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Los acontecimientos
judiciales y administrativos nos van dando la
razón: en el actual estado de derecho los grandes
embalses pirenaicos no tienen cabida. Porque sus
impactos ambientales son críticos, no respetan
los derechos de las minorías y ponen en riesgo la
seguridad de las personas. Jánovas no pasó la
Declaración de Impacto Ambiental, Santaliestra
desactivado por un juez, Yesa cuestionado por un
fiscal, Biscarrués paralizado por prudencia (o
temor) política. No se equivoquen: no es que se
hayan tramitado chapuceramente por el Ministerio,
es que no caben en el actual ordenamiento
jurídico. Es que si se hubieran tramitado
cabalmente habrían acabado donde Jánovas:
frenados por la Declaración de Impacto
Ambiental.
El presidente
Iglesias se dirime entre dos opciones: Renunciar
temporalmente (sic) a los grandes pantanos,
buscando el consenso en las obras menores del
Pacto del Agua o, como le han pedido los
mandamases de los regantes, seguir apostando por
las grandes obras metiéndose de lleno en la vía
judicial. La primera supone un pequeño movimiento
hacia la línea que marca la Directiva Europea del
Agua, hacia la política con mayúsculas, la de
las negociaciones amplias para hallar las
soluciones reales, efectivas, duraderas, que
cohesionan la sociedad. La segunda supone
adentrarse en un callejón sin salida. Sin salida
porque Itoiz no sirve como ejemplo y todos sabemos
porqué el estado español ha jugado tan fuerte y
se ha desgastado tanto en el embalse navarro.
Estrasburgo decidirá.
Desde las lejanas
alturas pirenaicas en este verano de buena
cosecha, fiestas y bodas, se divisa la
desorientación de las fuerzas vivas aragonesas
allá abajo, en el “Charco”. Con la paciencia,
la seguridad en el transcurso inalterable de las
estaciones y de las cosas y la buena voluntad del
pastor apoyado sobre su cayado allá en puerto, se
confía en que los políticos encuentren el buen
camino.
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