El acuerdo unánime sobre
Santaliestra ha sido el único acercamiento de posturas que
se ha conseguido en la Comisión del Agua, y se basó en la
regulación de caudales en la propia zona de regadío mediante
la presa de San Salvador. De esa forma se evitó la
inundación del valle del Ésera, posibilitándose sin embargo
el uso de caudales de ese río por la Comunidad del Canal de
Aragón y Cataluña que los almacena en su territorio. La
comprometida situación judicial del proyecto no fue ajena a
este acercamiento de posiciones. Como tampoco lo fue la
larga experiencia que, en regulación interna de caudales,
han desarrollado los regantes del oriente de Huesca. El
principio que subyace en este acuerdo podría formularse como
“agua por territorio”. Es decir, las comunidades de regantes
toman los caudales procedentes de los ríos pirenaicos, pero
no ocupan los fondos de valle de la montaña, sino que ponen
su territorio para almacenar los caudales que demandan. Creo
que es un planteamiento que salvaguarda la equidad
territorial, de justicia social. Por otro lado, son
evidentes las equivalencias con la política de desaladoras y
reutilización del agua que se está aplicando en el Levante:
pon tu territorio a funcionar al máximo de sus posibilidades
antes de pedir sacrificios al vecino.
Los
afectados por los embalses cuestionan las demandas de agua
que piden los regantes -que estiman sobredimensionadas y
despilfarradoras-, denuncian la escasa rentabilidad
económica de muchos proyectos de riego –federados a las
subvenciones, y alejados del principio de recuperación de
costes de la Directiva Marco europea- y se quejan también
del aprovechamiento insolidario de los kilovatios que
obtienen las Comunidades de riego con las aguas derivadas de
los ríos pirenaicos. Los ecologistas, además, ponen el
énfasis en el fuerte impacto ambiental del regadío sobre los
ecosistemas esteparios, sobre la salinidad del agua en el
Ebro, y sobre la supervivencia del propio Delta. Y denuncian
el lamentable estado de los ríos, que son más canales que
ecosistemas fluviales. La postura de “agua por territorio”,
en aras del pragmatismo y de alcanzar una solución al largo
conflicto, asume pasar de puntillas sobre estas cuestiones
escabrosas, que más adelante la aplicación de la Directiva
Marco nos obligará a abordar de forma seria.
El
principio que guió el acuerdo de la Comisión en el debate
sobre Yesa fue otro, el que propuso el presidente Iglesias
en su discurso de investidura: la no inundación de pueblos.
Este planteamiento, sin duda demasiado simple y
reduccionista en un tema tan complejo, no consiguió sumar
ningún apoyo nuevo. El estudio de alternativas elaborado por
técnicos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que
contempla un incremento de regulación en Bardenas similar al
de la cota intermedia, pero almacenando los caudales en la
propia zona de regadío, no llegó a ser valorado por la
Comisión. El posterior informe del Ministerio de Medio
Ambiente, aunque emitió una opinión final desfavorable,
reconoció la viabilidad técnica de la regulación en tránsito
y admitió la necesidad de, al menos, una presa de regulación
interna en Bardenas, que complemente a la cota intermedia.
El
próximo trabajo de la Comisión sobre Biscarrués volverá a
fracasar si sólo se sustenta en el principio de la no
inundación de pueblos. La experiencia nos dice que las
regulaciones en las zonas de regadío pueden ayudar al
acuerdo. Marracos, Valcuerna y otras posibilidades deberían
por ello ser contempladas. La actitud del PP y de los
dirigentes agrarios que convocaron la manifestación anulada
no induce al optimismo, pero si el PSOE aplica su política
de “desaladoras” también en Aragón, la solución será más
factible.
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