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Tras el fallido intento de
levantar las actas de expropiación en Artieda, las
propuestas de cotas intermedias en Yesa están recibiendo la
adhesión de un número creciente de organizaciones sociales y
políticas, con un amplio eco en los medios de comunicación
aragoneses. Este mismo diario ha presentado unos cálculos de
caudales regulados y demandas de agua favorables a la cota
intermedia y a dejar el embalse ¡tal como está!
Los que
desde hace veinte años venimos propugnando que el debate
sobre la política de aguas debía situarse en el terreno de
la racionalidad y del pragmatismo, más allá de la
mitificación de las grandes obras per se, sentimos
una sana alegría ante el cambio experimentado y empezamos a
ver compensados los ímprobos esfuerzos realizados.
La
experiencia de estos años nos ha enseñado que para que los
acuerdos políticos sean viables en la práctica, éstos han de
contar con una rigurosa base técnica. Resultó estéril el
amplio consenso en torno a
proyectos como Campo, Comunet, Jánovas y Santaliestra, pues
fueron desechados por su inviabilidad técnica, o el regadío
de Monegros recortado por la UE, por citar sólo unos
ejemplos. Y los procesos judiciales parecen llevar el
recrecimiento de Yesa por el mismo camino. ¿Será la actual
propuesta de las cotas intermedias otro globo destinado a
pincharse? A veces, la necesidad compulsiva que tenemos los
humanos de alcanzar un final feliz nos hace simplificar en
demasía las soluciones y errar. La forma y el momento en que
se ha lanzado la propuesta –como reacción política a una
opinión pública en creciente simpatía con la oposición de
los artiedanos a las expropiaciones– nos hacen temer que
esta solución mágica que parece contentar a todos tenga
también los pies de barro.
¿Cuál es
el camino que proponemos para canalizar de forma fructífera
este favorable espíritu colectivo en pos del consenso? La
andadura ha de iniciarse con un proceso de debate
científico-técnico profundo que aporte las bases para el
consiguiente diálogo social y la ulterior decisión política
final. El gobierno de Aragón no puede repetir el error que
cometió el español con el PHN, soslayando la opinión formada
de los científicos. Por otro lado, para que las condiciones
del diálogo social fueran de respeto mutuo entre las partes
habría que retirar la soga del cuello a los afectados,
paralizando las obras y los procesos expropiatorios.
En nuestra
opinión, los ejes del debate técnico que ha de sustentar la
decisión sobre la cuenca del río Aragón deben ser los
siguientes: 1) Evaluación del régimen de caudales del río
Aragón ante unos escenarios ciertos de cambio climático y de
usos del suelo en la cuenca. Es decir ¿cuánta agua lleva y
llevará el río en los próximos 50 años? 2) Evaluación del
riesgo geológico en el flanco izquierdo de la presa,
atendiendo a la advertencia del propio proyecto y a las
declaraciones del ingeniero constructor de la actual presa
D. René Petit. 3) Análisis y justificación de las demandas
de agua: la relación entre recrecimiento y trasvase parece
finalmente admitida por todo el mundo. 4) Actuaciones in
situ de regulación y mejora de la eficiencia de los regadíos
y el abastecimiento a Zaragoza. 5) Evaluación de los efectos
sobre los valores patrimoniales del territorio,
particularmente los asociados con el Camino de Santiago, el
cual se ve notablemente afectado por las cotas intermedias.
6) Análisis coste-beneficio de las actuaciones que se
propongan.
Las
propuestas de cota intermedia admiten la relación
Yesa-trasvase y exploran tímidamente las posibilidades de
regulación fuera del cauce del río Aragón, mediante embalses
laterales y la necesaria modernización de unos regadíos que
tienen un amplio margen de mejora en su eficiencia. Si se
avanza en esa dirección, se llega a la conclusión que desde
1986 han defendido los vecinos afectados: se pueden
satisfacer las demandas de Bardenas y demás usuarios sin
necesidad de recrecer a ninguna cota mediante actuaciones en
las cuencas receptoras del agua (Zaragoza ya cuenta con La
Loteta). La justificación de tales demandas, el continuar
con políticas de oferta, así como la rentabilidad económica
y los impactos ambientales de los regadíos también deberían
ser objeto de debate en esta fase de reconsideración de los
viejos dogmas que parece haberse abierto.
La
reducción de caudales que están experimentando los ríos
pirenaicos en los últimos 40 años fue un argumento utilizado
por el grupo opositor al trasvase -en el que se encontraba
el gobierno de Aragón- en la reunión técnica de Bruselas en
torno al delta del Ebro. Investigadores del Instituto
Pirenaico de Ecología-Zaragoza y de la Darmstadt Universität
de Alemania han cuantificado tal reducción de caudales,
achacándola al incremento de la cubierta vegetal tras el
abandono de la agricultura de montaña. En la cuenca del
Aragón, esta reducción se cifra en un 30% los caudales y
previsiblemente llegará al 40% en 2050. Además hay que tener
en cuenta la reducción debida al cambio climático, entre el
10 y 30%. Con las simulaciones realizadas se puede adelantar
que Yesa recrecido a cota máxima no se llenaría jamás en los
próximos 50 años, y a cota intermedia sólo en 14
anualidades. En este caso, el coste del agua adicionalmente
regulada saldría a millón. Los ecólogos sabemos que la
naturaleza no se encuentra en equilibrio, sino en continuo
cambio, por lo que para su gestión hay que utilizar
herramientas flexibles y adaptables.
Que vuele
pues ese impulso de diálogo y flexibilidad que anima a los
aragoneses tras el conquistador gesto de los vecinos de
Artieda, y que el gobierno de Aragón lo administre
sabiamente para que cristalice en soluciones viables de
verdad, basadas en la ciencia más que en las emociones, los
deseos de gloria o los intereses coyunturales.
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