Tampoco se puede ignorar que el precio del cambio ha sido muy alto. ¿Cuántas fuentes y manantiales de agua potable quedan en Andalucía? ¿Cuántos ríos continúan siendo aptos para el baño? ¿Cuándo tomaremos conciencia de los impactos en estuarios, playas y pesquerías de obras recién acabadas o en ejecución, como los embalses de Alqueva en el Guadiana o Rules en el Gualdalfeo? Parece claro que algo está fallando en la concepción y en el sistema de gestión del agua y que estamos asumiendo costes muy elevados por los errores cometidos. Las protestas cada vez más frecuentes y airadas de las poblaciones y de las corporaciones locales afectadas, como las de la Sierra de Cádiz (Guadalete), Alcalá de Guadaira en Sevilla, Puente Genil en Córdoba, o Sierra de las Nieves (río Grande) en Málaga, indican un cambio progresivo en la percepción y valoración social del agua.

Hasta ahora, la sociedad andaluza ha estado bombardeada por un auténtico pensamiento único hidráulico, basado en ideas simples y aparentemente incuestionables: Andalucía es una región seca cuya economía depende del agua, por lo que necesita inversiones públicas en obras hidráulicas para desarrollarse, se dice. Pero pese a que durante las dos últimas décadas se ha duplicado el volumen de embalse, en la cuenca del Guadalquivir se mantiene el mismo déficit que hace veinte años, ya que el crecimiento de la demanda, muchas veces al margen de la ley, ha absorbido con creces los nuevos recursos disponibles.

Por otra parte, desde Almería hasta Huelva la ocupación del espacio físico por actividades agrícolas intensivas o instalaciones turísticas y residenciales se desarrolla en ausencia o con escaso control, pese a los esfuerzos de algunas instituciones y la resistencia de colectivos ciudadanos. La raíz del problema hídrico apunta al modelo de desarrollo territorial, por eso el debate sobre el agua es tan difícil, a la vez que tan fundamental.

La Directiva Marco del Agua de la Comisión Europea, que debe entrar en vigor en 2003, exige un giro en la trayectoria seguida hasta ahora. Afrontar esta exigencia requiere avanzar hacia lo que ha dado en llamarse Nueva Cultura del Agua, que implica: buena gestión de lo que se tiene frente al incesante incremento del recurso; legalidad frente a desgobierno; flexibilidad y planificación de emergencias frente a soluciones estructurales estandarizadas; responsabilidad sobre los costes frente a subvenciones indiscriminadas; valoración del agua como activo ecológico y social frente a su exclusiva consideración como recurso productivo.

Localizar el énfasis de este movimiento de renovación en el ámbito de la cultura no es recurso retórico. Es la expresión de la necesidad de asumir profundamente los nuevos enfoques, no sólo en el campo de la técnica o de las tácticas políticas. Se trata, como pide El Roto desde estas mismas paginas, de entender los ríos, los manantiales y los humedales como cuerpos vivos y dinámicos, y no como simples colectores de agua; de no 'llevar el río al desierto para traer el desierto al río'; de asumir que cantidad y calidad son caras de una misma moneda; de recuperar el tradicional valor lúdico, estético y simbólico de los paisajes del agua, característico de las culturas mediterráneas. Avanzar en el camino de abrir soluciones desde estos nuevos enfoques requiere una profunda regeneración de las instituciones de gestión de las aguas.

Estas ideas, y el importante volumen de investigaciones y experiencias que las respaldan, constituyen el punto de partida del III Congreso Ibérico sobre el Agua que en fechas próximas se celebrará en Sevilla. Con la participación del sector más activo de la comunidad científica portuguesa y española, apoyado por más de sesenta Universidades y centros de investigación de ambos países, el III Congreso Ibérico pretende constituir un nuevo punto de referencia en ese giro de modernización basado en la buena gestión y en el debate científico-técnico desde un enfoque pluridisciplinar, que la política del agua necesita en España y en Andalucía.