La pasada primavera estuvieron
sentados en el banquillo, en la Audiencia de Madrid,
varios exaltos cargos de la Administración española,
concretamente de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, de la de Medio Ambiente y de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Un juicio como ése no se ve todos
los días; era excepcional por la "categoría" de los
encausados. Pero no trascendió apenas a la prensa. Ya no
digamos a la de ámbito estatal: tampoco a la aragonesa, o
al menos a su órgano de mayor difusión, pese a que lo que
se enjuiciaba era la legalidad de la tramitación de la
principal obra hidráulica en marcha en estas tierras, la
del recrecimiento del pantano de Yesa. El Periódico de
Aragón sí cubrió la noticia suficientemente: fue la
excepción.
Contra todo lo esperado, dada la
gravedad de las acusaciones (prevaricación, riesgo
catastrófico, falsedad en documento público, delito contra
el patrimonio histórico, contra los recursos naturales y
el medio ambiente) y la claridad de las pruebas aportadas
(sobre las irregularidades seguidas en la tramitación de
la Declaración de Impacto Ambiental, la falta de estudios
sobre riesgos sísmicos, la incompatibilidad de algunos
altos cargos políticos con su presencia en empresas
constructoras beneficiadas por la obra...), todos los
acusados fueron absueltos por el tribunal.
Pese a que la sentencia ha sido
recurrida, y no sólo por la acusación particular, sino por
la propia Fiscalía, cundió entonces la euforia en la
prensa aragonesa. Abundaron, ahora sí, los artículos
extensos y aliviados, si no triunfantes, sobre el tema.
Pero el que más me ha llamado la
atención fue el publicado en la "Tribuna Ajena" del
Heraldo de Aragón el pasado 27 de junio, firmado por
José Enrique Ocejo, decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Aragón, titulado
"Judicialización perversa" (https://www.heraldo.es/pdfs/visoraragon.html?pagina=22&cuaderno=PRI&fecha=20060627).
Sería tedioso comentarlo por
extenso, aunque dan ganas porque no tiene desperdicio. A
ver: el demandante era el Ayuntamiento de Artieda,
principal perjudicado por la obra, aunque sus acusaciones
las amplió luego, para sorpresa de muchos, la propia
Fiscalía. ¿Qué hacía ese Ayuntamiento? Recurrir a los
cauces que el sistema le da para defenderse en una
situación, cual es el recrecimiento de Yesa, que les
condena poco menos que a la aniquilación. Y que, además,
tiene trazas muy claras de haberse tramitado de forma
irregular, por decirlo a lo fino. Se defienden, con las
armas que el Estado de derecho pone en sus manos, para
tratar de sobrevivir.
Esa actitud, que creo yo que cabe
en la cabeza de cualquiera, no cabe por lo visto en la del
Sr. Ocejo, para quien "en los tiempos que corren se está
abusando desaforadamente de los resquicios que una ley
justa permite", pues "aprovechando la figura del delito de
riesgo, quienes quieren oponerse a determinadas obras
tienen la posibilidad de plantear querellas criminales",
con la indeseada consecuencia de que "se atemoriza a los
técnicos y se dilatan los plazos de ejecución
innecesariamente".
"Con esta estrategia de
judicializar los proyectos y las obras públicas -añade- se
perjudica al interés general de la nación, al
funcionamiento de las administraciones públicas [...] y,
finalmente, hasta se perturba la labor de los juzgados",
por lo que, sentencia, "lo que está pasando ha de tener un
límite".
Nada de dar oportunidades de
defenderse a los afectados: "Las cuestiones técnicas deben
ser de exclusiva competencia de los profesionales, mientas
que las discrepancias sobre la necesidad de unos proyectos
u otros deben acotarse al terreno de la política y del
debate público". Los afectados, a callar. En todo caso,
deben hablar los ingenieros: "Quizás las asociaciones
profesionales involucradas tendremos que decir algo más
que esto sobre el particular". Joder, menos mal que no son
militares.
El Sr. Ocejo termina
retratándose claramente: "En adelante, intentemos ver
la única cara de Yesa, la del desafío técnico. [...] Por
una vez, estemos orgullosos al acometer una obra de
vanguardia y sin precedentes en España dada su gran
magnitud".
Oh, dioses, vamos a relamernos de
gusto: qué cantidad de toneladas de hormigón, qué
magnífica altura la de la presa, qué presencia tan potente
tendrá en el paisaje del valle, si hasta se integrará en
el entorno o, si me apuras, lo mejorará, como afirman en
Aramón que ocurrirá con su "intervención" en Espelunciecha.
Qué soberbio reto el de acometer una obra que el propio
ingeniero que construyó la primera presa, la ya existente,
René Petit, confiesa no atreverse ni a imaginar
(entrevista en Navarra hoy, 6 de noviembre de
1983; se puede ver en
www.yesano.com), dados los riesgos que acarrearía...
Veamos la única cara de Yesa.
Porque la otra es mejor no verla: la de los afectados a
quienes ya machacaron en los años 50 con la primera presa
y a los que hoy pelean en la pelea más legítima: la de
sobrevivir.
Para el Sr. Ocejo, y por lo visto
para todos los ingenieros colegiados a los que representa,
los afectados no existen. Mejor, no deberían existir. Han
sido una mera piedra en el zapato que ahora creen haberse
sacudido. Ojalá pudieran declararlos, como ocurría en la
etapa franquista en los Boletines Oficiales que anunciaban
la utilidad de alguna obra, simple "población sobrante".
Pero resulta que ahora esa
población sobrante acude a defenderse a los tribunales, y
el Sr. Ocejo, contrariado, estima que eso se tiene que
acabar. Habráse visto.
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