Opinión
Siete de Aragón, X-2002
Crispación

José Manuel Nicolau

Resulta insólito lo que está aconteciendo en las últimas semanas en el conflicto del agua. Presidentes de diputación, diputados populares y dirigentes de regantes criticando y criminalizando a ciudadanos e instituciones que han recurrido ante el poder judicial los proyectos de los grandes embalses pirenaicos y manifiestan pacíficamente su parecer en la prensa, la calle y reuniones públicas. 

Se califican de métodos batasunos iniciativas ciudadanas consagradas en la Constitución. Se tacha de judicialización de la política hidráulica lo que es democratización de la misma. Porque afortunadamente vivimos en un régimen donde está establecida la división de poderes y los parlamentos y gobiernos no pueden ejercer el poder absoluto: lo comparten con los jueces. 

Al negar la legitimidad moral y política de los ciudadanos a utilizar todos los recursos del estado de derecho para defender valores recogidos en la Constitución –defensa del medio ambiente, de la montaña, del equilibrio territorial: intereses de carácter general- se sitúan fuera del sistema. ¡Curiosas estas posiciones propias de los “anti-sistema”! Sin embargo, más preocupante aún es la ausencia de una intervención decidida por parte de las máximas autoridades aragonesas imponiendo el respeto a las minorías y al propio estado de derecho y manejando el timón del encuentro y el diálogo entre ciudadanos.

 Se echan de menos algunas dosis más de fuerza natural y liderazgo moral en las principales instituciones –presidencia de gobierno, Cortes, Justicia- para propiciar y exigir que el debate sobre la política de aguas se lleve a cabo por los derroteros democráticos previstos en nuestra constitución.

Asociación Río Aragón-COAGRET