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En
un mundo de recursos finitos, el agua centra
parte de la problemática entre las urbes y la
industria y aquellas zonas rurales
"sacrificadas" en nombre del
"progreso". Por lo tanto, no podíamos
dejar de lado un tema tan relevante en este
monográfico Mundo Rural. Veamos cómo se las
gasta el PP con los recursos de todos y a quién
beneficia. Empecemos por el trasvase
Ebro-Iberdrola-Segura.
Fue llegar el PP
al poder y hombres clave de Iberdrola, como
Benigno Blanco (en adelante B.B.) y Guillermo
Heras, se hicieron con el control de la
Secretaría de Estado que domina las aguas del
país. Jaume Matas y otros subordinados suyos,
como Pascual Fernández, actual secretario de
Estado de Aguas, son ejecutores del Plan
Hidrológico que les dejaron preparado en la
etapa Tocino.
Si la Ley de
Incompatibilidades de altos cargos prohibe que
alguien llegado de una empresa participe en
cosas que puedan interesar a esa empresa, ¿por
qué se nombró secretario de Estado a B.B.,
que era el director de los Servicios Jurídicos
de Iberdrola, es decir, el más encarnizado y
directo defensor de los intereses privados de
la eléctrica con más intereses en las aguas
españolas?
En cuencas como
las del Duero o el Júcar, prácticamente no
hay una gota que no pase por Iberdrola. Casi
no se hace un pantano, sea cual sea su
justificación, donde no se ponga una central
eléctrica a pie de presa (sin que las eléctricas
retribuyan debidamente el favor que se le hace
con dinero de todos los españoles). ¿Se
inhibió B.B. en todos los proyectos de presas
que como el de Itoiz, por citar sólo uno
podían interesar a Iberdrola o a otras eléctricas
(ya que también fue miembro del Comité Jurídico
de Unesa, la patronal eléctrica)? Iñigo de
Oriol, su presidente en Iberdrola, también lo
ha sido de cementos Asland (la principal
cementera española que a alguna presa habrá
abastecido). Ya como secretario de Estado de
Infraestructuras, B.B. ha tenido que ver en el
tema del AVE, que ha beneficiado a la familia
Oriol.
CAMBIO CONTRA
EL CAMBIO
Con B.B., que
fue preparando el terreno con cosas como el
Libro Blanco del Agua (en el que, por cierto,
las hidroeléctricas salen muy bien paradas),
el PP que en la oposición era contrario a
los trasvases cambió su postura. B.B.
defendió obras relacionadas con el trasvase
del Ebro en la cuenca del Júcar (donde más
intereses tiene la eléctrica). Apoyó el
Convenio del Júcar, entre el MIMAM y Zaplana
(tradicional aliado de la eléctrica), para
realizar obras como el trasvase del río Júcar
al Vinalopó, obra ésta en la que Iberdrola
podría invertir a cambio de hacerse con su
gestión. Cosa ésta inconcebible sin el
cambio legal, en el que B.B. tanto tuvo que
ver, que supuso la creación de las llamadas
"sociedades estatales de aguas",
como Aguas del Júcar S.A., que hacían
posible mayores expectativas privadas. ¿Se ha
investigado si es lícito que un experto legal
de una compañía privada, introducido en el
poder legislativo, haga reformas legales como
la de crear sociedades "estatales"
de aguas que puedan favorecerla?
En muchos foros
públicos, incluido el Senado, B.B. defendió
esta obra que tanto interesa a Iberdrola.
Precisamente entre el Júcar y el Vinalopó (límite
de la cuenca del Segura), el trasvase del Ebro
se encontraría con los mayores desniveles y,
por tanto, con las mayores expectativas de
negocio hidroeléctrico. Copiosas facturas de
electricidad ¿vendida por la nuclear de
Iberdrola en Cofrentes? por bombear el agua
en las subidas, venta de electricidad obtenida
en saltos de agua en las bajadas,
"compensaciones" por afectar los
caudales de los embalses de Iberdrola,
posibilidad de turbinar más agua al llegar
caudales del Ebro... Y si se plantease el
cierre de la nuclear, vinculada al sistema
hidroeléctrico de la zona, quizás alegarían
que era vital para el trasvase a tierras
sedientas. ¿Y si Iberdrola vendiese, además
el agua a precio de oro, a las "terras míticas",
campos de golf, urbanizaciones, etc.?
Aguas del Júcar
S.A., la sociedad nacida gracias a B.B. (que
no se inhibió ni de estar presente en su
constitución), y presidida por un subordinado
suyo, adjudicó estudios sobre la obra a
Iberdrola Ingeniería y Consultoría (Iberinco),
empresa de la que B.B. fue secretario del
Consejo de Administración. Saltándose el
trazado establecido en el Real Decreto de
supuesto interés "general" de la
obra, Iberinco es decir, Iberdrola
seleccionó trazados especialmente
beneficiosos para Iberdrola. Trazados más
caros, más largos, más complejos técnicamente
y más dañinos ambientalmente (cortan en dos
la Reserva Nacional de Caza de la Muela de
Cortes). De momento, y como si la cosa no
tuviera que ver con el trasvase del Ebro, las
obras del Júcar al Vinalopó ya habrán sido
adjudicadas, garantizando una situación de
privilegio de cara a la llegada de las aguas
del norte. La traída de caudales del Ebro a
la zona multiplica las expectativas de
Iberdrola, que hasta ahora debía contentarse
con los limitados recursos del Júcar.
B.B. protagonizó
un escándalo cuando dirigió una carta a la
directora general de Presupuestos, pidiéndole
que agilizase la expropiación por la que
Iberdrola percibiría 15.000 millones de la
central eléctrica de Los Millares, en el Júcar,
que debía ser inundada por la nueva presa de
Tous. Curiosamente, ahora parece que ¡va a
ser esta presa la que reciba las aguas del
Ebro! B.B. ayudó a hacerlo posible. El que se
aporten caudales del norte, aparte de otros
beneficios (como los de turbinar en Tous),
liberará caudales del Júcar, antes
impensables, para cualquier manejo de
Iberdrola. Incluso podría ser que el agua del
Ebro se quede en Valencia y sea la del Júcar
la que, a través del trasvase Júcar-Vinalopó
u otras conducciones, viaje hacia el sur. Pero
lo cierto es que ninguna posibilidad, incluida
la de que sea el agua del Ebro la que vaya más
al sur desde Tous, perjudica a Iberdrola.
PROBLEMAS CON
ARAGÓN
Pero
para que el agua del río aragonés pudiera
trasvasarse, primero había que almacenarla
con nuevas presas en el Pirineo. Curiosamente,
otra de las peticiones de aquella carta
dirigida a la directora de presupuestos era la
de dinero para construir embalses por motivos
electorales, para favorecer así a sus aliados
parlamentarios (entre los que estaba entonces
el gobierno aragonés). Había que tenerlos
contentos, dándoles los embalses del llamado
Pacto del Agua, para que "tragasen"
con el trasvase. Lo gracioso del tema es que
estas obras son precisamente las que almacenarían
el agua a trasvasar (aunque los aragoneses no
debían enterarse y tenían que pensar que el
agua de esas presas era para Aragón).
La resistencia aragonesa al trasvase sería
negativa, entre otros, para Iberdrola.
Curiosamente las dos primeras "sociedades
de aguas" constituidas bajo la férula de
B.B. para agilizar la realización de obras
fueron la del Ebro y, cómo no, la del Júcar.
El PP, que tanto
denunció la corrupción felipista para llegar
al poder, una vez en él se mostró
olvidadizo. Porque el cerebro del Pacto del
Agua, más allá de su apariencia
institucional, fue Antonio Aragón. Tras dejar
su cargo de consejero de Obras Públicas de
Navarra (y sus andanzas con Roldán y
Urralburu), pasó a ser presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro con la
finalidad principal de embaucar a los grupos
políticos aragoneses para que, aprovechándose
del contexto de sequía de principios de los
90, auténtico estado de excepción que
suspendía garantías legales, defendieran la
necesidad de construir estos embalses. El PP
no sólo no apoyó investigar su paso por la
CHE, pese a que en ella seguía trabajando con
constructoras que previamente le habían
pagado comisiones (tampoco se investigó el
presunto cobro de comisiones por el pantano de
Itoiz), sino que apoyó el "Pacto de
Antonio Aragón". ¿Pueden unos políticos
decidir que unos embalses vayan a realizarse,
sin que se haya estudiado antes su necesidad,
sin trámites de información pública, sin
cumplir sus trámites legales y sin debate
social? A partir de ahí ha habido, como era
de esperar, de todo. Desde presiones a técnicos
para que den luz "verde" a las obras
hasta una comprometidísima situación
judicial en la que el propio B.B. y otras
personas se vieron ante los Tribunales por
prevaricación, falsedad documental, riesgo
catastrófico, etc., por empeñarse en
construir el embalse de Santaliestra (una de
las tres principales obras del Pacto, junto
con las de Yesa y Biscarrués), a pesar de los
informes que alertan del riesgo de
deslizamientos que amenaza la vida de miles de
personas si se hace la presa. El que fuera su
director general de Obras Hidráulicas, Carlos
Escartín, ha sido acusado a su vez de haber
prevaricado para acelerar la construcción del
recrecimiento del embalse de Yesa, obra que al
igual que la de Biscarrués fue adjudicada a
la constructora ACS, constructora en la que
fue fichado Escartín como director de
contratación tras recibir las adjudicaciones.
El recrecimiento de Yesa sería el mayor
reservorio de agua para el trasvase. El mayor
embalse del PHN.
Por cierto, el
sucesor de Antonio Aragón en la presidencia
de la CHE, Tomás Sancho, ha sido también
acusado de beneficiar a una empresa a la que
había estado ligado (BS Ingeniería) con
contratos multimillonarios ligados a la
dichosa obra del recrecimiento del embalse de
Yesa.
Pese a esto y a
otras muchas incontables cosas, el ministro
Matas ha asegurado que, pese a quien pese ¿la
Justicia incluida?, las obras del Pacto se
harán. Llevar adelante un PHN con estos
antecedentes, sin depurar los vicios con los
que pueda haber nacido, quizá no está dentro
de lo que se conoce como un Estado de Derecho.
¿Puede hacerse un plan sin aclarar si
inversiones de billones de pesetas han sido
tramadas para beneficiar a unos pocos más que
pensando en el bien de todos?
LOS
"REGANTES"
Muchas de las
obras del Plan Hidrológico como los cerca
de 100 embalses previstos, incluidos los
grandes del Pacto se "justifican"
para incrementos de la superficie de regadíos
(el 80% del consumo del agua en España es el
regadío). Sin embargo, y esto es
especialmente grave, el Plan Nacional de Regadíos
no recoge tales supuestos. Más aún, prevé
invertir cientos de miles de millones de
pesetas en que se gaste menos agua en los
regadíos que ya hay (hay zonas donde se
consume hasta el triple de lo
necesario).Cuestiones de mercado (excedentes,
recorte de subvenciones, entrada en escena de
producciones de países extra comunitarios,
etc.) harán perder más superficie de regadíos
y, consiguientemente, que se necesite menos
agua aún. Pese a todo, el Gobierno pretende
hacer esas obras que no tienen ninguna
justificación real (al menos, no la que se
dice).
Si la eficiencia
se extendiera al conjunto de los regadíos,
cambiando por ejemplo las técnicas de riego,
y se evitaran las pérdidas que hay desde los
embalses a las zonas de destino (superiores a
veces al 40%), los embalses ahorrarían volúmenes
equivalentes a cientos de nuevas presas. Más
agua que cuatro o cinco planes hidrológicos
(pero sin construir más embalses). ¿Y si
además se acabara con las vastísimas
extensiones de regadío ilegal que hay? ¿Y si
se acabara con los abusos derivados de que el
agua de los embalses salga prácticamente
gratis a los agricultores? Pero acabar con
estas lamentables situaciones sería perder la
gran coartada para gastarse billones en obras.
Más que falta
de agua, lo que hay es una ilegalidad y un
desgobierno estructurales. ¿Qué tal, por
ejemplo, si las hidroeléctricas dejaran de
vaciar los embalses a su antojo, aunque sólo
fuera en años secos? ¿Y si se acabase con el
descontrol imperante en la explotación de
aguas subterráneas (del millón de pozos
estimados, más de 900.000 están sin
legalizar)? En el subsuelo hay mucha más agua
que en superficie (y es más barato un pozo
que un embalse). La Fundación Marcelino Botín
publicó hace poco un estudio que revelaba
que, sin causar especiales daños ambientales,
en España podrían extraerse unos 30.000 hectómetros
cúbicos del subsuelo al año. Todos los
embalses de España juntos y España es el
país del mundo con más grandes embalses en
proporción a su población, más de 1.200
tendrían llenos hasta los topes poco más de
50.000 hectómetros cúbicos de agua. Nuestro
subsuelo tiene, como mínimo, mucho más de
300.000. Pese a todo España está a la cola
de la UE en la utilización de aguas subterráneas,
por ejemplo, para usos urbanos.
Todo esto y más
cosas demuestra que los embalses y otras
obras del PHN no tienen justificación alguna
y que para hacerlos se esgrimen razones falsas
(como unos regadíos que nunca se harán).
HABLA RAMÓN
LLAMAS
La World
Commission on Dams como apuntó en abril Ramón
Llamas, ingeniero de Caminos y catedrático de
Hidrogeología de la Complutense en su
discurso de ingreso en la Real Academia de
Doctores hace ver la posible influencia de
la corrupción en la política de aguas
"al indicar que los decisores pueden
estar inclinados a favorecer las grandes
estructuras ya que proporcionan oportunidades
(de soborno) que no se consiguen con las
alternativas de menor tamaño". Este
profesor, que llegó a ser presidente de la
Asociación Internacional de Hidrogeólogos y
coordinador del Grupo de Trabajo de la Unesco
sobre Ética del Agua, dice que destinar
cientos de miles de millones de pesetas a
presas y trasvases con el Plan Hidrológico es
dar "subvenciones perversas",
perjudicando tanto la economía como el medio
ambiente.
Prueba del
"rigor" con el que se toman
decisiones en materia de obras hidráulicas es
cómo el Gobierno, de la noche a la mañana,
se sacó de la manga obras por cientos de
miles de millones de pesetas para comprar el
apoyo, no sólo de Aragón sino también de
Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña,
sin que lógicamente hubiera estudios que
demostraran su viabilidad o necesidad (incluso
en algún caso se incluyeron obras ya
descartadas por su absoluta inviabilidad).
Caso clamoroso fue ese improvisado Plan
Integral del Delta del Ebro, de 100.000
millones, que en lugar de aminorar impactos
del posible trasvase, lo que haría es
agravarlos "hormigonando" el Delta.
El Gobierno se ufanó del apoyo al trasvase,
no sólo de Pujol, sino de los
"regantes" del Delta, que iban a
"ceder" parte de su agua. Pero la
mayoría de los regantes y habitantes del
Delta estaban en contra. No así personajes
como Joel Bonet, presidente del llamado
sindicato de regantes de la margen izquierda
(de estructura predemocrática), que ha
aparecido ligado a proyectos inmobiliarios y
al que se acusa de apropiarse de grandes
cantidades de dinero de obras, habiéndose
beneficiado ya de un trasvase anterior (el
mini-trasvase del Ebro a Tarragona), mientras
la comarca se empobrecía con él.
De ciertos
"regantes" de Aragón, mejor no
hablar, especialmente de los sindicatos de
algunas zonas en las que van a hacerse
embalses del Pacto del Agua, y cuyos ingresos
anuales son ante todo hidroeléctricos y no de
cuotas de agricultores. ¿Qué les preocupa más,
turbinar en sus propios saltos, vender el agua
o regar?
Curiosamente,
como también pasaba en el Júcar (la obra del
Vinalopó se justifica en parte para
solucionar el problema de unos pocos regadíos),
hombres como B.B. aparecían como defensores
de los regantes, arengándoles de paso para
que pidieran las obras. Es curioso, porque
hidroeléctricos y agricultores son enemigos
tradicionales, ya que cuando unos quieren
guardar agua en los embalses, otros quieren
turbinarla vaciandolos. Pero los regantes son
la mejor coartada de apariencia social que el
Gobierno ha encontrado para justificar el
gasto de dinero público en obras (una vez que
se construyan, se impondrá la cruda realidad,
como en los embalses de Riaño o Valdecañas,
donde los regadíos prometidos no llegaron,
pero sí el negocio de alguna constructora e
hidroeléctrica).
Y de los
"regantes" de Murcia (la mayor
coartada para hacer el trasvase), qué
decir... Por Ley sólo puede trasvasarse agua
a zonas con una agricultura modélica. Sin
embargo, según datos de la Universidad de esa
región, un 40% del regadío puede ser ilegal.
Es una cuenca donde sólo hay inscritos 2.574
pozos de los más de 20.000 estimados, donde más
de la mitad del regadío se riega por gravedad
(el sistema más despilfarrador de agua)... Y
se denuncia que no son con frecuencia pobres
huertanos sino grandes capitales del agro
negocio e inmobiliarios que manejan y
blanquean ingentes cantidades de dinero negro,
además de explotar con frecuencia a
inmigrantes ilegales. Regantes tradicionales
han llevado lo que está pasando en algunas
zonas de Murcia a la Fiscalía Anti-corrupción
(entre otras cosas porque les están
"robando" agua para derivarla, con
apoyo oficial, a urbanizaciones de Benidorm y
el Mar Menor y a invernaderos ilegales). Lo de
Murcia recuerda el argumento de la película
Chinatown.Y todo dejando a un lado la
salinización de los suelos que causan estos
cultivos intensivos, la contaminación por
pesticidas, los transgénicos, la destrucción
del paisaje, etc. Los regadíos ilegales
crecen vertiginosamente y lo harán más aún
si se hace el trasvase, al igual que los
proyectos de campos de golf , urbanizaciones y
parques temáticos. Recientemente la Ley del
Suelo de Murcia ha sido modificada, eliminando
la protección de más de 12.000 hectáreas de
espacios naturales, para facilitar estos
proyectos. Hasta la propia huerta tradicional
ha sido declarada urbanizable.
MALAS
"MATAS"
El propio
ministro Matas ha reconocido que una parte
importante del uso del agua del trasvase será
urbano. Numerosos proyectos urbanísticos
suspiran por ese agua, para poder expandirse
sobre algunos de los pocos espacios libres que
quedan en la costa mediterránea. No olvidar
nunca quién es y de dónde viene Jaume Matas,
hombre que, tras ser apadrinado por Gabriel Cañellas
(de infausto recuerdo), se hizo presidente
balear para promover los intereses del sector
inmobiliario (dejando a un lado acusaciones de
pucherazos y espionajes electrónicos por
asuntos urbanísticos). Matas, además, es
gran amigo y protegido de Eduardo Zaplana
(hombre que, tras casarse con la hija de un
empresario hotelero, fue alcalde de Benidorm
donde se levanta Terra Mítica y sus
proyectos asociados y, tras hacerse célebre
con las cintas del caso Naseiro, llegó a
presidir la Generalitat valenciana. Lo primero
que hizo Jaume Matas al llegar al cargo fue
destituir a Fernando Marín, el mejor director
general de Costas que ha tenido el MIMAM,
hombre que se caracterizó por su defensa del
litoral frente a especuladores inmobiliarios y
sus agentes políticos.
Constructoras,
hidroeléctricas, compañías de gestión de
aguas, capitales del agro-negocio
insostenible, especuladores inmobiliarios, políticos,
cargos , funcionarios... Es evidente que el
PHN beneficia a alguien. Caudales públicos billones
de pesetas trasvasados hacia cuentas
privadas, donde quedan embalsados. Todo
empleando coartadas de apariencia
"social" que tienen tantos visos de
ser ciertas como el argumento ministerial de
que el PHN beneficiará a la naturaleza. Tan
veraces como los datos económicos, hídricos
y demás del Plan, que han sido criticados por
la práctica totalidad de la comunidad científica.
Hay escandalosas manipulaciones de cifras y
datos. Pero la mayoría absoluta ha impuesto
ese canto a la democracia "orgánica"
de la doctrina Cañete, evitando debates técnicos,
sociales o ambientales a los que este Plan
Hidro-ilógico no habría sobrevivido. Todo
con apoyo de una prensa servil y con presiones
y zancadillas a periodistas críticos. En esta
España va bien no caben las denuncias sobre
la hidrocorrupción.
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