Miércoles, 6 de septiembre de 2000
FERNANDO LÓPEZ-VERA
Un problema de gestión
El esperado Plan Hidrológico Nacional (PHN) da por fin a luz tras una larga gestación de 15 años. Y tan larga espera ¿para qué? La principal aportación del Plan es el trasvase de 1.000 hm3 anuales del río Ebro a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La solución técnica y la política inspiradora son las mismas que utilizó Manuel Lorenzo Pardo en 1933 -durante la República- al diseñar el Plan Nacional de Obras Hidráulicas y en él, el trasvase Tajo-Segura, por encargo del entonces Ministro de Fomento, Indalecio Prieto.

Es obvio que hoy las necesidades sociales, la organización del estado y la tecnología disponibles no son las mismas que a principios del siglo XX. Entonces la política hidráulica tenía como objetivo incrementar la producción de alimentos y las rentas de los agricultores mediante el cultivo en regadío, así como la generación de hidroelectricidad. Esta política estaba basada en la construcción de obras de infraestructura que financiaba el estado. En la actualidad, tras dos revoluciones verdes, la producción de alimentos en nuestro país no es un problema y la población agrícola y su peso económico se ha reducido drásticamente. Si bien es cierto que la agricultura presenta una problemática compleja pendiente aún de resolver tanto a nivel nacional como de la UE.

 Los principales problemas que plantea hoy el agua son de índole medioambiental, social y de una mejor gestión económica. El agua, como bien social, es el agua que necesitamos para nuestra alimentación e higiene, y debe ser satisfecha por las administraciones públicas al mismo nivel que la salud y la educación. Desgraciadamente esto no es así para una buena parte de la población que sufre restricciones de agua, que se agravan en época de sequía. La calidad del agua de los abastecimientos es otra de las grandes asignaturas pendientes en la política del agua. Quizás porque la mayoría de la población se conforma con que salga agua por el grifo y se resigna con la calidad de la misma sin que los movimientos vecinales y de consumidores puedan forzar una solución por su debilidad. El agua de uso domestico, por su naturaleza, no debería generar plusvalías.

La única política medioambiental posible respecto al agua es la que conduzca a restaurar el flujo de agua en los ríos y acuíferos y conservar su calidad. En estos momentos muchos ríos están cerrados, esto es, las presas de embalse no vierten ni una sola gota de agua. En estas condiciones es imposible que un pez pudiera desplazarse desde la cabecera a la desembocadura y consecuentemente los ecosistemas fluviales están destruidos o sufren un fuerte estrés con el consecuente perjuicio para nuestra calidad de vida.

Esta situación medio ambiental es el resultado de la vieja política, que consideraba que el agua que fluía libremente al mar era agua perdida, política que se perpetúa en el PHN, que incrementa la regulación del Ebro.

Por otra parte, el desorden que aún impera en la explotación de las aguas subterráneas cada vez lleva a más acuíferos a su agotamiento, sin que la declaración administrativa de sobreexplotación parezca ser una solución eficaz.

Casi el 90% del agua usada en nuestro país lo es en los sectores industrial, de servicios y la agricultura, generando importantes plusvalías. Desde este punto de vista, el agua que se aplica en estos usos es un bien económico y, aunque el agua no es una mercancía, si es susceptible de ser gestionada con criterios de rentabilidad económica y social, aplicando las leyes del mercado y los modernos instrumentos de la economía.

 El PHN que se presenta no diferencia las funciones sociales, ambientales y económicas del agua y las mete todas, de forma interesada, en el mismo paquete invocando el principio de solidaridad de forma genérica. La solidaridad puede darse entre individuos o colectividades cuando se trata de compartir el uso social del agua, pero no tiene sentido invocar la solidaridad entre grupos y sectores empresariales que son competencia, a parte de que esta estrategia provoca los enfrentamientos de las llamadas guerras del agua.

El PHN parte de un principio económico consistente en suponer que existen excedentes de agua en unas zonas y trata de redistribuirla hacia zonas que considera deficitarias. Desde el punto de vista hidrológico no existen cuencas excedentarias, a no ser que se consideren como tales los ríos que aún aportan algún caudal al mar, violando el mas elemental principio de conservación medioambiental. Las zonas supuestamente deficitarias tampoco son tales, como se ha argumentado en numerosas ocasiones. Se trata en verdad de una apetencia de agua en ocasiones poco justificada. Durante estos últimos años se han celebrado cursos, congresos y seminarios que ponen de manifiesto que el problema no es de recursos sino de gestión.

 Fernando López-Vera es catedrático de Hidrogeología y vicepresidente del Club del Agua Subterránea.
 

http://www.el-mundo.es/diario/2000/09/06/sociedad/06N0068.html