LA AUDIENCIA DE MADRID ORDENA QUE SE REABRA EL CASO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA

Madrid, 25 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 38 de la capital que reabra el proceso por la construcción de la presa de Santaliestra , en Huesca, en el que estuvo imputado el secretario de Estado de Infraestructuras y ex secretario de Aguas, Benigno Blanco.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia admite el recurso contra el sobreseimiento provisional de la causa, dictado en agosto pasado por el citado juzgado, y devuelve a éste las actuaciones.

El proceso se inició a raíz de una querella presentada en 1999 por los ayuntamientos oscenses de Santaliestra y San Quílez contra Benigno Blanco y otras siete personas por presuntos delitos relacionados con la construcción de la citada presa.

La querella les acusaba de delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de los documentos, falsedad documental, riesgo catastrófico, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio histórico.

El auto de la Audiencia de Madrid recuerda que la resolución de 26 de mayo de 1997 de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente que aprobó el proyecto de esta presa, lo llevó a cabo "pese a que no cumpliera" las previsiones indicadas en el pliego de bases, "con los eventuales problemas de seguridad, incluso para personas, que ello pudiera haber acarreado".

Añade que la documentación obrante en autos pone de relieve que "los querellados lo han admitido, de una u otra forma, en sus declaraciones que el proyecto se aprobó sin realizar los estudios de terreno geológicos y geotécnicos que estimamos, aún sin ser expertos en la materia, deben ser imprescindibles sobre el enclave y construcción de una presa".

"Ese factor, y sin necesidad de entrar en otras posibles irregularidades por eventuales ocultaciones en el trámite de información pública (...), consideramos que no debió prescindirse de él, por que entendemos que es elemental hacer esos estudios de terreno para construir una presa", explica el auto.

La Audiencia considera que "la realización de la obra, de haberse llevado a cabo en los términos en que fue proyectada, podría haber generado unos riesgos para personas y bienes, en cuya calificación, caso de alcanzar relevancia penal, no hemos de entrar".

La resolución señala que el proyecto aprobado "incurría en irregularidades tales que permiten hablar, aunque sea nivel indiciario, de un delito de prevaricación, desde el momento en que esas irregularidades están relacionadas con la inexistencia de sondeos y estudios geológicos y geotécnicos.

El tribunal de Madrid devuelve al Juzgado de Instrucción la causa para que o bien practique nuevas diligencias o las partes formulen escrito de acusación.

Además de Blanco, la querella iba dirigida contra el ex director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Manuel Escartín, y el ex jefe de Área de Inspección de Presas de la Dirección General de Obras Hidráulicas, José María Vizcaíno.

Asimismo, el ex director general de Evaluación Ambiental, José Ramón Fernández Lastra; el ex jefe de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Francisco Fiteni; el ex comisario de Aguas de la Confederación y director del proyecto del embalse, Miguel Zueco; el ex presidente de la Confederación, Tomás Ángel Sancho, y el que fuera asesor del proyecto, Iñigo Barahona.

El pasado 2 de abril, Benigno Blanco, en su declaración en el juzgado como imputado, negó que aprobara la construcción de la presa sin tener en cuenta los criterios de seguridad de presas y embalses. EFE

 

La denuncia imputa a Benigno Blanco y a otros siete exaltos cargos del ministerio Además de Benigno Blanco, la querella presentada por el Ayuntamiento de Santaliestra iba dirigida contra el ex director general de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Manuel Escartín, y el ex jefe de Área de Inspección de Presas de la Dirección General de Obras Hidráulicas, José María Vizcaíno. Asimismo, también aparecen en la denuncia el ex director general de Evaluación Ambiental, José Ramón Fernández Lastra; el ex jefe de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Francisco Fiteni; el ex comisario de Aguas de la Confederación y director del proyecto del embalse, Miguel Zueco; el ex presidente de la CHE, Tomás Sancho, y el que fuera asesor del proyecto, Ínigo Barahona. El pasado 2 de abril, Benigno Blanco, en la declaración que realizó en el juzgado como imputado, negó que aprobara la construcción de la presa sin tener en cuenta los criterios de seguridad de presas y embalses. En los últimos meses, también han prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 38 los restantes imputados en la denuncia que presentó el consistorio de Santaliestra, cuyo alcalde, Javier Mur, de CHA, ha convocado hoy una rueda de prensa en Zaragoza para informar de las consecuencias del auto conocido ayer.

El Periódico de Aragón, 27-I-2002

 

Destaca que vayan a ser juzgados varios ex altos cargos de Medio Ambiente

El edil oscense también exige a Matas la paralización de Yesa y Biscarrués

CONRAD BLÁSQUIZ

ZARAGOZA

Es la primera vez que se va a sentar en el banquillo de los acusados un secretario de Estado en activo". Tanto el alcalde de Santaliestra, Javier Mur, como los letrados del municipio resaltaron ayer la trascendencia del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, hecho público el viernes, que reabre el proceso penal contra ocho ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente que promovieron el proyecto de construcción del pantano de Santaliestra. La decisión judicial, que ve indicios de prevaricación en la actuación del Ministerio de Medio Ambiente, supone "el final del pantano", pronosticó Mur.

El alcalde del municipio altoaragonés compareció ayer por la mañana en un hotel zaragozano, acompañado por sus letrados, los hermanos Beaumont, para informar del contenido del auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 16 de enero. En tan sólo trece folios, la Audiencia da un vuelco espectacular al proceso penal iniciado en verano de 1999 contra la construcción del embalse, ya que rechaza el sobreseimiento de la causa, dictado en agosto pasado, y ordena al Juzgado de Instrucción número 38 de la capital que practique nuevas diligencias o bien las partes formulen escrito de acusación. Contra este auto, explicaron ayer los letrados, no cabe ningún recurso, sino que ahora se abre un plazo hasta fijar la fecha del juicio oral.

SATISFACCIÓN El alcalde de Santaliestra, visiblemente satisfecho, subrayó que el auto demuestra la actitud "prepotente, antijurídica y antidemocrática" de la Administración central. Mur reiteró que se evidencia que la actuación del secretario de Estado de Infraestructuras y ex secretario de Aguas, Benigno Blanco, en esta cuestión "presenta graves indicios de criminalidad". Para el alcalde, la actuación de la administración hidráulica ha sido "rastrera, marrullera y tramposa" y se ha puesto de manifiesto que sus responsables "defienden intereses bastardos que son la antítesis de la legalidad".

La letrada María José Beaumont recalcó que con este auto "el cerco judicial" al proyecto de construcción del embalse "está prácticamente cerrado". Por ello, estimó que es "obvio" que la CHE debe cambiar a sus responsables y "paralizar todos los proyectos que tiene en tramitación o ejecución para que sean revisados con lupa" porque se ha demostrado que en la actuación de estas personas hay "irregularidades".

Para el equipo jurídico del Ayuntamiento de Santaliestra, el "responsable último" de todas estas cuestiones es el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. "O se marcha o se queda para poner orden y paralizar las actuaciones que tengan alguna relación con los imputados", como es el caso también del recrecimiento de Yesa y la construcción de Biscarrués o Itoiz.

El Periódico de Aragón, 26-I-2002

Al varapalo que supuso para el Gobierno la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el proyecto del pantano de Santaliestra cuando estaban a punto de comenzar las obras se suma ahora un auto de la Audiencia de Madrid que ordena reabrir un proceso contra los altos cargos que lo tramitaron. Para este tribunal, existen indicios suficientes de que se incurrió en posibles irregularidades que permiten hablar, aunque sea indiciariamente, de un delito de prevaricación. El proceso, que fue archivado en verano por un juzgado de instrucción, afecta nada menos que al actual número dos de Fomento, Benigno Blanco, que en la anterior legislatura era secretario de Estado de Estado de Aguas, y a otros siete altos cargos de Medio Ambiente cuando era ministra Isabel Tocino.

Estando en manos de la Justicia la depuración de posibles responsabilidades, es el momento de exigir que la actuación de la Administración en obras tan controvertidas sea escrupulosa. Las necesidades de un sistema de riegos --en el caso que nos ocupa, del Canal de Aragón y Cataluña-- deben ser resueltas, pero sin avasallar los derechos de los afectados. Al final, se perjudica a las dos partes y, en vez de resolverse un problema, se crean más y más graves.

Heraldo de Aragón, 26-I-2002