NUEVO AVANCE JUDICIAL
CONTRA EL RECRECIMIENTO DE YESA
- Todo dispuesto para que
sus responsables se sienten en el banquillo La Audiencia
Provincial de Madrid rechaza el último recurso que intentaba
suspender el juicio
Hoy hemos conocido, por
medio del Ayuntamiento de Artieda, un nuevo y definitivo avance en
los procesos judiciales contra el recrecimiento de Yesa y sus
responsables. La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 7ª de lo
penal), ha rechazado el último recurso del Abogado del Estado que
intentaba, en este caso, que se decretara la inexistencia de
delitos y el archivo definitivo de las actuaciones. De esta forma,
los continuos intentos de paralizar la acción de la Justicia han
sido rechazados uno tras otro y el juicio se celebrará
próximamente, una vez que sea fijada la fecha por el juez.
Ante esta situación queremos
transmitir a la opinión pública lo siguiente:
- Que el recrecimiento de
Yesa está acorralado judicialmente, pues la gravedad de los
delitos imputados a sus responsables así lo demuestra. Son
acusaciones formuladas por el Ayuntamiento de Artieda y por la
propia Fiscalía del Estado y asumidas, primero, por el Juzgado
instructor del caso (el nº 19 de Madrid) y ahora, por la
Audiencia Provincial de Madrid, donde se juzgará a los acusados.
Todo hace prever una condena de los imputados, lo que arrastrará
a una anulación del proyecto de recrecimiento.
- Mientras tanto, el
Gobierno de Aragón, e incluso la CHE y el Ministerio de Medio
Ambiente, miran hacia otro lado, intentando negar lo que es
evidente: que el recrecimiento de Yesa tiene los días contados.
Parece que, como ha ocurrido con Santaliestra (felizmente
descartado), solo las sentencias judiciales les abren los ojos y
consiguen que se sienten a dialogar y estudiar alternativas. Es
una actitud lamentable y perjudicial para todos, cuando podíamos
estar avanzando en soluciones consensuadas como la presentada
por la FNCA.
- El acuerdo de
Santaliestra, por lo tanto, debería servir de ejemplo. Siempre
hay alternativas que pueden solucionar los conflictos, y lo
razonable es estudiarlas y debatirlas, algo que la Comisión del
Agua, en el caso de Yesa, no hizo. Cerró en falso el problema y,
de no rectificar ese grave error, una vez más serán los
Tribunales los que digan la última palabra.
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