Hace unos días conocimos
la sentencia absolutoria para los imputados por presuntos
delitos cometidos durante la tramitación del proyecto de
recrecimiento de Yesa. Como no puede ser de otra forma
acatamos esta sentencia, pero con lo que conocemos, tras
muchas horas de recopilación de información y consiguiente
análisis de la misma, después de tantos años de oposición al
recrecimiento y tras lo visto y escuchado en la vista oral
no ha quedado, en absoluto, despejada mi convicción sobre
las gravísimas y profundas irregularidades de dicho
proyecto. En la propia sentencia se dice “no corresponde
al Tribunal determinar si el recrecimiento de la Presa de
Yesa era o no necesario ni si las características técnicas
del Proyecto eran las más adecuadas a las demandas hídricas
que se trataba de atender o las más respetuosas con el medio
ambiente o con el patrimonio histórico y arqueológico ni,
finalmente, si se contemplaron todo los riesgos y las
medidas de seguridad que eran exigibles”. El tema sigue
abierto, la sentencia recurrida y la vía
contencioso-administrativa también tendrá que dictar.
Seguimos esperando que se haga JUSTICIA legal e histórica.
Leídas algunas reacciones
y muestras de alborozo al hilo de esta sentencia, quisiera
hacer algunas consideraciones al respecto.
Me parece lamentable que
a alguien que ha asumido la presidencia de la CHE o la
dirección general de obras hidráulicas, cargos eminentemente
políticos, se les defienda apelando a su perfil técnico para
justificar sus actuaciones como meros trasmisores de
decisiones políticas superiores. Cuando alguien ocupa un
puesto de esa categoría se convierte en elemento clave para
impulsar las decisiones políticas en uno u otro sentido. Hay
que asumir las responsabilidades de los cargos que se
ocupan. Ya me gustaría saber quien las tenía para permitir
una catástrofe como la del barranco de Arás que ahora,
económicamente porque personalmente ya es imposible, tenemos
que pagar a escote.
Por otra parte yo soy el
primero que lamenta tener que hacer comparecer en un juzgado
a cualquier ciudadano, pero eso no ocurrió por casualidad ni
por capricho del ayuntamiento de Artieda o la Asociación Río
Aragón. Durante seis años se ha tramitado el sumario, se han
ampliado por la fiscalía las iniciales imputaciones y se ha
denegado el archivo de la querella solicitada con
reiteración por la abogacía del estado. Es decir había
indicios más que razonables de lo indicado en la acusación.
Los imputados han estado
bien protegidos y defendidos por la administración para la
que trabajaban y, entre todos, hemos contribuido a
satisfacer el coste de su defensa. El pueblo que tiene
amenazado de forma irreversible el 25% de su término
municipal y el 50% de su tierra de cultivo ha tenido y
tiene todo el derecho a defenderse y lo hace con sus propios
recursos y los de muchos amigos que se han mostrado
solidarios con él. Además todos sabemos que la venda que
cubre los ojos de la justicia siempre tiende a bajarse en el
ojo que mira hacia los intereses de los poderosos mientras
se mantiene escayolada en el que mira hacia los más
desvalidos. Por desagracia esto no es cosa de hoy.
Finalmente dejar claro
que si de sufrimiento hablamos les queda un largo trecho por
recorrer. Quienes tuvimos una abuela de Tiermas que vio como
su madre, con casi cien años, era obligada a abandonar su
casa, un padre que tuvo que apechugar siendo alcalde con los
primeros anteproyectos de recrecimiento aguantando las
chulerías de la CHE, un hermano que tiene que presidir un
ayuntamiento en una etapa tan difícil como ésta para un
pueblo que, como todos, lo que querría es dedicar el tiempo
a su desarrollo y no a evitar su destrucción, sobrinos que
han decidido vivir en Artieda y les han salido los dientes
con pancartas de YESA NO o sobrinos nietos nacidos en este
mismo entorno, es decir 6 generaciones con la misma losa
sobre la cabeza podemos contarles algunas cosas. Como
quieran y donde quieran. Porque créannos, no es que nos
guste este sarao es que estamos convencidos de la obligación
que tenemos de defenderos.
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