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La actual Comisión Europea,
donde se integran los españoles Loyola de Palacio y Pedro Solbes,
y que encabeza Romano Prodi, tiene oficiosa y colegiadamente
decidido desde principios del mes de marzo no atender
positivamente la petición del Reino de España, cursada en
diciembre último, para cofinanciar las obras del trasvase
Ebro-Segura, proyectado por el anterior Gobierno, presidido por
José María Aznar.
Razones de índole económica,
aparte de las medioambientales, le aconsejan definitivamente no
apoyar una obra que entra en colisión con los criterios de
recuperación de costes que propugna la vigente legislación
comunitaria, y que no ha logrado encontrar, a lo largo de los tres
últimos años, el necesario consenso territorial y político dentro
de nuestro país. Incluso la comisaria Loyola de Palacio,
exministra española de Agricultura, no se ha pronunciado con un
disenso formal debido a su conocido desacuerdo personal con el
planteamiento de elaborar el Plan Nacional de Regadíos después de
aprobada la ley del PHN en las Cortes Españolas.
Fuentes próximas a la Agencia
Europea de Medio Ambiente, consultadas por "La Economía", han
señalado que, como ya ocurrió con los 14.000 millones de pesetas
pedidos para la regeneración de la bahía de Portmán, son los
servicios correspondientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
los primeros que no tienen nada claro el coste/beneficio del
dinero que se requiere para invertir con cargo a diversos fondos
comunitarios en pleno proceso de racionalización de las políticas
estructurales y de cohesión a partir de la ampliación a 25 países.
La opinión provisional no
vinculante, pero bastante determinante, de esta otra institución
comunitaria, que preside Philippe Maystadt y que invirtió durante
2003 en España 6.300 millones de euros (16% del total en toda la
UE), es negar la cofinanciación del trasvase por un coste real mal
calculado por Madrid y una prevista amortización económica de las
obras claramente inviable.
Nuestro país no ha logrado
encontrar en el seno de la actual, y pronto saliente, Comisión
Europea, el más mínimo apoyo para su solicitud. Los países del
norte, como Finlandia, Dinamarca y Suecia, no entienden de escasez
de agua ni conciben llevarla de un sitio a otro mediante
trasvases. Con una desarrollada mentalidad conservacionista, sólo
admiten que se administren mejor los recursos existentes
(recuperación, depuración y reutilización) de los caudales y, si
acaso, prefieren la desalinización de aguas marinas. Les secundan
centroeuropeos, como Holanda, Alemania, Irlanda, Gran Bretaña,
Austria, Luxemburgo y Bélgica, que tampoco entienden de escasez
hídrica pero sí mucho más de tecnología para potabilizar agua
salobre de pozo o del mar. Son los que han propiciado una
legislación europea "ad hoc", que bascula sobre grandes plantas,
susceptibles de ser subvencionadas, y muy generosamente, por
Bruselas.
Los países del sur, como
Portugal, Francia, Italia y Grecia, ven la ocasión para no allanar
dificultades a un país competidor con ventaja en la agricultura
temprana intensiva y/o en la industria turística. No llevan la
bandera antitrasvasista pero justifican su postura en la firmeza
de los demás en contra. La ampliación al Este no favorecerá las
cosas. Los diez nuevos socios no querrán incomodar a una Alemania
que es su primer cliente y desea, cada vez, menos gastos onerosos
en proyectos faraónicos fuera de las infraestructuras de
transporte que faciliten la más rápida distribución de sus
productos industriales. Además, las dos grandes potencias
continentales y otros países igualmente en crisis económica, caso
de Holanda e Italia, quieren congelar los actuales Presupuestos de
la Unión Europea. Nuestro país se encuentra así, sin aliados, en
el seno de la actual Comisión, y con Francia y Alemania poco
dispuestas, de momento, a facilitar las cosas a España.
Un primer informe de la Dirección
de Medio Ambiente de la UE, firmado por la inglesa Catherine Day,
ya advertía el 5 de marzo sobre los posibles daños ecológicos que
la detracción de caudales del Ebro pudiera causar en sus
ecosistemas y el Delta. Se mostraba por tanto contrario a liberar
fondos comunitarios para cofinanciar el proyecto Ebro-Segura,
logró hacer una seria mella entre los actuales comisarios y,
probablemente, condicionar una decisión final negativa, que harán
pública y oficial antes del próximo verano. Los términos claves de
ese informe funcionarial y técnico son las "serias reservas sobre
su impacto ambiental y su coherencia con la legislación europea",
lo que resulta demoledor para las aspiraciones españolas de
conseguir 1.260 millones de euros de las arcas de Bruselas. La
alta funcionaria refleja que tampoco se explica en el proyecto
español las posibles reducciones de la cantidad de agua trasvasada
en año hidrológico más seco.
La visita de finales de febrero a
Bruselas del presidente catalán, Pascual Maragall, viejo conocido
en las instituciones comunitarias tras su paso destacado por el
Comité de las Regiones, parece el detonante de una decisión
todavía provisional, aunque suspensiva, antes de revisar a fondo
las necesidades objetivas de agua en el litoral mediterráneo
español al negarse la nueva Generalidad a que se construya el
ramal norte previsto. El argumento principal ahora es que el tramo
hacia el sur, del canal a construir entre Tortosa y Vall de Uxó,
tiene un impacto medioambiental negativo. No parece menos
relevante la omitida emisión de gases de efecto invernadero por
las estaciones de bombeo y centrales eléctricas por la cantidad de
energía que necesitan. El informe interno habla también de la
falta de soluciones propuestas para evitar la propagación de
especies nocivas invasoras. Y, por supuesto, de las dudas e
incertidumbres sobre el caudal ecológico final en el Delta del
Ebro, y la gestión del régimen de aguas que lo asegure, junto a la
protección de las especies de la zona baja del citado río.
En el aspecto financiero del
dictamen enviado en forma de carta a la Dirección de Política
Regional de la Comisión Europea, la señora Day sostiene que se
sobrestiman los beneficios del trasvase del Ebro mientras se
subestiman sistemáticamente los costes, o no están cuantificados.
Tampoco, a su juicio, la estructura de precios (uso agrícola,
industrial, o privado) está suficientemente explicada al no
haberse explorado su relación con la potencial demanda, así como
los costes de un impacto medioambiental negativo. Las previsiones
de empleo inducido reflejadas en el proyecto remitido por nuestro
Ministerio de Medio Ambiente también las encuentra exageradas. En
consecuencia, el departamento que dirige la comisaria sueca Margot
Wallström, opone de momento sus reservas a la adjudicación de los
fondos comunitarios solicitados por España, en base a todo lo
anterior y sobre la duda fundada de su no rentabilidad económica a
menos que se aporten más datos y cálculos nuevos que convenzan
posteriormente a los técnicos.
Un segundo documento interno, con
fecha 3 de marzo y elaborado por expertos en fondos regionales
dependientes del comisario de Política Regional, Michael Barnier,
pone en duda la oportunidad económica de acometer las obras del
trasvase del Ebro sin haber antes explorado suficientemente la
alternativa de las desaladoras, "que podrían ser más deseables".
Cuestionan en su informe la ampliación de zonas de regadío en el
Levante español cuando la Unión Europea proyecta reducir su
producción agraria. Y el propio proyecto español, tal como está
presentado en Bruselas. Por eso pide abundante información
adicional que procure posibilitar la ayuda solicitada de 1.260
millones de euros, a la que "difícilmente se puede optar" con ese
proyecto. Una de las recomendaciones de estos expertos es volver
al secano para evitar sobreproducciones agrícolas poco o nada
rentables, y así no tener que realizar el trasvase ni
sobreexplotar los recursos hídricos. El informe en preparación de
la Dirección de Agricultura no parece que se manifestará en igual
sentido pero sí cargará las tintas sobre los excedentes agrarios
de frutas y hortalizas, hoy el principal capítulo exportador de la
Región de Murcia.
También la Dirección de Mercado
Interior, dependiente del comisario Fritz Bolkestein, ha
desaconsejado cofinanciar el trasvase Ebro-Segura por
incumplimiento de las reglas comunitarias de contratación pública
respecto de los estudios ambientales del proyecto. Este tipo de
infracción paraliza de oficio la concesión de cualquier ayuda
europea. En un documento interno con fecha 27 de febrero, este
departamento recoge la denuncia presentada en 2003 por cuatro
europarlamentarios para que se investigase una adjudicación
irregular por la empresa pública "Trasagua", dependiente de
nuestro Ministerio de Medio Ambiente, por omitir la obligada
publicación de la citada adjudicación pública en el Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas. Y corrobora sus extremos al
confirmar que el procedimiento realizado sigue sin ajustarse a las
normas europeas. En consecuencia, mientras las objeciones al
proyecto no se subsanen conforme al ámbito de las directivas
comunitarias al respecto, este segundo dictamen es por tanto
suspensivo respecto a la solicitud española de fondos comunitarios
para realizar el trasvase.
Coincidiendo con la publicidad de
los dos últimos informes, seis grupos políticos del Parlamento
Europeo pidieron el 3 de marzo a los comisarios Barnier y
Wallström un debate técnico de alternativas al trasvase español
que ha buscado la cofinanciación comunitaria para su ejecución.
Liberales, Verdes, Partido Socialista Europeo, Izquierda Unitaria,
Europa de las democracias y las diferencia, y No inscritos desean
que el método comunitario de evaluación global del proyecto
presentado por el Ministerio español de Medio Ambiente, se aplique
a aspectos como el impacto socioeconómico y medioambiental de las
obras, el correspondiente sobre la agricultura, efectos sobre el
cambio climático, su viabilidad financiera, el precio del agua
trasvasada, y el coste energético, así como posibles alternativas
que tengan costes energéticos inferiores y mayor rentabilidad
económica.
Después de todo lo anterior, y
pese a que los citados informes no resultan en si mismos ni
vinculantes ni concluyentes para la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones, representantes del PSOE, Izquierda Unida y
la Fundación "Nueva Cultura del Agua" entienden que finalmente los
técnicos de Bruselas hayan condenado las formas de hacer las cosas
de nuestro Ministerio de Medio Ambiente, y se muestran convencidos
de que con tanto rechazo, el proyecto de trasvase del Ebro al
Segura haya quedado prácticamente suspendido por sus deficiencias
frente a la legalidad comunitaria. Hay hasta quien pide un gran
debate nacional para reformar el PHN, y suspender las obras que se
hayan podido iniciar ante su inviabilidad económica y
medioambiental demostrada en esos informes. El presidente catalán,
Pascual Maragall, entiende que la Comisión Europea tiene ahora
unos elementos de juicio contundentes, y difícilmente rebatibles,
para justificar una decisión negativa, que impida volver a abordar
el tema a sus sucesores, previsiblemente presididos por un
candidato de la Europa del norte.
Los grupos ecologistas, que se
han venido oponiendo frontalmente al trasvase por insostenible,
creen que los informes demuestran, además, lo coherente de su
oposición al darles la razón. Los Verdes se muestran partidarios
de buscar ahora una alternativa ecológica mientras representantes
de los agricultores entienden que el nuevo Gobierno español
debiera rectificar el PHN para adecuarlo a las exigencias de los
técnicos de la Comisión Europea. Tanto la renovada Generalidad de
Cataluña como varios ayuntamientos ribereños del Ebro, han
recurrido la ejecución del proyecto ante la Audiencia Nacional,
que ha admitido a trámite sendos recursos
contencioso-administrativos. La Plataforma en Defensa del Ebro
cree rotundamente haber ganado la batalla en Bruselas y que la
obra es ya irrealizable por falta de cofinanciación comunitaria
aunque la siguiente Comisión Europea volviese a plantearse la
cuestión. Es por eso, que no da por terminada su lucha y anima a
sus seguidores a continuar con las movilizaciones en contra de las
obras.
Francisco Poveda
http://www.laeconomia.com/articulos/EC_detalle.asp?idNoticias=1635
Bruselas
Pedro Arrojo, profesor de
Análisis Económico
'El trasvase
del Ebro no se sostiene económicamente'
Bruselas
El profesor de Análisis Económico
y exvicerector de la Universidad de Zaragoza, el físico granadino
de brillante currículo científico, Pedro Arrojo, presidente a su
vez de la Fundación "Nueva Cultura del Agua", parece ha sido la
personalidad individual española más influyente desde fuera de la
política activa y la estructura burocrática de Bruselas para que
determinantes direcciones generales de la Comisión Europea se
hayan cargado de argumentos en contra de la cofinanciación
comunitaria del trasvase del Bajo Ebro al Júcar y Segura. Les ha
convencido a todos de que es un proyecto insostenible por
desfasado y de que el Gobierno ha tratado de engañar con trucos
contables de ingeniería financiera, fraudulenta para las arcas
públicas, por intereses ocultos de eléctricas y constructoras.
El discurso de Arrojo se ha
apoyado en tesis conservacionistas y económicas. El haber sido el
primer español galardonado recientemente desde California con el
prestigioso "Premio Goldman" 2003 de Medioambiente entre todos los
ecologistas europeos, le ha dotado de una oportuna fuerza de cara
a la Opinión Pública y frente a los eurócratas encargados de los
diversos dictámenes previos. En varias ocasiones ha visitado la
Región de Murcia para reunirse con los círculos más críticos
respecto a la gestión del agua que se ha abierto paso. En
Moratalla participó en una reunión con diversos colectivos
civiles, preocupados por la escasa conciencia verde de las
autoridades regionales, y mantiene una especial amistad con el
catedrático de Geografía Física de la UMU, Francisco López
Bermúdez, exdirector de nuestra Agencia del Medio Ambiente.
Su tesis es aplicar a la gestión
del agua más inteligencia y menos hormigón como exponente de una
nueva cultura de desarrollo sostenible, que él la entiende como
complejidad de ecosistemas: el paisaje, la identidad territorial,
y los valores de vida. Ha abanderado, y difundido desde hace
tiempo, estas ideas entre la comunidad científica española, así
como que la clave son las aguas subterráneas y la economía
ecológica como arte del bien administrar los bienes naturales. A
su juicio, no todo lo que vale se intercambia por dinero, y
resulta importante saber que la economía moderna ya ha de
incorporar valores no monetarios en sus decisiones.
Para Arrojo, la economía
ecológica debe tomar esas decisiones en función del
coste-beneficio, tras internalizar externalidades ambientales y
sociales, porque ha de tener en cuenta lo importante que son los
valores naturales por encima de los de mercado. Piensa, por
ejemplo, que un río es algo más que un curso de agua que fluye, al
verlo como una depuradora natural, lo que le otorga un valor
excepcional y sin precio. Su tesis principal para rebatir el
trasvase del Ebro es la mentalidad extendida de tiempo en la
Administración española de que la solución de todo este tema de la
teórica escasez hídrica en el Sureste peninsular se soluciona
dotando de mucho dinero para gastarlo en obra pública hidráulica.
De ahí, que haya conseguido
convencer en Bruselas de que la repercusión de todo tipo de costes
directos (estudios previos, proyectos, expropiaciones, obra,
hormigón) e indirectos (ecológicos) del trasvase del Ebro, coloca
ya el precio del m3 por encima de los 0,22 euros con amortización
a 50 años, sin contar luego los gastos por elevación e impulso de
los caudales. Arrojo se ha mostrado seguro de que el beneficio que
proporciona tal inversión es muy negativo por una decreciente
competitividad de la producción agrícola española. Esa situación
sitúa el valor actual de mercado de una tierra de regadío justo en
la mitad de lo que cuesta transformar una hectárea de secano. Por
eso ha demostrado que detrás del interés mostrado por Madrid se
esconde un buen negocio para las grandes constructoras y las
empresas eléctricas necesitadas de más turbinas, y de que no es
verdad que se esté por ampliar regadíos en el Levante español
porque se piensa especular con los caudales del Ebro ante las
necesidades disparadas ya de la industria turística y residencial.
Arrojo ha explicado en Bruselas
que el PHN español prevé que el 53% de las aguas del trasvase sean
para regadíos y el 47% para usos urbanos y turísticos conforme a
la demanda actual y sin estimar su evolución a 25 años. Pero en
virtud de la legalización e impulso de los libres mercados
privados de aguas públicas en nuestro país, las primeras, según
él, terminarán seguro en manos de los urbanizadores del litoral
mediterráneo, por lo que se sienten engañados los sindicatos
agrarios. Además, acusa al Gobierno español de introducir trampas
contables en el cálculo económico del trasvase del Ebro, sabiendo
que lo son, y en un claro ejercicio, dice, de prevaricación
técnica. A su juicio, el balance real lleva a la quiebra por falta
de demanda si no se cuenta que el 60% de la inversión de dinero
público se hace en realidad a fondo perdido al no descontar la
inflación de los próximos 50 años, y el 40% restante es crédito
privado al 4% más un 2% de inflación, avalado por el Estado. "La
tarifa que se cobre sólo servirá en la práctica para pagar ese
40%", afirma Arrojo.
El profesor Arrojo sostiene que
el precio final real del agua del Ebro sería en Murcia de un euro
el m3, y de 1,5 en Almería frente al coste medio de 0,31 euros que
el Gobierno español ha transmitido a Bruselas, "preparando un gran
fraude con el dinero del erario público", aunque reconozca que el
precio se pondrá en el doble por el coste de la energía necesaria
para bombeo. Arrojo se muestra seguro de que el agricultor
murciano no puede pagar más de 0,35 euros por m3 al encontrar
sobrada oferta de aguas subterráneas a un máximo de 0,30 euros. Y
que, aunque sólo haya que pagar los créditos del 40% del importe
de las obras, el precio del m3 no bajaría aquí de 0,40 euros y no
encontraría demanda desde la agricultura murciana.
Al hablar ya la Directiva Marco
del Agua de recuperación íntegra de costes en la gestión, la
procedente de la desalación se podrá ofertar en Murcia, según
Arrojo, a la mitad que costaría la procedente de un trasvase del
Ebro subvencionado al 60% con dinero público, europeo y español, a
fondo perdido.
J.B.
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