lógica es aplastante: los beneficiarios de un proyecto de estas características deberán pagarlo. Así de claro. Así de sencillo. Antes del año 2010 los Estados miembros deben garantizar la internalización de los costes generados por las infraestructuras hidráulicas en los hogares, las industrias y la agricultura eliminando las ayudas directas y las subvenciones cruzadas existentes ahora. Se acabaron los argumentos mitológicos, religiosos o raciales tan usados por los defensores de los tópicos al uso, para conseguir pantanos, trasvases, etc.

El gran problema del que ha partido todo este discurso irracional que acaba siempre dando la solución de hacer un pantano más grande, o de proyectar un trasvase, ha sido precisamente éste: las infraestructuras hidráulicas las hemos pagado todos en general, y las zonas afectadas en particular, para que el agua haya sido utilizada como un factor productivo, que a coste cero ha servido para obtener plusvalías privadas en forma de regadíos, de kilovatios o de reclasificaciones urbanísticas.

Dentro del marco de la Unión Monetaria, el mantenimiento del binomio costes públicos-beneficios privados tiene bastante mala prensa, y si hay un sector en donde en nuestro país dicha función ha llegado a límites desproporcionados de ayudas directas y subvenciones cruzadas ha sido precisamente en el ámbito de la política hidráulica.

No se trata de hablar de la ordenación territorial, o más bien de la "desordenación" territorial, que el recrecimiento de Yesa conlleva desde el punto de vista de la "equidad". Sí que es cierto que desde dicho punto de vista parece que la razón nos asiste: la misma comarca sacrificándose otra vez no parece que sea lo más justo cuando existen soluciones alternativas previstas en el propio Plan Hidrológico de Cuenca que paliarían ese "déficit" aguas abajo: bastaría con alcanzar el objetivo de eficiencia que señala el propio PHC, el 60 %, modulando dotaciones y renovando red de distribución (en estos momentos el sistema de Bardenas se encuentra en una eficiencia entre el 40 y el 45 %, según recoge el propio PHC) y construir las piezas de regulación que el propio plan prevé ejecutar en la misma zona beneficiaria (balsas de regulación en tránsito del sistema de Bardenas, embalses de Luna, Biota, Malvecino, etc ...). Lo justo o equitativo sería que quien demanda agua cumpliese antes con sus obligaciones de ahorro, de mejora de sistemas de riego y de autorregulación, y sólo cuando esos "deberes", que son además determinaciones legales del plan, estuviesen cumplidos, plantease la regulación y la afección externas.

Plantear, sin embargo, criterios de equidad y justicia distributiva es harto delicado. Su apreciación, por fuerza, es puramente valorativa y ya se sabe que donde hay más votos hay más que valorar. Por otra parte, las grandes decisiones que se toman en el marco de nuestra sociedad tienen hoy en día mucho más que ver con la eficiencia que con la equidad, y es precisamente en el terreno de la eficiencia donde los proyectos como el recrecimiento de Yesa han perdido toda la justificación que, a lo mejor, pudieron tener en su día. No obstante hay que hacer hincapié también en el carácter socialmente regresivo que este gasto público conlleva, cómo con los recursos públicos se pretende "recalificar" miles de hectáreas de determinados propietarios que poco o nada tienen que ver ya con la figura del colono agricultor que pobló nuestras zonas de transformación en los años sesenta.

Indefendible en todo su planteamiento, lo peor de toda esta dinámica desatada es que desde hace ya años constituye un auténtico secreto a voces que el recrecimiento en las dimensiones del proyecto actual es inviable y despilfarrador. Cada año que pasa la obra proyectada y toda su secuela de destrucción e impacto se vuelve más anacrónica. Anacrónica por su insostenibilidad ambiental desde el punto de vista de una valoración general del Pirineo y concreta de la Canal de Berdún, como apunta José Manuel Nicolau en esta misma revista; anacrónica por su ineficiencia económica, de la que se han avanzado algunos datos; y anacrónica, en definitiva, por responder en sus macro-proyecciones a un discurso y a una cultura de los recursos naturales en general, y de los hidráulicos en particular, superadas por la realidad social de nuestro país.

Los retos de futuro de las infraestructuras territoriales que una sociedad convergente y cohesionada con Europa se plantea son hoy las redes de telecomunicaciones y telemáticas, la alta velocidad ferroviaria, las autovías, los aeropuertos y las plataformas logísticas de distribución de mercancías. También se deberán abordar nuevas regulaciones hidráulicas, pero su justificación vendrá dada por otros parámetros ambientales, económicos y sociales en los que proyectos como el recrecimiento forman parte ya de la historia. La histérica carrera emprendida por sus particulares y contados beneficiarios por acelerar, en este último año, su construcción, es una carrera contra la lógica del tiempo. Tengamos la serenidad y la prudencia de no cometer otro daño irreversible más. A las puertas del siglo XXI una sociedad desarrollada y moderna como la aragonesa no puede reproducir la imagen de un pueblo entero inundado, y dos más expropiados, con sus gentes abandonando siglos de vida y cultura bajo toneladas de agua y barro, condenando un pedazo de nuestro Pirineo a la nada silenciosa de la muerte provocada por la sinrazón.