Para ello, de entrada, cabría preguntarse dónde está la clave de tanto desaguisado. Pues muy sencillo, que al haberse promovido la oferta de agua subvencionada se han desatado estilos de vida y actividades cada vez más exigentes en agua, que a su vez, ha inflado la escasez y los negocios relacionados con ello.

Por decirlo de una manera rápida, se desató en torno al agua un despilfarro interesado, apoyado por un potente conglomerado de intereses empresariales y corporativos que, a modo de señores del agua, viene dictando la política a seguir.

Esta situación viene generando reacciones de rechazo en la sociedad española que se trasladan con dificultad al ámbito de lo político: de hecho, los partidos acostumbran a hacer suyas esas críticas mientras están en la oposición, para luego, cuando llegan al gobierno volver a las andadas. Esto sucedió con el PP en 1996 y va camino de ocurrir con el gobierno actual del PSOE.

Desde la oposición, el PP fue muy crítico con el proyecto de Plan Hidrológico (PHN) del PSOE de 1993, que culminaba la política tradicional de obras hidráulicas. Este plan no llegó a aprobarse durante la legislatura del PSOE, quedando desactivado por la pérdida de las elecciones y la aparición del primer gobierno del PP, que afirmó la necesidad de revisar la política de aguas. Sin embargo, tras las tribulaciones de la primera legislatura, la situación se aclaró en la segunda: el nuevo gobierno precipitó la aprobación de un PHN con la misma orientación que el anterior, aunque con un volumen de obras más reducido y centrado en el trasvase del Ebro.

La creciente oposición al mismo, unido a la negativa de Bruselas a financiarlo, sentenciaron a muerte el trasvase del Ebro. El nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, acordó ya en su pacto de investidura derogar dicho trasvase. La nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, crítica del trasvase del Ebro y defensora de las ideas de la nueva cultura del agua zanjó el episodio. Ahora bien, ¿se pasará por fin a gestionar el agua en vez de promover obras hidráulicas?

Es pronto para hacer vaticinios, pero, de momento, se ven decisiones importantes que no van exactamente por el buen camino, Como se vio en EE. UU. donde el presidente Jimmy Carter impugnó en 1978 la lista de proyectos de obras hidráulicas subvencionadas para dar paso a la economía del agua, resulta imprescindible la acción decidida y unánime del Gobierno. Pero esto sólo ha ocurrido en España con el trasvase del Ebro, no para la política del agua en general, como atestigua la falta de unidad de criterio que se observa entre los propios políticos del partido gobernante. Así, aunque se haya suprimido la guinda del trasvase del Ebro, queda todo el resto del pastel que los señores del agua siguen defendiendo con ahínco.

Meseta y litoral En regiones tan claves como Castilla-La Mancha, Valencia o Aragón, que determinan las relaciones entre la Meseta y el litoral mediterráneo, los líderes regionales del PSOE hacen suya la demagogia hidráulica dominante solicitando, con empeño digno de mejor causa, la realización de viejos proyectos de trasvases como el trasvase Júcar-Vinalopó y el trasvase Tajo-La Mancha y embalses como el recrecimiento de Yesa? que se revelan hoy más carentes de sentido económico y ecológico que nunca.

Con la actual sequía afloran de nuevo, como ya sucedió hace diez años, problemas de desabastecimiento urbano como signo evidente de la mala gestión reinante. Que se propugne la necesidad de trasvasar agua a larga distancia para asegurar el abastecimiento urbano en zonas como La Mancha o Murcia, que cuentan con enormes extensiones de regadío, es un insulto a la razón, cuando podría resolverse el problema de forma más económica.

Sería mucho más barato para los usuarios urbanos y rentable para los regantes tener apalabrada la venta para abastecimiento de una pequeña fracción del agua mayoritariamente utilizada en los regadíos y hacer uso de ella cuando la climatología adversa lo requiera.

No es la promoción de trasvases de agua forzados y financiados por el Estado entre cuencas o territorios lejanos lo que exige una gestión razonable del agua en nuestro país sino las transferencias voluntarias entre usuarios próximos, algo que ha frenado la rigidez del régimen de concesiones y la falta de información y conexión entre potenciales oferentes y demandantes de agua.

Porque, paradójicamente, los intereses privados hegemónicos en el sector no quieren mercados de aguas. Cuando se instalaron los bancos de agua en California, las hipotéticas demandas que justificaban incluso la traída de agua de Canadá se redujeron a menos de la mitad, dando al traste con el discurso de obras hasta entonces dominante. No es por casualidad que los intentos políticos de clarificar la información y de instaurar el mercado en este campo no hayan llegado a puerto.

En la primera legislatura del PP, la ministra Isabel Tocino modificó en 1999 la ley de Aguas de 1985 para dar cobertura legal a los intercambios de agua y posibilitar así la creación de mercados o bolsas de agua, pero esta modificación no llegó a desarrollarse. Porque la instalación amplia y efectiva de mercados o bancos de agua no sólo exige flexibilizar el régimen concesional, sino clarificar el panorama de los derechos para hacer que afloren con transparencia verdaderas ofertas y demandas de agua y establecer las normas a las que deba atenerse el funcionamiento de los nuevos mercados para asegurar el logro de objetivos sociales y ecológicos.

La sobreexplotación reinante ha ocasionado la desaparición o reducción de muchos de los caudales que se venían utilizando. Como consecuencia de ello, en las cuencas más problemáticas, el agua comprometida y extraída es muy superior a la disponible en régimen renovable, observándose derechos sin caudal y caudales extraídos sin derechos. De ahí que se deba insistir en que resulta prioritario aclarar las coincidencias y discrepancias entre el agua disponible, el agua registrada y el agua utilizada instaurando para ello un sistema estadístico y registral completo y actualizado que pueda servir de base a un proceso de negociación a gran escala orientado reajustar los derechos y el agua utilizada a los caudales renovables.

Incentivos económicos La instalación de mercados o bancos de agua no sólo debe vincularse al reajuste de derechos y extracciones pues no cabe autorizar ventas de agua fruto de extracciones ilegales o insostenibles sino que puede aportar incentivos económicos para culminar con éxito este reajuste.

No se trata, pues, de descubrir una solución mágica, sino de aplicar lo que se sabe y se ha venido reiterando: lo primero es poner orden en casa. Pero el tiempo pasa sin que esto ocurra y sin mercados de agua ni foros de negociación adecuados, sin asociaciones de usuarios responsables de la gestión con los que se pueda convenir el necesario reajuste entre exigencias y disponibilidades y sin un marco de información (físico, monetario y jurídico) generalmente admitido para ello, el problema está llamado a transformarse en guerras del agua…

Las carencias observadas en estos requisitos nos están llevando por la pendiente del enfrentamiento y la crispación social, haciendo que el problema del agua sea un calvario cada vez más problemático para los políticos con competencias en la materia. Las actuales guerras confirman que los viejos cauces de la política del agua sólo traen piedras.

José Manuel Naredo Profesor ´ad honorem´ de la escuela de Arquitectura de Madrid, y profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. Premio Nacional de Medio Ambiente 2000