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EFE. Huesca | El Tribunal Superior
de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado diversos expedientes de
expropiación forzosa incoados por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) contra los propietarios de los terrenos proyectados
para la construcción del embalse de Santaliestra (Huesca).
En un comunicado remitido por el
alcalde de Santaliestra, Javier Mur, se informa de que una parte
de los propietarios del suelo han recibido en los últimos días
resoluciones judiciales que estiman sus respectivos contenciosos a
los acuerdos adoptados por el Jurado de Expropiación Forzosa de
Huesca en diciembre de 2000 a instancias del Organismo de cuenca.
Las sentencias emitidas se suman
a la decisión de la Audiencia Nacional de noviembre de 2001 de
anular el proyecto ante la existencia de informes que advertían de
riesgos derivados de las características geológicas del suelo.
"Satisfacción patente"
También se unen a la resolución
del Tribunal Supremo de mayo de 2002 de anular un acuerdo de
Consejo de Ministros que declaraba el proyecto de interés general
y a sentencias del TSJA de abril de 2003 que anularon tanto el
inicio de expediente de expropiación de los terrenos como las
alegaciones presentadas a su ocupación por los propietarios.
Tras referirse a la "satisfacción
patente" entre los vecinos afectados ante las nuevas resoluciones
judiciales, el alcalde de la población y secretario de la Ponencia
de Obras Conflictivas del Pacto del Agua, dentro de la Comisión
del Agua de Aragón, asegura que las sentencias ponen "punto final"
al proyecto de embalse a nivel judicial "puesto que hasta las
resoluciones secundarias y complementarias son falladas a favor
del pueblo de Santaliestra ".
"Reiniciar el expediente del
embalse -añade-, conllevaría un reconocimiento implícito de que la
forma de actuar de la Administración hidráulica fue en su momento
no ajustada a derecho, con serias connotaciones penales y, lo más
grave, la impunidad con que se puso en riesgo de catástrofe a
miles de personas".
En su comunicado, Mur se refiere
a la causa penal abierta contra ocho ex altos cargos de la
Administración hidráulica, entre ellos el ex secretario de Estado
de Infraestructuras Benigno Blanco, y a las peticiones de penas de
entre 6 y 14 años de prisión solicitadas por la Fiscalía Especial
de Medio Ambiente para los imputados por presuntos delitos de
estafa, riesgo catastrófico o cohecho.
Diálogo y mediación
El edil considera, por otra
parte, "preocupante el devenir del debate hidráulico", recalcando
a este respecto que "también en el caso de Santaliestra se
habilitaron planes de restitución y compensación que no buscaban
más que aislar y dividir a los territorios, jugando con las
necesidades perentorias de los mismos".
Para el responsable municipal la
Comisión del Agua de Aragón "vuelve a caer en los mismos errores"
al entender que la Ponencia de Obras Conflictivas, en el dictamen
sobre el recrecimiento de Yesa, "vuelve a hacer referencia a esos
porcentajes a favor de las compensaciones, obviando el debate y
disfrazando de consenso los dictámenes previamente establecidos".
Mur agrega que el Ayuntamiento de
Santaliestra "sigue apostando" por el diálogo y por iniciativas
como la mediación, y argumenta que la Comisión del Agua "debe
aprovechar el momento histórico y evitar convertirse en un foro
interesado donde se ponen de acuerdo los que ya lo estaban de
antemano.
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