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* E. B. D. (24/03/2006)
Los abogados del Ayuntamiento de Artieda elevaron ayer la petición
de condena para los tres ex altos cargos del Ministerio de Medio
Ambiente a los que imputa una serie de presuntas corruptelas en la
tramitación del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa.
Así, los letrados reclamaron para el ex director de Obras
Hidráulicas Carlos Escartín, acusado de haber impulsado --obviando
los riesgos de la obra-- la adjudicación de la contrata a la
empresa que luego lo fichó, seis años y medio de cárcel, 26 de
inhabilitación para cargos públicos y 432.000 euros de multa. El
consistorio pide una pena de prisión simbólica --seis meses-- para
la ex directora de Evaluación Ambiental Dolores Carrillo y el ex
secretario ministerial Carlos Vázquez Cobos.
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Luisa PUEYO
JACA.- Seis años de prisión para Carlos Escartín, ex director
general de Obras Hidráulicas del MIMAM, por un delito de falsedad
en documento es la mayor pena solicitada por Artieda como
acusación particular en el juicio de Yesa. Esta petición, que
añade multa de 24 meses con cuota diaria de 300 euros e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por 6 años, se
fundamenta en que Escartín licitó en la modalidad de proyecto y
obra argumentando que no había proyecto, cuando sí existía.
La acusación califica de prevaricación tanto la resolución emitida
por Dolores Carrillo como directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental -la declaración de impacto, DIA, aprobada
pese a que todos los informes eran contrarios-, como la firmada
por Escartín para licitar la obra. Es prevaricación “en concurso
ideal con un delito contra el patrimonio histórico y arqueológico
y otro de riesgo catastrófico”.
Alternativamente califica los hechos como constitutivos de un
delito de prevaricación ambiental (delito ecológico) en relación
con otros artículos sobre delitos contra el patrimonio histórico y
por riesgo catastrófico, y en una tercera opción alternativa se
mantiene la prevaricación ambiental en relación con delitos contra
el patrimonio histórico y arqueológico.
En la resolución de Carrillo se considera a ésta autora y a
Escartín y a Carlos Vázquez Cobos cooperadores necesarios, y en la
de Escartín éste es considerado autor y los otros dos citados
cooperadores necesarios. Por la calificación en esta última
actuación de un delito de riesgo catastrófico se pido para cada
uno de los tres imputados la inhabilitación por cargo especial
público por 10 años. La petición de penas por prevaricación es de
6 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo
público por 10 años y multa de 24 meses con cuota diaria de 300
euros cada uno.
El fiscal pide para los acusados -los tres ex altos cargos
mencionados y Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, y los
ingenieros Ángel Núñez y José Luis Uceda- por prevaricación (del
que sólo deja exento a Sancho), 8 años de inhabilitación para
cargo público; por riesgo catastrófico, 1 año de prisión, multa de
8 meses a razón de 10 euros diarios e inhabilitación para cargo
público por 4 años; por tráfico de influencias, multa de 18 meses
con igual cuota e inhabilitación por 2 años; y alternativamente, 8
meses con igual cuota y suspensión por un año por el delito del
artículo 441 del Código Penal.
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