Plan Hidrológico Nacional: un pretexto más para el enriquecimiento “sostenible” de la santa mafia española

Eduard Masjuan

A primera vista podría parecer exagerado calificar el PHN como el mayor proyecto especulativo del último siglo y más aún que pueda tener relación con los planes desarrollistas del tardofranquismo elaborados por la tecnocracia del Opus Dei. De ser así, en la práctica pocas cosas han cambiado en los últimos veinticinco años en este país, tan pocas, que estamos dónde estábamos con y sin democracia.

Véase sino, el caso de Cataluña: el abastecimiento de agua para su área metropolitana de cuatro millones de habitantes ha sido desde el franquismo hasta la Generalitat actual, la gran excusa para el trasvase del río Ebro. Cantidad, calidad, precios de infraestructuras para la conducción del agua sustraída han sido el objetivo expansionista de la Sociedad General de Aguas de Barcelona desde que su presidente el ex policía y miembro del Opus Dei, Mariano Calviño, estaba en el cargo.

Además, la Sociedad de Aguas de Barcelona estaba vinculada ya desde principios de los años setenta con la Sociedad de Aguas Potables y Mejoras de Valencia, Sociedad de Aguas Municipales de Alicante, Aguas de Levante, Centro- Levantina de Riegos y Captaciones y la Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante. Evidentemente la Sociedad de Aguas de Barcelona que ofrece un servicio público vital para la población, históricamente siempre ha contado con el favor del Ministerio de Obras Públicas y desde el franquismo viene desarrollando su proyecto de crecimiento basado en el trasvase del Ebro.

De los años setenta data el mini trasvase de Tarragona de 70 Hm3 y de esos años parte también la estimación de que el déficit hídrico de las cuencas internas de Cataluña alcance en 1984 los 1400Hm3 anuales, pero en realidad, dicho déficit no se ha presentado en el horizonte previsto y estas estimaciones sólo han sido un pretexto para el futuro gran negocio del agua y sus vendedores.

Pero un PHN de tal envergadura era todavía un sueño para la oligarquía española de la pretransición, porque el país ya contaba con una de las regulaciones fluviales más grandes del mundo, es decir, más de 1000 pantanos.

La ideología en que se basa el PHN procede del industrialismo del s. XIX en el que el agua tan sólo es un factor productivo y es conceptuada como un recurso ilimitado, de ahí que el PHN sólo incida en la oferta de agua y no en la racionalización de la demanda y en como evitar las pérdidas en riegos a manta, prácticas agrícolas como las de Almería antiecológicas, mal estado de las canalizaciones, campos de golf, turismo y piscinas, todo ello equivale a un desperdicio de agua cinco veces mayor de la cantidad prevista a trasvasar.

Además el PHN descuida por completo la contaminación por la industria química que padecen las cuencas fluviales ibéricas estimadas en un 33% del total y aun y así se estimula el consumo urbano y agrario aunque éste último es el gran pretexto para la aceptación consensuada del PHN.

En definitiva, el PHN de lo que se ocupa es de un trasvase de agua que asciende a 1050Hm3/año desde el Ebro hacia el sudeste, procedentes de embalses del Pirineo y pre-Pirineo, de Aragón y Navarra a través de los embalses proyectados de Itoiz, Yesa, Biscarrués, etc., lo que significa un elevado coste de conducciones, construcciones de embalses y canales. Sin ocuparse para nada de la conservación y gestión de los acuíferos existentes que la propia expansión urbanística está destruyendo.

Como no podía ser de otra manera, los tecnócratas que han elaborado y apoyan el PHN calculan los déficits hídricos futuros sin tener en cuenta para nada el cambio climático acelerado que se está produciendo; para ellos la naturaleza se puede vencer y cuanto antes empiece la distribución desigual del agua, mejor, aunque para ello se tenga que sacrificar el Delta del Ebro por falta de sedimentos, pues de acometerse el trasvase se perdería la segunda zona de marisma más importante de Europa después de Doñana.

Si los costes ecológicos del PHN no pueden ser asumidos por el conjunto de la sociedad, no menos lo son la especulación que él mismo propicia, ya que los supuestos beneficios que puede producir el agua trasvasada para la agricultura a los precios de coste reales, como así lo exige la normativa europea, hacen que o bien se subvencione fuertemente la agricultura de regadío y con ella disminuyan las importaciones de países pobres o bien no resulte rentable la producción de las nuevas zonas que disponen de agua trasvasada. Por lo tanto, ¿dónde se encuentran los supuestos efectos benéficos del PHN?

Ni más ni menos que en beneficiar a los empresarios turísticos del Levante español. España ya es el tercer país del mundo en cantidad de turistas, 50 millones anuales de visitantes e incluso desde el gobierno central no se considera legal una ecotasa sobre el mismo. Sin dejar de lado que el turismo en masa incide en la degradación del territorio y del medioambiente.

El PHN cuenta con una inversión de casi 4 billones de pesetas que irán a parar a las constructoras de los embalses que están a la espera de las contrataciones.

Otra parte de este dinero público irá a parar directamente a las empresas eléctricas, para el aprovechamiento hidroeléctrico sobre todo a la compañía Endesa que preside el opusdeísta ex ministro de Franco, Rodolfo Martín Villa.

Indirectamente el PHN, quizá lo más sustancial del mismo, promueve la especulación de terrenos comprados como secano y que ahora con el trasvase van a experimentar un gran aumento de su valor, con lo cual la expansión y especulación urbanística está garantizada.

Es a todo esto y no a la agricultura, a lo que viene a favorecer el PHN, a la santa mafia de siempre que ha encontrado en el solar ibérico su mayor campo de acción tras el estímulo de la demanda de un recurso escaso y vital para la vida humana y del medio natural como es el agua. De lo que se trata es de procurar el enriquecimiento de la clientela política de siempre, eso sí, pagado con el dinero de todos.

Como no podía ser de otra manera, el PHN no ha sido aprobado tan sólo por el Partido Popular sino que también por el gobierno de la Generalitat, pues en el negocio del agua en Cataluña, incluso en detrimento de su calidad, tiene fuertes intereses en la consecución del Plan como es el caso de las sociedades antes mencionadas. La Generalitat tenía que aprobarlo porque está al servicio de su clientela aunque ello le represente un elevado coste político en el Baix Ebre.

La Generalitat de Catalunya, para maquillar su apoyo incondicional al PHN, ha elaborado más de setenta alegaciones en las que no renuncia al trasvase a cambio de un canon ambiental para la zona afectada del Delta, como si los daños ambientales pudieran ser reparados con dinero.

El gobierno de Jordi Pujol, siguiendo las directrices empresariales del negocio del agua como antaño, prosigue su estrategia de los déficits hídricos de las cuencas internas de Cataluña y calcula para el año 2010 un déficit de 300 a 350 Hm³/año, lo cual avala sus deseos futuros del trasvase del río Ródano o en su lugar del Duero-Tajo. La gestión de la demanda futura ni se contempla. A todo a lo que se llega para beneficio de las sociedades de aguas catalanas es a la potenciación de la reutilización, más todavía para mayor negocio, así como a la desalinización con los efectos invernadero que produce la quema de combustibles fósiles.

La Generalitat de Catalunya está directamente implicada en el PHN hasta el punto que el Conseller de Medi Ambient, Felip Puig, en unas declaraciones recientes intenta disuadir a quienes programan una marcha a Bruselas contra el Plan, argumentando que la Unión Europa no podrá detenerlo. La desesperación y la indignación de la oposición al Plan tiene muchas posibilidades de éxito en su intento de detenerlo, pues está en juego el futuro de muchas personas, del territorio y de los desequilibrios sociales y ecológicos que de llevarse a cabo a bien seguro se van a producir.

Los opositores son mayoría y en su favor cuentan con que a ellos no se les ha preguntado y la toma de decisiones a partido de la oligarquía y del grupo de turno en el poder, además que se han ocultado los informes elaborados por reconocidos expertos que desaconsejan el trasvase del Ebro por sus daños medio ambientales irreparables.

Como durante el franquismo, las injusticias sociales y ecológicas tienen que buscar el apoyo fuera de las fronteras españolas para así tratar de impedir lo que en esa democracia posfranquista resulta imposible, ya que se mantienen y suceden así mismas las estructuras heredadas desde 1939.