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El Periódico de Aragón, 9 de marzo de 2006 |
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JUICIO POR LA POLÉMICA OBRA
Yesa recibió en un
solo día el visto bueno de 16 ministerios
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Escartín y
Sancho en una foto de archivo |
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E. BAYONA (09/03/2006)
El proyecto de recrecimiento de Yesa ha tenido fases celéricas,
casi vertiginosas, en los casi 23 años que lleva deambulando por
la Administración. Una de ellas se hizo pública ayer, en el
juicio que celebra la Audiencia de Madrid contra seis exaltos
cargos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por las presuntas
corruptelas en su tramitación.
El expediente fue entregado en mano por funcionarios de la CHE
en el ministerio el 3 de junio del 99. Al día siguiente, el
entonces director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín,
resolvió licitar la redacción de los trabajos con un formato de
concurso de proyecto-obra --para lo que carecía de
competencias-- que acabó ganando, entre otras, la constructora
que lo fichó unos meses después. Al día siguiente, el Consejo de
Ministros autorizaba la licitación. En ese periodo, según
declaró ayer el exsecretario general del ministerio, Carlos
Vázquez Cobos --uno de los seis acusados--, el proyecto debió
pasar por el Ministerio de Presidencia para ser estudiado por
representantes del resto de departamentos ministeriales --16-- y
por la Comisión de Subsecretarios, que suele reunirse la víspera
de los consejos y sin cuyo plácet los asuntos no llegan a la
sesión del Gabinete. "Eso era absolutamente normal", dijo ayer
Cobos.
El Servicio Jurídico del Estado devolvió el expediente a Medio
Ambiente el 7 de junio. El fiscal preguntó "por qué no hay
control de legalidad en la obra presupuestariamente más
importante de aquella época". Cobos declaró que no era
necesario, y que el único documento que debían revisar los
letrados era el proyecto definitivo, elaborado por las
constructoras que ganaron el concurso en el 2000 y "que sí fue
sometido a control". El exsecretario también dijo que la
Declaración de Impacto Ambiental no requiere chequeos jurídicos
ni técnicos antes de su aprobación.
Cobos rechazó tanto haber sido presionado para agilizar el
proyecto como que él hubiera intentado influir en la responsable
del visto bueno ecológico --María Dolores Carillo, también
acusada-- para desbloquear el recrecimiento. También indicó que
el proyecto de las constructoras contemplaba los estudios de
riesgo sísmico que reclamó Evaluación Ambiental. Lo mismo
declaró José Luis Uceda, exingeniero de la Confederación
Hidrográfica del Ebro y también acusado. Sin embargo, las
conclusiones ambientales del nuevo proyecto y las medidas
planteadas para corregirlas no salieron a información pública.
"No es necesario", dijo Cobos. "Lo que sí debe someterse a
información pública es el estudio de impacto", añadió.
Uceda, por su parte, aseguró que "el riesgo de las laderas está
estudiado desde el 80" y que esa problemática quedó solucionada
"en el 62, después de unos desprendimientos en el primer
llenado" del pantano.
Cobos, profesor de Derecho Administrativo, rebatió las
explicaciones ofrecidas la víspera por Escartín, que aseguró que
licitó el proyecto tras recibir una orden del Consejo de
Ministros en ese sentido.
"Así
hasta la jubilación"
El presidente de la sala pide a los abogados que agilicen los
interrogatorios para evitar que la vista oral acumule retrasos.
E. B. D. (09/03/2006)
"Podemos seguir así hasta la jubilación, incluso más, porque el
juicio está iniciado". El presidente del tribunal de la
Audiencia de Madrid que enjuicia las presuntas corruptelas en la
tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa, Arturo
Beltrán, pidió ayer a los abogados y el fiscal que agilizaran
los interrogatorios ante el retraso que acumula la vista oral.
"Las pruebas de cargo rara vez se obtienen de la confesión",
dijo antes de sugerir al abogado del Estado que redujera la
continua propuesta de lectura de folios del sumario a sus
defendidos. El ojeo de los folios iba seguido de la petición de
ratificación de lo que podía leerse en ellos. "Era inocua esa
sugestión en cuanto preexiste la prueba documental", le indicó
al letrado. Venía a decirle que no es necesario probar, por
obvio, la existencia de lo que está incluido en la causa. Con
todo, agradeció a los abogados esa práctica --aunque insistiendo
en pedirles que la limitaran-- ya que "sirve para que el
tribunal tenga presentes las agujas del pajar que se le pueden
pasar".
Mediada la sesión, llamó de nuevo la atención al abogado del
Estado, que formuló numerosas cuestiones sobre los
procedimientos administrativos a Carlos Vázquez Cobos,
exsecretario general del Ministerio de Medio Ambiente. "Están en
su derecho de creer que un tribunal penal no sabe de Derecho
Administrativo", dijo al letrado y los acusados antes de matizar
que una cosa es no ser experto en una materia y otra muy
distinta, que en este caso no se da, ser lego. "Sobre derecho
Administrativo, ni una pregunta más. Sobre hechos".
Al acabar la sesión, la defensa renunció a tres de los cinco
testigos citados para el próximo lunes. El presidente de la
sala, por su parte, decidió adelantar el inicio de la vista para
hoy. Un acusado, que va y viene cada día desde Zaragoza,
advirtió que depender del transporte público y enfrentarse al
caótico tráfico madrileño para atravesar la ciudad, plagada de
obras, podía dificultar su presencia. "No se preocupe --le dijo
Beltrán--. Sin ustedes no empieza el juicio. No hay más tu tía".
El
exingeniero de la CHE Luis Uceda: "¡Para, animal, que se cae la
presa!"
(09/03/2006)
El exingeniero de la CHE
José Luis Uceda, acusado en el juicio, se desvinculó ayer de
cualquier irregularidad en la tramitación del proyecto de
recrecimiento de Yesa apelando al "conducto reglamentario. En
cualquier Administración se propone, y el escalón de arriba lo
aprueba o lo para". Uceda elaboró el proyecto del 93, en el que
propuso estudiar los riesgos sísmicos. Al pedirle Madrid que lo
hiciera, redactó el pliego de bases para contratar a una empresa
externa. También advirtió que el estudio ambiental presentaba
carencias por estar elaborado en una etapa transitoria. "En el
94 se acaba el redactor del proyecto. Me quedo a la espera de
medios de la superioridad. Ahí me he parado. Mis trabajos, los
de mi equipo, se adecuan a la legalidad vigente". Uceda, que en
1999 propuso un pliego de cláusulas para paliar los efectos
ambientales, añadió que "si alguien hubiera visto que se iba a
caer la presa, que para mí eso es una catástrofe, hubiera dicho:
para, animal".
Cosas
feas
JOSÉ LUIS Trasobares
(09/03/2006)
Y a mí qué me cuenta, dijo textualmente el ex-director general
de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, cuando el fiscal le
preguntó anteayer por la inclusión en la contrata para el
recrecimiento de Yesa de una partida milmillonaria (en pesetas)
que ni siquiera había salido a información pública. He aquí la
imagen y el paradigma de una forma de entender las grandes obras
públicas en general. Resulta que Escartín adjudicó los trabajos
para ampliar el gran pantano del río Aragón a una unión de
empresas por una de las cuales (la ACS de Florentino Pérez)
fichó meses después como director de contratación. Y resulta que
la misma consultora que elaboró las bases de dicho concurso
preparó también la propuesta de la susodicha unión de empresas
(yo me lo guiso, yo me lo como). Pero el ex-director general
pasa de todo.
Estas superposiciones de intereses (como la que afecta al
ex-presidente de la CHE, Tomas Sancho, que adjudicó a una
empresa de la que había sido accionista destacado el proyecto
para traer a Zaragoza el agua de Yesa), estas coincidencias tan
estupendas, digo, tal vez sean legales o tal vez no. Ya lo dirán
los jueces. Pero son feas, feísimas. Por lo menos lo eran
(horrorosas) cuando, allá por los finales de los Ochenta y
principios de los Noventa, gobernaban España los socialistas.
Mas a partir del 95-96 nos entró una extraña flojera y al filo
del nuevo siglo, cortando ya el bacalao Escartín y Sancho bajo
el supremo liderazgo de Aznar, dejó de parecernos raro lo que
antes nos llenaba de sospechas. Incluso ahora, que hay un juicio
en marcha respecto a estas zonas de sombra en la puesta en
marcha del fracasado recrecimiento máximo de Yesa, los grandes
medios nacionales tratan el tema como noticia de Tercera
Regional.
Pero a ciertas personas (entre las que me encuentro) las cosas
feas nos parecen feas las hagan unos u otros. Más afrentosas
todavía si se refieren a episodios de nuestras manidas y
desdichadas peripecias hidrológicas.
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Diario del AltoAragón, 9 de marzo de 2006 |
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Cobos dice que su
informe no daba cobertura jurídica a la declaración ambiental
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JACA.- El ex secretario técnico del Ministerio de Medio
Ambiente, Carlos Vázquez Cobos, que ayer declaró en la Audiencia
Provincial de Madrid como imputado por el “caso Yesa”, dijo que
en su informe emitido a favor de aprobar la declaración de
impacto ambiental (DIA) no tuvo en cuenta que se había convocado
un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA), por las
irregularidades del anterior. Para Vázquez Cobos, su informe no
daba cobertura jurídica para que la DIA saliese adelante con la
firma de la entonces directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental, Dolores Carrillo -también acusada-, sino que se
limitó a responder en qué momento procesal se encontraba el
expediente.
A este respecto, el EIA tenía sólo valor contractual, por lo que
no se molestó en conocer su contenido, pese a que se trataba de
un documento que tenía relación directa con la DIA sobre la que
él informó favorablemente. Cabe recordar que la convocatoria de
un nuevo EIA la realizó el entonces director general de Obras
Hidráulicas, Carlos Escartín, también imputado.
Ayer también declaró José Luis Uceda, ingeniero de la CHE junto
a Ángel Núñez (que declara hoy) acusado por la Fiscalía de
prevaricación y riesgo catastrófico por no incorporar en el
trámite de información pública del proyecto un informe del Área
de Tecnología y Control de Estructuras que advertía de los
riesgos sísmicos si se realizaba la obra. Según Uceda, esto no
era necesario.
Luis Solana, alcalde de Artieda -municipio que interpuso la
querella motivo del juicio-, manifestó tras la sesión de ayer
que "para como afectados nos parece alarmante ver que cosas
fundamentales se escapan de un control mínimo exigible, y esto
parece ser un procedimiento normal. Estamos comprobando, además,
esa falta permanente de transparencia que hay en la
administración cuando se le solicita información". Respecto a
Uceda, el alcalde artiedano dijo que "como afectados y como
ciudadanos tenemos motivos para preocuparnos, porque ha hablado
claramente como un regante más, con una visión trasnochada y
alicorta, justificando la obra de Yesa en base a una ley de 1932
que habla de 110.000 hectáreas, y sin tener en cuenta el actual
Plan Nacional de Regadíos". Su visión, añadió, no es personal,
sino "la del organismo que gestiona los ríos y el agua, y pone
en evidencia una falta total de adecuación a las nuevas
normativas". Por eso, un juicio como éste "puede ayudar a que
las cosas cambien". Por su parte, Río Aragón comentó al valorar
la sesión de ayer que las declaraciones de Vázquez Cobos y Uceda
"demuestran la actitud irregular, irresponsable y sesgada de la
administración en la tramitación del recrecimiento del embalse
de Yesa".
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HEMEROTECA
Diario de Noticias,
5 de octubre de 2004 |
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LA TRAMA FUE IDEADA POR DOS INGENIEROS Y DESPUÉS SE SUMARON LOS
ALTOS CARGOS
El fiscal acusa a
los promotores del proyecto de Yesa de favorecer ilegalmente a
ACS
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M.BIDEGAIN
PAMPLONA. El fiscal del caso abierto por las irregularidades
detectadas en la tramitación del proyecto de recrecimiento de la
presa del pantano de Yesa acusa a los procesados, seis altos
cargos del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Partido
Popular y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de
maniobrar y cometer numerosas ilegalidades para conseguir la
adjudicación de las obras a la empresa ACS.
Según el escrito de acusación del fiscal, los hechos que han
desembocado en el procesamiento y juicio de José Luis Uceda y
Ángel Núñez, ingenieros de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE); Carlos Escartín, ex director general de Obras
Hidráulicas; Dolores Carrillo, ex directora general de
Evaluación Ambiental; Tomás Sancho, ex presidente de la CHE y
Carlos Vázquez, ex secretario técnico del Ministerio de Medio
Ambiente, se remontan a abril de 1994, cuando se sometió al
trámite de información pública el proyecto de recrecimiento de
la presa de Yesa. El Área de tecnología y Control de
Estructuras, el organismo específico del Ministerio para
cuestiones de seguridad, emitió un informe que señalaba "la
grave problemática de seguridad estructural y riesgos sísmicos y
geológicos del proyecto", pero los ingenieros de la CHE José
Luis Uceda y Ángel Núñez, encargados del trámite, "no
procedieron a su incorporación al proyecto, impidiendo
igualmente su incorporación al trámite de información pública",
vulnerando tanto el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y
Embalses y de la Instrucción de Grandes Presas.
El Procedimiento Administrativo Común exige que, al cerrarse el
plazo de información pública, los encargados del trámite deben
emitir un informe específico de respuesta a las alegaciones,
cosa que no hicieron Uceda y Núñez, quienes "prosiguen
automáticamente el trámite, remitiendo el proyecto intocado a la
autoridad ambiental". Las alegaciones fueron contestadas "seis
años después, finalizado ya el concurso y licitación de la obra
y cuando se procede a la adjudicación de la misma a la
constructora".
declaración de impacto El proyecto requería a continuación, para
seguir su tramitación administrativa, la Declaración de Impacto
Ambiental, que debe ser positiva. Sin embargo, el director
general de Política Ambiental del Ministerio "dicta resolución
desautorizando la continuación del proyecto por cuanto el mismo
está sobredimensionado, carece de justificación en cuanto a sus
usos, presenta riesgos sísmicos y estructurales, afecta al
patrimonio histórico y no se adecua al Plan Nacional de
Regadíos".
Era necesario replantear el proyecto y el director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas, Carlos Escartín, convocó
el 22 de diciembre de 1998 el concurso de asistencia técnica
para la redacción de un nuevo Estudio de impacto ambiental de
recrecimiento de la presa de Yesa y variante de carreteras
afectadas, con un presupuesto indicativo de 97.442.436 pesetas y
un plazo de realización de doce meses. "A pesar de la existencia
de los citados actos administrativos impulsados por intereses
ajenos al servicio público -afirma el fiscal en su escrito-, a
partir del mes de junio de 1999 los acusados Uceda, Núñez,
Carlos Escartín y Tomás Sancho, presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, y a pesar de la situación legal del
proyecto (habiendo acordado la realización de los estudios
ambientales y estando pendiente de la declaración de impacto
ambiental) deciden, indiferentes a la situación legal indicada,
continuar con su tramitación: sin haberse dictado resolución
administrativa alguna, proceden simplemente a no tramitar el
Concurso de asistencia técnica para la realización del Estudio
de impacto ambiental ya convocado".
Los cuatro acusados "proceden a realizar o interesar la
realización de un conjunto de informes y trabajos incompatibles
con aquella situación administrativa encargados, mediante
contratos de asistencia técnica, a la mercantil Euroestudios,
así como requerir a la autoridad medioambiental para el impulso
del proyecto, actuaciones administrativas contrarias a las
propias resoluciones dictadas en el expediente", según el
fiscal, quien añade que "consiguen así de la directora de
Evaluación de Impacto Ambiental -Dolores Carrillo Dorado,
también acusada- una simulación de autorización ambiental".
PRESIONES Y DISIMULOS
Explica que según declaró la propia
Dolores Carrillo, entre junio de 1998 y marzo de 1999 mantuvo
numerosas reuniones con Escartín y Sancho, quienes "le presionan
para que apruebe rápidamente y sin restricciones el proyecto,
desatendiendo tanto lo que resultaba del expediente de impacto
ambiental como los propios actos administrativos de la Dirección
General de Obras Hidráulicas por los que han convocado el
concurso para la redacción del nuevo estudio. A partir de junio
de 1998 todo valía para los intereses de los acusados", constata
el fiscal.
Carrillo pidió a Escartín y Sancho que, "con objeto de disimular
aquella tergiversación ilegal de los contenidos del expediente
administrativo, algún escrito que justificara la sorprendente
decisión que habría de tomar. Para ello -continúa-, aporta el
propio Sancho a la directora general un remedo de informe sin
firma alguna ni sello de entrada o salida en el que
esencialmente se destaca la necesidad, cada vez más acuciante,
del recrecimiento de Yesa para la satisfacción urgente de los
requerimientos de agua para los regantes". Sancho justifica su
postura manipulando las cifras que figuran en los planes
nacionales de regadíos y ocultando que él mismo había aprobado y
procedido a la construcción de tres miniembalses que cubrían las
necesidades de agua de una extensión muy significativa de las
tierras que teóricamente iban a ser regadas con el agua de Yesa
recrecido.
Dolores Carrillo "accede a darle el final que le piden al
expediente", aparta del mismo a los técnicos que lo tramitaban y
"en orden a la asombrosa posibilidad de firmar lo contrario de
lo que resulta del expediente así como de la resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, interesa literalmente un
informe jurídico para proceder conforme a derecho no ya del
Servicio Jurídico del Estado, sino de Carlos Vázquez Cobos,
secretario general técnico del Ministerio". El fiscal considera
"sorprendente" este comportamiento, porque hasta entonces era el
Servicio Jurídico el que había elaborado todos los informes y
porque el propio Vázquez reconoce que su experiencia profesional
deriva de su anterior puesto de Inspector de Hacienda, "ajeno a
la problemática técnica concreta de la Declaración de Impacto y
cuando reconoce también no haber intervenido en la tramitación
práctica de ninguna".
POR SI HUBIERA PROBLEMAS
Escartín y Sancho comunicaron a
Vázquez que la publicación en el Boletín Oficial del nuevo
Estudio de Impacto "era únicamente por motivos presupuestarios y
por si hubiera algún problema ", ante lo que el secretario
general "emitió su informe sin ni siquiera consultar someramente
el expediente". Dolores Carrillo, "no consiguiendo que ningún
técnico del Área de Impacto avalara aquella transformación
ilegal de la realidad de lo contenido en el expediente y sin
informe técnico alguno, redacta y firma un remedo de Declaración
de impacto ambiental que, desde luego, permite la construcción
del embalse. Consciente de la ilegalidad que está realizando
cuida de no emplear en la parte dispositiva de la resolución los
términos de declaración afirmativa (positiva) o negativa que son
los únicos que pueden ser utilizados".
En este sentido, explica que "para disimular el favor que se le
ha pedido utiliza unos términos no previstos en la legislación:
Se considera que, con la documentación aportada por el promotor,
de las alternativas mencionadas en el expediente de evaluación
de impacto ambiental la consistente en sustituir un embalse con
cota máxima de agua de 506 metros es la más favorable para el
medio ambiente, si bien es insuficiente para la satisfacción de
los objetivos específicos que justifican el proyecto, razón por
la que la alternativa viable es la del embalse de cota máxima de
agua de 521 metros".
El fiscal asegura que "los técnicos adscritos al expediente
insistían en que las medidas correctoras debían describirse con
precisión e incluirse su dotación presupuestaria concreta; el
remedo de declaración vulnera flagrantemente la legislación
medioambiental y no establece medida correctora concreta
alguna". Hasta la fecha no se ha aprobado resolución alguna con
las medidas correctoras.
Una vez conseguida la aparente autorización ambiental, el 4 de
junio de 1999 Uceda y Núñez, "con la conformidad y visto del
también acusado Tomás Sancho", proponen a Carlos Escartín que
dicte varias resoluciones. En efecto, el 4 de junio de 1999
resuelve iniciar el expediente de contratación del proyecto de
recrecimiento de la presa de Yesa por el sistema de Concurso de
proyecto y obra por un importe de 23.000 millones de pesetas,
"resolución para la que carecía de toda competencia en virtud de
la Ley de contratos de las administraciones públicas", Ley que
también vulneró en cuanto a la modalidad elegida (contratación a
la vez de proyecto y obra) y al omitir el preceptivo estudio de
seguridad.
La resolución, "con vistas al favorecimiento de la constructora
(ACS), incorpora al presupuesto 7.000 millones de pesetas no
justificados en virtud de la aprobación de una addenda que
carece de todo trámite administrativo en cuanto a la aprobación
previa por el Ministerio, asignación de gasto, consultas previas
e información pública, eludiendo por tanto toda posibilidad de
conocimiento público y de control por otros funcionarios y
autoridades, vulnerando la Ley de procedimiento administrativo
común". Aclara el fiscal que con el único trámite de la
propuesta, para la que carecían de toda legitimidad Uceda y
Núñez, " con fecha 3-5-99 interesa Tomás Sancho la aprobación de
una addenda realizada por la consultora privada Euroestudios,
informada técnicamente por José Luis Uceda y Ángel Núñez y
aprobada finalmente por Escartín el 4-6-99, que incorpora a la
licitación un presupuesto extra de 7.000 millones de pesetas,
singularmente en medidas correctoras ambientales, fuera del
Estudio de impacto ambiental y otras específicas para la
evitación de la afección al Camino de Santiago que resultaban,
en la práctica, inexistentes".
PROYECTO BLINDADO
La tercera de las resoluciones
firmadas por Escartín el 4 de junio de 1999 a propuesta de Uceda
y Núñez es una cláusula adicional técnica "que impide toda
modificación de la cota del embalse determinada por los acusados
en ese conjunto de resoluciones". El objetivo, según el fiscal,
"es muy evidente: el proyecto aprobado señalaba unas precisiones
de hectáreas regables y por tanto de cota y de volumen de
construcción mucho mayores que las establecidas en el Plan
Nacional de Regadíos. dado que el citado Plan impone la
obligatoriedad de la adaptación de las infraestructuras a las
superficies regables que establece, se trata de impedir que
alguna de las licitantes independientes pudieran, amparadas en
la más estricta legalidad, presentar alguna oferta que redujera
la cota y el presupuesto del embalse a los límites que éste
obligatoriamente debiera tener, perjudicando así a la
constructora vinculada a los acusados", que es ACS, la empresa
del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Simultáneamente al inicio de la licitación de la obra, y a
propuesta también de Uceda y Núñez, Escartín aprobó los
criterios técnicos y económicos por los que deberá regirse el
concurso, elaboradas por Euroestudios y aprobado técnicamente
por los propios Uceda y Núñez, que resultará finalmente aprobado
por resolución del secretario de Estado de Aguas y Costas,
Benigno Blanco. El fiscal dice en su escrito que "los citados
documentos carecen totalmente de criterios objetivos para la
elección de la mejor oferta: por el contrario, por la
arbitrariedad de sus cláusulas el informe de la intervención
delegada resalta que el pliego de bases está redactado de tal
manera que no existe garantía alguna de objetividad en orden a
la resolución del concurso y, efectivamente, su redacción está
efectuada de manera que se pueda adjudicar el concurso a la
ofertante que desee el sr. Escartín".
"Con objeto de asegurar a la empresa ACS la adjudicación de la
obra -argumenta el fiscal-, Escartín manipuló el informe
técnico" consiguiendo que lograra la mayor puntuación la oferta
presentada por la unión temporal de empresas encabezada por ACS
e integrada también por FCC y Ferrovial, imponiéndose a la de su
directa competidora, OHL.
Ante la denuncia de alguno de los concursantes de que existía
vinculación entre Euroestudios y ACS, el abogado del Estado jefe
del Servicio emitió a requerimiento de Escartín un informe
indicando que, de ser cierto, se estaría produciendo un fraude
de ley. "Poco tiempo después, el sr. Escartín, juez y parte en
el procedimiento, toda vez que la carta le denunciaba
expresamente como conocedor y consentidor de los hechos, da
carpetazo al asunto sin resolución alguna, ordenando la
continuación del trámite sin efectuarse ninguna averiguación".
El 8 de junio de 2000 la mesa de contratación ratifica la
adjudicación a ACS una vez que Escartín había conseguido "la
adaptación formal a sus criterios" del resultado del concurso y
el 31 de agosto Escartín, incumpliendo la legislación de
incompatibilidades, "se incorpora a la empresa adjudicataria ACS
en el puesto de nueva creación de director de contratación II,
con un contrato de duración indefinida y con una retribución
anual de 20 millones de pesetas. No existe documentación alguna
en la empresa en cuanto al proceso de contratación. Ni el
secretario general de ACS ni el sr. Escartín saben quien, cómo y
en qué fecha se produjo su contratación".
La ausencia de los preceptivos estudios de seguridad ha hecho
que los autores del proyecto (Uceda y Núñez) impulsen, con
posterioridad a su aprobación definitiva, un número importante
de reformados por parte de sus superiores "que revelan las
carencias importantes del mismo. Por supuesto que no existe
justificación alguna que justifique tan irresponsable conducta
-denuncia el fiscal- como no sea la aprobación a toda costa de
un proyecto ya prefijado de cota y de embalse". Otro modificado
de la obra se refiere a "los importantes problemas de
cimentación del estribo derecho" que, como todos los demás,
carece de los obligados trámites de información pública e
informe de intervención".
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Acusados, delitos imputados y penas solicitadas
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Cronología del proyecto
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Irregularidades en la tramitación
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Dosier completo
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