Desde hace varias semanas se viene sucediendo en los periódicos de ámbito regional y nacional la aparición de numerosas cartas que tachan indiscriminadamente de "radicales" a todos los que se oponen a las medidas más brutales contempladas en el Pacto del Agua y en el Plan Hidrológico Nacional. Obviamente, son los grandes pantanos que se pretenden construir para engrasar toda la maquinaria económica y política que alienta estas dos iniciativas los que están recibiendo una cada vez mayor respuesta social y los que reciben esa oposición supuestamente "radical".

Una respuesta social que ha descolocado a los representantes del actual "statu quo" hídrico (los grandes sistemas de riego, las empresas hidroeléctricas, las financieras que garantizan el tinglado y las constructoras que se reparten las obras públicas necesarias) y a la que estos auténticos poderes y contrapoderes consideran que es necesario responder de forma contundente si se quiere que nada cambie. De forma más o menos consciente, quienes consideran "radicales" en sus escritos a todos los que se enfrentan a la política hidráulica del hormigón intentan generar en los lectores una nada sutil asimilación de esta oposición con los presupuestos terroristas islámicos tan demonizables y tan demonizados.

Claro que cabría plantearse si esta auténtica "cruzada moral" que parece haberse puesto en marcha apunta al blanco correcto. Es hora de empezar a preguntarnos públicamente, si queremos vivir en una sociedad sana, si el expolio, el chantaje, el ninguneo, las amenazas y los sufrimientos recibidos por los habitantes de numerosos pueblos de montaña en los últimos cien años no son la forma más patente de terrorismo que existe, el epítome de una política colonialista que parecía estar arrinconada tras los acuerdos descolonizadores de los años sesenta pero que, entrados ya en el siglo XXI, se sigue demostrando viva y pujante con el asalto a las potencialidades de futuro de las zonas más desfavorecidas de nuestro país.

Los ejemplos están ahí para quien los quiera ver. Para radicalidad, la de los que propugnan la desaparición física de pueblos como Erés o Sigüés, el expolio de las tierras de montaña de sus expectativas de desarrollo, la desvertebración de amplias zonas, el abandono forzoso al destruirse su economía de las localidades situadas en las inmediaciones de los pantanos previstos o el total desprecio de los sentimientos e intereses de los afectados por una política hidráulica especuladora, radicalmente injusta y arbitraria.

 Retomando la utilización de calificativos, es totalmente lícito considerar a quienes defienden este tipo de políticas hidrohormigoneras que se empiezan a desterrar en los países más desarrollados como auténticos talibanes del agua y fundamentalistas de una concepción trasnochada de la explotación de los recursos hídricos basada en la piratería y en la rapiña más descarada.

Unas políticas que, además, conllevan un perverso proceso de destrucción ecológica de imprevisibles consecuencias. El ejemplo del mar de Aral y la brutal contaminación de extensas comarcas del Asia Central provocada por una política agroindustrial desaforada es un desgraciado ejemplo de hacia nos conduce el actual esquema agrícola que, de entrada, está generando en nuestros países una tremenda factura (no tenida en cuenta en ningún estudio de viabilidad económica de nuevos regadíos) al contaminar tierras, caudales hídricos y niveles freáticos por la saturación de abonos químicos en campos estériles.

Que se considere "radicales" e, indirectamente, terroristas a quienes se oponen a este proceso cantado no es sino una más de las paradojas asociadas a la política hidráulica que nos pretenden colar.