Néstor Jiménez Torrecilla

El párrafo anterior resume algunos de los tópicos que rigen el acerbo hidrológico no sólo de nuestros bienintencionados políticos, sino también de la mayoría de la sociedad. La validez de las afirmaciones precedentes es, no obstante, más que discutible, en un momento en que el desarrollo tecnológico permite depurar, reutilizar y desalar el agua a unos costes económicos y energéticos perfectamente asumibles.

No ocurría lo mismo en 1992, cuando el alarmismo del Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional del ministro Borrell fijaba el "déficit hídrico" de nuestro país en 3000 hm3 anuales, vaticinando un aumento del mismo hasta 12000 hm3 para estas fechas. Resultaba "necesario y urgente" acometer las faraónicas obras de regulación (incluyendo el trasvase del Ebro) que solucionasen "de una vez por todas" los problemas del agua en España. Doce años después, y pese a "sufrir" el cuatrienio más seco del registro histórico, la economía española no parece haberse resentido de tan acuciante escasez de agua, obstinándose más bien en reflejar las fluctuaciones del petróleo, las andaduras del euro e incluso los geográficamente distantes atentados neoyorquinos.

Esto es así en parte porque la agricultura ya no es, como lo fuera en tiempos de Joaquín Costa, el motor de la economía nacional, sino una actividad productiva que se enfrenta a una profunda crisis relacionada con la globalización de los mercados, la mecanización agrícola y un muy difícil relevo generacional.

Mientras el PHN y el Pacto del Agua enumeran un listado de costosísimas obras destinadas a la ampliación de la superficie regada, la población asociada a muchos de nuestros regadíos sigue disminuyendo y envejeciendo desde los años 80. Las llamadas "explotaciones agrícolas familiares", de mayor rentabilidad social, parecen abocadas a la extinción frente a la mayor competitividad de las multinacionales alimentarias y la falta de apoyos institucionales imaginativos. La secular subvención de los costes del agua, y las más recientes subvenciones europeas, han favorecido el escaso dinamismo y la falta de capacidad de adaptación de los regantes tradicionales como colectivo, con honrosas pero contadas excepciones.

Así las cosas, el principio de recuperación de los costes económicos de las obras hidráulicas, contenido en la Directiva Marco del Agua, implica que el agua servida por los pantanos proyectados tendrá un precio que en muchos casos los potenciales (o supuestos) usuarios agrícolas no podrán pagar. Esto último es especialmente cierto si se mantienen las ruinosas eficiencias medias del 50% en los polígonos de riego, chocantes si se tiene en cuenta que éstos consumen en España más del 80% de este "escaso" recurso. En todo caso es evidente que hablar hoy en día de desarrollo rural no puede limitarse al caduco discurso regeneracionista, las soluciones al abandono del campo están todavía por inventar.

Pero los embalses propuestos no sólo son un despilfarro económico difícilmente defendible, son también la más seria amenaza para nuestros últimos paraísos fluviales, parte consustancial de nuestro territorio, y el incipiente desarrollo sostenible asociado a los mismos. El proyecto de embalse de Biscarrués es uno de tantos ejemplos. Esta presa daría al traste con una oferta turística basada en las aguas bravas, que está repercutiendo de manera decisiva en el desarrollo de toda la Galliguera, comarca hasta hace poco condenada al despoblamiento. El uso turístico del Río Gállego no sólo es un motor económico de la región, es también una fuente de bienestar y una oferta de calidad de vida para los habitantes de pueblos y ciudades cercanas como Zaragoza o Pamplona. Su destrucción injustificada, rechazando las alternativas que ni destruyen el río ni inundan el pueblo de Erés, entra de lleno en la definición de vandalismo y acto violento.

Resulta alarmante constatar como la violencia engendra violencia y el conflicto social ha tomado recientemente peligrosas sendas fuera del debate constructivo pacífico y la defensa de alternativas.

Cada día está más claro que las grandes obras hidráulicas son rentables sólo para las constructoras. Éstas cuentan con la complicidad de una administración pública anclada en la vetusta ideología de "fontanería hidráulica", para continuar un enriquecimiento en ocasiones impregnado de profundo dolor humano.

Todos vemos con rechazo la expulsión de los indígenas amazónicos a causa de la explotación de la selva, y denunciamos con alarma el proceso continuado de destrucción de nuestro planeta asociado a esas prácticas. Sin embargo permanecemos impasibles ante la destrucción de los últimos ríos vivos españoles, o el arrasamiento reciente de Itoiz y Artozqui, dos pueblos milenarios y habitados literalmente borrados del mapa.

Nadie defendería que la creación de nuevos regadíos justificara el apalizamiento físico premeditado de pueblos enteros. Sin embargo, ignoramos el sufrimiento psíquico y moral de las personas que ven desaparecer sus casas, su iglesia, sus infancias, sus sueños y hasta sus muertos bajo el manto obsceno del negocio sin escrúpulos y la ignorancia con orejeras. Ni siquiera los suicidios asociados al llenado de la presa de Riaño removieron las conciencias de unos políticos y una sociedad predispuestos al discurso hidráulico triunfalista y redentor.

Discurso que machaconamente insiste en el dominio de la naturaleza mediante la gran obra pública, como un objetivo positivo en sí mismo. En los últimos tiempos, el látigo del hormigón se nos quiere presentar también como única alternativa para garantizar las necesidades básicas de las poblaciones del Levante.

Para convencernos se ignoran o descalifican los inferiores costes de la desalación de agua marina. Se permite la proliferación de las roturaciones ilegales, a golpe de sobreexplotación de acuíferos. Se roba así el agua a los regadíos de las vegas tradicionales e incluso a los abastecimientos de algunas poblaciones. Se tolera el despilfarro de redes urbanas ineficientes. Se fomenta la urbanización desbocada de la costa, que terminará por matar la gallina de los huevos de oro del turismo de calidad. Los datos de ocupación hotelera de los últimos dos veranos muestran ya los primeros síntomas de una enfermedad llamada desarrollo insostenible.

Los problemas hidrológicos reales y sus posibles soluciones continúan en el desconocimiento generalizado, mientras los medios de comunicación se saturan de vacíos eslóganes propagandísticos como "Aragón, Agua y Futuro" o "Agua para todos". Eventos naturales y ecológicamente necesarios como las avenidas del Ebro se describen como patologías casi criminales a corregir con urgencia, cuando es la invasión especulativa del espacio fluvial la causa principal del aumento continuado de las pérdidas por inundación. La forzada estupidización hidrológica de la sociedad está alcanzando cotas esperpénticas en el irresponsable aliento a la confrontación territorial entre la Cuenca del Ebro y las provincias del Levante.

Es tiempo para la reflexión. Lo único urgente en el tema del agua es la sustitución de la hidromitología y el vandalismo oportunista por el debate sosegado, la racionalidad científica y el respeto al derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir y disfrutar con el hermoso patrimonio fluvial que todavía nos queda.