Dos juzgados investigan a los 'padres' del Plan Hidrológico Nacional
La conjura de los pantanos

Dos juzgados investigan una confluencia de intereses de un grupo de altos cargos y funcionarios que, encabezados por el secretario de estado Benigno Blanco, diseñaron el Plan Hidrológico. Varias obras que forman el espinazo de este proyecto están bajo sospecha de haber sido adjudicadas favoreciendo a determinadas empresas, pasando para ello por encima incluso de la seguridad de la población.

Texto: Joaquín Vidal
Fotos: Fernando Cárdenas / C. Marchante

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A la sombra de Isabel Tocino cuando era ministra de Medio Ambiente, y con el liderazgo de Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Costas, un grupo de altos cargos, ingenieros de Caminos y funcionarios, diseñaron un proyecto que ya se conoce como Plan Hidrológico Nacional (PHN). Hoy, la mayoría de ellos están siendo investigados por dos juzgados de Madrid por posibles prevaricaciones y otros delitos relacionados precisamente con los primeros pasos del PHN, las adjudicaciones de tres grandes embalses aragoneses, Yesa, Biscarrués y Santaliestra. Además, sobre Blanco recae la sospecha de haber favorecido a la empresa a la que perteneció, Iberdrola, con un negocio de unos 35.000 millones de pesetas en la cuenca del Júcar, a cuenta del erario.

En el juzgado 19 de Madrid Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, ha reconocido haber convocado y participado en la adjudicación de las obras para el recrecimiento de Yesa a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que lidera ACS, firma en la que ingresó poco después de la concesión. Según fuentes de la investigación de este caso, además de la pasmosa coincidencia en fechas entre adjudicación y fichaje, Hacienda advirtió de que Escartín no tenía competencias para convocar ese tipo de concursos y habría ocultado para ello un proyecto inicial para esa obra de 19.000 millones. Las irregularidades con este inmenso pantano de 1.500 hectómetros cúbicos (el Gobierno pretende trasvasar del Ebro 1.080 hectómetros) llegarían a Dolores Carrillo, directora general de Evaluación Ambiental, y al secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos.

También la fiscalía está investigando a Tomás Sancho Marco, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), por la adjudicación de un contrato –el estudio del suministro de agua desde la presa a Zaragoza– a BS Ingeniería, una consultora que él mismo había fundado junto a un socio y sus esposas, y a la que seguiría ligado en calidad de apoderado en el momento del encargo. Fuentes de la acusación señalan a interviú varias coincidencias entre los protagonistas de esta adjudicación y otros procesos por irregularidades en el ministerio, tanto en sus orígenes como en su pasado y futuro profesional. Benigno Blanco se rodeó de varios empleados de Iberdrola –como Guillermo Heras, jefe de gabinete de Blanco, antes responsable de generación hidroeléctrica de la compañía– y de ingenieros procedente básicamente de la CHE, la llave del futuro PHN; entre ellos, Escartín, Vizcaíno y, sobre todo, Tomás Sancho. Algunos, una vez dejó el cargo Isabel Tocino, han sido acogidos por Francisco Álvarez Cascos –también ingeniero de Caminos– en el Ministerio de Fomento. Tal es el caso del propio Blanco y de Vizcaíno. Sancho fichó por una consultora, Eptisa, beneficiada en la adjudicación de la autopista de peaje a Segovia, que ahora mismo investigan dos fiscalías españolas y la Comisión Europea.

El trasvase de Iberdrola
Tras ser nombrado secretario de Estado, Benigno Blanco no tuvo la precaución –como ya informó interviú en 1998– de cesar como apoderado de varias sociedades de Iberdrola, la eléctrica con mayores intereses en los ríos españoles. Sí había cesado como secretario del consejo de Iberinco (Iberdrola Ingeniería y Consultoría). Esta misma empresa recibió el encargo de hacer un estudio, por 90 millones de pesetas, para el trasvase de aguas del río Júcar al Vinalopó, que costará casi 35.000 millones de pesetas. La ley de incompatibilidades exige dos años de inhibición a los altos cargos para tratar temas relacionados con su antigua empresa. Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, denuncia que es ésta una obra “a la medida de Iberdrola”. Este trasvase tenía dos recorridos alternativos, uno de ellos de gran impacto ecológico. Un decreto ley de junio de 1998 lo convertía en una obra de “interés general” y establecía como trazado el que partía de la presa de Tous y recorría menos kilómetros, con un impacto aceptable. Pero el trasvase Júcar-Vinalopó se aprobó más tarde en otro decreto que elegía la opción más larga (21 kilómetros más), que cercena la sierra de Caroche. “La única explicación a esta decisión tan extraña es Blanco”, asegura Arribas.

La llave del Plan Hidrológico El PHN quiere transportar los supuestos excedentes del Ebro al sudeste español, la cuna de los grandes regadíos. Pero el Ebro es un río ya fuertemente explotado y jalonado por decenas de embalses. Por eso los padres del plan necesitan regular los únicos afluentes que aún bajan un poco vírgenes de la mano del hombre. En estos nuevos embalses se acumulará el excedente de 1.080 hectómetros cúbicos que se quiere mandar España abajo. Por eso Santaliestra, Yesa y Biscarrués son la llave del PHN, y la Confederación Hidrográfica del Ebro es su brazo ejecutor. De ahí que Tomás Sancho recibiera el espaldarazo de Tocino cuando se supo que había sospechas de corrupción. Por cierto, sospechas de las que no se libró ninguno de sus antecesores, uno de los más destacados, Antonio Aragón, encarcelado por corrupto. Santaliestra, Yesa y Biscarrués, incluidos formalmente en el PHN, ya llevaban años en los planes de la Administración y las constructoras. Si cuelan estas tres grandes obras, que suman casi 100.000 millones de pesetas, Aragón ya habrá tragado con la parte más indigesta de los faraónicos planes del PP para el Ebro. Santaliestra fue el primer escollo que los 'padres' del PHN se encontraron. Este pueblo del Pirineo de Huesca ha presentado una querella criminal contra toda la cúpula de Medio Ambiente y la CHE.

La conducción partiría de la presa de Cortes -propiedad de Iberdrola-, usaría para su propulsión la planta de bombeo de Cortes de Pallás -una joya de Iberdrola. excavada en la roca, auxiliar de la central nuclear de Cofrentes-. Al trasvasar agua para Alicante, Iberdrola recibiría una indemnización del Estado de entre 700 y 1.000 millones de pesetas anuales. Además, Iberdrola se apuntaba a gestionar el trasvase y a turbinar el agua que se enviaría a Villena -río Vinalopó-. El negocio es tan interesante que el propio Íñigo Oriol, presidente de Iberdrola, le propuso personalmente al presidente valenciano Eduardo Zaplana, cofinanciar la obra con 15.000 millones. La enorme conducción secciona de norte a sur una gran reserva intacta, única por su calidad, biodiversidad y cantidad de especies protegidas. Un informe de la Consejería valenciana de Medio Ambiente dice que "el impacto puede ser tan importante (...) que una de las pocas zonas naturales (de) Valencia pudiera desaparecer" y concluye que el "impacto es inaceptable". ¿Por qué, entonces, se decide trasvasar por ese camino? La joya de Iberdrola en Cortes de Pallás usa el excedente de energía que produce Cofrentes de noche para elevar agua a una inmensa balsa 500 metros más arriba, sobre la Muela de Cortes. El agua baja después, turbinándose para producir energía en los momentos de más demanda en la red. Pero la compañía de Oriol no consigue así rentabilizar su joya. Si este es el camino -como parece confirmarse- que luego tomará el agua del Ebro hacia Murcia, el negocio se multiplicaría por más de diez.

Las denuncias públicas de los ecologistas sobre la connivencia entre el Ministerio de Medio Ambiente e Iberdrola indujeron a variar algo el proyecto. Al final se soterrará la colosal conducción y se excavarán túneles por toda la sierra de Caroche. Ello no evitará una catástrofe ecológica en el lugar, con la desaparición de muchas rapaces, raras especies de reptiles y varios hábitats.

El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa ha movido al pueblo de Artieda a la resistencia en los tribunales y la movilización en la zona. Sobre estas líneas, el alcalde y varios vecinos, que muestran su rechazo al proyecto que impulsó Carlos Escartín con pancartas y pintadas en la actual presa. Santaliestra fue el primer escollo que los 'padres' del PHN se encontraron. Este pueblo del Pirineo de Huesca ha presentado una querella criminal contra toda la cúpula de Medio Ambiente y de la CHE.

A pesar del pequeño inconveniente para Iberdrola de perder el bombeo desde su joya, Benigno Blanco no ha dejado de alentar el trasvase. Esta obra fue una de sus primeras iniciativas recién llegado a Medio Ambiente, en 1996. Él mismo impulsó la creación de Aguas del Júcar, sociedad instrumental de la Confederación para acoger capital privado que financie obras. Una de las primeras interesadas ha sido Iberdrola. En abril de 1998, cuando nace Aguas del Júcar, Blanco impulsa con sus declaraciones el trasvase y dice que así espera "dar más velocidad".

Meses después, Iberdrola anuncia que participará con 15.000 millones en las obras si puede gestionar el trasvase. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mariano Maraver, denunció en el Parlamento regional que el trasvase es "el plan de Benigno Blanco e Iberdrola", y enumeró los altos cargos ligados a Iberdrola, luego en el equipo de Blanco, como Guillermo Heras (jefe de su gabinete), y el asesor José María Gil Egea, veterano portavoz de Iberdrola en la Mesa del Júcar. Concluía: "Iberdrola tiene muchos tentáculos".

En julio de 1998, Benigno Blanco escribió a Elvira Rodríguez, directora general de Presupuestos, presionando sobre un antiguo litigio de Iberdrola con el Estado en el río Júcar, la expropiación del salto de Millares. En su carta, Blanco dice que "por mi relación laboral con Iberdrola no estoy interviniendo en las negociaciones (... pero...) mi abstención no puede ser obstáculo para que te haga llegar mi preocupación. (...) Esta circunstancia personal no puede convertirse en una falta de impulso político por mi parte". Y apura a la directora general: "Te agradecería la máxima disponibilidad y esfuerzo para que se desbloquee este tema".

El desafío de Artieda
Artieda, elevado sobre un montículo, es el pueblo superviviente de la catástrofe social que supuso en 1959 el embalse de Yesa. Sus 115 habitantes han desafiado en los tribunales a quienes proyectan recrecer y triplicar la presa, poniendo en el disparadero a Blanco, Escartín y todo el oscuro mecanismo que gestiona el gasto del Estado en las grandes obras hidráulicas. Según Luis Solana, el alcalde, esta lucha "por nuestra supervivencia es un esfuerzo límite para este pueblo". Yesa será, si no lo impiden los tribunales, un gigante de 1.500 hectómetros cúbicos, con una pared 38 metros más alta que la actual.
 
Tras redactarse el proyecto 03/93 de este polémico recrecimiento, el proceso administrativo vivió años de sueño burocrático, hasta que Carlos Escartín lo reactivó en diciembre de 1998, al convocar un concurso -97 millones de pesetas- para la evaluación de impacto ambiental, que era deficiente. Fue como una chispa que movilizó con inusitada rapidez la pesada maquinaria del ministerio. Sólo tres meses después aparece lo que la acusación califica como la primera irregularidad: Dolores Carrillo, directora general de Evaluación Ambiental, amparándose en un informe del secretario general del ministerio, Carlos Vázquez -también imputado-, por su cuenta da validez medioambiental a la presa.

Dos meses después Escartín convoca el pliego para adjudicar el trasvase acogiéndose a una modalidad administrativa que le permite licitar proyecto y obra de una sola vez, amparándose en la urgencia y en que "no hay un proyecto anterior". Olvidaba, u ocultaba, la existencia del 03/93. Curiosamente, este mismo proyecto aparece reproducido punto por punto y asimilado por la adjudicataria final de la obra, ACS. Fuentes de la acusación señalan que este "regalo", por valor de varios cientos de millones de pesetas, evidencia que era notoria la existencia del 03/93 y que supone "falsedad". La irregularidad es tan notable que la Intervención de Hacienda en el ministerio de Tocino la señala, afirmando que Escartín asume competencias propias del secretario de Estado. El actual secretario de Estado, Pascual Fernández -del equipo de Jaume Matas-, soslaya el problema diciendo que "lo convalida", hecho que fuentes judiciales califican de "inaudito e inverosímil".

Escartín ya tenía el concurso en el punto que quería. De acuerdo con su testimonio en el juzgado, a partir de entonces se inhibe en un proyecto bandera de su departamento, que supone 19.000 millones de pesetas de inversión, y eso que afirma que aún no sabía que acabaría fichando por ACS. La mesa de contratación abre las plicas en febrero del 2000; se estudian las ofertas y Escartín reconoce que a su mesa llegó un informe favorable a ACS, en el que "no intervino", ni miró; cesa en el cargo el 19 de mayo del 2000, y sólo dos semanas después se hace público que una UTE liderada por ACS se lleva el contrato. Pasado el verano, el 1 de septiembre se incorpora a ACS, en la dirección de contratación, dos meses y medio después de la adjudicación. Departamento de notable éxito, pues había logrado ya el 60 por ciento de los concursos que había adjudicado hasta el momento Obras Hidráulicas. Y todo ello a pesar de que la ley de Incompatibilidades establece un periodo de dos años para poder trabajar en el sector en que se ha intervenido como alto cargo.

Escartín ha declarado que desde que cesa hasta que ficha por ACS -presidida por Florentino Pérez- permanece en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que depende de Fomento y por tanto de su anterior jefe, Benigno Blanco. Por el Cedex ya pasaron algunos personajes de esta historia, como Tomás Sancho. Este organismo, aparentemente inocuo y técnico, ha tenido un papel vital en las últimas catástrofes del agua en España. Sus informes fueron concluyentes para que se archivaran las causas penales contra el Estado por las tragedias de Biescas y Aznalcóllar. Ahora es también decisivo en la querella por Santaliestra. Imputados están, entre otros, Escartín y Blanco. Dentro de dos semanas Benigno Blanco declara como imputado por prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la causa que se sigue por el embalse de Santaliestra. La acusación se basa en que, pese a edificar el embalse en una zona sísmica con continuos deslizamientos, no se hicieron estudios en la cerrada de la presa y se ocultaron e ignoraron informes que advierten del peligro. Aguas abajo está amenazada la vida de miles de personas, una situación que recuerda a la que provocó la tragedia de Vaiont (Italia), con 2.600 muertos.

Benigno Blanco, tras la declaración de Escartín en el juzgado -él se reservó el último lugar de la larga lista de imputados- aseveró que "nadie puede dudar de mi honestidad".

Los autores de la trama

Benigno Blanco Ex secretario de Estado de Aguas y Costas, ahora lo es de Infraestructuras. Acusado de hacer una obra de 35.000 millones a la medida de Iberdrola. Imputado en el "caso Santaliestra".

Carlos Manuel Escartín Ex director general de Obras Hidráulicas. Convocó el concurso para la presa de Yesa sin tener competencias. Fichó por ACS dos meses después de que su ministerio adjudicara a esta empresa una obra de 19.000 millones. Imputado en los casos de Santaliestra y Yesa.

Tomás Sancho Ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Investigado por dar el contrato de estudio de abastecimiento de agua a Zaragoza, ligado a Yesa, a una consultora  que fundó con un socio y a la que aún estaba ligado. Imputado en el "caso Santaliestra" por prevaricación, falsedad y riesgo catastrófico.

Dolores Carrillo Ex directora general de Evaluación y Calidad Ambiental. Da el visto bueno ambiental a Yesa habiendo tres informes de su propio ministerio denunciando las graves carencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en los que se solicita la redacción de uno nuevo, y a pesar de que Carlos Escartín había sacado a concurso la redacción de un nuevo EIA.

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