Opinión
El Siete de Aragón, VIII-2002
El dilema de Marcelino

José Manuel Nicolau

Los acontecimientos judiciales y administrativos nos van dando la razón: en el actual estado de derecho los grandes embalses pirenaicos no tienen cabida. Porque sus impactos ambientales son críticos, no respetan los derechos de las minorías y ponen en riesgo la seguridad de las personas. Jánovas no pasó la Declaración de Impacto Ambiental, Santaliestra desactivado por un juez, Yesa cuestionado por un fiscal, Biscarrués paralizado por prudencia (o temor) política. No se equivoquen: no es que se hayan tramitado chapuceramente por el Ministerio, es que no caben en el actual ordenamiento jurídico. Es que si se hubieran tramitado cabalmente habrían acabado donde Jánovas: frenados por la Declaración de Impacto Ambiental. 

El presidente Iglesias se dirime entre dos opciones: Renunciar temporalmente (sic) a los grandes pantanos, buscando el consenso en las obras menores del Pacto del Agua o, como le han pedido los mandamases de los regantes, seguir apostando por las grandes obras metiéndose de lleno en la vía judicial. La primera supone un pequeño movimiento hacia la línea que marca la Directiva Europea del Agua, hacia la política con mayúsculas, la de las negociaciones amplias para hallar las soluciones reales, efectivas, duraderas, que cohesionan la sociedad. La segunda supone adentrarse en un callejón sin salida. Sin salida porque Itoiz no sirve como ejemplo y todos sabemos porqué el estado español ha jugado tan fuerte y se ha desgastado tanto en el embalse navarro. Estrasburgo decidirá. 

Desde las lejanas alturas pirenaicas en este verano de buena cosecha, fiestas y bodas, se divisa la desorientación de las fuerzas vivas aragonesas allá abajo, en el “Charco”. Con la paciencia, la seguridad en el transcurso inalterable de las estaciones y de las cosas y la buena voluntad del pastor apoyado sobre su cayado allá en puerto, se confía en que los políticos encuentren el buen camino.

Asociación Río Aragón-COAGRET