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Las grietas y agujeros detectados
hace tres semanas en la ladera izquierda del embalse de Yesa van
aumentando de tamaño y en algunos casos alcanzan los 2 metros de
anchura, por lo que es “ridículo” que desde la CHE “se niegue la
evidencia”, denunció ayer la Asociación Río Aragón. Luis Solana,
miembros de este colectivo y concejal de Artieda, explicó que
nuevas fotos, tomadas 8 ó 10 días después de las dadas a conocer
la semana pasada, demuestran el crecimiento de estas grietas, y
que también hay otras abiertas en la pista en la que se estaba
trabajando para la retirada de la escombrera que el año pasado
provocó un deslizamiento de la ladera.
“Estas grietas han debido de ser el
motivo de que se detuvieran los trabajos de retirada de esta
escombrera, ya que no están terminados, como claramente se ve
sobre el terreno” y también “por los datos aportados por el
presidente de la CHE, José Luis Alonso, que dijo que se habían
retirado 120.000 metros cúbicos, cuando el volumen de este
vertedero es de 450.000”.
Río Aragón valoró asimismo las
informaciones contradictorias aparecidas en prensa, unas referidas
a que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
desbloqueaba el proyecto del recrecimiento del embalse, y otras
posteriores sobre la paralización del mismo y el anuncio de un
posible acuerdo del Consejo de Ministros de este viernes para la
salida a información pública del modificado número 3 del proyecto.
TRÁMITE DE CONSULTAS
“Está sin resolver el trámite de
consultas hecho en enero, ya que ha de responderse a las partes
consultadas y emitir una resolución técnica que avale la necesidad
o no de una nueva evaluación ambiental”, señaló Solana, para quien
“que se pida que el Consejo de Ministros tome una decisión sólo
nos puede hacer pensar que no hay un soporte técnico que avale la
no necesidad de nueva evaluación ambiental”.
“Pedimos que se hagan públicos los
informes técnicos, si los hay. Si el Consejo de Ministros tomara
la decisión apuntada, sería algo excepcional”, dijo, y precisó que
sólo si no hay un visto bueno ambiental puede decidir, como
excepción, llevar adelante una obra o no, pero “en este caso el
aspecto ambiental de que hablamos es el riesgo de seguridad para
las personas y en ningún caso puede ser obviado, ni aún por un
Consejo de Ministros”. Solana aseguró que “se pedirán
responsabilidades a todos los niveles que proceda”.
Por su parte, el portavoz de Río
Aragón, Guillermo Lacasta, recordó que la ronda de consultas
iniciada por el Ministerio para decidir si es necesaria o no una
nueva evaluación de impacto ambiental y que ya se sobrepasa en 2
los meses para haber dado una respuesta.
“Este retraso no normal, y las
noticias contradictorias, nos hacen pensar que si el tema está
atascado en el órgano que debe decidir, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, será por algo, porque los informes
son contradictorios”, y esto es “síntoma de los graves problemas
que tienen”. Esto no extraña a Río Aragón, porque ya abordó esos
problemas en las alegaciones presentadas en la ronda de consultas,
que iba a acompañada “de un estudio ambiental que intentaba
justificar la no necesidad de realizar una nueva evaluación de
impacto ambiental”, estudio que es “una completa chapuza”, por sus
“carencias gravísimas”, afirmó Lacasta.
Entre estas deficiencias está que no
se contemple la necesidad de un estudio geológico, “pese a las
grietas que están apareciendo”, que no se tengan el cuenta la
Directiva Marco del agua ni la de hábitats, o que se de mayor
ambiental a lo que existe a mayor cota que a menor cota, cuando su
valor es similar.
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