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EDUARDO BAYONA (12/03/2006)
Nadie. Ningún cargo político de la era Aznar se pasó esta semana
por la Audiencia Provincial de Madrid para dar apoyo moral con
su presencia a los seis acusados --uno de ellos ausente por
convalecencia-- en el juicio por las presuntas corruptelas en la
tramitación del proyecto de recrecimiento de Yesa. Se enfrentan,
en el peor de los casos, a nueve años de cárcel, 16 de
inhabilitación para puestos públicos y 216.000 euros de multa.
Durante su declaración en el segundo día de la vista, el
exdirector general de Obras Hidráulicas del primer Gobierno del
PP, Carlos Escartín, declaró que "la Administración es a veces
un poco madrastra" con quienes la abandonan. Los acusados, entre
los que se encuentran piezas clave de la estrategia hidráulica
del PP, como el propio Escartín o el expresidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Tomás Sancho, se han
sentido estos días como hijastros políticos. Es sabido que los
efectos corruptores de la política llegan a convertir una madre
en una suegra por simple asociación.
Por el contrario, los regantes han acudido en bloque a
respaldarlos. Fueron el presidente de la Federación de Regantes,
José Luis Rubio, y los presidentes de los principales sistemas
aragoneses y navarros. También apareció el actual presidente de
la CHE, José Luis Alonso, y varios técnicos y antiguos
directivos. Algunos, pendientes de un juicio similar por
Santaliestra.
Un banquillo con pedigrí en un juicio inusual
El pedigrí del banquillo ha añadido a la dimensión jurídica del
proceso otra de carácter mediático. Se trata de uno de los
primeros -y escasos- juicios por corrupción derivados de la
etapa de Gobierno del PP. La Fiscalía sostiene que varios
exaltos cargos prevaricaron para que el Ministerio de Medio
Ambiente desencallara el proyecto de recrecimiento del embalse
de Yesa obviando la prevención de los riesgos sísmicos que
entrañaba la obra y pasando por alto las exigencias de carácter
ambiental que debía contemplar.
Los trabajos fueron adjudicados a un grupo de empresas liderado
por la constructora ACS, del expresidente del Real Madrid
Florentino Pérez, que, unos meses después de recibir la
contrata, fichó a Escartín por 120.000 euros anuales. Sancho
está acusado también de haber adjudicado, como presidente de
ACESA la empresa de inversiones de la CHE , el diseño del
abastecimiento de agua a Zaragoza desde Yesa a B&S, una
consultora de la que, aunque había vendido sus acciones, era el
apoderado.
La Administración ha perdido un tanto
En la primera de las tres semanas de juicio, a la espera de
que declaren el grueso de los testigos y peritos, su propia
actitud ha impedido a la Administración apuntarse algún tanto.
En el caso del exdirector técnico de la CHE, José Luis Uceda, la
no aportación del documento en el que afirma que propuso
estudiar los riesgos del pantano apunta a una retirada de
acusación del fiscal por falta de pruebas que, al mismo tiempo,
impediría una absolución «con todos los pronunciamientos
favorables». No obstante, la inexistencia del documento
supondría una prueba de cargo contra el ingeniero. Juega a su
favor la «obediencia debida» a sus superiores y la carencia de
capacidad decisoria.
No ocurre lo mismo con sus superiores, Escartín, Sancho y
Dolores Carrillo exdirectora de Evaluación Ambiental acusada de
dar al recrecimiento un visto bueno arbitrario, según el fiscal,
tras recibir presiones de los otros dos imputados . Los tres son
cargos de libre designación. El testimonio de Carrillo,
convaleciente y en tratamiento de quimioterapia, será una de las
claves del juicio. Aunque el presidente de la sala ya advirtió
que «las pruebas de cargo rara vez se obtienen de la confesión»
de los acusados en el juicio. Entre otros detalles, porque
tienen derecho a mentir para protegerse.
Relaciones empresariales y la mujer del César
Los argumentos exculpatorios de Escartín y Sancho en su
vertiente empresarial dejaron dudas en el aire. Su valoración
jurídica dependerá del tribunal. Se medirán con otro rasero en
la calle, donde el ciudadano exige a los cargos públicos lo que
los romanos pedían a la mujer del César: que además de ser
honrados, lo parezcan. Sancho reconoció que seguía siendo
apoderado de B&S cuando, siendo presidente de la CHE y ACESA,
esta última entidad otorgó una contrata de 1,38 millones de
euros a la consultora que había fundado unos años antes. Aseguró
que se enteró por la prensa y lo atribuyó a que el documento con
la revocación del cargo amo se había llevado del notario al
Registro Mercantil».
Escartín, por su parte, situó su cargo en limbo jurídico en el
que se limitaba a firmar montones de expedientes que diariamente
le proporcionaban los funcionarios «llegaban en un carro», dijo
para cursarlos y que los resolvían definitivamente sus
superiores. Afirmó que «un director general es una persona que
cae ahí», aunque cifró en 3.600 millones el volumen de
contratación mientras él pasaba por allí.
La explicación de su relación con ACS también tuvo lagunas.
Destacó que la constructora sólo recibió en cuatro contratas
suyas por 5,3 millones, es decir, el 0,14 del total. Puro
veneno: estaba explicando que entre su salida del ministerio y
su llegada a ACS las adjudicaciones a la constructora se
multiplicaron por 25 en una sola operación. Sus antiguos
subordinados ratificaron la decisión que iban a tomar tres meses
antes, cuando, con él en el cargo, fue retirada de la mesa al
denunciar un empresario presuntas irregularidades.
Con todo, reiteró su inocencia y negó tratos de favor. «Es
completamente falso», tronó. Todo fue legal, explicó. Como su
salida de ACS a los nueve meses de llegar y provocar una
tormenta política y mediática. Se fue con un finiquito de 18.000
euros que incluía, dijo, los «salarios de tramitación», que sólo
se pagan cuando se llega a juicio.
Sancho y Escartín son hoy de nuevo compañeros de trabajo. Están
empleados en Eptisa, consultora que trabaja en varios proyectos
públicos.
Las claves para el veredicto final
Otra de las claves del proceso está, parcialmente, en manos
de los peritos. Deberán determinar los riesgos ambientales del
recrecimiento el Ayuntamiento de Artieda sostiene que son
elevados e ilustrar al tribunal sobre si requerían un estudio
específico.
Después, con las pruebas inculpatorias y exculpatorias que
aporten los abogados y el fiscal, los tres jueces deberán
determinar si la tramitación del expediente incluyó las
salvaguardas ambientales y de seguridad necesarias o si la
Administración eludió su cumplimiento. Y, en el segundo caso, si
alguno de los acusados fue el responsable de esa inobservancia.
Sólo si al individualizar las responsabilidades resultara que
uno, o varios, de los seis ocupantes del banquillo quebrantó la
ley podría haber una sentencia condenatoria. De más pena si
quedara probado que la arbitrariedad se hubiera cometido para
beneficiar a alguien. Y mayor todavía si el beneficiado hubiera
sido uno de los acusados.
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