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Parecería que habiéndose
derogado el trasvase se han terminado los problemas del agua
en España, aunque para ello el Gobierno pueda haber caído en
la trampa de la política hidráulica. Si el trasvase daba
hasta un total de 1.050 hm3 anuales, su alternativa dará
1.063. Pero ¿realmente esta agua es necesaria? Los déficits
son una invención de la planificación hidráulica para
justificar obras de infraestructura. Hay que dar por
terminado el viejo modelo hidráulico y fijarnos en la
Directiva Marco del Agua (DMA) para establecer un nuevo
modelo de gestión donde lo esencial sea la calidad. El
objetivo debe ser el mantener o restaurar el estado
ecológico de nuestros ríos, lagos, humedales y costas para
asegurar que la calidad del agua que consumimos y, al mismo
tiempo, obtener una garantía suficiente para los usos
sostenibles del agua.
La garantía para los
diferentes usos debe obtenerse por consumir menos agua,
utilizar sosteniblemente todas las fuentes posibles y
establecer una correcta política territorial. Ciudades como
Barcelona o Valencia, que hoy parecen estar en crisis, no lo
estarían con la correcta gestión de los acuíferos, la
reutilización del agua, el ahorro, la eficiencia y algo de
desalación.
El decreto ley ministerial
se queda a medio camino de cumplir los objetivos ambientales
que requiere la DMA. Si nos fijamos en las inversiones para
Cataluña que la Generalitat ha pedido como medidas
alternativas al trasvase, se destinan un 22% a la
desalación, un 34% a infraestructuras (de abastecimiento o
saneamiento), un 16% a reutilización de agua y mejora de
acuíferos y un 28% a restauración ambiental.
NO ESTA MAL para empezar,
aunque todavía quisiéramos que la parte ambiental fuera
proporcionalmente mayor. En cambio, en la cuenca del Segura,
la desalación supone el 36% de las inversiones previstas,
las infraestructuras (mejoras de regadío, abastecimiento y
depuración) el 58%, sólo un 3% de reutilización y
conservación de acuíferos y un mísero 3% de restauración
hidrológico-forestal. Aunque es mejor esto que una tubería,
seguimos con políticas hidráulicas no sostenibles.
Desde el punto de impacto
ambiental el decreto se ha quedado también a medio camino.
Al no derogarse el anexo 2 se siguen programando (como de
interés general) múltiples embalses, el trasvase
Júcar-Vinalopó, el Pacto del Agua de Aragón o los regadíos
del Canal Segarra-Garrigues. Todo ello puede ser tanto o más
impactante que el propio trasvase.
Y pese a todas las medidas,
la garantía y la calidad probablemente no queden aseguradas
en algunas cuencas, como la del Segura, donde los recursos
son escasos y por lo tanto ya no admite un modelo de
desarrollo anclado en los años 60 del siglo XX donde el agua
es sólo un recurso sectorial y no un activo social y
ecológico. El futuro del levante español pasa por mantener
un desarrollo turístico equilibrado y respetuoso con el
medioambiente (menos golf, más jardines mediterráneos), una
industria no contaminante y una agricultura acorde con la
realidad europea. Si no se reconoce el hecho territorial
cualquier política del agua fracasará.
POR ULTIMO, hay algo
esencial para que una política del agua basada en la calidad
y la garantía triunfe en España: una profunda renovación de
la forma como se gestiona el agua. El cambio trascendental
es un cambio mental. El chip del balance de
recursos-demandas y los déficits estructurales está
obsoleto, hay que cambiarlo por un chip de última
generación, versátil, adaptable a las circunstancias y
atento a los cambios: el de la calidad y la garantía. Sin
este cambio mental en aquellos que gestionan el agua en
España es difícil que logremos tener agua en cantidad y
calidad suficiente para los abastecimientos, las industrias,
los servicios, la agricultura sostenible y los ecosistemas.
Confiemos que pronto tendremos una nueva ley del agua que
olvide un poco la hidráulica y piense más en la calidad y
los ecosistemas.
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