OPINIÓN |
¿Es
realmente rentable el PHN?
PERE RIERA
Al leer el contenido del Plan Hidrológico Nacional
(PHN), uno tiene la impresión -espero que no equivocada- de que se decide
llevarlo a la práctica por las ganancias sociales que comporta, que deben
superar claramente a los costes. Quizás por ello, uno de los cinco
volúmenes de que consta su publicación se dedica al análisis económico del
plan. En este estudio económico se comparan los costes y los beneficios
para el conjunto de los ciudadanos, y se deduce que los segundos superan
por una diferencia de unos 700.000 millones de pesetas los costes. En
términos de rentabilidad social, este resultado supone una tasa de
rendimiento del 10 por ciento anual según el estudio, cifra que es
bastante alta. Sin embargo, todo análisis de este tipo se basa en un
conjunto de supuestos, todos y cada uno de ellos defendibles y
criticables. Cambiando estos supuestos, cambian asimismo los resultados.
Un primer supuesto particularmente cuestionable tiene que ver con el reparto temporal de los costes y beneficios. El análisis coste-beneficio publicado por el ministerio supone que los alrededor de 600.000 millones de pesetas de inversión inicial se ejecutarán en un solo día, el 1 de enero, y que a partir del mismo día disfrutaremos ya de todos los beneficios de tener agua abundante en las cuencas receptoras. Este supuesto parece poco realista y es contrario a la buena práctica habitual del análisis coste-beneficio. El mismo equipo redactor considera en un capítulo previo otro escenario, donde la inversión se distribuye a lo largo de 7 años, con unos porcentajes determinados. Con este reparto, y respetando el horizonte de 50 años en el que se reparten los beneficios según los redactores, la tasa de rentabilidad social del proyecto baja en más de dos puntos (hacia el 8 por ciento) y disminuye el saldo positivo hasta los 500.000 millones de pesetas. El segundo supuesto afecta a los beneficios por abastecimiento urbano. Utilizando los datos originales del estudio, este concepto representa algo más del 70 por ciento del conjunto de beneficios sociales del plan, mientras que los efectos que sobre la agricultura tendrían los agotamientos de los acuíferos superan el 25 por ciento, y las ganancias por nuevos regadíos en España sólo suponen el 2,5 por ciento restante. El estudio del ministerio propone un procedimiento para calcular el beneficio del agua para uso urbano consistente en estimar los costes de suministrar, mediante plantas desaladoras, la misma cantidad de agua que las cuencas receptoras recibirán con el trasvase. Aceptando este procedimiento de cálculo, lo que no parece muy razonable es que la demanda urbana requiera toda esta cantidad de agua desde el primer año. Si se considera más realista que la escasez va a ser progresiva, lo que comportaría construir dichas plantas gradualmente a lo largo de los 50 años de vida económica del plan, entonces debería realizarse alguna previsión temporal. Por ejemplo, que efectivamente la cantidad de agua prevista en el trasvase será la óptima al final de los 50 años y que la demanda urbana de agua crecerá proporcionalmente a lo largo de este periodo. Con este supuesto y el anterior, la rentabilidad social pasa a ser negativa, es decir, por debajo de la frontera del 4 por ciento considerada en el estudio original como límite de rentabilidad. En concreto, la rentabilidad social es del 3 por ciento, y la diferencia entre beneficios y costes se salda en contra de las ganancias sociales con algo más de los 300.000 millones de pesetas en pérdidas. El equipo redactor sigue la práctica habitual de no incorporar los costes ambientales en este análisis, argumentando la dificultad de estimar tales costes. Sin embargo, en un momento determinado realiza una propuesta de cálculo parcial tras una interesante caracterización del valor del agua "sobrante" en las cuencas de origen como valor ambiental de existencia. Propone aproximar este valor por el montante de las compensaciones que se pacten. De incluirlas en el análisis coste-beneficio, su rentabilidad social estimada sería todavía inferior, naturalmente. Cada 100.000 millones en compensaciones (o costes ambientales) repartidos a lo largo de los 7 años de inversión hacen disminuir alrededor de medio punto la tasa de rentabilidad social del proyecto. En términos generales, el análisis coste-beneficio que contiene el Plan Hidrológico Nacional está seguramente planteado dentro de los estándares de la buena práctica, como denota su redacción. Sin embargo, la validez de sus conclusiones está sujeta a lo razonable de las hipótesis realizadas, que en este estudio son a veces (muy) cuestionables. Cambiando algunos supuestos quizás demasiado poco realistas, se pone seriamente en duda la deseabilidad económica del proyecto; 627.000 millones de inversión inicial es mucho dinero y cabe preguntarse si no seríamos capaces de encontrar otros destinos socialmente más rentables para una suma tal de dinero. pere.riera@uab.es PERE RIERA, profesor de Economía de la Universitat Autònoma de Barcelona ![]() |