La Comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, declaró recientemente que “el ejecutivo comunitario continuaba enfrascado en el análisis técnico del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aunque se planteaba tomar una decisión política antes de finales de año (2002)”, según recogía un diario aragonés en su edición del día 4 de diciembre de 2002¹. Sin embargo, el Director General de Política Regional, Guy Crauser, aseguraba nueve días después² que obras como el desvío hídrico de 1.050 hectómetros cúbicos anuales desde el Ebro hacia cuencas como las del Júcar y el Segura “requieren obligatoriamente de una evaluación de impacto en su conjunto con el fin de evitar su fragmentación, que haría imposible su análisis completo”. Guy Crauser aseguró que hasta esa fecha el Gobierno español “todavía no ha enviado solicitud alguna para ningún proyecto perteneciente al PHN” y que  “si recibimos demandas éstas deberán ir acompañadas de la documentación adecuada y, si es seria, dispondrá de todos los elementos de juicio para su análisis”, insistió. La decisión que adopte el ejecutivo europeo marcará un hito de gran trascendencia para el desarrollo futuro de las obras hidráulicas en España, puesto que alrededor del setenta y cinco por ciento de los tres billones de las antiguas pesetas que contempla el presupuesto del PHN deberá ser financiado con fondos europeos. Fuentes comunitarias señalaron, según el mismo diario aragonés¹, que “el Ministerio español de Medio Ambiente se ha comprometido a enviar un informe sobre el PHN, encargado a científicos estadounidenses, que ya está prácticamente acabado”. 

La noticia de que el Ministerio español haya encargado informes a científicos americanos no sólo me llamó muchísimo la atención, sino que me provocó una gran indignación. Hace ya más de dos años, durante la etapa de anteproyecto del PHN, el Gobierno español encargó dictámenes técnicos a casi un centenar de científicos españoles fundamentalmente del ámbito universitario. Dichos dictámenes resultaron ser en su inmensa mayoría fuertemente críticos con el PHN. De una manera vergonzosa, el Gobierno se negó a publicar los dictámenes sin ponerlos a disposición del Parlamento y del Consejo Nacional del Agua. Cabe resaltar, por otra parte, que los cinco científicos nombrados por el propio Gobierno para formar parte del Consejo Nacional del Agua emitieron en su día un voto unánime igualmente crítico con el PHN. Todo esto fue puesto de manifiesto por la comunidad científica española en una carta remitida al Parlamento Europeo el siete de noviembre del año 2001.

La opinión pública tanto española como europea muy probablemente percibirá que el conocimiento científico estadounidense es muy superior al español, lo cual es sin duda cierto. Sin embargo, esta superioridad científica y tecnológica en cuanto a medios y por lo tanto a producción de conocimiento, no significa que sus científicos tengan mayor o menor competencia profesional o credibilidad. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la investigación médica y bioquímica donde existen científicos españoles reconocidos como líderes mundiales en sus respectivas materias. Pero en el caso de la investigación hidrológica existen países como Israel, Francia, Italia y España, entre otros, que por sus características hidrológicas y climáticas han desarrollado una “tradición científico-técnica” fruto del interés social que el tema despierta en la población. Por poner un ejemplo, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, organización profesional creada en 1956 que cuenta con 3500 socios de 135 países, tiene más afiliados españoles que de ningún otro país del mundo, y en la actualidad su presidencia está ocupada por un español. No se trata de hacer patriotismo científico barato sino, más bien al contrario, de evitar caer en un papanatismo infantil y provinciano que recuerda por momentos alguna escena patética de la fabulosa película de Berlanga “Bienvenido Mister Marshall”. Un buen número de los científicos españoles que remitieron sus informes al ministerio han sido formados en las mejores universidades americanas, y algunos de ellos han sido profesores e investigadores en los más prestigiosos centros de todo el mundo.

Todo esto enlaza con otro aspecto a mi entender mucho más importante que tiene que ver no sólo con el conocimiento teórico de una materia en concreto, en este caso con la hidrología en todas sus facetas, sino con la casuística y las particularidades del problema en cuestión. Los científicos americanos, suponiendo que hayan sido elegidos sin sesgos malintencionados (lo cual parece desde luego mucho suponer a tenor del vergonzoso trato dado al trabajo realizado por los científicos españoles), elaborarán un informe en base al documento del PHN preparado por el propio ministerio, documento sin duda extenso y plagado de detalles técnicos. Sin embargo, es posible que dichos científicos foráneos desconozcan “pequeños detalles” que no aparecen en el PHN pero que, por el contrario, los científicos españoles dominan a la perfección, puesto que en muchas ocasiones se trata del fruto de sus propias investigaciones a las que han dedicado toda su vida profesional. Me refiero a que a los científicos americanos quizá se les escape que en España ya se tienen experiencias de trasvases, como el del Tajo – Segura, y que la situación actual de los acuíferos de la cuenca receptora es sensiblemente peor (en cantidad y en calidad) que antes del trasvase. 

Quizá también se les escape el dato de que España fue azotada por un periodo de sequía durante la primera mitad de la década de los noventa que alcanzó su máximo dramatismo en el año noventa y cinco, con restricciones generalizadas en el abastecimiento de numerosas ciudades y pueblos. Justo ese mismo año las plantaciones de cítricos aumentaron un doce por ciento en la Comunidad Valenciana³, al amparo del bombeo irresponsable de sus aguas subterráneas que potenció aun más los efectos nocivos de una situación hídricamente insostenible desde su inicio. Quizá tampoco se den cuenta de que, como indica el profesor Llamas, el premio a los depredadores de acuíferos, personalizados en las administraciones insensatas que permitieron la depredación, será llevarles el Ebro, eso sí, pagado por todos los españoles, o mejor dicho, por todos los europeos. También es posible que a los científicos americanos no les haya sido remitido el informe del profesor Samper⁴, en el que se indica que según datos de la propia Junta de Andalucía existen varios cientos de miles de hectáreas de regadíos ilegales en olivares andaluces. 

Parece igualmente probable que los científicos americanos desconozcan los datos acerca de las eficiencias que presentan los sistemas de riego que se usan en España, y que los cálculos realizados por el profesor Sahuquillo⁵ (de la Universidad Politécnica de Valencia y también consultado en su día por el ministerio) indican que sus paisanos podrían disponer de más agua que la que se prevé trasvasar si se adoptasen, entre otras cosas, las medidas necesarias para mejorar dichas eficiencias. Por supuesto, el documento del PHN tampoco recoge el “insignificante dato” de que las administraciones hidráulicas españolas no tienen ni la menor idea acerca de cuanta agua subterránea se bombea en España, como reconoció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura en su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. En el caso de saber este dato, quizá a los científicos americanos les comenzasen a asaltar las dudas sobre la fiabilidad de las demandas hídricas que se exponen en el documento del PHN; “si no saben cuanta agua sacan de los acuíferos, ¿cómo pueden saber cuanta agua les hace falta para solucionar sus problemas?” podríamos imaginar que se preguntarían con el característico acento anglosajón. No se trata de hacer una exposición acerca de los motivos técnicos por los que se cuestiona el PHN, puesto que están ya escritos (en casi quinientas páginas) y se pueden encontrar en los informes de los científicos españoles que ellos mismos se han molestado en recopilar y publicar, bajo la esmerada coordinación del profesor Arrojo⁶. Lo que se pretende es poner de manifiesto la posibilidad de una manipulación científica simplemente sesgando la información disponible, y de nuevo sin entrar en el tema de quién y cómo ha seleccionado a los científicos americanos.

Esta manipulación científico-técnica del Gobierno se debe a que la comunidad científica española pone de manifiesto en sus informes el hecho de que el PHN está construido sobre la gran mentira de que en España falta agua. Este engaño de la sed en España está además extendido entre la opinión pública española, pues cada verano se repiten machaconamente por televisión las imágenes de los embalses casi vacíos y los cortes de agua en numerosas ciudades y pueblos, con las declaraciones de los vecinos indignados que expresan su enfado y malestar. Ya con la opinión pública suficientemente trabajada llega el Gobierno salvador y mesiánico para “dar de beber al sediento”. Además, se da la curiosa circunstancia de que las zonas sedientas, que el Gobierno salvará inaugurando obras faraónicas, coinciden con áreas muy pobladas, es decir, con muchos votantes. Sin embargo, uno se pregunta que cómo es posible el hecho de que haya pueblos y ciudades sin suministro, cuando el agua urbana representa menos del 20% del consumo total en España. ¿Se corta el agua en las ciudades mientras se continua regando en los campos?. Pues así es aunque parezca mentira. La sensación de sed en España se genera conscientemente de una forma tan premeditada como innecesaria, pues constituye la herramienta de la clase política para justificar las "grandes obras de interés general".

La situación de insostenibilidad hídrica española es una constante desde principios del siglo XX, lo cual ha justificado haber construido más de 1000 grandes embalses, la mayoría de ellos durante la dictadura franquista. Sin embargo, a pesar de que España es el país del mundo con un mayor número de grandes presas por millón de habitantes, la situación siempre es la misma, es decir, siempre falta agua y nunca se soluciona el problema. El PHN sigue en la misma línea y proyecta la construcción de más de 100 nuevas presas. De hecho, esta espiral de insostenibilidad se autoalimenta puesto que con el anuncio de nuevas obras aumentan las expectativas, de manera que crecen los regadíos, las urbanizaciones y los campos de golf. La ejecución de las nuevas obras hidráulicas lleva su tiempo; mientras tanto se profundizan los pozos y se “sobrevive” depredando los acuíferos. Cuando se terminan las nuevas obras, las demandas que se cubren siempre son menores que las expectativas generadas y por lo tanto se vuelven a dar las circunstancias propicias para alimentar la presión social que finalmente consigue el anuncio de  nuevas obras hidráulicas. Toda esta ingente cantidad de obras hidráulicas de muy elevado coste, contrasta muchísimo con otros datos. Por una parte, España es el país de Europa con el agua más barata y, no hace falta ser un experto en economía para saber que a precio reducido la demanda aumenta. De hecho, en España el precio del agua de riego (el ochenta por ciento del total) es prácticamente gratis con lo cual la demanda tiende a infinito. Por otro lado, España es uno de los países del mundo con menor eficiencia (mayores pérdidas) en sus redes de distribución, tanto urbanas como agrícolas. Como anécdota citaré que durante la ya comentada sequía de los años noventa, la ciudad de Cádiz tuvo serios problemas de abastecimiento con cortes del suministro muy prolongados. Las autoridades decidieron llevar barcos cisterna, e incluso fue necesario ampliar el puerto para alojar a todos los buques cargados con agua. El dato curioso es que sólo el agua de uno de cada dos buques cisterna llegó a los gaditanos, puesto que las pérdidas de la red de distribución de dicha ciudad son del cincuenta por ciento. Dicho periodo de sequía remitió hace ya siete años y, sin embargo, nada se ha hecho hasta el momento para acondicionar y mejorar la eficiencia de la red de distribución de la ciudad. En el mismo sentido cabe destacar que, según estimaciones fiables³, la cantidad de agua que se pierde en la distribución de los regadíos españoles es de unos diez mil hectómetros cúbicos al año, lo cual quiere decir que en dichos regadíos se derrocha diez veces más agua que la cantidad prevista para el polémico trasvase del Ebro que, entre otras cosas, condena a muerte a las tierras del Delta y el Pirineo y convierte en desplazados a sus habitantes.

La clase política española, sea del color que sea, conoce bien estos datos. De hecho, el actual PHN “popular” y el anterior PHN “socialista” no son muy diferentes, pudiéndose afirmar que su espíritu es el mismo: El espíritu de la obra hidráulica y del hormigón. Doña Isabel Tocino declaraba, cuando su partido estaba en la oposición, que “si se utilizaran las aguas subterráneas, el reciclado y la desalinización; es muy probable que quede abandonado este anticuado concepto de que sólo con trasvases se puede traer agua”. Tenía razón doña Isabel y, además, estaba bien asesorada. Esas palabras las reconozco bien pues se las he escuchado en múltiples ocasiones al profesor Ramón Llamas, uno de los mayores expertos mundiales en hidrología, y que tengo la suerte de conocer desde que me dio clase. Es realmente paradójico ver cómo hoy en día la oposición socialista utiliza los mismos sabios argumentos que rechazaba hace sólo unos años el Ministro Borrell, y como el Ministro Matas se comporta de forma análoga a su antecesor socialista. Durante una sesión parlamentaria en el año noventa y cinco, la hoy Comisaria Europea de Transportes y Energía, doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, le decía lo siguiente al Ministro Borrell: “En torno al felipismo se ha montado un auténtico sistema de rapiña. Si se habla de comisiones es porque existen”⁷. Muy probablemente la señora Comisaria tenía razón aunque, me temo que dichas rapiñas, comisiones, favores prevaricadores y connivencias con las grandes constructoras no hayan perdido vigencia y sigan constituyendo hoy en día el motor principal que impulsa al PHN. En otras palabras, me da la impresión de que aquí están las verdaderas razones a las que se refería el Ministro Arias Cañete cuando decía que “el PHN se va a aprobar por huevos”.

El PHN ha provocado en España un gran debate social a todos los niveles y desde muchos años atrás, pudiéndose afirmar que en muy pocos aspectos de entre todos los que preocupan a los españoles se percibe un acuerdo tan unánime dentro del espectro político como el  existente acerca de la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional. Sin embargo, las manifestaciones públicas de rechazo al PHN aprobado por el Gobierno español han sido numerosas y multitudinarias. Dichas manifestaciones han estado fundamentalmente canalizadas a través de organizaciones y colectivos de carácter cívico, político, sindical o ecologista, y personalizadas por los habitantes de todo el Valle del Ebro en general aunque de Aragón en particular. Estas manifestaciones son el fruto de sentimientos sin duda muy delicados y complejos, que abarcan toda la gama existente desde los valores culturales e incluso religiosos más ancestrales hasta las recientes conciencias sobre la protección de los ecosistemas, pasando por reivindicaciones históricas y afrentas del pasado. Las ya citadas manifestaciones desafortunadas e irresponsables del Ministro Arias Cañete despertaron aun más si cabe todos esos sentimientos tan complejos. Sin embargo, el debate y la opinión científico-técnica nada tiene que ver con dichos sentimientos, sino todo lo contrario. Cualquiera que conozca los foros y canales científico-técnicos habituales sabe que en ellos se trabaja sobre datos objetivos, fórmulas probadas, hechos contrastados, razonamientos, cualquier cosa menos sentimientos. Tal y como he expuesto anteriormente, la opinión científica independiente en España fue secuestrada en su día por el Ministerio español de Medio Ambiente, en un ejercicio de censura impropio de un estado democrático de derecho. Recientemente acabamos de vivir en España otro caso de desprecio y ninguneo de la comunidad científica por parte del Gobierno español. Me refiero a la catástrofe del buque Prestige provocada, o al menos muy magnificada, por una serie de decisiones negligentes que las autoridades adoptaron a espaldas de los expertos de los organismos públicos españoles.

Las autoridades europeas de medio ambiente deberían solicitar la remisión de los informes realizados por los científicos españoles para que fuesen analizados conjuntamente con toda la documentación que remita el Ministerio español. Estos informes constituyen, en si mismos, una herramienta técnica imprescindible (con garantía de objetividad y transparencia) en la que apoyarse a la hora de adoptar una decisión sobre la financiación del PHN, que sin duda será de la máxima trascendencia tanto por el elevadísimo montante económico al que asciende como por el impacto medioambiental negativo e irreversible que provocará en muchas zonas de España.

Jorge Molinero Huguet

Geólogo, Diplomado en Hidrología Subterránea, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Profesor Asociado de Ingeniería del Terreno

Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad de A Coruña