En mi opinión, un elemento clave para el cambio en la política de aguas es desterrar del inconsciente colectivo aragonés la idea de que a los regantes les asiste el “derecho natural” a poder disponer libremente de las aguas y valles pirenaicos para llevar a cabo sus legítimos proyectos de desarrollo. Era la filosofía de la Ley de 1915, que hoy en día ya no cabe en el actual ordenamiento constitucional y europeo y está siendo frenada por los tribunales.

Recientemente un regante esforzado y cabal me explicaba que para ellos disponer de un embalse en cabecera era un seguro, algo así como disponer de unos buenos ahorros en el banco para hacer frente a las contingencias. “Claro que sí”, le dije. “A mí también me da mucha seguridad tener un buen colchón de ahorros en el banco. Pero para obtenerlo yo no puedo disponer de la cuenta corriente del vecino y vaciarla a mi antojo para llenar la mía”. Coincidimos en ello ambos.

Creo que la propuesta de cota intermedia se mantiene en la misma obsoleta filosofía: la subordinación de la montaña a los Planes de Regadío y la inhibición de la administración para con los territorios pirenaicos damnificados, que también aspiran a sus Planes de Conservación y Aprovechamiento Turístico de los Ríos, por ejemplo.

Por otro lado, la discrepancia entre PP y PSOE a cuenta de la cota va a poner de manifiesto la verdadera naturaleza del conflicto hidráulico entre Madrid y Zaragoza: la disputa entre ambos gobiernos por la “apropiación” de las aguas pirenaicas: los unos para sus votos/intereses levantinos y los otros para los que tienen en el Llano. Y en medio los pirenaicos que los ven disputarse sus fondos de valle y sus ríos, sin pedir permiso.