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La última sesión
del juicio ha revelado la total ausencia de argumentos por parte
del abogado del Estado que ha ejercicio la defensa. De entrada, ha
manifestado que defendía a la administración, al Ministerio de
Medio Ambiente, cosa totalmente falsa ya que se trata de un juicio
penal contra personas. Ha basado su petición de absolución en la
necesidad de resarcir a sus defendidos por los 6 años que han
tenido que aparecer en la prensa acusados de forma, según él,
injusta.
La flaqueza de
argumentos para rebatir los de la acusación particular y la
Fiscalía ha rayado en el ridículo y la desfachatez cuando ha
asegurado que, si el recrecimiento de Yesa conllevase la extinción
de una especie catalogada como el águila real y el Consejo de
Ministros lo diese por bueno, tendría que realizarse sin que
pasara nada.
Criticamos su
intento de desacreditar a peritos de reconocido prestigio, como
los Doctores Pilar Poblador, José Luis Ona o Antonio Casas, cuyas
declaraciones han avalado contundentemente las tesis de la
acusación. El abogado del Estado estuvo en todo momento más
preocupado en atacar a la Fiscalía que en lograr la absolución de
sus defendidos. En los últimos minutos de su argumentación ha
reconocido algo obvio, el derecho de un pueblo como Artieda a
acudir a los tribunales, y ha dicho comprender las movilizaciones
sociales, pero lo que no entendía es la intervención de la
Fiscalía. Parece que no tiene en cuenta que ésta es una parte del
Estado que ejerce su labor de defensa de los intereses de todos.
Para el alcalde
de Artieda, Luis Solana, “hoy se ha confirmado la valoración que
en general tenemos de cómo ha ido la vista. La defensa en ningún
momento ha logrado desmontar los testimonios y conclusiones muy
bien argumentados, tanto por nuestros abogados como por el
Ministerio Fiscal. Los motivos por los que se interpuso la
querella, la tramitación de la DIA y la resolución de Escartín,
fueron actos que, como ha quedado de manifiesto en esta vista, se
produjeron de manera irregular”.
El alcalde
entiende que en este juicio también se ha dejado en evidencia la
política de la CHE y del Ministerio de que son “la inercia y los
viejos principios los que impulsan este tipo de obras. En los 13
días del juicio no hemos oído hablar, ni por los encausados ni por
la defensa, del Plan Nacional de Regadíos o la Directiva Marco del
Agua, pero sí de justificaciones de 1927. Se ve así en manos de
quien está la gestión del agua. Hay que exigir al Ministerio un
cambio radical que, entre otras cosas, ha de pasar por el abandono
de proyectos como el de Yesa, para el que la medida prudente sería
la paralización de las obras”.
Se ha mostrado
satisfecho por el desarrollo de las sesiones en las que el
Tribunal ha sabido escuchar y, dando la opción a todos de exponer
sus posiciones, ha frenado las estrategias absurdas de
descalificación de la Defensa para evitar cuestiones que no se
ciñeran a los hechos concretos motivo del juicio.
La sentencia
está prevista para dentro de unos dos meses.